El Colegio de Abogados de Pichincha encabezada por el jurista Paúl Ocaña presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra de las reformas de algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal. 

En la misma se detalla la afectación que tendrían algunos profesionales de distintas áreas, como la jurídica, contable, financiera, entre otras, en temas relacionados a delitos de delincuencia organizada, en calidad de colaboradores dentro del proceso penal, con lo cual Ocaña señala que se estaría criminalizando la práctica profesional.

La reforma fue enviada hace un mes por el entonces presidente de la Asamblea Virgilio Saquicela al Ejecutivo, el artículo que genera inconformidad es el artículo 369 sobre delincuencia organizada.

El mismo detallaba que la sentencia para colaboradores era de cinco a siete años de prisión. Ahora además la reforma define como colaborador a quien ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos u otros ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de la organización.

Los cambios en la norma incluyen además reformas en artículos relacionados con la tenencia y porte de armas, municiones y explosivos no autorizados.

En el 2021 también se realizaron cambios impulsados por el expresidente Lenín Moreno, que incluyeron tres nuevos delitos: obstrucción a la justicia, sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado.