De acuerdo con información policial, las investigaciones se activaron tras la denuncia oportuna de un taxista, quien alertó a las autoridades luego de recibir amenazas y exigencias económicas por parte de los sospechosos. A partir de este aviso, personal de inteligencia de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) inició un seguimiento que permitió ubicar y detener a los implicados.

Ecuador

Cuatro días libres y una noche clave: así opera el toque de queda en el feriado de mayo

Valeria Alvear

El coronel de Policía Jorge Hadatti, jefe del comando en la provincia de Santa Elena, indicó que los detenidos mantenían una aparente actividad comercial en los cantones La Libertad y Santa Elena, donde se dedicaban a la venta de diversos productos. Esta actividad les servía como fachada para encubrir sus operaciones ilícitas y justificar sus ingresos económicos.

Según las investigaciones, la mujer detenida cumplía un rol clave dentro de la organización, ya que facilitaba su cuenta bancaria para que las víctimas realizaran los depósitos exigidos por los extorsionadores. “Solicitaban montos que oscilaban entre los 8.000 y 10.000 dólares. Hay indicios de que varias personas accedieron a pagar estas sumas a cambio de su tranquilidad”, señaló el oficial.

Las autoridades también revelaron que los sospechosos habrían enviado mensajes extorsivos a aproximadamente 50 personas, cifra que se determinó tras el análisis y cruce de información de los números telefónicos utilizados en el delito.

Se busca a más compinches 

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y capturar a otros posibles integrantes de esta red delictiva. No se descarta que la organización tenga un alcance mayor al inicialmente detectado.

Los tres detenidos son residentes de la provincia de Santa Elena y fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras se define su situación jurídica en las próximas horas.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron el contexto de seguridad y establecieron una hoja de ruta basada en la articulación interinstitucional. Se acordó fortalecer la presencia de las fuerzas del orden en territorio, priorizando sectores considerados críticos, así como intensificar los controles preventivos para garantizar el cumplimiento de la medida.

Uno de los puntos centrales fue la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Intendencia General de Policía y las comisarías, con el fin de ejecutar operativos conjuntos que permitan una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier eventualidad.

Además, se definieron mecanismos de supervisión y monitoreo permanente para evaluar el desarrollo de las acciones durante la vigencia del toque de queda en todo el sector peninsular desde las 23h00 a 05h00.

El coronel de Policía Jorge Hadatti Buchelli, jefe del Comando Provincial, fue enfático al señalar que la disposición se aplicará sin excepciones. “No se permitirá la circulación de personas ni vehículos durante el horario establecido. Pedimos a la ciudadanía que respete la normativa, ya que los controles serán rigurosos”, manifestó.

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¿Habrá toque de queda durante el feriado del 1 de mayo?

Génesis Parrales

El oficial también recalcó que no se emitirán salvoconductos en ninguna circunstancia, en línea con lo dispuesto por el Ministerio del Interior. “El Ministro ha sido claro: no habrá salvoconductos. Se trabajará de manera coordinada con todas las entidades competentes para garantizar el cumplimiento de la medida”, añadió.

Asimismo, las autoridades informaron que se implementarán operativos móviles y fijos en distintos puntos estratégicos de la provincia, incluyendo accesos principales, zonas urbanas y áreas con alta concentración de actividades nocturnas. Estos controles estarán acompañados de patrullajes constantes y acciones de vigilancia para prevenir incidentes y mantener el orden público.

Pedido a la ciudadanía

Finalmente, se hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, destacando que el éxito de la medida dependerá del compromiso de la población en acatar las disposiciones. La autoridad de Gobierno reiteró que el toque de queda forma parte de un conjunto de acciones orientadas a fortalecer la seguridad y reducir los índices delictivos en la península.

Lo que debes saber

• La avenida del Bombero volvió a colapsar este 23 de abril en Guayaquil. El cierre de un carril por trabajos en un centro comercial provocó congestión, largas filas de vehículos y una sanción al contratista responsable.
• La ATM confirmó una multa por incumplimiento publicando el parte en sus redes sociales.

La avenida del Bombero, en Guayaquil, volvió a registrar congestión vehicular este jueves 23 de abril, debido al cierre de un carril en el kilómetro 6,5, en sentido hacia la vía a la costa.

Según la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), el problema se originó por trabajos con pluma en un centro comercial de la zona, que obligaron a cerrar un carril de servicio, lo que provocó largas filas de vehículos y retrasos en la circulación.

La entidad confirmó que el contratista responsable fue sancionado por incumplir los tiempos autorizados y afectar la movilidad vehicular, una situación que generó molestias entre los conductores.

De acuerdo con el reporte oficial, la citación fue emitida a las 08:10 en el mismo sector, con un valor de 144,60 dólares. Además, la ATM dispuso la regularización inmediata de los trabajos para reducir el impacto en el tránsito.

A través de sus redes sociales, la institución también difundió el parte levantado por un agente, en el que se detallan las condiciones de la infracción.

Avenida del Bombero: cierre de carril causa tráfico y multa en Guayaquil

El alto flujo vehicular no solo complicó a la avenida del Bombero. La congestión se extendió a otras zonas, como en la ciudadela Cimas del Bim Bam Bum,en ambos sentidos. 

Guayaquil

Avenida de las Américas: cierre nocturno afecta acceso al aeropuerto de Guayaquil

Juan Ponce Merchán

Lo que debes saber

• El cierre en la avenida de las Américas, en el norte de Guayaquil, genera preocupación entre conductores por el acceso al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 
• La medida responde al montaje de una estructura del sistema Metrovía y tendrá horarios definidos.

La avenida de las Américas, en el norte de Guayaquil, registra un nuevo cierre vial que ha generado inquietud entre los ciudadanos, especialmente por el acceso al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

Ante esta situación, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil informó que en el sector se ejecuta el montaje de una estructura metálica correspondiente a un paso peatonal a la altura de Aviación Civil, como parte del sistema Metrovía.

Guayaquil

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Por esta razón, el cierre será total en sentido sur-norte, lo que podría afectar el flujo vehicular hacia la terminal aérea.

“Si se dirige al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, le recomendamos tomar rutas alternas y planificar su traslado con anticipación”, indicó la institución en un comunicado. 

Sin embargo, no especificó cuáles serían las rutas. Además, aseguró que agentes de tránsito brindarán apoyo para facilitar los desvíos y la circulación vehicular en la zona.

¿Cuándo inicia el cierre en la avenida de las Américas?

Los trabajos comenzarán el viernes 24 de abril de 2026, a las 23:00, y se extenderán hasta el sábado 25 de abril, a las 05:00, detalló la Autoridad Aeroportuaria.

Según la ATM, la instalación de esta infraestructura busca mejorar la seguridad de los peatones y optimizar el acceso a la Troncal 2 del sistema Metrovía.

Como parte del reordenamiento vial en la zona, días antes se habilitó un retorno en U sobre la avenida Plaza Dañín y se reubicaron elementos urbanos para facilitar la circulación en sentido norte–sur.

Lo que debes saber

• Policía del Ecuador investiga posible corrupción interna hoy, a nivel nacional, para reforzar controles y transparencia
  
  
• Asuntos Internos y Fiscalía activan indagaciones este 22 de abril por presuntos actos ilegales en la Policía
  
  
• Pronunciamiento policial revela controles internos en Ecuador para detectar corrupción y fortalecer la confianza ciudadana
  
  

La Policía Nacional del Ecuador confirmó que adelanta acciones internas ante posibles actos de corrupción dentro de la institución. El proceso se desarrolla a través de la Dirección Nacional de Asuntos Internos y cuenta con la coordinación de la Fiscalía General del Estado, según se informó mediante un comunicado publicado este 22 de abril.

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De acuerdo con el pronunciamiento, la Policía asegura que actúa de manera firme frente a "cualquier indicio de irregularidades" que vulnere la legalidad o los principios que rigen la función policial. 

Las acciones se enfocan en identificar posibles responsabilidades administrativas o penales, bajo los mecanismos de control interno establecidos.

El comunicado no especifica el número de servidores policiales involucrados ni los hechos concretos que motivaron las investigaciones, aunque confirma que se trata de posibles actos de corrupción que ya están siendo analizados con intervención del Ministerio Público.

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Procesos permanentes de control y depuración policial

La institución señala que estas medidas forman parte de procesos permanentes de control y depuración interna, los cuales buscan garantizar la transparencia, la legalidad y el correcto proceder del servicio policial a nivel nacional.

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Según el documento, estos mecanismos no responden a hechos aislados, sino a una estrategia continua de supervisión que se aplica dentro de la institución con el objetivo de prevenir malas prácticas y fortalecer la confianza ciudadana en las fuerzas del orden.

La Policía Nacional indicó que las acciones se desarrollan conforme a la normativa y que cualquier resultado será determinado por las instancias competentes, sin adelantar criterios ni conclusiones mientras los procesos estén en etapa de investigación.

Tolerancia cero frente a actos ilegales

En el comunicado, la Policía remarcó su rechazo a cualquier conducta contraria a la ley o a los principios institucionales. Según la entidad, no se tolerarán actos que comprometan la ética, la transparencia o el cumplimiento del deber en el servicio policial.

Este mensaje se da en un contexto nacional marcado por la exigencia ciudadana de mayor control sobre las instituciones de seguridad, en medio del debate público sobre corrupción, violencia y fortalecimiento del Estado.

Los puntos claves

• El toque de queda en Ecuador regirá del 3 al 18 de mayo de 2026, con restricción de movilidad nocturna entre las 23:00 y las 05:00.
• Los pasajeros con vuelos confirmados podrán movilizarse hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, siempre que presenten su pase de abordar o documentación del viaje.
• El Gobierno descartó la emisión de salvoconductos durante el toque de queda, según el ministro del Interior, John Reimberg.

El toque de queda que regirá del 3 al 18 de mayo de 2026 en varias provincias de Ecuador vuelve a cambiar la rutina nocturna de los ciudadanos, pero deja una excepción sobre la mesa: quienes tengan vuelos programados podrán trasladarse hacia los aeropuertos durante el horario restringido.

La medida se aplica dentro de la franja de restricción de movilidad entre las 23:00 y las 05:00, aunque el Gobierno mantiene habilitadas algunas actividades consideradas esenciales, entre ellas la operación del sistema aéreo.

