La pregunta 7 que plantea el presidente Daniel Noboa es para mejorar el proceso de decomiso y entrega de las armas y municiones a favor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eso es aplicable, según expertos, pero hacen algunos reparos.

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El constitucionalista Emilio Suárez recuerda que el procedimiento que propone la pregunta, de hecho, ya se está aplicando porque existe una resolución con fuerza de ley emitida por la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Se refiere a la resolución 08-2023, referente al comiso penal de armas, donde se determinó que la redacción del artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es oscuro y el máximo Tribunal de Justicia procedió a interpretarlo.

Así, se determinó que en la audiencia de juicio, la o el fiscal debe individualizar las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que considera como instrumentos, objeto material, productos o réditos en la comisión del delito y que se encuentren bajo cadena de custodia y que podrían ser objeto de la pena de comiso.

En la misma audiencia, la Fiscalía, con base en los informes periciales, podrá solicitar al juez o tribunal, que en caso de dictar el comiso, declare además de beneficio social o interés público estos bienes, pidiendo que se autorice su uso a la institución pública. Esta regulación es temporal, hasta que se expida una ley.

Suárez cuestiona que no se conocen cuáles serán los diseños que Noboa haga en el proyecto de ley reformatoria al COIP si la pregunta tiene la voluntad de los electores. Pero aclara que aunque se aplique el cuestionamiento, debe existir un procedimiento judicial mínimo para las armas incautadas y luego ordenar la entrega a los miembros de la fuerza pública.

Aun así, señala, la aplicación de la pregunta tiene un beneficio práctico porque las Fuerzas Armadas (FF.AA.) cuentan con un presupuesto realmente bajo, sobre todo para reposición e inversión en armamento. “Hemos sido testigos en estos últimos meses que los grupos del crimen organizado tienen armamento calificado como bélico. Antes se destruía, ahora se trata de que la Policía y las FF.AA. aprovechen ese armamento para combatir a los grupos de delincuencia organizada, en beneficio de la ciudadanía”, sostiene.

María de Mar Gallegos, penalista, coincide en que la pregunta es “bastante positiva” pero no tendrá un procedimiento de entrega inmediato. Considera que debe existir un registro exhaustivo, ya que habrá armas que no tengan ningún tipo de uso u otras que sean objeto de contrabando hacia los mismos delincuentes.

Dice que la aplicación de la pregunta tendrá un beneficio indirecto porque “no va a disminuir per se (por sí mismo) los índices de violencia, pero sí va a quitar del mercado ilegal los medios con los que se cometen el ilícito”. Observa que esto podría derivar en dos situaciones: que sea un alivio para la seguridad o que se active más violencia y podría crecer el mercado ilegal de armas. Por eso, sugiere trabajar en ejes de prevención para solucionar el fondo del problema. Actualmente, la pena por el transporte de armas es de tres a cinco años, si no se tiene permiso para portar una.

• Armas. En abril de 2023, el expresidente Guillermo Lasso decretó la autorización para el porte y tenencia de armas de fuego de uso civil, bajo requisitos.

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