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El 30 % del cloro que se vende en Quito es irregular y dañino para la salud

Empresas y sector público se juntan para alertar de los riesgos de consumir desinfectantes sin registros. En la pandemia la ilegalidad creció

Los materiales adquiridos por los municipios para la desinfección de las ciudades serán auditados.
Los materiales adquiridos por los municipios para la desinfección de las ciudades serán auditados.cortesía

El riesgo se expande por el descuido ciudadano. Autoridades nacionales y empresas privadas se unieron para advertir el peligro de consumir desinfectantes irregulares que no cuentan con los permisos legales de funcionamiento. Ante la emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus, la comercialización de artículos falsificados prolifera en todo el país. 

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Según cifras de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, de Higiene Doméstica y Absorbentes (Procosméticos), anualmente la venta de cloro ilegal mueve más de 20 millones de dólares en el país. Las provincias más pequeñas y las localidades más alejadas de Quito y Guayaquil tienen más casos por la falta de controles nacionales. 

El estimado de expertos médicos y las empresas del sector es que cerca del 50 % de productos desinfectantes que se ofrecen en el mercado local tiene algún tipo de irregularidad. En Quito, como ejemplo, ese indicador alcanza el 30 %.

María Fernanda León, titular de la asociación privada, pide que los ciudadanos denuncien la venta de productos ilegales porque no cumplen su labor de limpieza y ponen en riesgo la salud de la ciudadanía. Además, dijo hoy, 1 de marzo de 2021 en rueda de prensa, se contamina y arriesga el medio ambiente. 

¿Dónde se consiguen los productos anómalos? La mayor parte de las ventas está en las redes sociales y en el comercio informal. Los desinfectantes que ofrecen vendedores ambulantes difícilmente cumplen con los requisitos necesarios para asegurar limpieza y protección contra virus como la COVID-19.

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La Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) pide que se denuncien todas las ofertas irregulares. En 2020, por diferentes canales de información ciudadana, se presentaron 292 alertas de incumplimiento en los productos comercializados en el país. Un 10 % de esas denuncias mostró actividades ilegales.