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En ese contexto, el ministro del Interior, John Reimberg, explicó que los pasajeros con vuelos confirmados podrán llegar a las terminales sin mayores inconvenientes, siempre que puedan justificar su desplazamiento en los controles policiales con el pase de abordar o la documentación del viaje.

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“Los pasajeros deben poder llegar a los aeropuertos, pero con la debida justificación”, señaló el funcionario, al insistir en que este tipo de movilidad está contemplada dentro de las excepciones del toque de queda.

Sin salvoconductos, esta vez

A diferencia de otros escenarios en los que las restricciones de movilidad han venido acompañadas de permisos especiales, el Gobierno decidió esta vez cerrar esa puerta.

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Reimberg fue enfático al señalar que no se emitirán salvoconductos durante el período de restricción. Según dijo, la experiencia previa demuestra que estos permisos terminaron ampliando la circulación en lugar de limitarla. “No se emitirán salvoconductos porque eso no sirve para nada y al final hace que todo el mundo salga a las calles”, afirmó en una entrevista radial.

El argumento oficial apunta a evitar vacíos en el control y reforzar la efectividad de la medida, que fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa como parte de las acciones de seguridad vigentes en el país.

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Requisitos para movilizarse al aeropuerto durante el toque de queda

Cómo queda el horario del toque de queda

La restricción de movilidad se aplicará todos los días entre las 23:00 y las 05:00, desde el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 de mayo de 2026.

Durante ese periodo, la circulación quedará limitada en las zonas incluidas dentro del decreto.

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Provincias bajo la medida

El toque de queda regirá en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

También alcanza a cantones como La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, donde se aplicará el mismo horario de restricción nocturna.

Lo que se sabe

• Antecedente. El pasado 16 de abril, Alias Frenillo murió al caer del noveno piso de uno de los edificios ubicados en Puerto Santa Ana.
• Esta situación ha impactado directamente en la percepción de seguridad. Varios moradores coinciden en que, aunque el sector mantiene infraestructura moderna y sistemas de vigilancia, la tranquilidad ya no es la misma.
• Para muchos residentes, la preocupación ya no gira únicamente en torno a robos o hechos violentos puntuales. Sino se ha convertido en no saber quién habita el mismo edificio

Puerto Santa Ana, un sector que durante los últimos años ha sido símbolo de modernidad, desarrollo urbano y plusvalía en Guayaquil, hoy enfrenta una problemática que se reaviva por la inseguridad entre sus residentes y visitantes, tras la muerte de alias Frenillo, cabecilla de una organización criminal.

Tal como lo ha contado EXPRESO en reportajes anteriores, las constantes denuncias de irregularidades en esta zona han trastocado silenciosamente la convivencia en el sector. La alta rotación de inquilinos y el aumento de los alquileres temporales por medio de la plataforma digital Airbnb provocan incertidumbre.

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El miedo se incrementa en Puerto Santa Ana

"Ya no sabemos quién vive al lado o quién nos visita. Antes uno conoció a sus vecinos; ahora cada semana hay gente distinta por la aplicación Airbnb", comenta Verónica Pedreros, residente de uno de los edificios del sector. Su preocupación no se centra únicamente en las molestias cotidianas, sino en la falta de control sobre quién ingresa y permanece en los departamentos. “No es solo el ruido o las fiestas, es no saber con quién estás compartiendo espacio”, explica.

Esta situación ha impactado directamente en la percepción de seguridad. Varios moradores coinciden en que, aunque el sector mantiene infraestructura moderna y sistemas de vigilancia, la tranquilidad ya no es la misma. "Sigo viviendo aquí porque me gusta el lugar, pero ya no me siento tan seguro como antes . Es una sensación constante de alerta", señala otro residente que prefirió no identificarse.

Expertos en seguridad se refieren al tema

Expertos en seguridad y urbanismo advierten que lo que ocurre en Puerto Santa Ana no es un caso aislado, sino el resultado de cambios en la dinámica de ocupación de los espacios urbanos.

El criminólogo John Garaycoa comentó al respecto: “La seguridad nunca es absoluta… nada es 100 % seguro”. Y va más allá: “Si alguien se propone vulnerar un sistema, es cuestión de tiempo y estrategia”.

Garaycoa insiste en que muchas de las medidas que hoy generan sensación de seguridad (cámaras, accesorios electrónicos, guardias) funcionan tanto para quienes buscan protegerse como para quienes buscan ocultarse. “Los elementos de seguridad benefician al bueno y al malo… no hay que sorprenderse por eso”.

En la práctica, esto significa que incluso con videovigilancia, accesos electrónicos y personal de seguridad , resulta complejo verificar la identidad y antecedentes de quienes ingresan. "Los controles existen, pero tienen vacíos. Si alguien tiene acceso autorizado, puede (hacer) ingresar a terceros sin mayor verificación", sostiene.

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Propietarios que alquilan dan su postura

A esta dinámica se suma otro actor clave: los propietarios que han invertido en el sector como parte de su patrimonio , pero que no residen en el país. Muchos de ellos ponen en alquiler sus departamentos como una fuente de ingresos, delegando la administración a familiares o terceros.

"Yo compré un departamento como inversión familiar , pero vivo fuera del país. Mi hermano es quien se encarga de administrarlo y alquilarlo con Airbnb", señala Andrés Mite. “Nosotros no tenemos ninguna relación con actividades ilícitas, simplemente es un negocio como cualquier otro”.

Otros propietarios coinciden en esta postura. "Es injusto que se generalice. Nosotros alquilamos de manera legal y transparente. No tenemos control total sobre lo que haga cada inquilino, pero tampoco somos responsables de los problemas de seguridad del sector", argumenta María Fernanda Roca, quien reside en Estados Unidos.

Ya no sabemos quién vive al lado o quién nos visita. Cada semana hay gente nueva y eso da miedo.
Verónica pedreros
Moradora

Por su parte, administradores de edificios en Puerto Santa Ana reconocen que, aunque existen protocolos de registro, estos no siempre son suficientes. “Pedimos datos, cédulas, información básica, pero si alguien compra o arrienda a nombre de otra persona por la aplicación, es difícil verificar quién vive realmente”, explica uno de ellos.

Además, hay un factor que condiciona la gestión: el miedo. "Muchas veces se detectan situaciones sospechosas, pero no todos quieren denunciar. No se sabe con quién se está tratando", admite.

Casos recientes han reforzado esta preocupación. Operativos policiales en zonas residenciales han evidenciado la presencia de personas vinculadas a actividades delictivas dentro de departamentos, lo que ha incrementado la percepción de vulnerabilidad. “Se han visto todos los allamientos, situaciones que antes parecían impensables en este sector”, agrega el administrador.

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Residentes y especialistas sugieren soluciones

Los especialistas concuerdan en que la solución no depende únicamente de los residentes o administradores. La regulación del alquiler temporal, la verificación de la identidad de los ocupantes y el control sobre el uso de las propiedades requieren un marco legal más sólido.

“Se necesita una intervención coordinada entre el Estado, los municipios y el sector privado”, plantea un experto en seguridad. Sin este respaldo, los esfuerzos internos de los edificios resultan limitados.

Para muchos residentes, la preocupación ya no gira únicamente en torno a robos o hechos violentos puntuales. La inquietud es más profunda y cotidiana: no saber quién habita el mismo edificio, quién entra, quién sale ni con qué propósito. " Se deben realizar operativos y más controles. Hay pisos enteros dedicados a alquileres momentáneos . Eso debe investigarlo y ver qué ocurre adentro", pidió un residente de este sector, resumiendo la incomodidad ciudadana.

Lo que debes saber

• En Guayaquil, ciudadanos dicen que toque de queda no reduce inseguridad y delito se mantiene.
• Jóvenes en Ecuador cuestionan la medida: piden más operativos en zonas conflictivas y control real.
• Adultos mayores en Guayaquil afirman que toque de queda mejora seguridad en sus barrios.

El toque de queda en Ecuador no convence a gran parte de la ciudadanía porque, según testimonios recogidos en Guayaquil, no ha reducido de forma perceptible la inseguridad. Mientras jóvenes y trabajadores señalan falta de control efectivo y desplazamiento del delito, algunos adultos mayores perciben una leve mejora en la seguridad en sus barrios.

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El sol cae sin tregua sobre el centro de Guayaquil. Es un calor espeso, que se pega a la piel y obliga a caminar más lento, como si la ciudad misma pesara.

En la avenida 9 de Octubre, el ruido no descansa: bocinas que suenan una tras otra, vendedores que alzan la voz para hacerse oír y pasos apurados que se entrecruzan sin detenerse. La escena es caótica, viva, intensa.

Aquí, en medio de ese pulso cotidiano, el debate sobre el toque de queda no se siente en discursos oficiales, sino en la voz directa de quienes caminan la ciudad.    

Trámites y servicios

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¿Qué opina el ciudadano de a pie?

En un recorrido por el centro, este Diario conversó con diez ciudadanos de distintas edades. La mayoría coincide en algo: no perciben cambios tras el primer toque de queda y no esperan resultados distintos con el nuevo anuncio. Sin embargo, entre los adultos mayores surge una lectura diferente, más optimista, que habla de una leve mejora en la seguridad.

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Jazmín Avilés camina por la 9 de Octubre como quien espera a alguien, mirando de vez en cuando su teléfono. Cuando se le pregunta si la medida ha tenido algún efecto, responde sin titubeos: “El país sigue igual. Las ciudades con el toque de queda siguen igual. La inseguridad está horrible. Salimos con miedo y agradecemos a Dios cuando regresamos sanos y salvos”.

No cree que el nuevo periodo de restricción cambie el panorama. “En los toques de queda anteriores no ha pasado nada. Entonces no pasará nada ahora. No entiendo por qué la medida si seguimos en lo mismo”, añade.

Adultos mayores apuestan por el toque de queda

A pocas cuadras, en la Plaza San Francisco, el ritmo es otro. Entre quienes descansan en las bancas y quienes cruzan está Francisco Pilay, de 80 años. Camina por salud, dice, y se toma su tiempo para responder. 

Para él, el escenario sí ha mejorado: “Ha servido la medida. Ha bajado la inseguridad. Estábamos mal y ahora ha cambiado bastante el asunto”. La percepción de Pilay se repite en otros adultos mayores. Fátima, ama de casa, sale de la iglesia con paso pausado y una funda pequeña en la mano.

