Lo que debes saber

• Loffredo dice que Ecuador triplicó la interdicción marítima con apoyo de EE. UU.
• Gian Carlo Loffredo defendió operativos en altamar ante denuncias de pescadores.
• Buques y drones de EE. UU. operan con Ecuador para frenar el narcotráfico en el Pacífico.

La cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos ha permitido triplicar la capacidad de interdicción marítima del país, según aseguró este 28 de agosto el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, durante una entrevista concedida a Teleamazonas. El funcionario destacó que las operaciones conjuntas buscan detectar e interceptar embarcaciones vinculadas con actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico en altamar.

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De acuerdo con Loffredo, Estados Unidos participa en estas tareas mediante el despliegue de dos buques de guerra equipados con sistemas de vigilancia aeromarítima y drones. Según explicó, cuando se identifica una actividad considerada sospechosa, helicópteros realizan verificaciones y dan seguimiento a las embarcaciones, mientras lanchas de interdicción ejecutan los procedimientos de control correspondientes.

Las declaraciones del ministro se producen en medio del debate generado por denuncias de pescadores ecuatorianos que reportaron presuntos ataques a sus embarcaciones durante operaciones antidrogas en los primeros meses de 2026. Además, persisten cuestionamientos por casos de barcos desaparecidos en altamar, entre ellos el del pesquero Fiorella, cuya desaparición continúa bajo investigación.

Loffredo defiende controles en altamar

Consultado sobre estas preocupaciones, el titular de Defensa sostuvo que las operaciones se ejecutan sobre la base de información de inteligencia previa y mediante procesos de reconocimiento de las embarcaciones antes de cualquier intervención.

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Loffredo también enfatizó la magnitud del espacio marítimo ecuatoriano, al señalar que supera ampliamente la extensión territorial continental del país. En ese contexto, consideró que los pescadores nacionales no tienen necesidad de alejarse de las áreas jurisdiccionales ecuatorianas para realizar sus actividades.

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“El mar territorial tiene más que suficiente cantidad de pesca”, afirmó el ministro, quien añadió que incluso flotas extranjeras intentan ingresar a estas zonas, lo que obliga a reforzar los controles marítimos.

Respecto a las embarcaciones ecuatorianas reportadas como desaparecidas o atacadas en los últimos meses, Loffredo indicó que, según la información disponible para las autoridades, varias de ellas abandonaron aguas territoriales antes de perderse su rastro. También señaló que "en ciertos casos los equipos de rastreo o GPS son apagados de manera intencional, dificultando el seguimiento de las rutas". 

Lo que debes saber

• EE. UU., Ecuador y Colombia analizaron una base binacional en la frontera.
• En Tumaco y San Lorenzo, tres países coordinaron acciones contra redes del narcotráfico.
• Ecuador y Colombia estudian una base conjunta para reforzar inteligencia y seguridad fronteriza.

Ecuador, Colombia y Estados Unidos avanzan en conversaciones para fortalecer la seguridad en la frontera norte, una zona históricamente afectada por el narcotráfico, la minería ilegal y el accionar de grupos armados. 

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Entre las propuestas que se analizan está la posible creación de una base binacional entre Ecuador y Colombia, según informaron autoridades de los tres países durante encuentros realizados el 27 de agosto en Tumaco, en Colombia, y San Lorenzo, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.

Las reuniones contaron con la participación del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan; el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo; y autoridades militares y gubernamentales colombianas. De acuerdo con la información difundida, los diálogos se desarrollan en el marco de la denominada Coalición de las Américas contra los cárteles del narcotráfico.

Por ahora, no existe una decisión oficial sobre la instalación de la base. Tampoco se ha definido una ubicación específica ni un cronograma para su posible implementación. Sin embargo, los gobiernos involucrados confirmaron que continúan evaluando mecanismos de cooperación operativa en ambos lados de la frontera.

Intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas

Además de la propuesta de una base binacional, las delegaciones abordaron acciones para reforzar el intercambio de inteligencia, la coordinación de operaciones y la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales que operan entre ambos países.

En un pronunciamiento difundido por el Comando Sur, Donovan señaló que la frontera entre Ecuador y Colombia se ha convertido durante años en un corredor estratégico para los carteles de la droga y otras redes ilegales, por lo que la cooperación regional busca modificar ese escenario mediante acciones coordinadas.

Las futuras operaciones conjuntas estarían enfocadas principalmente en las zonas limítrofes de Nariño y Putumayo, en Colombia, y Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, en Ecuador. Estos territorios han sido identificados por las autoridades como áreas de influencia de disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.

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Un acuerdo impulsado tras Panamax 2026

El acercamiento entre ambos países tomó impulso durante los ejercicios militares Panamax 2026, desarrollados en Panamá entre el 3 y el 13 de agosto. En ese contexto se realizó una reunión bilateral entre los ministros de Defensa de Ecuador y Colombia, donde se acordó avanzar en operaciones conjuntas con apoyo logístico y estratégico de Estados Unidos.

Según explicó Loffredo, esta sería la primera ocasión en que Ecuador, Colombia y Estados Unidos preparan un esquema de operaciones coordinadas que contempla intercambio de información de inteligencia, apoyo logístico, infraestructura y movilización de fuerzas hacia zonas consideradas críticas por la actividad de grupos criminales.

Cambio en la relación entre Ecuador y Colombia

El proyecto también se desarrolla en un contexto de mayor acercamiento político entre Quito y Bogotá. Durante el gobierno del expresidente colombiano Gustavo Petro existieron diferencias respecto a la estrategia para combatir a los grupos armados presentes en la frontera. Sin embargo, la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia abrió una nueva etapa de cooperación en materia de seguridad.

Como parte de ese giro, Colombia se incorporó a la coalición impulsada por Washington para enfrentar a los carteles del narcotráfico dentro de la iniciativa denominada Escudo de las Américas.

El movimiento ocurrió a las 19:33, con una profundidad de 11 kilómetros. El epicentro fue localizado a 10,08 kilómetros de Atuntaqui.

El evento tuvo una ubicación de 0,423° de latitud norte y 78,229° de longitud oeste.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones relacionadas con este movimiento telúrico.

Zona de alta actividad sísmica

El evento forma parte de la actividad sísmica habitual que registra Ecuador debido a su ubicación en una zona de alta actividad tectónica.

Los puntos claves 

• El investigado habría cobrado hasta $ 3.000 por gestionar pases y traslados.
• Para contactar a los uniformados habría utilizado cerca de 30 grupos de WhatsApp. Alrededor de 900 policías habrían estado en esos grupos.
  
• La investigación fiscal se extendió durante cinco meses antes de los allanamientos.

Un pase o traslado dentro de la Policía habría tenido un precio. La investigación que lleva adelante la Fiscalía apunta a un teniente en servicio activo que presuntamente ofrecía gestionar estos movimientos a cambio de pagos que podían llegar hasta los $ 3.000.

La forma de captar a los interesados habría sido directa y, según la investigación, a través de WhatsApp. El uniformado habría utilizado alrededor de 30 grupos en los que estaban incluidos unos 900 policías, a quienes presuntamente ofrecía gestionar pases y traslados dentro de la institución.

El caso permaneció durante cinco meses bajo investigación hasta que este 27 de agosto la Fiscalía y la Policía ejecutaron dos allanamientos en Quito. Uno de los sitios intervenidos fue la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del circuito Iñaquito, en el norte de la capital. El otro inmueble corresponde al domicilio del uniformado investigado.

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Durante las diligencias se levantaron varios indicios que ahora serán analizados por las autoridades. Entre ellos constan una computadora portátil y un teléfono celular, dispositivos que podrían contener información relacionada con los contactos, conversaciones y eventuales gestiones que son parte de la investigación.

