Se trata de seis funcionarios públicos y cinco personas particulares relacionadas en una presunta red de delincuencia organizada que operaba en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de Santo Domingo.

La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal el 15 de marzo de 2024 contra 11 personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Nueve de ellos fueron aprehendidos durante 11 allanamientos ejecutados el 14 de marzo por la Fiscalía y la Policía Nacional en Quito, Santo Domingo y La Concordia.

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Entre las evidencias encontradas en los allanamientos constan 14 terminales móviles, un arma de fuego, 13 cartuchos, documentación relacionada con la presunta comisión del delito, entre otros.

El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los indicios del presunto delito en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se evidenciaron tras una investigación de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Las autoridades realizaron vigilancias y seguimientos, filmaciones, grabaciones, tomas fotográficas, geolocalización y otras técnicas investigativas.

La presunta estructura organizada, según la Fiscalía, está conformada por servidores públicos (un comisario de La Concordia, un agente fiscal y cuatro servidores de la ANT de Santo Domingo) y personas particulares. Su objetivo sería el beneficiar a terceros con la gestión de trámites como licencias, renovaciones, homologaciones, entre otros, a cambio de dinero.

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso presentó como elemento de convicción el parte integrado, que contiene información relevante del expediente fiscal con base en la pericia informática (sinopsis de la materialización de un teléfono celular).

Dos de los procesados habrían salido del país en mayo de 2023 hacia Estados Unidos, por lo que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambos. El juez acogió el pedido y ordenó que se oficie a la Interpol para que emita la difusión roja.

Para los otros nueve procesados, el magistrado ordenó medidas cautelares, como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la Fiscalía. También se dispuso para todos los procesados la prohibición de enajenar bienes y la retención de sus cuentas bancarias. La instrucción fiscal de este caso durará 90 días.

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