Vivo en uno de los sectores más peligrosos del país y, aunque en ocasiones hay intervenciones policiales y militares, la situación no mejora. El Gobierno debería definir estrategias más efectivas.Steven Borrero

Dice que en su barrio la situación es distinta a la que se escucha en las noticias. “Para mi sector sí ha servido. Tenemos bastante vigilancia porque es una zona comercial. Aunque pasan cosas, la reacción de la Policía es buena”, asevera.

Acerca del nuevo toque de queda, su expectativa no está en cifras ni operativos, sino en algo más simple: “Que haya mejores resultados y se acabe la maldad. Yo le pido a Dios que ayude al presidente para que termine la violencia”.

Los jóvenes esperan más acciones

Pero esa visión no es la dominante. Erik, un joven que avanza rápido con varias fundas de compras, se detiene apenas unos segundos. Su respuesta es directa: “No sirve de mucho porque hay personas que no respetan la ley. Y las autoridades no hacen nada”. 

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Cree que el problema no está en restringir horarios, sino en dónde y cómo se actúa. “Las operaciones deberían hacerse en zonas conflictivas que ya se conocen. Que lleven a las Fuerzas Armadas y hagan intervenciones que realmente bajen la delincuencia”, sostiene antes de seguir su camino.

El contraste se vuelve más marcado con la opinión de Esteban Narváez, comunicador que por trabajo se mueve constantemente. Para él, la situación tiene dos caras. “No siento que sirva, la verdad. Las mafias siguen, el peligro en la calle sigue. A veces detienen a personas que no son los verdaderos responsables, mientras los que cometen delitos siguen afuera”, afirma.

Narváez también apunta a los efectos colaterales de la medida. Habla de retrasos en operaciones laborales, de sanciones económicas y de limitaciones para movilizarse. “Esto afecta a empresas, a trabajadores. Hay gente que ha sido multada porque no llega a tiempo. Y quienes viajan también se ven perjudicados. Si uno llega tarde, puede tener problemas. Es complicado”, explica. Su conclusión es tajante: “Se siente más como una medida de apariencia que una solución real”.

A esta apreciación se suma Carlos Cordovez, gestor cultural, quien mantiene un vínculo activo con el arte y la cultura de la ciudad y considera necesario evaluar el impacto del toque de queda. “En lo personal no me afecta porque no salgo mucho, pero la vida nocturna sí se ve golpeada por la medida. La inseguridad aún se percibe en las calles y las autoridades deben seguir trabajando en ello”, señaló.

Lo que se sabe

• La Corte Nacional de Justicia concedió la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, conocido como con el alias Topo
• Es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, que lo investiga por delitos relacionados con crimen organizado transnacional
• Está detenido en la cárcel del Encuentro luego de que fue detenido por la Policía Nacional, en Tena, en septiembre del 2025

El proceso de extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, dio un paso importante este miércoles 22 de abril de 2026, luego de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) autorizó su envío a Estados Unidos.

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Corte Nacional autoriza extradición de alias Topo a Estados Unidos

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El Tribunal del Distrito Este de Nueva York lo investiga por delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. En Estados Unidos, alias Topo enfrentará un proceso penal por tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.

Decisión final en manos de Daniel Noboa

La CNJ evaluó los requisitos legales del proceso y las garantías diplomáticas de Estados Unidos para garantizar que Peñafiel enfrentará un juicio en el que se respetarán sus derechos, algo que su defensa había argumentado para pedir que no se lo extradite.

Con esto, el proceso va a la decisión final del presidente de la República, Daniel Noboa, quien puede aceptar o rechazar la decisión de la CNJ. En caso de aprobarla, no habrá marcha atrás para que alias Topo sea llevado a Estados Unidos.

Alias Topo era señalado por las autoridades de Ecuador como el segundo al mando de la estructura criminal de Los Choneros. Luego de que fue capturado y extraditado José Adolfo Macías Villamar, alias Fito (en julio del 2025), Peñafiel habría asumido la conducción del grupo criminal.

Historial de alias Topo en Ecuador

Peñafiel fue capturado por la Policía Nacional, el 13 de septiembre de 2025, en Limonchicta, en el Tena. Tiene antecedentes por tráfico de armas, asociación ilícita, secuestro extorsivo y homicidio. 

El 1 de agosto de 2025 fue sentenciado a 34 años y 8 meses de prisión por el asesinato del agente policial Byron Morejón, cometido el 1 de junio de 2024.

Los puntos claves

• El IESS permite jubilarse por vejez en 2026 bajo cuatro combinaciones de edad y años de aportes, sin una única edad fija de retiro.
• El trámite de jubilación se realiza completamente en línea y solo puede iniciarse cuando el afiliado ha terminado su relación laboral.
• El monto de la pensión se calcula según el promedio de los mejores años de aportes y el total acumulado durante la vida laboral del afiliado.

La jubilación por vejez en Ecuador en 2026 es un proceso que combina edad y años de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). No existe una única edad de retiro, sino varias alternativas que permiten acceder a una pensión mensual vitalicia, siempre que el afiliado haya terminado su relación laboral y cumpla con las condiciones establecidas por el sistema.

El trámite se realiza en línea y, aunque es relativamente sencillo, requiere que el usuario tenga su información laboral y bancaria actualizada para evitar demoras o rechazos en la solicitud.

Los pasos a seguir:

1. Verificar si cumples con los requisitos

El primer paso es revisar el historial de aportes dentro del sistema del IESS. Esto permite confirmar si el afiliado ya puede acceder a la jubilación por vejez bajo alguna de las modalidades vigentes:

Esta verificación es clave, ya que el sistema no permite iniciar el trámite si no se cumple al menos una de estas condiciones.

2. Estar cesante al momento de la solicitud

Un requisito indispensable es haber terminado la relación laboral. Es decir, el afiliado debe encontrarse cesante para poder activar el proceso de jubilación.

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En caso de seguir trabajando bajo dependencia, el sistema no habilita la pensión, incluso si ya se cumplen los años de aportes o la edad requerida.

3. Actualizar o registrar una cuenta bancaria

Antes de iniciar la solicitud, el afiliado debe contar con una cuenta bancaria activa y registrada a su nombre en el sistema del IESS. Esta será la vía por la cual se acreditará mensualmente el valor de la pensión una vez aprobada la jubilación.

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Si los datos bancarios no están actualizados, el trámite puede retrasarse.

4. Ingresar al portal del IESS

El siguiente paso es acceder al sistema en línea del IESS utilizando la clave personal del afiliado. Dentro de la plataforma se debe ingresar al módulo de jubilación por vejez, donde se inicia formalmente la solicitud.

En esta etapa, el sistema valida automáticamente la información de aportes, edad y estado laboral del usuario.

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5. Enviar la solicitud de jubilación

Una vez dentro del sistema, el afiliado debe completar los datos requeridos y confirmar la solicitud de jubilación por vejez. El proceso no requiere trámites presenciales, ya que todo se realiza de forma digital.

Tras el envío, el IESS analiza la información y verifica que no existan inconsistencias en el historial de aportes o en el estado laboral.

6. Evaluación y aprobación del IESS

Luego de la revisión, el sistema emite una respuesta. Si todo está en orden, la solicitud es aprobada y se activa el derecho a la pensión mensual.

En caso de existir observaciones, el afiliado puede ser notificado para corregir o completar información antes de la aprobación final.

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7. Inicio del pago de la pensión

Una vez aprobado el trámite, el IESS procede a habilitar el pago mensual de la jubilación en la cuenta bancaria registrada. El primer pago puede tardar algunos días dependiendo de la validación final del sistema.

Cómo se calcula el monto de la jubilación

El valor de la pensión no es igual para todos los afiliados. El cálculo se basa principalmente en dos factores: el promedio de los mejores años de aportes y el total de tiempo cotizado al sistema.

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El sistema busca reflejar la trayectoria contributiva de cada afiliado, por lo que no existe un monto único fijo para la jubilación por vejez.

Lo que debes saber

• Policía identifica por ADN a mujer desaparecida en 2022 y confirma muerte violenta.
• Investigación vincula el crimen a Andreína Lamota, amiga de la víctima y ya sentenciada.
• Caso se esclarece en Guayaquil tras análisis forense de Dinased y pruebas genéticas.

La Policía logró identificar a Jeniffer Juliana Banguera Cornejo, reportada como desaparecida desde enero de 2022, tras un proceso de análisis forense y pruebas genéticas que confirmaron que fue víctima de una muerte violenta. El caso permanecía abierto desde hace más de tres años.

La información fue difundida por John Reimberg en su cuenta de X, donde detalló que el trabajo permitió cerrar uno de los procesos de desaparición más antiguos que seguían en investigación.

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Análisis forense permitió identificar un cuerpo

El esclarecimiento del caso se concretó gracias al trabajo técnico‑científico de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased). 

Los especialistas realizaron análisis forenses exhaustivos y pruebas de ADN, que establecieron una compatibilidad genética concluyente entre Banguera Cornejo y un cuerpo recuperado previamente sin identificación, registrado como 'NN'. Con estos resultados, las autoridades confirmaron de manera oficial la identidad de la víctima y determinaron que su muerte fue violenta.

Investigación vincula el caso con otro crimen en Guayaquil

Las diligencias policiales permitieron establecer que este crimen guarda relación con otro hecho violento ocurrido en Guayaquil. La investigación determinó la responsabilidad y participación directa de Andreína Geomara Lamota Solís en ambos casos.

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Según el reporte, las autoridades identificaron un patrón de extrema violencia que llevó a vincular a la misma autora en los dos incidentes investigados.

Sentencia por asesinato de su madre en Sauces 9

Andreína Geomara Lamota Solís fue sentenciada el 20 de febrero de 2026 por el asesinato de su madre, un crimen ocurrido en octubre de 2025 en el sector Sauces 9, al norte de Guayaquil.

Ese proceso judicial ya había concluido cuando los investigadores confirmaron su relación con la muerte de Jeniffer Juliana Banguera Cornejo, lo que permitió cerrar ambos expedientes.

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De acuerdo con la información difundida por el propio Reimberg, Lamota Solís se encuentra recluida en el centro de privación de libertad La Roca, donde cumple su sentencia. Las autoridades la catalogan como una persona de alto peligro.

Con la identificación de la víctima y la vinculación judicial de los hechos, la Policía dio por concluidas las investigaciones, poniendo fin a un caso de desaparición que se mantenía sin resolver desde 2022.

