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Vialidad. Uno de los fotorradares de la vía a Daule, en el noroeste de Guayaquil, ha sido blanco de quejas.CARLOS KLINGER

La ANT admite la falta de margen específico de error en el reglamento de uso de fotorradares

Ese umbral es clave en la aprobación y uso de esos dispositivos de medición de velocidad. Desde 2013, ese criterio falta en la norma de esos aparatos

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT), organismo de control del transporte terrestre y seguridad vial en el país, ha dado largas a los pedidos de entrevista de Diario EXPRESO desde septiembre pasado, para abordar varios temas: el proceso de homologación de los fotorradares (registro y comprobación de funcionamiento), el margen de error de los aparatos, la validación de la información que entregan los proveedores que buscan certificar sus dispositivos, los controles posteriores para corroborar si todo marcha dentro de los niveles de aprobación, entre otros detalles.

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Alcolisti S. A., el ‘eterno’ proveedor de fotorradares de la ATM

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Después de tres peticiones formales, a través de correos electrónicos en la gestión de dos directores de comunicación y varias llamadas con subalternos, esa institución envió un documento con seis puntos. Sigue pendiente la respuesta de entrevista que se pidió para el reportaje “Alcolisti S. A., un ‘eterno’ proveedor para la ATM”.

En el punto 2 de la comunicación, la ANT admite la falta del umbral concreto que debe servir de referencia en el trámite de aprobación de los aparatos sobre la precisión de las lecturas de velocidad: “No se establecen de manera específica los márgenes de error a los que están sujetos los dispositivos medidores de velocidad”. En el documento también se asegura que “se encuentra en fase de revisión de la normativa, con el fin de fortalecer y actualizar los aspectos técnicos, conforme a las normas internacionales”.

En ese mismo punto se menciona que las empresas que comercializan los dispositivos deben cumplir con el margen de error de tolerancia que establece la norma internacional, y que esto se verifica en las pruebas de campo.

No obstante, en el punto 5, sobre la participación del Servicio Nacional de Normalización (INEN) durante el proceso de homologación, se aclara que “en el caso de las empresas (proveedoras) que representan la distribución de dispositivos de detección de infracciones de tránsito (cinemómetros o medidores de velocidad), que hayan presentado la certificación de aprobación de modelo, no deberán someterse a las pruebas de campo en el proceso de homologación”.

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Sobre la falta de un margen específico de error en el reglamento relacionado con los dispositivos de medición de velocidad, Vanderlei Dos Santos, especialista de una empresa internacional proveedora de ese tipo de equipos, considera que ese vacío afecta al ciudadano, “porque eso retira la garantía de que las mediciones hechas por los equipos sean correctas. Por eso las normas internacionales, como las europeas o brasileñas, definen que los equipos no pueden tener errores superiores al 1 % en la aprobación del modelo y en la verificación inicial”.

En la publicación de ayer de este Diario sobre el proveedor de fotorradares Alcolisti S. A., que ignoró un pedido de entrevista, se presentó la diferencia en el margen de error de la cámara sancionadora que ha vendido a la ATM. En un proceso contractual del 2020 reportó un margen de +- 2 %, cuando en la ficha de especificaciones que consta en la página web del fabricante consta +- 10 % (del mismo modelo).

En su comunicado, la ANT dice que se reserva el derecho de realizar la verificación posterior y en una muestra aleatoria representativa a los equipos instalados. “Es obligación de los entes de control que hayan adquirido los equipos mantener los dispositivos periódicamente calibrados”, concluye.

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Los escasos ojos sobre la operación de los aparatos de medición de velocidad

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EDUCACIÓN VIAL

Guillermo Abad, presidente de la organización no gubernamental Justicia Vial, que promueve la seguridad en las calles y carreteras del país, recomienda a los municipios invertir más en educación vial, teniendo en cuenta los millonarios contratos con los que se compran equipos y se contratan servicios relacionados con el control del tránsito

El directivo de la ONG también refirió un mecanismo para frenar los posibles abusos en la fijación de multas, cuando una institución pública delega el control, en los que casos donde exista este modelo de trabajo.

"Para evitar esas ambiciones de que se cobre el exceso de velocidad donde no hay, todo lo que esté por encima de la utilidad pactada, de la corrida financiera del contrato o del proyecto de la delegación del control ese excedente corresponde al Estado y así no estarán preocupados por lo que es y lo que no es", sostiene Abad.

Él aclara que es necesario el monitoreo de la velocidad, pero que se debe hacer con tecnología apropiada.

"El problema está en la implementación de los radares. En Ecuador tenemos muchos radares con sistemas totalmente antiguos y lo importante es pasar a sistemas mucho más modernos que generan una mejor precisión, y lo mejor que puede haber son los sistemas que miden la velocidad por tramos, porque lo que hace la gente ahora es reducir la velocidad hasta que pasa el radar y luego acelera", comenta Abad.