La Contraloría General del Estado (CGE) presentó este viernes 23 de septiembre los resultados de una auditoría a las resoluciones de emergencia de la planta de tratamiento de aguas residuales y a las contrataciones que se hicieron en el cantón San Cristóbal, Galápagos para evitar la contaminación al medioambiente de este espacio considerado como Patrimonio Natural de la Humanidad, entre agosto de 2019 y diciembre de 2020.

“El informe de auditoría señala que las autoridades municipales no ordenaron medidas para dar mantenimiento oportuno a los sistemas de impulsión, descarga y estaciones de bombeo, provocando el daño de la bomba sumergible central y la paralización de la planta de tratamiento de Puerto Baquerizo Moreno”, se detalla en un comunicado de la Contraloría.

Para repotenciar el sistema, el 19 de noviembre de 2019 se declaró en emergencia la planta, por lo que se realizaron contrataciones que ascendienron a más de $ 400 mil. Esas adjudicaciones se hicieron después de 100 días de la declaratoria.

“Las contrataciones carecieron de un diagnóstico previo, diseños definitivos y en el presupuesto referencial no se consideraron todos los aspectos necesarios para remediar la problemática. La falta de planificación en las intervenciones retrasó el mantenimiento, por lo que 448 días después de la declaratoria, la emergencia no se había superado”, se concluye en el documento. Por esto, desde la paralización de la planta, en octubre del 2019, “se descargaron al océano 659.736 m3 de aguas residuales sin tratamiento”.

El problema de la contaminación ha sido recurrente en las islas, aunque también hay otros, como el tráfico de especies silvestres o la pesca ilegal, que han comprometido la vida de la fauna y flora.