Un crecimiento inusual en sus patrimonios. Eso es lo que encontró la Contraloría al auditar las declaraciones patrimoniales de 10 de 30 jueces que fueron observados en forma aleatoria. Las anomalías se encontraron en los funcionarios que actuaron entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.

Según la información de la Contraloría, los indicios de responsabilidad penal ya se remitieron a la Fiscalía entre el último trimestre de 2022 y en el primer trimestre de este año. El ente de control emitió 30 órdenes de trabajo para realizar exámenes especiales a jueces de varias provincias, entre ellas Loja, Azuay, Tungurahua, Los Ríos, Pastaza y Guayas. Señala que se aprobaron 20 informes generales y 10 con indicios de responsabilidad penal.

La Contraloría encontró que se había producido un crecimiento inusual de sus patrimonios. El presidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela señaló que no conoce nada al respecto más que lo que comunicó la Contraloría en su comunicado de prensa. Según la Contraloría los que presentan posibles inconsistencias son judiciales provinciales, multicompetentes y de primer nivel.

El equipo de auditoría determinó inconsistencias en la confrontación de la información registrada en las declaraciones patrimoniales de los jueces.