Este lunes 28 de octubre, a las 15:00 se resolverá la apelación a las medidas cautelares dictadas en contra del asambleísta correísta Yofre Poma, el prefecto de Sucumbíos Amado Chávez y otras siete personas investigadas por paralización de servicios públicos en el contexto de la paralización impulsada por la Conaie. La diligencia se cumplirá en la sala de audiencias, mezanine 1, de la Corte Nacional de Justicia.

El tribunal de apelación está integrado por la jueza Daniella Camacho, el conjuez Richard Villagómez y el juez Iván Saquicela (ponente) quien actuará tras retornar de vacaciones. Poma fue detenido el pasado 7 de octubre en el interior de las instalaciones del pozo perteneciente al Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en donde unas 130 personas ingresaron violentamente y obligaron, según Petroecuador, a los operadores a paralizar las actividades por dos horas y 19 minutos. Esa paralización, según la estatal, le representó al Estado pérdidas por 1.7 millones de dólares.

Según Gustavo García, defensor de Poma, su cliente no niega que estuvo presente en el lugar. Pero dice que no fue sorprendido en ninguna actividad violenta. Mas bien, asegura, que su actitud fue pacífica y que antes que él habrían ingresado al menos otros dos grupos de personas.

▶ No trabajan y quieren sueldo

La semana pasada inició el juicio directo para Poma y ocho personas. Los sospechosos fueron acusados por el fiscal subrogante Wilson Toainga como coautores de paralización de servicios públicos sancionado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El Código sanciona con entre uno y tres años a la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo. El juicio que se cumple en reserva por ser un delito que atenta a la estructura del Estado se reinstalará el martes 29 de octubre a las 09:00 y está a cargo del conjuez David Jacho.