Van por un nuevo intento. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deberá conformar una veeduría que diagnostique y evalúe el cese y posterior designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC) durante el período de transición de Julio César Trujillo (+).

Al menos eso es lo que dispone el juez Multicompetente de la Unidad Judicial de Montecristi, en Manabí, Leiver Patricio Quimís Sornoza, tras aceptar una acción de protección que fue presentada por una ciudadana que se identifica como Betty Moreira Marcillo.

La denuncia fue planteada en contra del presidente del CPCCS, Alembert Vera, luego de que en mayo pasado esa entidad negó a Moreira la conformación de la veeduría, haciéndole notar que existe una sentencia emitida por la propia CC que señala que el Consejo de Participación definitivo no podrá revisar las decisiones del transitorio.

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Esa no fue razón suficiente para el juez Quimís que en su fallo dictamina que el CPCCS deberá dar acompañamiento y ayuda técnica, además de dotar de los recursos económicos suficientes para que esta suerte de observatorio funcione de manera óptima.

Ese ha sido el objetivo del correísmo en más de una ocasión. Alembert Vera anunció que de inmediato conformará la veeduría ordenada por el juez de Montecristi bajo el argumento de que “la resolución de la Corte Constitucional sobre el Consejo de Participación no atañe a la ciudadanía, el pueblo es el primer y gran fiscalizador de la actividad pública”, dijo el funcionario el miércoles pasado.

Para el abogado constitucionalista Juan Francisco Guerrero esta afirmación de Vera tiene un componente más político que de efectividad. El experto dijo que si bien el CPCCS puede conformar la veeduría para cumplir la orden judicial, sus efectos resultarían extemporáneos, además que esas decisiones están “blindadas”.

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“Considero que se trata de una sentencia inejecutable en lo jurídico. Claramente no sería una veeduría, sino una comisión con el propósito de analizar como se dio ese procedimiento, pero sin ningún efecto. A lo mucho podría tener una facultad de carácter informativo”, señaló.

Como “improcedente” calificó el constitucionalistas André Benavides a la decisión del juez Quimis, porque las veedurías tendrían un efecto si se desarrollan mientras se desarrolla un proceso, en este caso, la destitución y posterior designación de los jueces constitucionales.

Sin embargo, Benavides no descarta que detrás de la acción de protección y la decisión del juez exista un trasfondo más político que jurídico y recordó que no es el primer intento por revisar las decisiones del CPCCS de transición como lo hizo, en su momento, el organismo liderado por José Tuárez y también el de Sofía Almeida.

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¿Cómo se podría frenar la intención? “Esperemos que el actual CPCCS apele esa decisión, porque si no lo hace quedará en evidencia que están de acuerdo con la persona que interpuso la acción de protección. Por otro lado, la Corte podría tomar ese caso dentro de un proceso de revisión y selección de sentencias y tumbarlo”, agregó el jurista.

Reacción

Desde la Corte Constitucional no ha existido una reacción pública sobre la acción de protección concedida por el juez de Montecristi, sin embargo, EXPRESO conoció extraoficialmente que los jueces están al tanto del documento y lo analizan para definir una postura al respecto del mismo.

Advertencia

En su fallo, el juez Quimís señala que se previene a cualquier autoridad y al personal de la entidad demandada o de cualquier otra institución para que se abstenga de realizar cualquier tipo de acto que impida la creación de las actividades de la veeduría ciudadana. Lo contrario podría acarrear sanciones.

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