Lo que debes saber

• El conflicto con GRANASA se remonta a mediados de 2025, tras acusaciones de presunto fraude tributario y lavado de activos basadas.
• Posteriormente, la SuperCías alegó falta de trazabilidad en la transferencia de un paquete accionario entre Veranera e Ingrid Martínez.
• El 21 de abril, en Guayaquil, GRANASA denunció al juez Carlos López Vulgarin por presunto prevaricato en una acción de protección. 

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) publicó, en su cuenta institucional de X, un comunicado en el que expresa su preocupación frente a los criterios expuesto por la Superintendencia de Compañías en relación con los procesos de intervención societaria. Esta postura del gremio se da en el contexto de la intervención estatal en la empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). La casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA permanece intervenida desde el 18 de febrero de 2026. 

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Origen de la intervención y designación de interventora

La medida se ejecutó tras un pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dirigida por Luis Cabezas-Klaere.

La intervención se adoptó debido a que la empresa no entregó información solicitada por Inmobiliar. Además, GRANASA ha denunciado un intento de control estatal sobre el 40 % de sus acciones mediante un liquidador designado por la Superintendencia de Compañías.

En ese contexto, el 21 de abril, en Guayaquil, GRANASA denunció al juez Carlos Cristóbal López Vulgarín por presunto prevaricato en una acción de protección. La empresa sostiene que el magistrado tramitó y resolvió una causa manifiestamente improcedente, al tratarse de un conflicto de naturaleza patrimonial y no constitucional.

Advertencias sobre interpretación de la ley

Frente a estos hechos, la CIP señaló que “Ecuador no puede ni debe normalizar interpretaciones que excedan la ley, amplíen discrecionalmente las facultades de los órganos de control o interfieran en decisiones societarias propias del ámbito privado”. Asimismo, recalcó que “la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones”.

El gremio también advirtió que “una intervención no puede convertirse en un mecanismo para redefinir estructuras accionarias ni para incidir en el control de las compañías”. Añadió que hacerlo “no solo vulnera la finalidad de la Ley de Compañías, sino que compromete la imparcialidad institucional y abre la puerta a posibles desviaciones de poder”.

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Pedido de apego a la Constitución y la ley

En esa línea, la CIP subrayó que el sector productivo advierte con claridad que “la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada son fundamentales para el desarrollo del Ecuador”. Además, María-Paz Jervis, presidenta ejecutiva del gremio, afirmó que “siempre bajo principios, defendemos la libertad de expresión, la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada como pilares de la democracia”.

Ante este escenario, la Cámara de Industrias y Producción pidió que “la autoridad de control se ajuste estrictamente a la Constitución y a la ley”. Sostuvo que de esa forma se garantizará un entorno de certeza, neutralidad y respeto a la iniciativa privada.

Lo que debes saber

• El Municipio detectó más de 500 madrigueras en la Bahía, uno de los sectores más afectados por la proliferación de roedores.
  
• En 2026 se han ejecutado más de 36.000 intervenciones de control, entre desratización y fumigación en distintos puntos de Guayaquil.
  
• Autoridades y ciudadanos coinciden en que la acumulación de basura y factores climáticos favorecen el crecimiento de la población de ratas.

La proliferación de roedores en Guayaquil mantiene encendidas las alertas sanitarias. Según estimaciones municipales, en la ciudad existirían cerca de 50 millones de ratas, una cifra que refleja la magnitud de un problema que, de acuerdo con ciudadanos y comerciantes, se ha intensificado en los últimos meses, especialmente en zonas de alta actividad comercial.

Factores como las lluvias recientes, la acumulación de basura y la disposición inadecuada de desechos han generado condiciones favorables para la reproducción de estos animales. En sectores céntricos, es cada vez más común observar roedores durante las noches, desplazándose entre alcantarillas y cúmulos de basura.

Ante este escenario, el Municipio ha reforzado las acciones de control, con especial énfasis en la Bahía de Guayaquil, uno de los puntos de mayor afluencia de personas. En este sector, tras operativos de inspección, se han detectado más de 500 madrigueras, lo que motivó la intervención directa de brigadas especializadas.

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La Dirección de Salud e Higiene desplegó una cuadrilla técnica encargada de ejecutar labores de desratización mediante la colocación de productos especializados, diseñados para reducir la población de roedores sin representar riesgos para la ciudadanía. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que prioriza zonas con alta concentración de comerciantes y visitantes.

Desde el Municipio se ha explicado que las condiciones climáticas, como el calor, influyen directamente en el incremento de la población de roedores, al acelerar sus ciclos de reproducción. Además, la finalización de la temporada lluviosa permite intensificar las jornadas de control, ya que durante el invierno la efectividad de ciertos tratamientos se ve limitada.

A las labores de desratización se suman operativos de fumigación, ejecutados principalmente en horarios nocturnos, con el objetivo de controlar tanto roedores como insectos vectores de enfermedades. En lo que va de 2026, se han realizado más de 36.000 intervenciones en distintos puntos de la ciudad, beneficiando a cientos de millas de habitantes.

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Los comerciantes del sector reconocen la importancia de estas, aunque advierten que el problema también requiere corresponsabilidad acciones ciudadanas.

Pese a los esfuerzos institucionales, la percepción de la ciudadanía es que la presencia de ratas continúa siendo alta, sobre todo en mercados, zonas comerciales y sectores donde la recolección de basura resulta insuficiente o irregular.

Los puntos claves

• El nuevo eje vial entre Nobol y Progreso podría reducir el tiempo de ingreso al sur de Guayaquil de hasta dos horas y media a unos 45 minutos.
  
• El proyecto contempla un corredor de aproximadamente 44 kilómetros con cinco puentes para desviar el tráfico pesado fuera de la ciudad.
• Expertos en urbanismo han solicitado, desde hace ya varios años, desarrollar un corredor externo que conecte zonas productivas sin afectar la trama urbana para descongestionar a Guayaquil.

El tráfico pesado que llega desde otros cantones y hoy cruza Guayaquil para alcanzar sus puertos vuelve a estar en la mira. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, confirmó este miércoles 22 de abril que el Gobierno trabaja en la planificación de un nuevo eje vial entre Nobol y Progreso, pensado como una salida para los tráileres que se dirigen hacia el perfil portuario del sur.

Un embudo que frena la ciudad

La propuesta apunta a resolver la saturación de la vía a la costa, donde el flujo de carga genera un embudo que impacta tanto en tiempos logísticos como en la movilidad urbana. Hoy, según dijo Luque, un camión puede tardar hasta dos horas y media en ingresar al sur de Guayaquil; con la nueva ruta, el trayecto podría reducirse a unos 45 minutos.

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Según explicó la autoridad, se habla de un corredor de aproximadamente 44 kilómetros con cinco puentes, diseñado para desviar el transporte pesado fuera del perímetro urbano, una idea que ha sido sugerida desde hace ya varios años por urbanistas, como ha publicado EXPRESO. En una primera etapa, el Ministerio —en coordinación con la Prefectura— prevé construir 23 kilómetros junto a dos estructuras: un puente de 225 metros sobre el río Bulubulu y otro de 50 metros en el estero Mojahuevo.

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La apuesta por un bypass

La lógica detrás del trazado apunta a crear un bypass que conecte zonas productivas del interior con el “corazón portuario” sin obligar a los tráileres a cruzar la ciudad. La ruta permitiría el paso por Baba, Nobol y Progreso, alineándose además con la ampliación en marcha de la vía Baba–Babahoyo, una obra de unos 50 millones de dólares.

Luque explicó que el diseño ha tenido que ajustarse frente al crecimiento de asentamientos en la zona respecto a estudios previos. Actualmente, el tramo a cargo del Ministerio se encuentra en fase de estructuración.

Urbanistas que sugirieron rutas similares por años 

El arquitecto Napoleón Ycaza, por ejemplo, ha advertido que los problemas de movilidad en Guayaquil son el resultado de décadas de crecimiento sin planificación, tanto en lo urbano como en lo territorial. La expansión desordenada, sumada a asentamientos informales y factores climáticos, ha generado una ciudad fragmentada, con serias dificultades en transporte, vivienda y servicios básicos, ha dicho.

Frente a este escenario, desde hace al menos 5 años ha planteado la necesidad de pensar Guayaquil como una región integrada. Propone un modelo de conectividad que articule distintos sistemas de transporte —terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial— e incluso recupere el uso del río como eje logístico, para mejorar la conexión entre los cantones de la cuenca del Guayas.

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Uno de los puntos centrales de su propuesta es la creación de un circuito vial exclusivo para transporte pesado que evite su ingreso a la ciudad. Actualmente, los tráileres atraviesan vías clave como la Perimetral y la 25 de Julio para llegar a los puertos, lo que genera congestión, contaminación y deterioro de la infraestructura urbana.

El planteamiento contempla un corredor externo que rodee Guayaquil. La ruta iniciaría en el norte, en la zona de Daule–Nobol, conectando con la red vial que llega desde la Sierra y otras provincias, para luego desviarse hacia áreas rurales y evitar el ingreso al tejido urbano.

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Desde allí, el circuito avanzaría hacia el oeste y suroeste, con conexión hacia Progreso, permitiendo que el transporte pesado se movilice por fuera de la ciudad. Posteriormente, el trazado descendería hacia el sur, enlazando de forma directa con los accesos portuarios y zonas industriales.

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En total, el proyecto abarcaría unos 134 kilómetros, combinando vías existentes y nuevos tramos, con una inversión estimada menor a 200 millones de dólares. Además de descongestionar Guayaquil, la propuesta busca dinamizar la economía, el turismo y la producción agrícola al integrar mejor a los cantones en un sistema logístico regional.

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Personal de la Fiscalía General del Estado, junto a efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecutó un allanamiento en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias.

La intervención generó expectativa entre los ciudadanos, quienes observaron el despliegue de uniformados en los exteriores del edificio municipal.

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Según información preliminar, este procedimiento responde a una investigación previa relacionada con la supuesta entrega irregular de permisos para actividades de explotación minera, una práctica que, de confirmarse, pondría en evidencia posibles actos de corrupción dentro de la administración local.

Indicios y un funcionario bajo sospecha

Durante el operativo, los agentes fiscales levantaron varios indicios clave para el proceso. Entre ellos constan documentos físicos, archivos digitales y equipos informáticos que serán sometidos a pericias técnicas. Estas evidencias permitirán reconstruir los procedimientos aplicados para la emisión de permisos y verificar si existieron irregularidades.

