La luz para descubrir el entramado de corrupción que se habría registrado en la aseguradora Sucre, en liquidación, está más próxima a encenderse desde Estados Unidos.

Al igual que en su momento ocurrió en casos como Petroecuador o Las Torres, ese país está cada vez más cerca de obtener nombres, documentos y soportes de la trama de sobornos que involucra a exfuncionarios, brokers y otros actores.

El acuerdo de culpabilidad que firmó Esteban Eduardo Merlo Hidalgo el 28 de marzo pasado apunta en esa dirección. Merlo es uno de los procesados en ese país tras ser detenido en julio de 2022 y recibir cargos por conspirar para el pago de coimas a funcionarios de Seguros Sucre y Rocafuerte. El objetivo era hacerse de contratos de intermediación y de reaseguros, dice la información.

Y Merlo, según el documento, está dispuesto a revelar detalles que, de acuerdo con el asambleísta Fernando Villavicencio, podrían alcanzar a exfuncionarios de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.

Él admitió la culpabilidad en los cargos 4-7 por su posible participación en las transacciones de bienes de origen delictivo. Pero eso le podría complicar su estatus migratorio en ese país, como se especifica en el numeral 20 del documento, que señala que con el acuerdo Merlo reconoce que al declararse culpable pueden surgir consecuencias relacionadas con el estatus migratorio del acusado si no es ciudadano de ese país o si es un ciudadano naturalizado.

EXPRESO buscó conocer cuáles serían las consecuencias a través de un pronunciamiento de su abogado, Howard Srebnick, quien es uno de los que firman por la defensa de Merlo. Le enviamos un correo electrónico solicitando la información, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Sin embargo, en el mismo apartado 20 se especifica que aunque no es posible predecir con certeza los efectos de la condena, Merlo quiso asumir la culpa sin importar las consecuencias que en temas de inmigración podría sufrir, incluso el ser expulsado automáticamente de Estados Unidos.

Pero no todo es malo. Luego de la ejecución del acuerdo de culpabilidad y la aceptación, el tribunal procederá a desestimar los cargos restantes, que eran, entre otros, conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y conspiración para cometer lavado de activos.

Uno de los abogados de Merlo patrocinaba además al excontralor Carlos Pólit, también procesado en Estados Unidos por corrupción. La hora de patrocinio del jurista costaría entre 1.500 y 2.000 dólares. 

• Residencia. Esteban Merlo es un ecuatoriano con doble nacionalidad que está radicado en el estado de Florida, en EE. UU. Ahí fue detenido en julio del año pasado. Para defenderse en libertad tuvo que pagar una fianza. La acusación en su contra y de otros dos procesados se presentó el 15 de julio de 2022.
• Exclusión. Dos de los cargos por los que se acusó a Merlo tenían que ver con las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y le podían haber significado hasta 10 años de cárcel; mientras que el cargo por posible conspiración para cometer lavado de dinero le podía representar también al menos 10 años.
• Intereses. Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), opina que la culpabilidad de Merlo “permitirá seguir desnudando los intereses ocultos de ciertos personajes, algunos disfrazados de políticos y otros de expertos en la materia, que por años medraron del mercado de seguros y sobre todo de los reaseguros”.