Una vez más, aunque en esta oportunidad le tocó el turno a la Policía Nacional, que a causa de un supuesto hackeo a su infraestructuras digital, inició un operativo de captura contra Juan Carlos Izquierdo, el fiscal implicado en la muerte de su expareja Naomi Arcentales.

Tras descubrir que la orden de detención que constaba en el registro del sistema informático habría sido subida de manera fraudulenta, Izquierdo quedó libre luego de cinco horas.

No es la primera vez que las seguridades informáticas de entidades nacionales reportan ingresos irregulares a sus sistemas digitales. Este año ocurrió con la ANT, la CNT y hasta en una entidad financiera.

En todos estos casos, las investigaciones siguen ejecutándose, según informa la Unidad contra los Ciberdelitos de la Policía Nacional.

Los ataques informáticos a distintos dispositivos electrónicos, por medio de una amplia variedad de métodos y contra usuarios particulares y organizaciones, creció en 2020, en una tendencia que prosiguió durante 2021, cuando las cifras se duplicaron, tal como se evidencia en las estadísticas de las fuentes que manejan esta información, como el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos de Arcotel (EcuCert) y de la Policía Nacional.

Una cifra que según Lorena Naranjo, directora de la maestría en Derecho Digital de la Universidad de las Américas, no representa el total de los ataques que se suscitan en las infraestructuras informáticas del país.

Algo similar opina Santiago Acurio, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad. Naranjo afirma que lo de Ecucert, es una información Parcial.

Naranjo, quien hasta junio pasado dirigió la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), asegura que este año se evidenciaron, por primera vez en el país, ataques provocados por ransomwere, que “es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su equipo o a su información y cuyos ejecutores exigen pagos de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos”.

Las cifras acerca de las pérdidas económicas provocadas por la ciberdelincuencia son también elementos que faltan en este escenario, cuyos gestores suelen ser hackers que tienen sus centros de trabajo en Rusia o Europa. “No tenemos el registro de las pérdidas económicas porque no las manejamos, pero las que se denuncian son por estafas que van de los 50 a 100 dólares”, aclara Nelson Arellano, de la Unidad contra los Ciberdelitos de la Policía Nacional, quien agrega que se ha observado en los últimos años un mayor interés de las empresas del país en los temas de ciberseguridad.

“Muchas ya están dando los primeros pasos, aunque también es cierto que otras no lo hacen por cuestión de costos. Incluso hay empresas que están creando los departamentos de ciberseguridad y la gerencia de ciberseguridad”.

Cuántas lo están haciendo, también resulta una cifra que podría aclararse en los próximos años, tras la implementación por parte del Gobierno de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, prevé Naranjo, quien asegura que la ley de protección de datos determina tomar medidas y genera sanciones ante el mal uso de la información personal de los ecuatorianos y esto determinará promover mejoras en los departamentos informáticos de las compañías privadas y entidades públicas.