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En el centro de la investigación aparece un funcionario identificado con las iniciales J. A., quien es señalado de haber solicitado 5.000 dólares a cambio de realizar una supuesta planimetría y facilitar la obtención de permisos para concesiones mineras. Este presunto cobro indebido habría sido determinante para que las autoridades activaran el operativo.

El caso se mantiene en fase investigativa y bajo reserva, mientras se analiza la información recabada. No se descarta que existan más personas involucradas en este hecho, que ahora sacude a Macará y pone en tela de duda la transparencia en los procesos administrativos relacionados con la minería.

Lo que debes saber de esta historia

• La Contraloría eliminó la marca de agua y restituyó parte del desglose patrimonial, pero mantiene restricciones en el acceso a las declaraciones.
  
• Aún no se puede conocer el año de las declaraciones ni las fechas de ingreso o salida de los funcionarios, y tampoco está habilitada la descarga de los documentos en PDF.
• Activistas cuestionan la exigencia de datos personales para acceder a la información y citan un fallo de la Corte Constitucional del Ecuador que considera inconstitucional este requisito.

La Contraloría General del Estado dio marcha atrás en parte de los cambios implementados en su portal de consultas de declaraciones juramentadas de bienes de servidores públicos. Sin embargo, el acceso a la información sigue siendo limitado. Y esto preocupa a la sociedad civil.

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Tras los cuestionamientos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, de la Comisión Nacional Anticorrupción, Fundamedios, activistas y periodistas, la institución eliminó la marca de agua que dificultaba la lectura de los documentos. Además, volvió a habilitar el desglose de activos y otras cuentas dentro de las declaraciones, un elemento que había sido suprimido cuando el sistema fue reactivado el pasado 20 de abril.

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Persisten vacíos en la información pública

Pese a estos ajustes, persisten vacíos. En los documentos aún no consta información clave como el año al que corresponde cada declaración ni las fechas de inicio y salida de los funcionarios en sus cargos públicos. Tampoco se ha restituido la opción para descargar los archivos en formato PDF, lo que dificulta la revisión detallada de la información.

Otro punto que continúa generando cuestionamientos es la exigencia de registrar datos personales para acceder a las declaraciones. Este requisito, que no existía previamente, ha sido criticado por activistas, quienes advierten que podría vulnerar el derecho al acceso a la información pública.

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Cambios que van contra sentencia de Corte Constitucional

En ese contexto, citan un pronunciamiento de la Corte Constitucional, de 2024, que declaró inconstitucional la exigencia de datos personales como condición para entregar información pública. Según el dictamen, este tipo de requisito contraviene el derecho de acceso a la información, incluso cuando se argumenta que busca prevenir un supuesto “mal uso”, ya que se trata de datos que, por mandato legal, deben ser públicos y de fácil acceso.

Los cambios parciales se producen luego de que el portal permaneciera fuera de servicio durante varios días por un supuesto “ataque” informático que, hasta la fecha, la Contraloría no ha querido detallar ante los pedidos de información y entrevista de Diario EXPRESO: qué tipo de incidente, los correctivos, si presentó la denuncia en la Fiscalía, etc.

Lo que debes saber

• Gabriela Rivadeneira asumió la presidencia del movimiento Revolución Ciudadana (RC) el 18 de enero de 2026.
• Desde el 6 de marzo de 2026, la organización permanece suspendida por nueve meses por disposición del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
• En 2023, la RC ganó electoralmente la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, entre otras dignidades.

En mayo, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) anunciará con qué organización política participará en los comicios seccionales. Según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), el domingo 29 de noviembre los ecuatorianos volverán a las urnas.

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Definición de alianzas electorales

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, indicó que la organización constará en las papeletas electorales. No obstante, precisó que el 4 de mayo revelarán con qué tiendas políticas competirán, un día después del cierre de inscripciones en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas.

“El 3 de mayo se cierra definitivamente el padrón de organizaciones políticas y el 4 sabremos cuáles participarán en el próximo proceso electoral”, señaló. Agregó que en esa fecha también anunciarán la o las organizaciones políticas con las que concurrirán a los comicios.

Pacto social y construcción de alianzas

La dirigente explicó que la decisión responde al temor de eventuales suspensiones a las organizaciones aliadas. “Corremos el riesgo de que las suspendan, como ha ocurrido en las últimas semanas con varios partidos políticos”, afirmó.

Rivadeneira sostuvo que actualmente se gestan alianzas desde los territorios. Además, indicó que la RC impulsa un nuevo pacto social y político que agrupe a organizaciones políticas y sociales, aunque dijo que la participación de sectores de derecha se anunciará oportunamente.

Sin embargo, enfatizó que el movimiento tiene como objetivo recuperar el Municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas. Añadió que, posteriormente, anunciarán a los candidatos que postularán para esos cargos.

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Acercamiento a la OEA

Por otro lado, adelantó que la próxima semana representantes de la Revolución Ciudadana se reunirán con la Organización de los Estados Americanos (OEA). En ese encuentro expondrán la situación política del país, la suspensión de la RC y una supuesta “ruptura democrática”, con el objetivo de obtener un pronunciamiento del organismo.

Suspensión del movimiento

La Revolución Ciudadana fue suspendida por nueve meses por disposición del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La medida consta en el auto de admisión de la causa N.º 029-2026-TCE, emitido el 6 de marzo de 2026 por el juez electoral Joaquín Viteri.

El documento establece que la decisión se enmarca en un trámite iniciado tras una comunicación del fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón. Según el expediente, la Fiscalía informó sobre una investigación previa por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos que involucraría al movimiento, sus directivos y otros ciudadanos, en el caso denominado Caja Chica.

• Guayaquil registraría cerca de 50 millones de ratas, según estimaciones municipales, en un contexto de creciente preocupación ciudadana.
  
•  Las zonas más afectadas son el centro, mercados y áreas comerciales, donde la acumulación de basura favorece la proliferación de roedores.
  
• La prevención depende tanto de acciones municipales como del manejo adecuado de residuos y medidas de control en hogares y negocios.

En Guayaquil, la presencia de roedores ha encendido las alertas sanitarias. De acuerdo con estimaciones difundidas por el Municipio, en la ciudad existirían cerca de 50 millones de ratas, una cifra que refleja la magnitud de un problema que, según la percepción ciudadana, va en aumento en los últimos meses.

El fenómeno no está aislado. Tal como se ha evidenciado recientemente, factores como las lluvias, la acumulación de basura y la disposición inadecuada de desechos han generado un entorno propicio para la proliferación de estos animales. En distintos sectores, especialmente durante las noches, es cada vez más frecuente observar ratas desplazándose por calles, alcantarillas y zonas donde se concentran residuos.

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Moradores y comerciantes han advertido que la situación se ha vuelto cotidiana. En áreas comerciales, los desechos orgánicos y la alta actividad diaria facilitan la presencia de roedores, lo que incrementa el riesgo sanitario para quienes viven o trabajan en estos espacios.

Los puntos más afectados coinciden con zonas de alta densidad poblacional y actividad económica. El centro de Guayaquil, particularmente sectores como la Bahía, figura entre los más críticos debido a la gran cantidad de comercio informal y la constante generación de basura.

A esto se suman mercados y alrededores de plazas comerciales, donde la manipulación de alimentos y la acumulación de residuos orgánicos crean condiciones ideales para la reproducción de roedores. En estos espacios, la combinación de desechos, humedad y estructuras antiguas facilitan la presencia de madrigueras.

Cómo prevenir y controlar la presencia de ratas

Frente a este escenario, especialistas coinciden en que el control de roedores requiere tanto acciones institucionales como prácticas ciudadanas. Una de las principales medidas es la desratización periódica, que permite reducir la población en zonas críticas mediante el uso de cebos y productos especializados.

Sin embargo, la prevención empieza en el manejo adecuado del entorno. Estas son algunas recomendaciones claves:

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En ese mapa global de biodiversidad, Ecuador ocupa un lugar singular. A cientos de kilómetros de la costa, en medio del océano Pacífico, se levanta un archipiélago que concentra una de las riquezas naturales más importantes del mundo: las islas Galápagos.

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Galápagos: un laboratorio natural de la evolución

Las islas Galápagos forman un archipiélago volcánico reconocido internacionalmente por su aislamiento geográfico y su biodiversidad única.

Este entorno permitió el desarrollo de especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Por ello, es considerado un laboratorio natural de la evolución, un concepto estrechamente ligado a las observaciones de Charles Darwin durante su visita en el siglo XIX.

Hoy, Galápagos mantiene ese valor científico intacto. La mayoría de sus reptiles y mamíferos terrestres son endémicos, al igual que gran parte de sus aves y especies marinas.

Una biodiversidad que no se repite en el mundo

El archipiélago alberga especies emblemáticas como la tortuga gigante de Galápagos, la iguana marina (única en su tipo), el pingüino de Galápagos y diversas especies de pinzones que han sido clave en estudios evolutivos.

En tierra firme, su flora también muestra un alto nivel de adaptación. Desde zonas áridas con cactus y vegetación resistente, hasta áreas húmedas con bosques en las partes altas de las islas, el ecosistema refleja una diversidad moldeada por el aislamiento y las condiciones del entorno.

Este equilibrio natural, sin embargo, es frágil.

Un patrimonio natural bajo protección internacional

Galápagos no solo es un símbolo nacional, sino un patrimonio reconocido a nivel mundial. Ha sido declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y Reserva de Biosfera, debido a su importancia ecológica y científica.

Estas designaciones no son únicamente honoríficas. Implican también la responsabilidad de conservación frente a amenazas como la actividad humana, el cambio climático y la introducción de especies invasoras.

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Día de la Tierra: un recordatorio de su conservación

En el marco del Día de la Tierra, Galápagos vuelve a ocupar un lugar central en el debate ambiental. Su valor no radica únicamente en su belleza natural, sino en lo que representa para la comprensión de la vida en el planeta.

El archipiélago funciona como un espejo de la evolución y como un indicador de la salud ambiental global. Su preservación no es solo una tarea local, sino una responsabilidad compartida a nivel internacional.

En un contexto donde los ecosistemas enfrentan presiones crecientes, Galápagos se mantiene como un recordatorio de lo que está en juego cuando se habla de biodiversidad.

Desafíos actuales de conservación

A pesar de su protección, las islas enfrentan retos constantes. El turismo, la introducción de especies invasoras y los efectos del cambio climático forman parte de los factores que exigen vigilancia permanente.