Una persona fue detenida con fines de formulación de cargos. La Fiscalía busca establecer, entre otros puntos, cuántos policías habrían pagado por estos trámites, si existían más personas involucradas y si los pases o traslados ofrecidos llegaron a concretarse.

Una investigación que apunta a una posible red

El número de personas que habrían estado en contacto con el investigado es uno de los elementos que ahora se busca determinar. La presencia de cerca de 900 policías en los grupos utilizados para ofertar los trámites no significa que todos hayan realizado pagos, pero sí forma parte de las líneas que deberán ser aclaradas durante la investigación.

La Fiscalía indaga el caso como un presunto delito de tráfico de influencias. En Ecuador, esta infracción está contemplada en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena de tres a cinco años de prisión.

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La investigación también deberá establecer si el uniformado actuaba por cuenta propia o si detrás de los supuestos cobros existía una estructura con otros servidores que facilitaban o concretaban los cambios de destino.

Otro caso bajo investigación

La diligencia ocurre pocas semanas después de otro caso que involucró a un policía en Guayaquil. El pasado 2 de agosto, Asuntos Internos abrió un expediente administrativo contra un uniformado señalado por presuntamente exigir $ 300 a un ciudadano para no detenerlo.

Según la denuncia presentada en Fiscalía, el agente habría solicitado el dinero bajo el argumento de que el ciudadano le había "faltado de palabra". El uniformado cumple actualmente arresto domiciliario.

En ambos casos, las investigaciones todavía deben determinar responsabilidades. 

Lo que debes saber

• La alcaldesa subrogante Tatiana Coronel aseguró que actualmente hay 680 funcionarios para una ciudad de más de 3 millones de habitantes. 
• También reveló 41 destituciones y 417 sanciones durante el actual periodo.

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, aseguró que la ciudad necesita más agentes de tránsito y destacó la importancia de profesionalizar a los funcionarios de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La declaración se produjo este jueves 27 de agosto, durante la sesión del Concejo Cantonal que estuvo liderada por Coronel. En la jornada se aprobó por unanimidad, en primer debate, el proyecto de ordenanza que reglamenta el plan de carrera, ingreso, formación, ascensos y evaluaciones de los agentes civiles de la ATM.

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"En una ciudad con más de 3 millones de habitantes tenemos 680 agentes, nos faltan agentes municipales, eso no está en tela de duda", señaló Coronel durante su intervención.

Guayaquil busca agentes mejor preparados

La alcaldesa subrogante sostuvo que Guayaquil no solo requiere más agentes, sino también funcionarios con una mejor preparación. A su criterio, la nueva normativa representa una oportunidad para establecer procesos de formación y evaluación más claros.

Coronel consideró que los nuevos agentes que ingresen a la institución deben contar con una mejor formación, evaluación permanente y reglas claras para construir una verdadera carrera profesional.

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La funcionaria también se refirió a los cuestionamientos que han surgido alrededor de algunos agentes de tránsito y a la difusión de estos casos en redes sociales.

"Ha habido problemas con algunos agentes, los sacan en las redes", manifestó. Añadió que una institución adecuada no debe intentar ocultar sus problemas, sino identificarlos, investigarlos y actuar respetando el debido proceso.

"Una buena institución no es la que intenta ocultar los problemas sino la que identifica, investiga y actúa respetando el debido proceso", agregó Coronel.

La alcaldesa subrogante también enfatizó que las investigaciones deben respetar los derechos de los funcionarios. "Tampoco vamos a irnos contra un agente sin respetar el debido proceso", sostuvo.

Guayaquil: 41 agentes de tránsito fueron destituidos y 417 recibieron sanciones

Durante su intervención, Coronel reveló además cifras relacionadas con los procesos disciplinarios de los agentes de tránsito.

La funcionaria informó que durante este periodo se han registrado 41 destituciones y 417 sanciones.

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Concejales plantean cambios

Durante el primer debate, la concejal Ana Chóez expresó su respaldo a la profesionalización de los agentes, pero planteó cuestionamientos sobre los mecanismos previstos para las evaluaciones y los ascensos.

Chóez señaló que los funcionarios necesitan una preparación que vaya más allá del conocimiento de las normas de tránsito.

"Necesitamos agentes preparados no solamente en normativa de tránsito, sino también en manejo de conflictos, atención al ciudadano, atención frente a emergencias", dijo la edil.

La concejal también puso énfasis en que los procesos de evaluación deben ser verificables y transparentes. En ese sentido, consideró necesario que los funcionarios puedan conocer las razones detrás de una determinada puntuación y contar con mecanismos para presentar una impugnación.

Otro de los aspectos señalados por Chóez fue la necesidad de definir con claridad cómo se ponderarán los criterios utilizados para construir la calificación de los agentes.

"Es la ponderación a los criterios que se van a evaluar y cómo se va a construir esa calificación", agregó.

Por su parte, el concejal Manuel Romero señaló que la propuesta no contempla una comisión y consideró conveniente que este organismo participe en la regulación del proceso.

El proyecto de ordenanza deberá continuar su trámite dentro del Concejo Cantonal de Guayaquil.  

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Tras la balacera, varias personas que transitaban por los alrededores del cementerio quedaron alarmadas por la magnitud del ataque. Vídeos difundidas en redes sociales mostraron los cuerpos de las víctimas tendidos en la calle.

De acuerdo con cifras policiales, entre el 1 de enero y el 27 de agosto se contabilizaban 145 muertes violentas en esta jurisdicción.

¿Qué ocurrió en los exteriores?

El hecho ocurrió aproximadamente a las 13:30, cuando varias personas habían acudido al camposanto para sepultar a un hombre. Según versiones de testigos que permanecían en el sitio, las víctimas habrían participado en ese sepelio antes de que se produjera el ataque.

Un hombre que trabaja en los alrededores contó que, antes del incidente, habría observado a personas merodeando por el sector. De acuerdo con su versión, quienes posteriormente fueron atacados aparentemente ya eran esperados en el lugar.

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Esta información, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y forma parte de las versiones recogidas mientras se desarrolla la investigación.

Para aproximadamente las 14:50, los vehículos de Medicina Legal terminaban de retirar los cuerpos del sitio. El momento estuvo acompañado por el dolor de los familiares.

Lo que debes saber

• El Concejo de Guayaquil aprobó por unanimidad, en primer debate, la ordenanza que regula el plan de carrera, ingreso, formación, ascensos y evaluaciones de los agentes de la ATM. 
• La propuesta generó cuestionamientos sobre los mecanismos de evaluación y ascenso.
• Falta otro debate en torno a este punto. 

El Concejo de Guayaquil aprobó por unanimidad, en primer debate, el proyecto de ordenanza que reglamenta el plan de carrera, ingreso, formación, ascensos y evaluaciones de los agentes civiles de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La propuesta fue mocionada por la concejal Emily Vera durante la sesión del Concejo, que se desarrolló en el Salón de la Ciudad y estuvo liderada por Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil.

Vera dejó en claro que el financiamiento para la aplicación de la propuesta corresponderá a la ATM.

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Cuestionamientos a los ascensos de agentes de la ATM

Durante el debate, la concejal Ana Chóez expresó su respaldo a la profesionalización de los agentes, pero planteó cuestionamientos sobre los mecanismos de evaluación y ascenso.

"Necesitamos agentes preparados no solamente en normativa de tránsito, sino también en manejo de conflictos, atención al ciudadano, atención frente a emergencias", dijo. 

