JOHANNA VERDEZOTO CONSEJERA CPCCS
La consejera de Particiapción Ciudadana, Johanna Verdezoto.ARCHIVO

Análisis del peculado: ¿Qué consecuencias legales enfrenta Johanna Verdezoto?

La consejera del CPCCS es investigada por presunto peculado por el supuesto mal uso de un vehículo institucional

La consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Johanna Verdezoto, es investigada por la Fiscalía General del Estado por el posible delito de peculado, indagación derivada de una denuncia previa en su contra.

Como lo contó EXPRESO, el 10 de junio de 2025 el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, solicitó al CPCCS información relacionada con Verdezoto y el uso de vehículos institucionales a su cargo.

Esta investigación se deriva de una denuncia presentada en contra de Verdezoto por presunta concusión en marzo de 2024. El documento señala que el CPCCS cubrió los pagos de arriendo de Verdezoto, dado que su domicilio está en Los Ríos, pero la consejera presentó facturas sobre otra vivienda.

Las consecuencias para la consejera Johanna Verdezoto

El peculado es un delito que conta en el artículo 278 de Código Integral Penal (COIP). El artículo señala lo siguiente:

  • Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo.

De acuerdo con el artículo del COIP, el peculado es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años. Sin embargo, si los señaldos utilizan, en beneficio propio o de terceras personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto signifique lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

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