La gestión del archipiélago combina esfuerzos científicos, ambientales y comunitarios para mantener su equilibrio ecológico, considerado uno de los más delicados del planeta.

Los puntos claves

• La elección del nuevo viceprefecto del Guayas abrió un nuevo frente político en la provincia, con cuestionamientos al rol de ADN.
• La Revolución Ciudadana advirtió que sancionará a alcaldes y delegados que no se alineen con su postura en este tipo de decisiones.
• Rafael Correa arremete contra Marcela Aguiñaga y la acusa de entregar la Prefectura del Guayas al Gobierno de Noboa
  

La elección del nuevo viceprefecto del Guayas abrió un nuevo frente político en la provincia y dejó en evidencia las tensiones dentro de la Revolución Ciudadana (RC). En ese escenario, la concejal de Guayaquil, Blanca López, se sumó al pronunciamiento del movimiento con una postura sobre lo ocurrido, y que se suma a las emitidas durante este día por el expresidente Rafael Correa y otros militantes del movimiento.

“La coherencia y principios no se negocian ni se alinean a coyunturas, se defienden siempre”, escribió López, en medio del debate que se instaló tras la designación de Carlos Encalada como viceprefecto.

El origen del conflicto

El Consejo Provincial del Guayas eligió por unanimidad a Encalada para ocupar la Viceprefectura, luego de la renuncia de Carlos Serrano el pasado 10 de abril, como lo publicó EXPRESO. El movimiento correísta cuestiona ese resultado porque considera que ese espacio forma parte de la representación política que obtuvo en las urnas.

(Lo invitamos a leer: Con la renuncia de Marcela Aguiñaga: ¿está en riesgo la mancomunidad por el rescate del río Guayas?) 

López también se refirió a ese punto: sostuvo que la Prefectura del Guayas fue ganada por la Revolución Ciudadana con su estructura política y militancia, y que lo ocurrido implica ceder ese control a otra fuerza, en referencia a Acción Democrática Nacional (ADN).

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"La Prefectura la obtuvo la Revolución Ciudadana con un trabajo impulsado por la militancia y cuadros políticos que lideraron la contienda electoral. Que hoy se entregue a ADN es un atropello a la voluntad popular. Hoy acompañamos a Gabriela Rivadeneira, quien fue muy clara: quienes se presten, no tendrán cabida en nuestro movimiento", señaló. 

El tema se trató públicamente en una rueda de prensa realizada en el hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000. Allí estuvo Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, junto a concejales de Guayaquil, entre ellos Blanca López, Fabián Espíndola y Emily Vera.

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Rivadeneira habló de posibles sanciones para autoridades vinculadas al movimiento —alcaldes y delegados de GAD— que no se mantengan dentro de la línea política en este tipo de decisiones. También mencionó que este episodio permitirá ver quiénes siguen dentro del proyecto y quiénes no, antes de las elecciones de 2026.

“No tendrán cabida”

En ese mismo espacio, se planteó que quienes se aparten del movimiento en votaciones como esta enfrentarán consecuencias internas. López respaldó esa posición y acompañó a Rivadeneira en el mensaje político que se dio desde Guayaquil.

Crisis en Guayas: Correa acusa entrega política de la Prefectura a Noboa

El expresidente Rafael Correa lanzó críticas contra la prefecta Marcela Aguiñaga en medio de la crisis institucional en la Prefectura del Guayas. Según su postura, la salida de las autoridades provinciales no responde únicamente a decisiones personales, sino a un contexto político marcado por presiones externas y disputas de poder.

Correa acusó directamente a Aguiñaga de haber “entregado” la Prefectura al gobierno del presidente Daniel Noboa, lo que calificó como un atropello político. Desde su visión, este proceso refleja una estrategia para que el Ejecutivo tome control de la institución provincial, debilitando la autonomía local y el resultado electoral.

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Correa arremete contra Aguiñaga y la acusa de entregar la Prefectura del Guayas al Gobierno de Noboa

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El exmandatario también insistió en que tanto Aguiñaga como el viceprefecto Carlos Serrano habrían sido objeto de amenazas o persecución, lo que habría influido en sus decisiones de dejar sus cargos. A su criterio, estas acciones forman parte de un escenario más amplio que afecta la estabilidad democrática en el país.

La controversia se produce en un momento de incertidumbre en la Prefectura del Guayas, tras la renuncia de sus principales autoridades y sin claridad inmediata sobre la sucesión. Este contexto ha intensificado el enfrentamiento político entre el correísmo y el gobierno actual, elevando la tensión en el escenario nacional.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron el contexto de seguridad y establecieron una hoja de ruta basada en la articulación interinstitucional. Se acordó fortalecer la presencia de las fuerzas del orden en territorio, priorizando sectores considerados críticos, así como intensificar los controles preventivos para garantizar el cumplimiento de la medida.

Uno de los puntos centrales fue la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Intendencia General de Policía y las comisarías, con el fin de ejecutar operativos conjuntos que permitan una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier eventualidad.

Además, se definieron mecanismos de supervisión y monitoreo permanente para evaluar el desarrollo de las acciones durante la vigencia del toque de queda en todo el sector peninsular desde las 23h00 a 05h00.

El coronel de Policía Jorge Hadatti Buchelli, jefe del Comando Provincial, fue enfático al señalar que la disposición se aplicará sin excepciones. “No se permitirá la circulación de personas ni vehículos durante el horario establecido. Pedimos a la ciudadanía que respete la normativa, ya que los controles serán rigurosos”, manifestó.

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El oficial también recalcó que no se emitirán salvoconductos en ninguna circunstancia, en línea con lo dispuesto por el Ministerio del Interior. “El Ministro ha sido claro: no habrá salvoconductos. Se trabajará de manera coordinada con todas las entidades competentes para garantizar el cumplimiento de la medida”, añadió.

Asimismo, las autoridades informaron que se implementarán operativos móviles y fijos en distintos puntos estratégicos de la provincia, incluyendo accesos principales, zonas urbanas y áreas con alta concentración de actividades nocturnas. Estos controles estarán acompañados de patrullajes constantes y acciones de vigilancia para prevenir incidentes y mantener el orden público.

Pedido a la ciudadanía

Finalmente, se hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, destacando que el éxito de la medida dependerá del compromiso de la población en acatar las disposiciones. La autoridad de Gobierno reiteró que el toque de queda forma parte de un conjunto de acciones orientadas a fortalecer la seguridad y reducir los índices delictivos en la península.

Lo que debes saber

• Policía del Ecuador investiga posible corrupción interna hoy, a nivel nacional, para reforzar controles y transparencia
  
  
• Asuntos Internos y Fiscalía activan indagaciones este 22 de abril por presuntos actos ilegales en la Policía
  
  
• Pronunciamiento policial revela controles internos en Ecuador para detectar corrupción y fortalecer la confianza ciudadana
  
  

La Policía Nacional del Ecuador confirmó que adelanta acciones internas ante posibles actos de corrupción dentro de la institución. El proceso se desarrolla a través de la Dirección Nacional de Asuntos Internos y cuenta con la coordinación de la Fiscalía General del Estado, según se informó mediante un comunicado publicado este 22 de abril.

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De acuerdo con el pronunciamiento, la Policía asegura que actúa de manera firme frente a "cualquier indicio de irregularidades" que vulnere la legalidad o los principios que rigen la función policial. 

Las acciones se enfocan en identificar posibles responsabilidades administrativas o penales, bajo los mecanismos de control interno establecidos.

El comunicado no especifica el número de servidores policiales involucrados ni los hechos concretos que motivaron las investigaciones, aunque confirma que se trata de posibles actos de corrupción que ya están siendo analizados con intervención del Ministerio Público.

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Procesos permanentes de control y depuración policial

La institución señala que estas medidas forman parte de procesos permanentes de control y depuración interna, los cuales buscan garantizar la transparencia, la legalidad y el correcto proceder del servicio policial a nivel nacional.

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Según el documento, estos mecanismos no responden a hechos aislados, sino a una estrategia continua de supervisión que se aplica dentro de la institución con el objetivo de prevenir malas prácticas y fortalecer la confianza ciudadana en las fuerzas del orden.

La Policía Nacional indicó que las acciones se desarrollan conforme a la normativa y que cualquier resultado será determinado por las instancias competentes, sin adelantar criterios ni conclusiones mientras los procesos estén en etapa de investigación.

Tolerancia cero frente a actos ilegales

En el comunicado, la Policía remarcó su rechazo a cualquier conducta contraria a la ley o a los principios institucionales. Según la entidad, no se tolerarán actos que comprometan la ética, la transparencia o el cumplimiento del deber en el servicio policial.

Este mensaje se da en un contexto nacional marcado por la exigencia ciudadana de mayor control sobre las instituciones de seguridad, en medio del debate público sobre corrupción, violencia y fortalecimiento del Estado.

Lo que debes saber

• En Guayaquil, ciudadanos dicen que toque de queda no reduce inseguridad y delito se mantiene.
• Jóvenes en Ecuador cuestionan la medida: piden más operativos en zonas conflictivas y control real.
• Adultos mayores en Guayaquil afirman que toque de queda mejora seguridad en sus barrios.

El toque de queda en Ecuador no convence a gran parte de la ciudadanía porque, según testimonios recogidos en Guayaquil, no ha reducido de forma perceptible la inseguridad. Mientras jóvenes y trabajadores señalan falta de control efectivo y desplazamiento del delito, algunos adultos mayores perciben una leve mejora en la seguridad en sus barrios.

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El sol cae sin tregua sobre el centro de Guayaquil. Es un calor espeso, que se pega a la piel y obliga a caminar más lento, como si la ciudad misma pesara.

En la avenida 9 de Octubre, el ruido no descansa: bocinas que suenan una tras otra, vendedores que alzan la voz para hacerse oír y pasos apurados que se entrecruzan sin detenerse. La escena es caótica, viva, intensa.

Aquí, en medio de ese pulso cotidiano, el debate sobre el toque de queda no se siente en discursos oficiales, sino en la voz directa de quienes caminan la ciudad.    

Trámites y servicios

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Diana Sotomayor

¿Qué opina el ciudadano de a pie?

En un recorrido por el centro, este Diario conversó con diez ciudadanos de distintas edades. La mayoría coincide en algo: no perciben cambios tras el primer toque de queda y no esperan resultados distintos con el nuevo anuncio. Sin embargo, entre los adultos mayores surge una lectura diferente, más optimista, que habla de una leve mejora en la seguridad.