Chóez puso énfasis en la necesidad de que los procesos sean verificables y que los funcionarios tengan mecanismos para conocer las razones de una determinada puntuación o presentar una impugnación.

"La ponderación a los criterios que se van a evaluar y cómo se va a construir esa calificación", agregó la edil.  

¿Cómo se evaluará a los agentes?

Ante los cuestionamientos, Edgar Lupera, gerente de la ATM, explicó durante la sesión cómo se desarrollaría el proceso contemplado en la ordenanza.

De acuerdo con la explicación entregada por Lupera, el proceso contemplaría evaluaciones físicas, psicológicas y académicas, además de mecanismos de impugnación. Para los ascensos se considerarían aspectos como la capacitación y las faltas administrativas.

El gerente de la ATM también sostuvo que los ascensos deberán sustentarse en una ponderación y en los méritos de los agentes.

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Manuel Romero pide una comisión

Otro de los cuestionamientos durante el primer debate fue planteado por el concejal Manuel Romero, quien señaló que la propuesta no contempla una comisión y consideró conveniente que este organismo participe en la regulación del proceso.

Romero sostuvo que “lo mejor que lo regule o participe una comisión”.

Ante este planteamiento, la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel indicó que no habría inconveniente en incorporar una comisión dentro del proceso.

Por su parte, el concejal Arturo Escala anunció que presentará sus objeciones por escrito.

La ordenanza deberá continuar con su trámite correspondiente después de la aprobación del primer debate.  

Ecuador

Temblor en Ecuador hoy: sismo se reportó este 27 de agosto de 2026

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Específicamente a pocos kilómetros del cantón El Guabo, que soportó un primer temblor de 4.4 a las 12:23:20 y otro de 4.0 a las 12:26:54. El movimiento telúrico inicial tuvo una profundidad de 55.0 km, mientras que el segundo de 48.0 km.

El primer sismo se sintió también en Guayas, pero hasta el momento no se han reportado daños estructurales ni heridos. Estos temblores suceden luego que la noche del miércoles 26 de agosto se diera otro frente a las costas de Jaramijó, en la provincia de Manabí.

Temblor en Tumbes ocurrió previo a los sismos en Ecuador

Antes de los dos movimientos telúricos en Ecuador hubo otro en Tumbes, Perú. El Instituto Geofísico informó que ese ocurrió a las 12:09:24 a 36.96 km de la ciudad peruana. Su magnitud fue de 4.8 con una profundidad de 45 kilómetros. 

Lo que debes saber

• Abogado del caso Fiorella denunció amenazas; ocho pescadores siguen desaparecidos desde enero.
• Fiscal Alexandra Bravo, quien investigaba el caso en Manta, fue asesinada en junio.
• Familias tendrán reunión telemática el 31 de agosto a organismos de DD. HH. para pedir apoyo.

Han pasado más de siete meses desde la desaparición de la embarcación pesquera Fiorella en aguas del Pacífico y los familiares de sus ocho tripulantes afirman que aún no reciben respuestas claras sobre el destino de los pescadores ni sobre las acciones desplegadas para encontrarlos. 

La situación fue expuesta por Juan Alberto Alvía, abogado que representa a los familiares de los desaparecidos, durante una entrevista en Primera Plana en la que reconstruyó los últimos días conocidos de la embarcación y expuso las inquietudes de quienes continúan buscando información sobre el caso.

La última comunicación de la embarcación

Según relató Alvía, la Fiorella zarpó desde Manta el 13 de enero de 2026 para realizar faenas de pesca sin reportar inconvenientes iniciales.

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De acuerdo con la versión entregada por los sobrevivientes, durante los días previos a la desaparición la tripulación habría reportado a los armadores que eran seguidos por drones, aeronaves y una embarcación que identificaban como estadounidense. 

Ante esa situación, los pescadores habrían recibido la recomendación de detener momentáneamente la nave para permitir una inspección y luego continuar con su recorrido hacia la zona de pesca.

El abogado señaló que esos avistamientos se habrían registrado entre el 17 y el 19 de enero. Un día después, el 20 de enero, la embarcación dejó de emitir señales en los sistemas de rastreo. "La preocupación comenzó inmediatamente cuando la nave desapareció de los sistemas de localización", sostuvo Alvía.

Una búsqueda sin resultados

Tras la pérdida de contacto, los familiares y propietarios de la embarcación activaron mecanismos de búsqueda y alertaron a las autoridades.

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Según la defensa de los familiares, embarcaciones privadas fueron enviadas a la última zona conocida donde estuvo la Fiorella. Sin embargo, los esfuerzos no permitieron encontrar rastros de la nave ni de sus ocupantes. Lo único recuperado, indicó el abogado, fue parte del equipo de pesca flotando en el mar.

La embarcación había zarpado acompañada por cuatro fibras utilizadas para las labores pesqueras. Dos de ellas se encontraban fuera del barco principal al momento de la desaparición. Solo una regresó con dos tripulantes, quienes posteriormente relataron lo ocurrido antes de perder contacto con la Fiorella. Como consecuencia, ocho pescadores permanecen desaparecidos.

Familias reclaman información

Alvía aseguró que los familiares han mantenido acercamientos con distintas instituciones estatales y organismos de derechos humanos en busca de respuestas.

Según explicó, también han acudido a la Fiscalía, presentado solicitudes ante la Asamblea Nacional y contactado a organizaciones internacionales. Sin embargo, sostiene que la información recibida hasta ahora ha sido insuficiente.

Uno de los puntos de cuestionamiento gira en torno a la respuesta que el Estado ecuatoriano habría remitido al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, organismo que intervino tras recibir reportes sobre el caso.

De acuerdo con el abogado, la documentación entregada no detallaría de forma específica las acciones ejecutadas para localizar a los desaparecidos.

Defensa de los familiares denuncia amenazas durante las investigaciones

Durante la entrevista, Juan Alberto Alvía aseguró que las gestiones para esclarecer la desaparición de los ocho tripulantes de la Fiorella se han desarrollado en un entorno de preocupación y reserva.

Al ser consultado sobre posibles temores en torno a las investigaciones, el abogado señaló que han optado por mantener discreción en varios aspectos del caso. "Los temores aquí en el país son frecuentes", afirmó, antes de mencionar que la fiscal que inicialmente llevaba la investigación fue asesinada. Además, sostuvo que quienes impulsan las indagaciones han procurado resguardar su seguridad mientras continúan buscando respuestas sobre el paradero de los pescadores.

Ecuador

Cooperación de EE. UU. con Ecuador: ¿quién valida los objetivos y por qué surgen dudas?

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Sus declaraciones hacen referencia a la fiscal Alexandra Bravo Cedeño, quien fue asesinada el 14 de junio de 2026 en Manta junto con su hermana, Olinda Emperatriz Bravo Cedeño. Según la Fiscalía General del Estado, el crimen podría haber estado relacionado con represalias por las investigaciones que desarrollaba la funcionaria sobre estructuras delictivas.

Bravo contaba con más de 15 años de trayectoria en la Fiscalía y tenía a su cargo diligencias relacionadas con homicidios, secuestros, sicariatos y delincuencia organizada. Entre los procesos que investigaba figuraban casos vinculados al sector marítimo y pesquero de Manabí.

La hipótesis de un patrón común

La defensa de los familiares considera que la desaparición de la Fiorella podría guardar similitudes con otros casos denunciados este año por pescadores ecuatorianos.

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Alvía mencionó las embarcaciones Francisca Duarte y Don Maca, cuyos tripulantes denunciaron haber sido interceptados en circunstancias similares.

