Hay dos motivos por los que la Asamblea Nacional debe aprobar una reforma a la Ley de Seguridad Social  antes de marzo. De hecho, la comisión legislativa de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, que lleva ese tema, prevé que el informe para primer debate esté listo en esta semana y su discusión en el pleno se desarrolle en este mes. Y la segunda y definitiva instancia, en febrero.

Un primer motivo es la gravedad de la situación que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al punto que algunos expertos consideran que su funcionamiento es insostenible a corto plazo si no hay un urgente cambio legal.

Un segundo motivo es que el 15 de marzo de 2023, la Asamblea fue notificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE)de que había una iniciativa ciudadana de reforma a la Ley de Seguridad Social, que reunía el número de firmas necesarias y cumplía con todos los requisitos establecidos, por lo que el Legislativo tenía 180 días para tratarla o esta se convertiría en norma por el ministerio de la ley.

Con el plazo corriendo, la Asamblea anterior comenzó a tratarla en abril del año pasado, pero su trámite quedó inconcluso en mayo, cuando el Ejecutivo disolvió el Legislativo y convocó a elecciones para ambos poderes, en una figura legal conocida como ‘muerte cruzada’.

A inicios de diciembre, con la instalación de la nueva Asamblea, volvió a correr el plazo establecido para tratar ese proyecto, por lo que la comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social retomó su trámite.

“Bueno, nosotros consideramos que esto en primer y segundo debate deberá salir hasta el mes de febrero, porque es una ley importante”, expresa Jaime Guevara, asambleísta que integra la citada comisión.

Este Diario buscó la versión del presidente de esa mesa legislativa, Jhonny Terán; y de la vicepresidenta Marcela Holguín, pero no respondieron los mensajes ni las llamadas.

Según Guevara, la comisión unificó las iniciativas similares de reformas al IESS, “o sea  que de las 3 se está haciendo una”;    y pidió las comparecencias de los directivos del IESS,    del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Finanzas y otras instituciones involucradas, así como de los autores de los proyectos.

Recibieron algunas observaciones sobre el financiamiento o estudios que sustentan algunas modificaciones previstas, solicitaron informes y pidieron aclaraciones a la Corte Constitucional sobre un fallo sobre la entidad para incluirlos en su tarea.

Guevara afirma que la Asamblea está dentro del plazo para tomar una decisión. “Hasta la próxima semana  considero que ya estará todo solventado y lo pasaremos (el informe) para el debate correspondiente”.

El dirigente del gremio de jubilados de Pichincha y autor del proyecto, Henry Llanes, tiene otras cuentas. A su criterio, ya se cumplieron los primeros 90 días de plazo para el primer debate, por lo que la Comisión pidió una prórroga de otros 20.

Pero no tiene reparos en que hayan unido otras propuestas a la suya, “porque así se aprovecharía el trámite del proyecto -claro, sin distorsionar los objetivos del proyecto inicial-, y se podrían agregar otros temas”.

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