Conflicto armado interno: más de 2 mil armas han sido decomisadas en operativos

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han decomisado 2.274 armas de fuego en operaciones conjuntas desde que el 8 de enero de 2024 el Gobierno aplicó un estado de excepción y decretó el 'conflicto armado interno' para frenar la espiral de violencia atribuida al crimen organizado en el país.

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Así lo señaló este 11 de febrero de 2024 el llamado Eje de Seguridad, integrado por mandos militares, policiales y del Gobierno, en un informe en el que también detalló que en los últimos 34 días se han incautado 11.988 explosivos, 153.638 municiones, 1.221 alimentadoras (cargadores de balas) y 3.241 armas blancas.

El Eje de Seguridad fue constituido por el Gobierno en el marco del llamado 'Plan Fénix' y ampara el estado de excepción de 60 días que concluirá a principios de marzo.

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Hasta ahora, en el marco de dicho plan se han ejecutado 88.861 operaciones conjuntas entre policías y militares en todo el país, 146 de ellas contra bandas criminales denominadas ahora por las autoridades como grupos terroristas, y en total se ha detenido a 7.275 personas, 241 del ellas bajo cargos de terrorismo.

En esas operaciones, ejecutadas tanto en las cárceles como en las calles del país, las fuerzas de seguridad han abatido a 8 personas a las que han identificado como terroristas, han fallecido dos agentes de la Policía y no se han registrado bajas en las filas castrenses.

Los agentes también han recuperado 979 vehículos, 863 motocicletas y 28 embarcaciones; además de 174.818,14 dólares, 48,1 toneladas de drogas y 37.340 galones de combustible (unos 141.339 litros).

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También han logrado recapturar a 34 reos de los casi 90 que se fugaron de las cárceles donde, a comienzos de año, ocurrieron varios motines de reclusos.

Al declarar el 'conflicto armado interno', el Gobierno del presidente Daniel Noboa identificó a por lo menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó "como organizaciones terroristas" y "actores no estatales beligerantes".

Al ubicar a esos grupos como beligerantes, el mandatario abrió una puerta legal para que las Fuerzas Armadas junto con la Policía actúen con todos sus recursos para neutralizarlos.

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