Según indicó, en los tres casos aparecen elementos comunes como el sobrevuelo de drones, el seguimiento de aeronaves y la presencia de embarcaciones militares en zonas donde operaban los pescadores.

No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que vincule formalmente estos hechos ni evidencias públicas que permitan establecer una relación definitiva entre los casos.

Ecuador

Amnistía Internacional pide a EE. UU. investigar ataque a pesquero ecuatoriano vinculado a la CIA

Agencia EFE

Esperanza y dificultades económicas

Mientras continúan las gestiones legales y los pedidos de cooperación internacional, los familiares mantienen la esperanza de conocer qué ocurrió con los ocho pescadores.

El abogado afirmó que muchas de las familias dependían exclusivamente de los ingresos generados por la actividad pesquera de la embarcación. La desaparición de los tripulantes no solo ha dejado incertidumbre sobre su paradero, sino también una compleja situación económica para sus allegados, que perdieron a sus principales proveedores.

La próxima cita relevante para los familiares será una audiencia prevista ante organismos de derechos humanos este 31 de agosto, donde esperan definir nuevas acciones para impulsar la búsqueda y el esclarecimiento del caso.

La proximidad entre ambas mediciones constituye una señal de alerta, pero no significa que Ecuador vaya a enfrentar necesariamente una emergencia de las mismas dimensiones. El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-Erfen) aclara que las comparaciones sirven como referencia sobre la evolución del océano y no permiten anticipar impactos equivalentes.

Las diferencias dependerán de cómo evolucione la interacción entre el océano y la atmósfera, del inicio y duración de las lluvias, así como de la respuesta de los sistemas de drenaje, ríos y zonas costeras.

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El nivel del mar se acerca a la marca de 1997-1998

El reporte técnico del CN-Erfen, emitido el 20 de agosto de 2026, señala que el nivel del mar llegó a registrar anomalías de aproximadamente 40 centímetros en estaciones costeras del territorio continental y de la región Insular.

La medición representa un incremento de diez centímetros frente al informe presentado 15 días antes, cuando la anomalía se ubicaba cerca de los 30 centímetros.

Durante El Niño de 1997-1998, el nivel marítimo se elevó entre 42 y 47 centímetros por encima de lo normal. La diferencia frente al registro actual es de entre dos y siete centímetros, aunque la cercanía corresponde únicamente a este indicador oceanográfico.

El incremento actual está relacionado con la expansión térmica del agua y con la acumulación de masas cálidas en el Pacífico oriental. Las ondas Kelvin desplazan calor desde el Pacífico central hacia las costas de Ecuador, aumentando la temperatura y el volumen de la capa superficial del océano.

La similitud no anticipa los mismos daños

Una de las principales diferencias es que el evento actual todavía se encuentra en desarrollo y sus efectos definitivos no pueden determinarse únicamente mediante la temperatura o el nivel del mar.

El CN-Erfen comparó la evolución del fenómeno de 2026-2027 con 14 episodios anteriores e identificó una “similitud relativa” tanto con El Niño de 1997-1998 como con el de 2023-2024. Los dos antecedentes tuvieron desenlaces distintos.

El primero provocó lluvias prolongadas, inundaciones, daños en viviendas, carreteras y cultivos. El segundo también presentó un calentamiento importante del océano, pero sus efectos en las precipitaciones fueron más limitados de lo esperado en Ecuador.

El organismo puntualiza que esta comparación es únicamente una referencia sobre el comportamiento de las condiciones oceánicas. No implica que la intensidad, duración o consecuencias del evento actual vayan a ser iguales a las de cualquiera de los dos periodos.

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La atmósfera marcará una diferencia decisiva

El calentamiento del océano es un componente de El Niño, pero la intensidad de las lluvias también depende del denominado acoplamiento entre el océano y la atmósfera.

Para que las aguas cálidas se traduzcan en precipitaciones intensas y persistentes deben coincidir otras condiciones atmosféricas, entre ellas cambios en los vientos, la humedad y la presión del aire.

Por esta razón, un evento puede presentar altas temperaturas marítimas sin generar automáticamente lluvias de las mismas dimensiones. El propio CN-Erfen advierte que la intensidad oceánica de El Niño no determina por sí sola la magnitud de las precipitaciones, las inundaciones o los incrementos de caudal que podrían producirse en Ecuador.

Durante el episodio de 1997-1998, las lluvias comenzaron en octubre y se prolongaron durante aproximadamente nueve meses. En el escenario actual, la mayor expresión del fenómeno está prevista hacia finales de 2026, durante la transición a la época lluviosa de la Costa.

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Ecuador aún no registra una emergencia como la de 1997

El Niño de 1997-1998 dejó 292 fallecidos y más de 29.000 evacuados, según cifras de la entonces Defensa Civil recogidas por la Organización Panamericana de la Salud. También afectó 15.264 viviendas, de las cuales alrededor de 5.000 quedaron destruidas.

Las pérdidas económicas se calcularon en 2.882 millones de dólares, equivalentes al 14,6 % del producto interno bruto de Ecuador en 1997, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

El panorama de 2026 todavía no alcanza esa dimensión. Sin embargo, ya existen señales de exposición en el litoral. Entre el 14 y el 16 de agosto de 2026, el CN-Erfen contabilizó 14 incidentes relacionados con aguajes y oleajes: siete en Guayas, tres en Esmeraldas, dos en El Oro, uno en Santa Elena y otro en Manabí.

La elevación del mar puede incrementar el riesgo de inundaciones y erosión cuando coincide con aguajes, oleajes o temporales. También puede dificultar la evacuación del agua lluvia en ciudades conectadas con esteros y ríos, debido a que la marea alta actúa como una barrera para el drenaje.

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Los próximos meses definirán el alcance de El Niño

Por ahora, la principal semejanza con 1997-1998 está en la evolución de algunos indicadores del océano, especialmente el nivel del mar y el calentamiento registrado frente a Ecuador y Perú.

La diferencia central es que todavía no se conoce si esas condiciones se traducirán en lluvias prolongadas y destructivas. Ese resultado dependerá de la evolución atmosférica y de la coincidencia del fenómeno con la temporada invernal.

El seguimiento del CN-Erfen será determinante durante los últimos meses de 2026. Hasta entonces, la cercanía de las mediciones debe entenderse como una advertencia para reforzar la prevención, no como la confirmación de que se repetirá la emergencia de hace casi tres décadas.

El escenario puede agravarse cuando la elevación del mar coincide con aguajes, oleajes o temporales, debido a que estos eventos aumentan temporalmente la altura alcanzada por el agua y favorecen inundaciones, anegamientos y procesos de erosión.

La alerta consta en un reporte del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen), difundido el 20 de agosto de 2026. El documento también advierte sobre el calentamiento del océano frente al territorio continental y la región Insular.

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Guayas concentró la mayor cantidad de inundaciones

Entre el 13 y el 16 de agosto de 2026, las autoridades contabilizaron 11 inundaciones relacionadas con aguajes. Siete ocurrieron en Guayas, dos en El Oro, una en Esmeraldas y otra en Manabí. Los eventos provocaron afectaciones puntuales en viviendas.

Además, entre el 14 y el 15 de agosto se reportaron tres incidentes vinculados con oleajes: dos en Esmeraldas y uno en Santa Elena. En estos últimos casos no se registraron personas afectadas.

El balance muestra que las provincias de Guayas, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena presentan exposición ante la combinación de un mar elevado, aguajes y oleajes. Sin embargo, esto no significa que toda su extensión territorial enfrente el mismo nivel de amenaza.

Los puntos más vulnerables son las comunidades ubicadas en áreas bajas, cercanas a playas, esteros, desembocaduras y zonas que ya presentan erosión. También están expuestas las construcciones levantadas a poca distancia de la línea costera.

