Con 91 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional, aprobó este jueves 2 de mayo de 2024, que la Comisión de Fiscalización y Control Político inicie un proceso de investigación sobre las acciones ejecutadas por el Gobierno de Daniel Noboa para atender la crisis energética que enfrenta el país.

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La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Sofía Espín, quien propuso el proyecto de resolución que fue aprobado por el legislativo, adelantó que convocarán a comparecer al ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, de quien dijo que “no termina de desarrollar la gestión respecto a las carreteras del país y ya tiene otros encargos”.

Espín, señaló que si bien es cierto que la actual crisis eléctrica empezó a producirse en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, la administración actual de Daniel Noboa tampoco ha actuado durante estos meses para encontrarle una solución.

"Se nos indicó que se invertirían USD 600 millones para repotenciar el parque eléctrico y que se buscarían otras soluciones de energía renovable con soporte a la inversión privada para afrontar el estiaje de 2024, pero nada de esto ha pasado", cuestionó la legisladora del correísmo.

"Aquí no ha habido ni sabotaje, ni se han llevado el agua. Estamos sufriendo las consecuencias de la falta de planificación y una desidia en la ejecución del gasto para el mantenimiento del parque termoeléctrico del país", agregó.

Otro de los funcionarios que será llamado a la Comisión de Fiscalización es el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, para que informe sobre las inversiones que se han hecho para enfrentar la crisis energética.

La legisladora también indicó que hoy, 2 de mayo, les llegó una alerta de un débito por USD 140 millones al presupuesto de inversión de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC). "Por eso es fundamental fiscalizar lo que está pasando", sentenció. 

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Además, la resolución aprobada exhorta al Gobierno Nacional a atender la grave emergencia eléctrica que incluya la aprobación de un presupuesto emergente para la inversión y gastos de mantenimiento en los sectores de generación y transmisión eléctrica del país.

La Comisión tiene un plazo de 60 días para elaborar un informe que incluya sus conclusiones y recomendaciones. Luego, el documento deberá pasar al pleno de la Asamblea Nacional para ser tratado. 

El actual proceso es distinto al que ya realizó la Comisión de Fiscalización desde noviembre de 2023 y que terminó con el juicio político y posterior censura del exministro de Energía, Fernando Saltos Alvite.

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