La austeridad económica por la que atraviesa el Gobierno Nacional obliga al Consejo de la Judicatura (CJ) a ajustarse el cinturón para acoplarse al recortado presupuesto que podría recibir este año; lo que incidiría en la marcha de la agenda 2020.

Para ello, se busca la aplicación de mecanismos que apuntan no solo a la reducción del talento humano; sino, además, a una mejora de sus recursos en el ámbito jurisdiccional. A finales de 2019, la Judicatura emprendió una optimización de jueces de Garantías Penales del cantón Durán, provincia del Guayas, donde se estableció que existían tres funcionarios que no tenían carga procesal adecuada dentro de su gestión, según dijo el vocal Juan José Morillo, durante una rueda de prensa.

Dos de los funcionarios fueron reasignados a la Unidad de Garantías Penitenciarias (UGP), en Albán Borja de Guayaquil, la que se busca fortalecer para mejorar el despacho de los requerimientos de las personas privadas de la libertad (PPL) que están en las cárceles de la ciudad.

Ayer, María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, hizo el anuncio de la integración de los jueces para la UGP, que pasó de tres a cinco juzgadores. “Bajo una evaluación trimestral establecemos esta optimización de cobertura judicial. Donde hay más carga procesal se asignan más jueces; también, donde hay menos carga procesal y tenemos un número elevado de jueces, pasan a cubrir otras necesidades como este caso las Garantías Penitenciarias”, explicó Maldonado.

El vocal Morillo aseguró que cuando llegaron al Consejo, hace un año, lo primero que hicieron fue una verificación de la carga procesal, a nivel nacional; y, sobre la base de esa información, se procedió a la optimización del personal sin llegar a una desvinculación. Tres jueces de Samborondón fueron rotados a otros cantones.

Pero los recortes apuntan por otro lado. Pedro Crespo Crespo, director general de la Judicatura, reconoció -hace una semana- que a finales de 2019 salieron 186 personas que laboraban bajo contrato y proyectos de inversión;es decir, los que manejaban contratos que ahora están siendo examinados por la Contraloría General del Estado.

Para este año, el CJ busca la salida de un 2 a 3 por ciento de los 11.626 funcionarios que tiene en su nómina, con la aplicación de un plan que supone cuatro mecanismos: la terminación de contratos de servicios ocasionales, renuncias voluntarias, jubilaciones y supresión de partidas, que alcanzaría a 348 empleados. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas debe ubicar los recursos correspondientes, dice Crespo; el mismo que los está obligando a ese reajuste presupuestario que para 2020 está previsto en 330 millones de dólares, $ 30 millones menos que en 2019. El año pasado tuvo un recorte de $ 11 millones, lo que afecta hasta en varios gastos corrientes, según el director general.

Crespo asegura que al inicio del ejercicio presupuestario de 2019, Finanzas les insistió con la optimización del recurso de los servidores de la Función Judicial. “Por la situación de austeridad fiscal que atraviesa el presupuesto del Estado hemos venido dialogando con el Ministerio, que ha pedido al Consejo de la Judicatura que emprendamos el proceso de optimización de talento humano y una reestructura de todo su estamento administrativo”.

Un pedido que, si bien está siendo acogido, eleva el reclamo de las autoridades. Morillo recordó que la Función Judicial es “independiente, autónoma, económica, financiera y administrativamente”, por lo que el Estado tiene la obligación de entregar los recursos suficientes y necesarios para satisfacer el servicio de justicia, tal como lo señala la Constitución.

“El no cumplimiento de esta disposición... se podría entender como una obstrucción a la administración de justicia. En ese sentido, el Consejo de la Judicatura ha realizado y realizará todas las gestiones necesarias ante el Ministerio de Finanzas para que se asignen los recursos necesarios pertinentes para que no afecte de ninguna manera el servicio público de justicia”, puntualiza Morillo.

Detalle

Localidades. Las Unidades de Garantías Penitenciarias están en: Latacunga, Cotopaxi; Cuenca, Azuay; Guayaquil, Guayas, y Portoviejo en Manabí, donde se concentra el 70 % de la población penitenciaria del país.