La Asamblea Nacional cerró este sábado 27 de enero de 2024 con desacuerdos el primero de dos debates sobre una ley del Gobierno que busca financiar el "conflicto armado interno" contra las bandas del crimen organizado, las que desataron a principios de año una espiral de violencia a escala nacional.

Dicho proyecto, que se sustenta en una propuesta para elevar el Impuesto al Valor Añadido (IVA) del 12 al 15 por ciento y recaudar algo más de mil millones de dólares al año, mostró el desacuerdo de varios grupos políticos que prefieren otras medidas que no afecten la economía de las grandes mayorías.

El oficialismo, sin embargo, ha justificado su propuesta y ha remarcado que está abierto a alternativas de financiación como las que han mencionado grupos como Revolución Ciudadana (correísmo) y el conservador Partido Social Cristiano.

Tras 18 intervenciones en una sesión del pleno celebrada de forma telemática, el vicepresidente de la Asamblea, Eckenner Recalde, cerró el primer debate y dispuso que el proyecto regrese a la Comisión legislativa de Desarrollo Económico para que continúe el trámite urgente.

La Asamblea Nacional recordó que la Comisión de Desarrollo Económico debe elaborar un nuevo informe para el segundo y definitivo debate.

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En el primer debate, la legisladora oficialista Valentina Centeno, que también preside la Comisión de Desarrollo Económico, explicó sobre los alcances del proyecto del Ejecutivo e intentó atenuar el temor a los posibles efectos del incremento del IVA.

Centeno aseguró que el aumento del IVA no encarecerá los precios de los productos, si esta medida es acompañada de políticas efectivas para el control de la inflación.

La legisladora, además, dijo que este tipo de medidas no pueden esperar y recordó la espiral de violencia que grupos de delincuencia organizada desataron en las cárceles y las calles del país a principios de enero, lo que llevó al Gobierno a declarar un "Estado de excepción" y un "conflicto armado interno" contra esas mafias, a las que calificó de "terroristas".

"Las vacunas (extorsiones) nos están quebrando", dijo Centeno al parafrasear comentarios de comerciantes que se quejan del auge delictivo en el país.

Añadió que, según cálculos del oficialismo, enfrentar el "conflicto armado interno" requiere una financiación de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, y reiteró que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar las propuestas de otros sectores.

De su lado, la socialcristiana Dayllana Passailaigue mencionó que no necesariamente la subida de impuestos puede genera una mayor recaudación, pero remarcó que este tipo de propuestas sí podrían afectar la economía de los hogares ecuatorianos.

Ella respaldó la propuesta de crear una contribución temporal del 3,25 por ciento sobre las utilidades obtenidas por sociedades que fueren sujetos pasivos del impuesto a la renta.

Passailaigue también opinó que esta sería una buena oportunidad para focalizar los subsidios (ayudas estatales) que se establecen para abaratar, por ejemplo, el precio de los combustibles.

La legisladora correísta Paola Cabezas, por su parte, dijo estar en contra de lo que calificó como "modelos económicos abusivos" que colocan el peso de la crisis sobre los hombros de los más pobres.

Por ello, aseguró que no apoyará el eventual aumento de la tarifa del IVA y recordó que un informe de minoría de la Comisión de Desarrollo Económico contiene medias alternativas a las presentadas por el Ejecutivo.

La legisladora Fabiola Sanmartín, del movimiento indígena Pachakutik, propuso elevar el Impuesto a la Salida de Divisas del 3,5 al 6 por ciento, renegociar los contratos con las operadoras telefónicas extranjeras que tienen actividad en el país y fijar un impuesto a las utilidades de la banca privada.

Asimismo, Sanmartín propuso fijar impuestos a las grandes fortunas y evitar las condonaciones tributarias a las grandes empresas.

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