Fueron casi tres meses de paz en las cárceles de Ecuador. El anterior motín se dio justo antes de la declaratoria del conflicto armado interno en enero pasado. Pero en la prisión Regional no se habían dado revueltas desde el 23 de febrero de 2021, cuando allí murieron 31 de los 79 internos asesinados en cuatro penales.

Es decir que desde la primera masacre en el país no había sido un problema para las autoridades, pero volvió a ser noticia tras la fuga de Adolfo Macías, máximo líder de Los Choneros, de quien aún se desconoce su paradero.

A diferencia de años anteriores, en algo más de tres horas pudo ser controlada la protesta que, según los audiovisuales colgados en redes sociales, se debió a reclamos por abusos de militares. Por primera vez no se trataría de un enfrentamiento entre reos.

Juan José Hidalgo, experto en criminología y cultura de paz, enfatiza que el país está en una guerra interna y que siempre van a existir amotinamientos porque “el preso quiere volver a la vida que tenía: lujos dentro de las rejas”, y que este es un trabajo de largo plazo.

Califica la situación como una batalla, es decir que al igual que en una guerra no significa que se trate del final del conflicto. Y que los problemas de seguridad se mantendrán mientras no se “aniquile al enemigo” y sus respectivas bases de mando.

“La Asamblea tiene que aprobar un estado de guerra y declarar la cárcel como zona de guerra y así  justificar a los militares permanentemente. Eso no significa que no se van a amotinar, porque ellos quieren el dominio del lugar”, analizó.

Agregó que tachar de inútil el trabajo de los militares no es correcto, porque el motín “se controló rápido, antes teníamos que esperar tres días para entrar y encontrar 40 decapitados”.

Sin embargo, el experto en seguridad Daniel Pontón sostiene que para que el saneamiento de las cárceles sea efectivo, además de la intervención militar se debe tener un real sistema de rehabilitación y de reinserción a la sociedad, porque en el corto plazo puede volver a darse una nueva protesta, pero recrudecida.

Por ello hace un llamado a  las autoridades, para evitar las “fallas del Estado en temas de condiciones de vida” y así no dar cabida a altercados en estos espacios.

Mientras que Diego Pérez, especializado en seguridad pública y defensa, señala que el amotinamiento es un indicativo de que los penales no están controlados del todo y es además una demostración de poder y fuerza  de los convictos. También es importante conocer qué va a pasar después de la terminación de los decretos 110 y 111.

“Lo principal aquí es el cambio en la administración carcelaria. Ese es el problema estructural de las prisiones. Hay que saber qué se va a hacer con los prisioneros, los mecanismos de control de los espacios, y eso es algo que no ha sucedido hasta el momento”.

Una fuente del SNAI reveló a Diario EXPRESO que el sistema de videovigilancia que presentó el expresidente Guillermo Lasso en noviembre de 2022 (con un costo de 1,2 millones de dólares) no está operativo y que “debe de ser rehabilitado”.

En ese entonces se expuso que funcionaban apenas 135 cámaras de las 1.934 instaladas en las 36 cárceles. Eso representa apenas el 7 % del sistema de vigilancia. Esta adquisición llegó después de declarar en emergencia al SNAI y un mes después de la presentación del centro de monitoreo, este diario conoció que aún estaban en proceso de adquisición de las cámaras. 

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