La jueza de la Corte Constitucional (CC), Daniela Salazar Marín, convocó a las partes procesales a la audiencia pública que se realizará el 9 de abril de 2024, alas 09:30.

Salazar es la sustanciadora del caso 1072-21-JP, debido a una acción de protección presentada por abacaleros y abacaleras en contra de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y de otras instituciones del Estado por la "vulneración sistemática a sus derechos", según un comunicado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu).

La organización de Derechos Humanos ha respaldado a los abacaleros en su demanda presentada contra el Estado y Furukawa el 12 de diciembre de 2019. Alega que por más de 60 años Furukawa "ha sometido a cientos de personas campesinas, en su mayoría afroecuatorianas, a vivir en condiciones de esclavitud moderna dentro de las haciendas de la empresa donde han cosechado abacá para su exclusivo beneficio".

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El 15 de enero de 2021 un juez de primera instancia declaró la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, así como la prohibición de esclavitud por servidumbre de la gleba.

Cedhu cuestiona que tras una apelación, el Estado quedó liberado de responsabilidades. Las partes procesales presentaron después una acción extraordinaria de protección y la de los accionantes fue admitida a trámite en enero de 2022.

"Han transcurrido más de dos años y ahora nos encontramos en un momento crucial en el que esperamos alcanzar una reparación integral y transformadora para las víctimas sobrevivientes de esclavitud moderna", señala Cedhu en su comunicado.

Además, espera que se declare la responsabilidad del Estado así como de Furukawa pues asegura que hay "graves vulneraciones de derechos humanos cometidas contra cientos de abacaleros y Abacaleros".

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