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Las Gilces y Posorja registran antecedentes de afectaciones

Uno de los sectores donde ya se han observado impactos es Las Gilces, en la parroquia Crucita, provincia de Manabí. Los aguajes inundaron pozos utilizados para producir sal y perjudicaron la actividad artesanal de sus habitantes.

En Playa Delfín, ubicada en Posorja, provincia del Guayas, también existen antecedentes de erosión costera. Este fenómeno provoca la pérdida progresiva de playa y puede comprometer infraestructura, viviendas o negocios situados cerca del borde marítimo.

Los balnearios y poblaciones asentados en terrenos de poca altura son especialmente sensibles porque la coincidencia de varios fenómenos puede permitir que el agua avance más allá de sus límites habituales.

Por esta razón, el dato de los 40 centímetros no debe interpretarse como una inundación uniforme en todo el litoral. Se trata de una anomalía detectada en determinadas estaciones costeras, cuyo impacto depende de factores como la topografía, el estado de las playas, la fuerza del oleaje y la presencia de aguajes.

¿Por qué está aumentando el nivel del mar?

La elevación responde principalmente a la expansión térmica del océano y a la acumulación de agua cálida en el Pacífico oriental. Cuando el agua se calienta, aumenta su volumen, mientras el desplazamiento de masas cálidas hacia las costas ecuatorianas también contribuye a elevar el nivel marítimo.

Frente a Ecuador, la temperatura superficial del mar se mantiene entre 26 y 28 grados Celsius, con anomalías de hasta cuatro grados en algunos sectores. En la región Niño 1+2, ubicada frente a Ecuador y Perú, el calentamiento también llegó a aproximadamente cuatro grados sobre los valores normales.

El reporte técnico establece similitudes entre las condiciones oceánicas actuales y las observadas durante El Niño de 1997-1998, cuando el nivel del mar alcanzó anomalías de entre 42 y 47 centímetros en Ecuador. La medición actual se acerca a ese rango, aunque esto no permite concluir que los impactos serán idénticos.

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El Niño en Ecuador: Guayaquil se prepara para fuertes lluvias e inundaciones

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El Niño no determina por sí solo la intensidad de las lluvias

El periodo de mayor intensidad previsto para finales de 2026 coincidiría progresivamente con la transición hacia la época lluviosa en las regiones Litoral e Insular.

No obstante, el Erfen aclaró que la intensidad oceánica de El Niño no define por sí sola la magnitud de las precipitaciones, el aumento de los caudales o las inundaciones que puedan presentarse en el país.

Estos efectos también dependerán de la respuesta de la atmósfera, la evolución regional del clima y las condiciones propias de la temporada. Por ello, las instituciones mantienen el monitoreo del océano y de las zonas costeras más expuestas.

La vigilancia será especialmente importante en Guayas, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, donde ya se registraron incidentes asociados con aguajes u oleajes durante agosto de 2026. La prevención deberá concentrarse en comunidades bajas, playas erosionadas y actividades productivas instaladas junto al mar.

Lo que debes saber

• Alias Colombia fue capturado en Armenia por coordinar delitos de Los Tiguerones.
• Líder de Los Tiguerones cayó en Colombia tras huir de Ecuador en 2022.
• Operativo binacional permitió detener a alias ‘Colombia’, buscado por homicidio y narcotráfico.

Una operación coordinada entre las autoridades de Ecuador y Colombia permitió la captura de Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, conocido como alias Colombia, identificado por las autoridades ecuatorianas como uno de los líderes de la organización criminal Los Tiguerones y considerado un objetivo de alto interés para las investigaciones de seguridad.

La detención se realizó en la ciudad de Armenia, Colombia, tras un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Ecuador, la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación de ese país. Según la información publicada por el ministro del Interior, John Reimberg, el sospechoso fue localizado y capturado en cumplimiento de una orden judicial.

Más de dos décadas de antecedentes

De acuerdo con los datos compartidos por las autoridades, Vásquez registra más de 20 años de antecedentes penales relacionados con delitos como homicidio, sicariato y narcotráfico.

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Su historial incluye una fuga del Centro de Privación de Libertad de Máxima Seguridad La Roca, ocurrida en 2013. Posteriormente fue recapturado en Brasil y extraditado a Ecuador para continuar enfrentando procesos judiciales.

Sin embargo, en 2022 obtuvo el régimen de libertad condicional. Las autoridades sostienen que no cumplió con las condiciones impuestas y abandonó Ecuador de manera irregular, estableciéndose en territorio colombiano.

Presunta operación criminal desde Colombia

Las investigaciones señalan que, una vez fuera del país, alias Colombia habría mantenido influencia sobre la estructura de Los Tiguerones y continuado coordinando actividades relacionadas con narcotráfico y sicariato.

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Además, las autoridades lo vinculan con un homicidio ocurrido en Medellín en 2022, caso que forma parte de los antecedentes que son analizados dentro de las investigaciones en su contra.

La captura se produce en un contexto de cooperación regional contra organizaciones criminales transnacionales que operan entre Ecuador y Colombia, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico y a delitos violentos.

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Los Tiguerones figuran entre las organizaciones delictivas que han sido señaladas por las autoridades ecuatorianas por su presunta participación en actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidios.

Lo que debes saber

• Colombia autorizó el 27 de agosto la extradición de alias ‘Araña’ a Estados Unidos.
• Alias Araña, líder de Comandos de la Frontera, es requerido por narcotráfico.
• Ecuador declaró objetivo militar a alias ‘Araña’ por su influencia en la frontera norte.

Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, líder de la organización criminal Comandos de la Frontera y considerado objetivo militar prioritario por Ecuador, será extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. 

La decisión fue autorizada por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dentro de un grupo de cinco extradiciones de cabecillas criminales.

Según informó el Gobierno colombiano, las extradiciones habían sido aprobadas previamente, pero permanecían suspendidas debido a la participación de los implicados en los procesos de diálogo impulsados durante la denominada política de "Paz Total" del expresidente Gustavo Petro.

Un historial ligado a grupos armados y narcotráfico

Alias Araña es señalado como uno de los principales líderes criminales del sur de Colombia. De acuerdo con reportes citados por medios colombianos, formó parte de la disidencia de las FARC conocida como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y anteriormente fue identificado como integrante de Los Rastrojos, estructura vinculada al desaparecido Cartel del Norte del Valle.

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Sus antecedentes judiciales se remontan a 2008. En 2010 fue condenado a 29 años de prisión por diversos delitos, aunque posteriormente accedió a beneficios derivados del proceso de paz colombiano. 

Tras recuperar su libertad condicional en 2017, habría reorganizado actividades criminales y consolidado la estructura denominada Comandos de la Frontera.

La presencia de Comandos de la Frontera en la frontera con Ecuador

Las autoridades han vinculado a Comandos de la Frontera con actividades relacionadas con el narcotráfico y con episodios de violencia en zonas limítrofes entre Colombia y Ecuador. La organización amplió su presencia hacia territorio ecuatoriano, especialmente en áreas cercanas a la frontera norte.

En abril de 2024, el presidente Daniel Noboa incluyó a alias Araña en el listado de objetivos militares prioritarios para las fuerzas de seguridad ecuatorianas. En esa misma nómina figuraban otros cabecillas del crimen organizado, entre ellos José Adolfo Macías, alias Fito.

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Captura y proceso de extradición

Rojas fue capturado en febrero de 2025 en un hotel de Bogotá mientras participaba en una reunión con delegados del entonces Gobierno colombiano. Su detención generó controversia debido a que su situación jurídica estaba vinculada a los espacios de negociación abiertos durante el proceso de paz.