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Jazmín Avilés camina por la 9 de Octubre como quien espera a alguien, mirando de vez en cuando su teléfono. Cuando se le pregunta si la medida ha tenido algún efecto, responde sin titubeos: “El país sigue igual. Las ciudades con el toque de queda siguen igual. La inseguridad está horrible. Salimos con miedo y agradecemos a Dios cuando regresamos sanos y salvos”.

No cree que el nuevo periodo de restricción cambie el panorama. “En los toques de queda anteriores no ha pasado nada. Entonces no pasará nada ahora. No entiendo por qué la medida si seguimos en lo mismo”, añade.

Adultos mayores apuestan por el toque de queda

A pocas cuadras, en la Plaza San Francisco, el ritmo es otro. Entre quienes descansan en las bancas y quienes cruzan está Francisco Pilay, de 80 años. Camina por salud, dice, y se toma su tiempo para responder. 

Para él, el escenario sí ha mejorado: “Ha servido la medida. Ha bajado la inseguridad. Estábamos mal y ahora ha cambiado bastante el asunto”. La percepción de Pilay se repite en otros adultos mayores. Fátima, ama de casa, sale de la iglesia con paso pausado y una funda pequeña en la mano.

Vivo en uno de los sectores más peligrosos del país y, aunque en ocasiones hay intervenciones policiales y militares, la situación no mejora. El Gobierno debería definir estrategias más efectivas.Steven Borrero

Dice que en su barrio la situación es distinta a la que se escucha en las noticias. “Para mi sector sí ha servido. Tenemos bastante vigilancia porque es una zona comercial. Aunque pasan cosas, la reacción de la Policía es buena”, asevera.

Acerca del nuevo toque de queda, su expectativa no está en cifras ni operativos, sino en algo más simple: “Que haya mejores resultados y se acabe la maldad. Yo le pido a Dios que ayude al presidente para que termine la violencia”.

Los jóvenes esperan más acciones

Pero esa visión no es la dominante. Erik, un joven que avanza rápido con varias fundas de compras, se detiene apenas unos segundos. Su respuesta es directa: “No sirve de mucho porque hay personas que no respetan la ley. Y las autoridades no hacen nada”. 

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Cree que el problema no está en restringir horarios, sino en dónde y cómo se actúa. “Las operaciones deberían hacerse en zonas conflictivas que ya se conocen. Que lleven a las Fuerzas Armadas y hagan intervenciones que realmente bajen la delincuencia”, sostiene antes de seguir su camino.

El contraste se vuelve más marcado con la opinión de Esteban Narváez, comunicador que por trabajo se mueve constantemente. Para él, la situación tiene dos caras. “No siento que sirva, la verdad. Las mafias siguen, el peligro en la calle sigue. A veces detienen a personas que no son los verdaderos responsables, mientras los que cometen delitos siguen afuera”, afirma.

Narváez también apunta a los efectos colaterales de la medida. Habla de retrasos en operaciones laborales, de sanciones económicas y de limitaciones para movilizarse. “Esto afecta a empresas, a trabajadores. Hay gente que ha sido multada porque no llega a tiempo. Y quienes viajan también se ven perjudicados. Si uno llega tarde, puede tener problemas. Es complicado”, explica. Su conclusión es tajante: “Se siente más como una medida de apariencia que una solución real”.

A esta apreciación se suma Carlos Cordovez, gestor cultural, quien mantiene un vínculo activo con el arte y la cultura de la ciudad y considera necesario evaluar el impacto del toque de queda. “En lo personal no me afecta porque no salgo mucho, pero la vida nocturna sí se ve golpeada por la medida. La inseguridad aún se percibe en las calles y las autoridades deben seguir trabajando en ello”, señaló.

Lo que debes saber

• Policía identifica por ADN a mujer desaparecida en 2022 y confirma muerte violenta.
• Investigación vincula el crimen a Andreína Lamota, amiga de la víctima y ya sentenciada.
• Caso se esclarece en Guayaquil tras análisis forense de Dinased y pruebas genéticas.

La Policía logró identificar a Jeniffer Juliana Banguera Cornejo, reportada como desaparecida desde enero de 2022, tras un proceso de análisis forense y pruebas genéticas que confirmaron que fue víctima de una muerte violenta. El caso permanecía abierto desde hace más de tres años.

La información fue difundida por John Reimberg en su cuenta de X, donde detalló que el trabajo permitió cerrar uno de los procesos de desaparición más antiguos que seguían en investigación.

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Análisis forense permitió identificar un cuerpo

El esclarecimiento del caso se concretó gracias al trabajo técnico‑científico de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased). 

Los especialistas realizaron análisis forenses exhaustivos y pruebas de ADN, que establecieron una compatibilidad genética concluyente entre Banguera Cornejo y un cuerpo recuperado previamente sin identificación, registrado como 'NN'. Con estos resultados, las autoridades confirmaron de manera oficial la identidad de la víctima y determinaron que su muerte fue violenta.

Investigación vincula el caso con otro crimen en Guayaquil

Las diligencias policiales permitieron establecer que este crimen guarda relación con otro hecho violento ocurrido en Guayaquil. La investigación determinó la responsabilidad y participación directa de Andreína Geomara Lamota Solís en ambos casos.

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Según el reporte, las autoridades identificaron un patrón de extrema violencia que llevó a vincular a la misma autora en los dos incidentes investigados.

Sentencia por asesinato de su madre en Sauces 9

Andreína Geomara Lamota Solís fue sentenciada el 20 de febrero de 2026 por el asesinato de su madre, un crimen ocurrido en octubre de 2025 en el sector Sauces 9, al norte de Guayaquil.

Ese proceso judicial ya había concluido cuando los investigadores confirmaron su relación con la muerte de Jeniffer Juliana Banguera Cornejo, lo que permitió cerrar ambos expedientes.

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De acuerdo con la información difundida por el propio Reimberg, Lamota Solís se encuentra recluida en el centro de privación de libertad La Roca, donde cumple su sentencia. Las autoridades la catalogan como una persona de alto peligro.

Con la identificación de la víctima y la vinculación judicial de los hechos, la Policía dio por concluidas las investigaciones, poniendo fin a un caso de desaparición que se mantenía sin resolver desde 2022.

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Personal de la Fiscalía General del Estado, junto a efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecutó un allanamiento en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias.

La intervención generó expectativa entre los ciudadanos, quienes observaron el despliegue de uniformados en los exteriores del edificio municipal.

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Investigación por presuntos permisos mineros irregulares

Según información preliminar, este procedimiento responde a una investigación previa relacionada con la supuesta entrega irregular de permisos para actividades de explotación minera, una práctica que, de confirmarse, pondría en evidencia posibles actos de corrupción dentro de la administración local.

Indicios y un funcionario bajo sospecha

Durante el operativo, los agentes fiscales levantaron varios indicios clave para el proceso. Entre ellos constan documentos físicos, archivos digitales y equipos informáticos que serán sometidos a pericias técnicas. Estas evidencias permitirán reconstruir los procedimientos aplicados para la emisión de permisos y verificar si existieron irregularidades.

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En el centro de la investigación aparece un funcionario identificado con las iniciales J. A., quien es señalado de haber solicitado 5.000 dólares a cambio de realizar una supuesta planimetría y facilitar la obtención de permisos para concesiones mineras. Este presunto cobro indebido habría sido determinante para que las autoridades activaran el operativo.

El caso se mantiene en fase investigativa y bajo reserva, mientras se analiza la información recabada. No se descarta que existan más personas involucradas en este hecho, que ahora sacude a Macará y pone en tela de duda la transparencia en los procesos administrativos relacionados con la minería.

Lo que debes saber

• Policía identifica por ADN a mujer desaparecida en 2022 y confirma muerte violenta.
• Investigación vincula el crimen a Andreína Lamota, amiga de la víctima y ya sentenciada.
• Caso se esclarece en Guayaquil tras análisis forense de Dinased y pruebas genéticas.

La Policía logró identificar a Jeniffer Juliana Banguera Cornejo, reportada como desaparecida desde enero de 2022, tras un proceso de análisis forense y pruebas genéticas que confirmaron que fue víctima de una muerte violenta. El caso permanecía abierto desde hace más de tres años.

La información fue difundida por John Reimberg en su cuenta de X, donde detalló que el trabajo permitió cerrar uno de los procesos de desaparición más antiguos que seguían en investigación.

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Análisis forense permitió identificar un cuerpo

El esclarecimiento del caso se concretó gracias al trabajo técnico‑científico de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased). 

Los especialistas realizaron análisis forenses exhaustivos y pruebas de ADN, que establecieron una compatibilidad genética concluyente entre Banguera Cornejo y un cuerpo recuperado previamente sin identificación, registrado como 'NN'. Con estos resultados, las autoridades confirmaron de manera oficial la identidad de la víctima y determinaron que su muerte fue violenta.

Investigación vincula el caso con otro crimen en Guayaquil

Las diligencias policiales permitieron establecer que este crimen guarda relación con otro hecho violento ocurrido en Guayaquil. La investigación determinó la responsabilidad y participación directa de Andreína Geomara Lamota Solís en ambos casos.

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Según el reporte, las autoridades identificaron un patrón de extrema violencia que llevó a vincular a la misma autora en los dos incidentes investigados.

Sentencia por asesinato de su madre en Sauces 9

Andreína Geomara Lamota Solís fue sentenciada el 20 de febrero de 2026 por el asesinato de su madre, un crimen ocurrido en octubre de 2025 en el sector Sauces 9, al norte de Guayaquil.

Ese proceso judicial ya había concluido cuando los investigadores confirmaron su relación con la muerte de Jeniffer Juliana Banguera Cornejo, lo que permitió cerrar ambos expedientes.

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De acuerdo con la información difundida por el propio Reimberg, Lamota Solís se encuentra recluida en el centro de privación de libertad La Roca, donde cumple su sentencia. Las autoridades la catalogan como una persona de alto peligro.

Con la identificación de la víctima y la vinculación judicial de los hechos, la Policía dio por concluidas las investigaciones, poniendo fin a un caso de desaparición que se mantenía sin resolver desde 2022.

Lo que debes saber

• Posible asilo: Gabriela Rivadeneira no descarta que Luisa González solicite asilo en México, ante lo que califican como una persecución política tras su salida a Uruguay.
  
