Mientras los ecuatorianos permanecían en aislamiento social, el gobierno continuaba gastando en actividades que, a simple vista, no eran urgentes. Durante abril y mayo, época de semáforo en color rojo en la movilidad de la ciudadanía, las entidades del gobierno central solicitaron arrendar locales, oficinas y remodelar instalaciones. Eso, pese a que en la mayoría de entidades se cumplía actividades por teletrabajo.

Según el reporte de cumplimiento del Decreto Ejecutivo 135 -emitido en septiembre de 2017 y conocido como decreto de austeridad-, en los dos meses más críticos de la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus se gastaron más de 72.380 dólares por arrendamientos.

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) autorizó que en abril, por ejemplo, se arrienden 45 inmuebles privados para que sean utilizados por el Estado. El monto mensual de esas rentas asciende, con Impuesto al Valor Agregado (IVA), a los 49.720 dólares.

En mayo la cantidad se redujo pero también se cumplieron procesos. Fueron diez contrataciones de arrendamientos por un valor de 22.659 dólares mensuales.

Lo dicho se traduce en un monto mucho más alto si se contempla el gasto anual que se generará. Los contratos de arrendamiento firmados en abril y mayo producirán un gasto anual de 775.505 dólares, más impuestos.

Inmobiliar, que será eliminada en los próximos meses por decisión del presidente de la República, Lenín Moreno, no precisó que entidades solicitaron arrendar bienes inmuebles en medio de una emergencia sanitaria y una crisis económica del gobierno. Lo que si explicó, en su reporte de austeridad de mayo, es que la entidad financiera pública, Banecuador, pidió adecuaciones en sus instalaciones de Palora y Taisha.

Esos gastos se realizaron en abril. Es decir, como parte de su planificación previa. En mayo, ninguna entidad pública solicitó remodelaciones en sus instalaciones.

¿Cuánto pidió Banecuador por sus dos oficinas? Según el reporte oficial, el banco pidió más de 189.000 dólares para sus adecuaciones. Un análisis de Inmobiliar determinó que el pedido era excesivo. Los trabajos en las dos sucursales no debían superar los 185.000 dólares. Hubo un ahorro de 4.335,25 dólares.

Que las entidades públicas insistan en arrendar bienes privados para sus operaciones llama la atención porque hay oficinas, departamentos, locales, parqueaderos, casas y terrenos que el Estado tiene en desuso. Desafortunadamente, ninguna entidad estatal ha entregado sus bienes inmuebles sin utilizar para que sean aprovechados por otras instituciones.

Entre marzo, abril y mayo, Inmobiliar envió varias notificaciones y cartas para que ministerios, Presidencia, Vicepresidencia, secretarías, agencias, servicios y empresas públicas entreguen sus bienes improductivos. Nadie respondió.

Esa dinámica se ha mantenido desde 2017. El gobierno de Moreno dispuso que se entreguen vehículos e inmuebles para que sean redistribuidos o subastados para generar recursos públicos. En casi tres años, muy pocos han respondido.

Eso se refleja en los gastos que mantiene el gobierno central. Según el reporte de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, entre el 1 de enero y el 12 de mayo se han gastado 14.064 millones de dólares.