Dos abogados en libre ejercicio presentaron la tarde de este jueves 12 de noviembre una acción constitucional de medidas cautelares en la que se solicita se suspenda el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Paúl Ocaña y David Carrión argumentan la supuesta existencia de irregularidades. 

Enumeran que el 31 de mayo de 2020 el Consejo emitió una resolución en la que expiden el reglamento para el concurso público y el 15 de septiembre resuelven subsanar en la Tabla 2 (Ponderación de la Fase de Méritos) del artículo 36 del Reglamento para el Concurso Público, el segundo ítem de la ponderación de la experiencia profesional, sustituyendo el cálculo numérico correspondiente a cada documento, de 0,50 a 0,66”.

Dicen que de esa forma afectan la previsibilidad de todo el concurso público, vulnerando el derecho de la seguridad jurídica y el debido proceso porque dicha resolución afecta los parámetros de estabilidad del mismo.

Señalan que existen varias denuncias de parte de sectores sociales y de los mismos postulantes, "cuestionando la opacidad, irregularidad y falta de transparencia, mismos que se ha denunciado". Indican que por ejemplo, no se ha tenido acceso a la información y toda la documentación aparejada de los postulantes, "esta negativa obviamente deja dudas respecto a los méritos que pueden tener uno y otro candidato; y, convierte a la calificación y futura selección de los jueces en subjetiva y arbitraria". 

Explican que se han denunciado  deficiencias en los sistemas informáticos de calificación, sistema que asignó el mismo puntaje a todos los candidatos, generando dudas sobre las condiciones de seguridad, puesto que es prácticamente imposible que todos los candidatos obtengan las mismas calificaciones. 

El vocal Fausto Murillo explicó a EXPRESO que ese incidente se dio por un error en dos servidores que debían efectuar pruebas enviando correos internos el 6 de noviembre y que por equivocación remitieron a los postulantes un correo de pruebas. Dijjo que ese día aún no existían los resultados de la fase de méritos. El caso fue denunciado a la Fiscalía para las investigaciones respectivas. 

Los abogados reseñaron que la independencia judicial exige que se brinden condiciones adecuadas para llevar procesos que sean realmente meritocráticos, transparentes, públicos, participativos y respetuosos del principio de igualdad y no discriminación. Murillo también señaló que el proceso es transparente y que la Judicatura está abierta a una auditoría de su sistema informático.

Por sorteo la competencia se radicó en la Unidad Judicial de Familia con sede en la parroquia Mariscal Sucre de Quito a cargo de la jueza Marjorie Naranjo. 

Los recursos no se limitan a la acción constitucional presentada en Quito. En Guayaquil se presentó una acción de protección presentada para la suspensión del concurso. Los detalles se darán a conocer a las 10:30 en el edificio Torre Azul. 

El abogado Pedro Enrique Moreira señaló en un comunicado que en la rueda de prensa se hablará de los cuestionamientos al concurso y de esa manera se une a las "muestras de rechazo a las irregularidades que se han presentado en el trámite para ser elegido juez de la Corte Nacional de Justicia".

Sobre las acciones presentadas, el vocal del Consejo Fausto Murillo indicó que no conocía pero "tienen derecho y tendrán que pronunciarse los jueces".