Actualmente permanece bajo custodia de las autoridades colombianas a la espera de ser trasladado a Estados Unidos. La justicia estadounidense lo requiere por presuntos delitos de concierto para distribuir cocaína y narcoterrorismo, cargos que ahora enfrentará en territorio norteamericano.

Lo que debes saber

• IG registró sismo de magnitud 3 frente a Jaramijó el 26 de agosto; ocurrió por actividad tectónica.
• Temblor ocurrió en el mar, cerca de Manabí, a 11 km de profundidad, según el IG.
• Ciudadanos reportaron que el sismo del 26 de agosto no fue percibido en Jaramijó.

Un sismo de magnitud 3 se registró la noche del miércoles 26 de agosto frente a las costas de Jaramijó, en la provincia de Manabí, según informó el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional.

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El evento sísmico ocurrió a las 22:46 y tuvo su epicentro en el mar, a aproximadamente 11 kilómetros de la costa del cantón manabita. De acuerdo con los datos preliminares del IG, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 11 kilómetros.

Hasta la mañana de este 27 de agosto no se reportaban daños materiales ni personas afectadas. Además, reportes ciudadanos difundidos en redes sociales señalaban que el temblor no fue percibido por la mayoría de habitantes de la zona.

El sismo ocurrió en una zona de alta actividad geológica

Ecuador se ubica dentro del denominado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa franja geológica que concentra algunas de las zonas de subducción más activas del planeta y donde se registra una importante frecuencia de movimientos sísmicos.

Esta región se extiende a lo largo de las costas del océano Pacífico e incluye a países de América como Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y Canadá, entre otros. La interacción de placas tectónicas en esta área provoca una constante actividad sísmica y volcánica.

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El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el país y publica de manera periódica los reportes sobre eventos registrados en territorio continental y zonas marítimas cercanas.

Lo que debes saber

• La nueva regulación de los estacionamientos tarifados en Guayaquil plantea una interrogante que sigue sin respuesta: ¿cuántos cuidacarros existen en la ciudad?
• La ATM aún no tiene una cifra y analiza cómo incorporarlos al sistema y evitar que los conductores terminen pagando dos veces por estacionar.
• En un mes habrá respuesta, dice el gerente de la ATM. 

Guayaquil convive con una escena que ya parece rutina: pagar por estacionarse en un espacio público tarifado y, aun así, encontrarse con un cuidador de vehículos que reclama un valor adicional por ‘vigilar’ el carro.

La situación se vuelve más incómoda cuando la negativa del conductor a pagar genera reclamos o, incluso, actitudes agresivas. En medio de este escenario con el que convive el guayaquileño se aprobó la ordenanza que regula el uso y control de los espacios de estacionamiento público tarifado.

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Y fue en el Concejo que también se puso sobre la mesa que quienes se dedican a esto sean regulados. Ahora, la actividad de los llamados ‘cuidacarros’ genera cuestionamientos a partir de una pregunta que aún no tiene respuesta, ¿cuántos hay?

El problema es que mientras la norma ya fue aprobada, la propia Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) todavía no tiene una cifra de cuántas personas se dedican a esta actividad.

ATM responde a EXPRESO

Edgar Lupera, gerente de la ATM, reconoció en un diálogo con EXPRESO que el número debe ser actualizado mediante un censo de la Dirección de Aseo Cantonal. Al preguntarle cuántos cuidacarros existen actualmente en Guayaquil, el funcionario no entregó una cifra. “Esto lo tenemos que actualizar”, respondió.

Es decir, se aprobó una ordenanza que contempla regular una actividad cuya dimensión todavía no está determinada. Este Diario también le consultó al Municipio cuántas personas están en dicho censo, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una contestación.

Sin embargo, Lupera explicó que el proceso deberá comenzar con el proyecto de estacionamientos tarifados en el centro, donde están contemplados 1.320 espacios. La arteria que más tendrá es la 9 de Octubre. Después vendría la socialización, la elaboración de un informe técnico para el Municipio y la contratación de un aliado estratégico.

“Ahí vamos a contestar tu pregunta”, señaló el gerente de la ATM al ser consultado nuevamente sobre cuántos cuidacarros existen. Según Lupera, en aproximadamente un mes podría existir una respuesta.

Las dudas de los conductores 

Pero mientras la institucionalidad cuenta, censa y prepara informes, el problema continúa en las calles, donde muchos conductores que pagan por estacionarse, esperan que eso sea suficiente para utilizar un espacio público. Entonces, ¿qué ocurre cuando otra persona aparece para cobrarle por algo que, en teoría, ya está incluido dentro del esquema de estacionamiento regulado?

La propia ATM reconoce que no se trata de un problema sencillo de resolver únicamente con controles. Lupera admitió que la fuerza de control o la fuerza pública no han logrado solucionar esta situación porque, desde su mirada, detrás de esta actividad existe una necesidad económica. “La forma de solucionar es que (los cuidacarros) sean parte”, planteó.

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La propuesta del funcionario apunta a registrar a los cuidacarros, establecer condiciones y elaborar un pliego para incorporarlos al proceso. “Deben de registrarse”, señaló e insistió en que la solución es que formen parte del sistema.

La idea incluso recibió respaldo dentro del Concejo. Soledad Diab, quien antes era del PSC y hoy dice ser independiente, pidió un aplauso para la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, por abordar esta problemática en el cuerpo edilicio.

No obstante, el aplauso que se oyó en el Salón de la Ciudad no resuelve todavía la pregunta que surge desde las calles, en torno a cómo se evitará que un conductor termine pagando dos veces por parquearse en un espacio público.

Esto dice la ordenanza

Entre las condiciones de uso de los estacionamientos públicos tarifados, de acuerdo con el proyecto de ordenanza, figura que el uso ininterrumpido será de máximo cuatro horas por usuario, a fin de promover la rotación vehicular, dinamizar el tránsito y mejorar la disponibilidad de espacios para los ciudadanos en las zonas definidas.

La tarifa será de $1 por hora dentro del horario tarifado, mientras que la tarifa mínima será de $0,25 por 15 minutos.

Finalmente, Lupera enfatizó que aún se analiza definir si este proyecto será a través de dispositivos o aplicación. “Eso lo estamos elaborando y (estudiando) qué vamos a hacer con los que cuidan carros”, manifestó.

Las imágenes fueron publicadas en la cuenta oficial de Instagram de Bucaram junto con un extenso mensaje escrito por Pulley. En las fotografías, el expresidente aparece recostado en una cama, con una cánula de oxígeno, cables de monitoreo y personal médico a su alrededor.

La publicación tiene un marcado tono familiar. Pulley pidió oraciones por la recuperación de su esposo y cuestionó que su situación médica pueda ser utilizada para alimentar la confrontación política que ha acompañado a Bucaram durante años.

La esposa del exmandatario también hizo referencia a los procesos judiciales que enfrenta. En su mensaje reclamó que Bucaram pueda recibir un debido proceso y justicia, al tiempo que expresó su preocupación por el deterioro de su salud.

Bucaram fue sometido a una cirugía

La difusión de las fotografías ocurre después de que Bucaram fuera sometido a una intervención médica. Su defensa solicitó que se difiera una audiencia prevista dentro del caso Pruebas COVID-19, argumentando que el expresidente necesita reposo después de la cirugía.

Según el certificado médico presentado por su defensa, Bucaram fue ingresado de emergencia a una clínica y presentó fibrilación y aleteo auricular. El documento señala además que tuvo inconvenientes con un dispositivo cardíaco, que debió ser reemplazado.