• Proceso judicial: La excandidata es investigada por presunta delincuencia organizada y lavado de activos en el caso ‘Caja Chica’, que incluyó allanamientos en enero de 2026.
  
• Contexto partidista: Mientras González cumple agenda internacional, la dirigencia de la Revolución Ciudadana confirma que el asambleísta Raúl Chávez ya se encuentra en México.

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, no descartó que la excandidata presidencial Luisa González esté solicitando asilo político a México. Así lo manifestó durante una intervención en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

Frente al hemiciclo de La Rotonda, donde se erige el monumento a Simón Bolívar y José de San Martín, Rivadeneira señaló que la política actualmente se encuentra en Uruguay. Además, subrayó que González cumple funciones como secretaria de Relaciones Internacionales, en el marco de una agenda delegada por su organización.

Aunque evitó profundizar en el tema al señalar que “ella en su momento sabrá decir”, Rivadeneira insistió en que la excandidata ha sido objeto de persecución política. En esa línea, reiteró que cualquier decisión sobre un eventual asilo corresponde exclusivamente a la propia González.

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Investigación de la Fiscalía

Luisa González es investigada por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en un caso de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Este proceso ha sido denominado como el caso ‘Caja Chica’.

En ese contexto, la vivienda de la exaspirante presidencial en Quito fue allanada el 28 de enero de 2026. En el mismo operativo, también fueron intervenidos los domicilios de los políticos Andrés Arauz y Patricio Chávez.

En diversas declaraciones, Luisa González ha sostenido que la investigación que ejecuta la Fiscalía responde a una persecución política. En ese contexto, ha insistido en que el proceso carece de sustento y tiene motivaciones ajenas al ámbito judicial.

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Chávez en México

Por su parte, Gabriela Rivadeneira informó que el asambleísta Raúl Chávez se encuentra actualmente en México. Según indicó, su permanencia en ese país responde a circunstancias vinculadas al escenario político actual.

Las claves del caso

• Atentado en el Puente de la Unidad Nacional dejó una abogada de tránsito asesinada el 20 de abril en Guayas.
  
  
• Solange Arellano, funcionaria de tránsito, fue asesinada en Durán; Policía investiga móvil del crimen.
  
  
• Crimen en eje vial Guayaquil–Durán: autoridades descartan vínculo laboral y buscan esclarecer el atentado.
  

La mujer asesinada la mañana del lunes 20 de abril de 2026 en el Puente de la Unidad Nacional fue Solange Sthefania Arellano Zhingri, abogada y colaboradora de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD).  El ataque ocurrió cuando la víctima se movilizaba en sentido Guayaquil–Durán, uno de los tramos viales con mayor circulación del país.

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El hecho fue calificado por las autoridades como un acto violento que terminó con la vida de la funcionaria en el lugar. Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del crimen ni si la víctima se encontraba acompañada al momento del atentado.

¿Cómo ocurrió el atentado en el Puente de la Unidad Nacional?

Según la información difundida por la Policía Nacional y la Autoridad de Tránsito de Durán, el ataque se produjo en horas de la mañana, generando alerta entre conductores y ciudadanos que transitaban por el puente.

Tras el asesinato, unidades especializadas de la Policía Nacional desplegaron operativos de búsqueda y rastreo en el sector, activando protocolos investigativos para dar con el responsable del crimen. 

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Las autoridades señalaron que, como resultado de estas acciones iniciales, el presunto autor del atentado ya habría sido identificado.

El Puente de la Unidad Nacional es una infraestructura clave que conecta Guayaquil con Durán, por lo que el hecho generó preocupación por los niveles de seguridad en este eje vial estratégico.

¿El crimen estuvo relacionado con su trabajo en la Autoridad de Tránsito?

De acuerdo con información de la Agencia de Tránsito de Durán, se descartaría que el asesinato esté vinculado con las funciones que desempeñaba la víctima en la Autoridad de Tránsito de Durán o con los procesos de intervención ejecutados en la institución.

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No obstante, las investigaciones continúan en etapa de desarrollo y esta hipótesis podría modificarse conforme avancen las diligencias judiciales, el análisis de evidencias y la toma de versiones.

La Policía Nacional informó que el caso se encuentra en fase investigativa y que se continuará con las acciones necesarias para esclarecer el crimen y establecer responsabilidades penales.

La Autoridad de Tránsito de Durán señaló que colaborarán plenamente con la justicia para evitar que el asesinato quede en la impunidad, en un contexto donde los hechos violentos han generado creciente alarma social en la provincia del Guayas.

Lo que debes saber

• Designación unánime: El Consejo Provincial eligió a Carlos Encalada como viceprefecto; el 14 de mayo asumirá la Prefectura del Guayas tras la renuncia de Marcela Aguiñaga.
  
• Perfil técnico: Con trayectoria en el sector agroindustrial y gremial, Encalada se define como "apolítico" y centrará su gestión en vialidad, productividad y gestión de riesgos.
  
• Transición en marcha: El proceso administrativo inicia este 23 de abril, priorizando la presencia en territorio y el trabajo conjunto con las juntas parroquiales del sector rural.

El Consejo Provincial del Guayas designó a Carlos Encalada Villacís como nuevo viceprefecto este 22 de abril. La autoridad obtuvo el respaldo unánime de los alcaldes y representantes de las juntas parroquiales durante la sesión extraordinaria, mecanismo ejecutado para solventar la ausencia de autoridades tras la salida del exviceprefecto Carlos Serrano.

La actual titular, Marcela Aguiñaga, notificó que la transición administrativa iniciará este jueves 23 de abril. Encalada, quien registra más de dos décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, tomará las riendas definitivas de la Prefectura a partir del 14 de mayo, fecha en que se cristaliza la renuncia de Aguiñaga al organismo provincial.

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Primeras palabras de Encalada

En su primera intervención oficial desde el auditorio del Gobierno Provincial, Encalada delineó las áreas de intervención inmediata. El funcionario entrante detalló que su planificación se enfocará en el sostenimiento de las vías y la ejecución de proyectos en territorio. "La idea es trabajar en los ejes viales, el eje productivo. Revisar los temas de riesgo que tenemos; hay alertas de niños y problemas de dragados. Hay que empaparnos de los temas para irlos manejando y ejecutando", explicó.

Ante la consulta de EXPRESO sobre su presunta afinidad con el Gobierno Nacional y un eventual blindaje de asesoría estatal, Encalada tomó distancia de los bloques partidistas y justificó su presencia en el recinto. "Soy apolítico, vengo de una línea aparte, del gremio, del trabajo y a eso nos dictamos. Agradezco a Marcela Aguiñaga por haberme considerado en la terna", respondió.

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El funcionario agregó que el desarrollo de sus funciones demandará presencia en el campo para identificar los requerimientos del sector rural junto a los presidentes de las juntas parroquiales. Sobre el procedimiento normativo para conformar su propio equipo de trabajo, específicamente la terna para elegir a su respectivo reemplazo en la Viceprefectura una vez que asuma el despacho principal, indicó que el análisis del listado "tomará su tiempo".

Perfil del próximo prefecto del Guayas 

Encalada fundamenta su hoja de vida en la gestión privada y representación sectorial. Cuenta con el título en Ciencias Agrícolas y Manejo de Recursos Naturales por la Universidad EARTH de Costa Rica.

En el ámbito corporativo, ejerce como Gerente de Producción en Surgesa S.A., entidad responsable de la comercialización y exportación de banano orgánico. En materia gremial, lideró la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos en el periodo 2022-2026. Además, registra participación en la actual directiva del Club Sport Emelec.

Lo que se sabe

• La hipótesis preliminar de que la muerte violenta de la mujer no estaría vinculada con sus labores como funcionaria de la Agencia de Tránsito de Durán.
  
• En los registros de la Función Judicial y de la Fiscalía quedaron tres procesos en los cuales constaba la pareja. Sin embargo, las causas no prosperaron.
  
• En enero de 2024, la pareja fue indagada por estar presuntamente implicada en el delito de lesiones. Sin embargo, la causa finalmente fue archivada.

El feminicidio y posterior suicidio que firmaron el final de Solange Arellano y Ecuador Castro Vásquez estremecieron la ciudadanía. La acción violenta del servidor policial, quien acribilló a su esposa y luego se quitó la vida a tiros, continúa bajo investigaciones policiales, para determinar qué lo impulsó a tan cruentas acciones.

El caso ocurrió la mañana del lunes. El general Walter Villarroel, jefe policial de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), confirmó que Castro asesinó a la ciudadana en el puente de la Unidad Nacional y luego se dirigió hacia la vivienda de su madre, en la parroquia Pascuales, para acabar consigo mismo usando un arma.

La hipótesis preliminar de que la muerte violenta de la mujer no estaría vinculada con sus labores como funcionaria de la Agencia de Tránsito de Durán (ATD), así como la autoridad de su propio cónyuge en el hecho, dejan abierta la posibilidad de aparentes razones personales o sentimentales en este suceso.

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Lo que los unía a los fallecidos

La vida de la pareja estuvo marcada por coincidencias y procesos judiciales en común, según registros públicos. Además de la relación afectiva que mantenían, Castro y Arellano compartían una misma profesión.

El hombre, además de haber pertenecido a las filas de la Policía Nacional y alcanzar el grado de sargento segundo, se graduó como abogado de la República en el año 2021, en una universidad privada ubicada en Guayaquil.

Solange cursó la misma carrera en el mismo centro de estudios superiores, graduándose de abogada durante el siguiente año (2022).

Castro continuó su formación académica y profesional, obteniendo una maestría en Derecho Constitucional en 2023, en otra universidad. En tanto que Arellano contaba con una certificación en maquillaje válida desde el año 2024.

Procesos judiciales compartidos

En los registros de la Función Judicial y de la Fiscalía quedaron tres procesos en los cuales constaba la pareja . Sin embargo, las causas no prosperaron.

En enero de 2016, Arellano presentó una denuncia en la Fiscalía contra un inquilino por intimidación. La mujer señaló que ella y su cónyuge, el sargento Castro, fueron amenazados por el sujeto implicado.

En enero de 2024, la pareja fue indagada por estar presuntamente implicada en el delito de lesiones. Sin embargo, la causa finalmente fue archivada.

En cambio, en junio de 2024 una mujer denunció a Castro y Arellano por intimidación. El denunciante argumentó que ambos supuestamente fueron a buscarla a los exteriores de su vivienda, ubicada en una urbanización, ingresando al conjunto residencial sin autorización.

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