El 20 de julio el comisionado del concurso para elegir contralor, Raúl Guaña, emitió una primera alerta de los posibles intereses que existirían detrás del proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

“No necesitamos las buenas voluntades de los coordinadores para que nos vengan a estar dando consejos”, soltó Guaña en sesión ordinaria de la comisión, donde además la comisionada Maribel Baldeón solicitó al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) no incidir en la documentación que presentan.

Un mes después alertaron de una presunta intimidación, esta vez por una resolución del pleno del Consejo que, replicando una denuncia de un postulante, disponía remitir un oficio a la Fiscalía General del Estado para que se inicien investigaciones contra dos comisionados.

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Pese a la regularidad con que la comisión de selección del concurso para elegir contralor ha realizado sus denuncias, poco o nada ha sucedido para despejar las sombras alrededor del proceso para preservar la transparencia del mismo.

Esta opacidad, según señala Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, oenegé que está realizando una veeduría externa e independiente del proceso, se suma al rosario de temas por observar en el concurso de contralor.

“Este proceso no ha sido transparente. Hay muchas fallas”, cuenta y hace hincapié en que los primeros que deben dar explicaciones, por estar bajo su poder el desarrollo del concurso, son los integrantes de la comisión ciudadana de selección.

Este Diario buscó contactarse con el presidente de la comisión de selección, Marco Chalco, para consultarle sobre las alertas que han dado. Sin embargo, los integrantes no aparecen en el directorio del Consejo.

Asimismo, pese a la insistencia de este medio, no hubo respuestas a las llamadas hechas al número de teléfono de la institución que consta en el sitio web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Por otro lado, EXPRESO se comunicó con los integrantes del pleno de Participación para consultarles sobre las denuncias hechas por la comisión y qué acciones prevén tomar.

Alembert Vera, presidente de la entidad, enfatiza que estas situaciones son falsas y que no ha habido intromisión alguna. Incluso, dice que la propia comisión se encargó de aclarar el tema en una sesión posterior.

Esto en referencia a las declaraciones del 21 de julio del titular de la comisión de selección, Marco Chalco, donde aclara que “por falta de coordinación administrativa” el comisionado que denunció presuntas injerencia habría malinterpretado el actuar de uno de los integrantes del nuevo equipo técnico.

Sin embargo, este tipo de explicaciones no terminan de aclarar el panorama, señala María Fernanda Rivadeneira, exvicepresidenta del Consejo de Participación. “Recordemos que son ciudadanos, no una autoridad. Imaginémonos lo que es enfrentarse con un monstruo como lo es el Consejo”.

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Pese a estas consideraciones, los demás consejeros de Participación descartan cualquier posibilidad de injerencia e insisten en que el concurso lo desarrolla la comisión ciudadana de selección. Y si tuvieran algún grado de veracidad, cuestionan el que los comisionados no hayan formalizado denuncia alguna.

En el análisis de fondo, Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, señala que las sombras alrededor del concurso son cómplices e intentan distraer de una presunta intención de fondo: privilegiar intereses que “no miden la realidad nacional”, sino la de muy pocos actores políticos.

Estas opacidades, según continúa, “no hacen sino demostrar que el Consejo de Participación Ciudadana es una estructura que estatiza a la sociedad civil, la anula”. También hace hincapié en que estas denuncias ratifican que la institución de Participación Ciudadana no debe existir en la estructura del Estado.

RESPUESTAS Y SILENCIOS

Alembert Vera, presidente del Cpccs: “No ha existido interferencia ninguna. La propia comisión de selección aclaró el tema en una sesión. Los concursos los llevan las comisiones, no existe forma ninguna de que cualquier consejero tenga acceso ni carpetas, ni a notas ni a calificaciones”.

Nicole Bonifaz, vicepresidenta del Cpccs: Silencio

Mishelle Calvache, consejera del Cpccs: “En su momento mandé un oficio a los comisionados del concurso de contralor preguntando por las intromisiones, pero me respondieron que no. Entiendo que el oficio (de noticias criminis de dos comisionados) ya fue enviado a la Fiscalía”.

Andrés Fantoni, consejero del Cpccs: Silencio

Yadira Saltos, consejera del Cpccs: “La designación de autoridades se la efectúa a través del concurso de méritos y oposición (...) llevado a cabo por la comisión ciudadana de selección (...). Ningún miembro del Consejo de Participación Ciudadana tiene injerencia alguna (...)”.

Johanna Verdezoto, consejera del Cpccs: “Como pleno no nos corresponde tomar medidas acerca de las supuestas intromisiones en el concurso de contralor general del Estado (...). En el marco de mis atribuciones, vigilaré que los distintos concursos se los realice con transparencia (...)”.

Augusto Verduga, consejero del Cpccs: “Los comisionados deberían haber denunciado, con nombres y apellidos, a quienes, a su criterio, han ejercido esa intromisión. No lo han hecho. El único interés que tenemos es que los concursos se desarrollen de forma transparente, sin trampear (...)”.

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