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El expresidente ya contaba con un certificado que le concedía 30 días de reposo debido a problemas cardíacos, entre ellos una insuficiencia cardíaca.

Una larga historia de problemas cardíacos

Los problemas cardiovasculares de Bucaram no son recientes. A lo largo de los años, el exmandatario ha informado sobre diferentes complicaciones cardíacas y procedimientos médicos.

En 2022 relató que había sufrido un primer infarto décadas atrás y que posteriormente enfrentó una miocarditis. También señaló que había sido sometido a varias intervenciones y que tenía implantado un cardiodesfibrilador.

Uno de sus episodios más conocidos ocurrió el 26 de agosto de 2020, cuando fue trasladado de emergencia a una clínica de Guayaquil por un fuerte dolor en el pecho. En ese momento se descartó que estuviera sufriendo un infarto en curso y se determinó que había presentado una angina.

El mensaje de María Rosa Pulley

La publicación de Pulley representa una aparición poco habitual de la esposa del expresidente, quien durante décadas ha mantenido un perfil más discreto frente a la exposición política de su familia.

En esta ocasión, su mensaje se centró en la situación personal de Bucaram. Expresó su deseo de que pueda recuperarse, regresar a su hogar y reencontrarse con sus hijos y nietos.

Pulley también rechazó que sus declaraciones sean interpretadas como un pedido de privilegios y sostuvo que lo que reclama es respeto al debido proceso.

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El pronunciamiento llega mientras Bucaram enfrenta procesos judiciales pendientes. El 25 de agosto, una audiencia por presunto tráfico ilícito de armas fue suspendida debido a un corte de energía en la Unidad Judicial Albán Borja, en Guayaquil.

En paralelo, este 26 de agosto estaba prevista una audiencia relacionada con el caso Pruebas COVID-19, en la que debía conocerse la resolución contra Bucaram, su hijo Jacobo y otros dos procesados. La defensa pidió que la diligencia sea aplazada debido a la reciente intervención médica.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, la familia del exmandatario mantiene la atención puesta en su recuperación y en la evolución de su estado de salud.

Lo que debes saber

• 24 autoridades se reunieron en Santa Elena por alerta de viajes de EE. UU.
• Santa Elena registra 141 asesinatos en 2026; Consejo analiza nuevas medidas.
• La alerta de EE. UU. preocupa al turismo en Santa Elena por posible caída de visitantes.

La reciente advertencia del Gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos para reconsiderar los viajes a Santa Elena levantó a las autoridades. En respuesta, autoridades locales convocaron un encuentro para revisar el panorama delictivo y analizar medidas orientadas a contener la violencia y sus efectos sobre la actividad turística.

La Gobernación de Santa Elena reunió este 26 de agosto a 24 autoridades provinciales, entre ellas representantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en el marco de un Consejo de Seguridad desarrollado de forma reservada y sin acceso para los medios de comunicación.

La alerta de EE. UU. acelera el debate sobre seguridad

La reunión se produjo días después de que Estados Unidos recomendara a sus ciudadanos reconsiderar los viajes a Santa Elena y Manabí debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad. 

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Según las autoridades locales, uno de los objetivos fue establecer nuevas estrategias para enfrentar el accionar del crimen organizado y otros delitos en los cantones Santa Elena, Salinas y La Libertad.

La medida estadounidense coincide con un escenario marcado por el incremento de hechos violentos en la provincia. De acuerdo con cifras citadas por el Ministerio del Interior, en lo que va de 2026 se han registrado 141 asesinatos en Santa Elena y el 98 % de los casos tendría relación con actividades de delincuencia común.

Preocupación por el impacto en el turismo

Además del componente de seguridad, las autoridades analizaron las repercusiones económicas y de imagen que podría generar la advertencia internacional sobre uno de los principales destinos turísticos del país.

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Ángel Chamba, jefe de Seguridad Ciudadana del Municipio de Santa Elena, cuestionó los argumentos que motivaron la alerta emitida por Estados Unidos y señaló la necesidad de recuperar la confianza de quienes visitan la provincia.

La inquietud también ha sido expresada por representantes del sector turístico. La Cámara de Turismo de Santa Elena considera que la recomendación podría incidir en la llegada de visitantes extranjeros durante los próximos meses.

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Las cifras de turismo muestran una reducción en la llegada de viajeros provenientes de Estados Unidos. Según datos oficiales, en 2024 la provincia recibió alrededor de 50.000 turistas estadounidenses, mientras que en 2025 la cifra se redujo a aproximadamente 25.000 visitantes.

Lo que debes saber

• En operativos realizados en Vergeles y Álamos fueron retenidas 24 tricimotos, dos motocicletas y tres personas fueron aprehendidas por conducir sin licencia.
• Durante la reunión se abordaron acciones destinadas a fortalecer el cumplimiento de la normativa, mejorar la seguridad vial y contribuir al orden en la ciudad.

Las tricimotos volvieron a estar en el centro de la atención en Guayaquil. Un día después de que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) mantuviera una reunión con representantes del gremio de conductores de estos vehículos, la entidad realizó controles en los sectores de Vergeles y Álamos, donde fueron retenidas 24 tricimotos.

El operativo se desarrolló este 26 de agosto y dejó, además, dos motocicletas retenidas y tres personas aprehendidas por conducir sin licencia, según informó la ATM a través de sus canales oficiales.

La entidad señaló que los controles continuarán en diferentes puntos de la ciudad y advirtió sobre las consecuencias de conducir sin licencia o de operar al margen de la normativa vigente.

La reunión de la ATM con el gremio de tricimotos

El operativo ocurrió después de una mesa de trabajo que la ATM mantuvo el 25 de agosto con representantes del gremio de conductores de tricimotos.

La entidad, liderada por Edgar Lupera, informó que el encuentro tuvo como objetivo escuchar las inquietudes de los conductores y evaluar posibles soluciones frente a la informalidad relacionada con este tipo de transporte.

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De acuerdo con la ATM, durante la reunión se abordaron acciones destinadas a fortalecer el cumplimiento de la normativa, mejorar la seguridad vial y contribuir al orden en la ciudad.

Sin embargo, la entidad no detalló cuáles serán específicamente las medidas que se aplicarían ni cómo se ejecutarán los acuerdos alcanzados con los representantes del gremio.

Al finalizar su publicación sobre la reunión, la ATM señaló que el diálogo se mantendrá y que continuará el trabajo coordinado para construir alternativas que beneficien a conductores, usuarios y ciudadanía.

¿Qué pasó durante el operativo en Guayaquil?

Un día después de esa reunión, los agentes de la ATM ejecutaron controles en Vergeles y Álamos, sectores de Guayaquil en los que se verificó el cumplimiento de la normativa.

El resultado reportado por la entidad fue el siguiente:

La ATM recalcó que estos operativos forman parte de los controles que se realizan en distintos puntos de Guayaquil.

La entidad también enfatizó que conducir sin licencia y operar al margen de la normativa tiene consecuencias, por lo que los controles continuarán en la ciudad.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia convocó para el viernes 28 de agosto de 2026, a las 08:00, la audiencia en la que anunciará su decisión oral de primera instancia dentro del caso Sinohydro.

El fallo determinará si el expresidente Lenín Moreno y las otras 19 personas que permanecen procesadas son declarados culpables o ratificados en su estado de inocencia por el presunto delito de cohecho.

La diligencia se desarrollará presencialmente en la sede de la Corte Nacional, en Quito. Los sujetos procesales que se encuentren fuera de la provincia de Pichincha podrán comparecer mediante una plataforma telemática.

Justicia

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¿Qué sostiene la acusación del caso Sinohydro?

La investigación está relacionada con la contratación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, adjudicada a la empresa china Sinohydro durante el periodo en que Moreno ejercía la Vicepresidencia de Ecuador.

Según la tesis de la Fiscalía General del Estado, se habría estructurado un esquema de pagos indebidos para favorecer la adjudicación del contrato, valorado en más de 2.000 millones de dólares.

La institución sostiene que Sinohydro habría desembolsado aproximadamente 76,1 millones de dólares en sobornos después de obtener el contrato. El dinero habría sido canalizado mediante empresas constituidas en Ecuador y Panamá, además de una red de operaciones financieras nacionales e internacionales.

Parte de esos recursos habría beneficiado presuntamente al núcleo familiar de Moreno, al entorno familiar y empresarial del exrepresentante comercial de Sinohydro en Ecuador, Conto Patiño, y a personas vinculadas con la comisión técnica del proyecto.

Moreno ha rechazado reiteradamente los señalamientos. El exmandatario asegura que la Fiscalía no ha probado que recibiera dinero proveniente de la presunta trama y sostiene que el proceso responde a un supuesto revanchismo político.

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El juicio concluyó después de 31 jornadas

La audiencia de juicio comenzó el 11 de mayo de 2026 y se extendió durante 31 jornadas. En la etapa probatoria, la Fiscalía presentó testimonios, peritajes financieros y documentación para respaldar su teoría sobre la supuesta ruta de los pagos.

El 17 de junio de 2026, después de 21 días de audiencia, el Ministerio Público concluyó la presentación de su prueba. De acuerdo con la información institucional, comparecieron 29 testigos y 19 peritos, mientras que se incorporaron 90 pruebas documentales.

Posteriormente, las defensas presentaron sus elementos de descargo y cuestionaron la validez y el alcance de varias pruebas utilizadas por la acusación.

El 8 de julio de 2026, la Fiscalía expuso su alegato final y solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión para Moreno, a quien acusa como autor directo del presunto delito de cohecho. También planteó condenas para los demás procesados, de acuerdo con el grado de participación atribuido a cada uno.

Las intervenciones concluyeron el 10 de julio de 2026. Desde esa fecha, el Tribunal permaneció en deliberación antes de convocar a las partes para comunicar su resolución.

El cuerpo judicial está integrado por Manuel Enrique Cabrera, juez ponente; Julio César Inga y Daniella Camacho.

Veinte personas esperan la decisión judicial

Inicialmente, 21 personas llegaron a la audiencia de juicio. Sin embargo, durante los alegatos de clausura, el fiscal general encargado retiró la acusación contra Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño, al considerar que la prueba presentada no permitía sostener su participación penal.

Por esa razón, el Tribunal deberá pronunciarse sobre la situación jurídica de 20 personas:

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La decisión podrá ser apelada

El pronunciamiento del viernes será una sentencia oral de primera instancia. Tanto la Fiscalía como los procesados podrán presentar los recursos contemplados en la legislación ecuatoriana una vez que sean notificados con la resolución escrita.

Esto significa que el fallo no necesariamente pondrá fin al proceso. La sentencia podrá ser revisada por un tribunal de apelación y, dependiendo de los argumentos planteados, podría llegar posteriormente a una instancia de casación.

La convocatoria marca una etapa decisiva en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión política de los últimos años. El caso involucra a un expresidente, a varios integrantes de su entorno y a personas relacionadas con la contratación de Coca Codo Sinclair, una de las obras de infraestructura más costosas del país.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 25 de agosto de 2026, con 83 votos, el proyecto de Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. La propuesta desarrolla la reforma al artículo 158 de la Constitución, respaldada en el referéndum del 21 de abril de 2024.

Sin embargo, el texto todavía debe ser remitido al presidente Daniel Noboa, quien podrá sancionarlo u objetarlo. Por lo tanto, su aprobación legislativa no implica que los militares puedan salir inmediatamente a las calles bajo estas nuevas reglas. La normativa entrará en vigor una vez que complete el trámite correspondiente y sea publicada en el Registro Oficial.

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¿Cuándo podrá solicitarse el apoyo de los militares?

La intervención militar no estará habilitada para cualquier problema de seguridad ciudadana. El apoyo se limitará a los delitos y escenarios establecidos en el artículo 158 de la Constitución:

Esto significa que las Fuerzas Armadas no asumirán de forma general las tareas ordinarias de patrullaje, prevención o investigación que corresponden a la Policía Nacional. Su participación deberá estar relacionada con alguna de estas amenazas y tendrá un carácter excepcional, complementario y subsidiario.

La Asamblea Nacional precisó que los militares no sustituirán a la Policía y que su intervención solo podrá activarse cuando la capacidad operativa policial haya sido superada de manera objetiva y motivada.

El apoyo militar no será automático

El procedimiento comenzará con una solicitud motivada del comandante general de la Policía Nacional al presidente de la República. El documento deberá señalar el territorio donde se requiere la intervención, los delitos que se busca combatir y las razones por las que la institución policial no puede responder con sus propios recursos.

Posteriormente, el mando militar deberá presentar un informe sobre la necesidad, pertinencia y alcance de la operación. Ambos documentos serán examinados por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).

Si el pedido recibe un informe favorable, el presidente podrá emitir un decreto ejecutivo que delimite la participación militar. Según el texto constitucional, el mandatario deberá notificarlo a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional dentro de las 24 horas posteriores a su firma.

Este procedimiento diferencia el apoyo complementario de un estado de excepción. En el nuevo mecanismo no se suspenderán ni limitarán derechos mediante una declaratoria excepcional; se autorizará una intervención específica para enfrentar determinados delitos.

¿Cuánto tiempo podrán permanecer los militares?

El apoyo de las Fuerzas Armadas podrá durar hasta 180 días. Si las condiciones que originaron la intervención continúan, se permitirá una sola renovación por un máximo de 30 días adicionales.

La operación también podrá terminar antes de que se cumpla ese plazo si desaparecen las causas que la motivaron. El decreto presidencial deberá establecer la zona de intervención, los objetivos, la duración y el ámbito de actuación de los militares.

La temporalidad busca impedir que la participación militar en la seguridad interna se convierta en una medida permanente. Además, la Corte Constitucional realizará un control formal y material posterior del decreto y la Asamblea ejercerá control político.

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¿Qué límites tendrán las Fuerzas Armadas?

La aprobación del proyecto no concede facultades ilimitadas a los militares. Su actuación continuará sometida a la Constitución, a la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y a los estándares internacionales de derechos humanos.

El uso de la fuerza deberá respetar los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. Esto implica que no podrá emplearse fuerza física o armamento de manera indiscriminada ni como primera respuesta cuando existan alternativas menos lesivas.

La fuerza potencialmente letal solo puede utilizarse bajo condiciones estrictas, principalmente cuando exista una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. La sola presencia de una persona en una zona intervenida, su apariencia o su negativa a responder preguntas no justifican por sí mismas una agresión.

Los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía también serán responsables administrativa, civil o penalmente por los abusos que cometan durante los operativos. Una orden superior manifiestamente ilegal no elimina esa responsabilidad.

¿Qué derechos conservan los ciudadanos?

La presencia militar no suspende los derechos constitucionales. Durante un control u operativo, los ciudadanos mantienen, entre otras, las siguientes garantías:

En caso de flagrancia, los miembros de la fuerza pública pueden realizar una aprehensión, pero la persona deberá ser entregada a las autoridades competentes. La intervención militar no convierte a los uniformados en jueces ni les permite imponer castigos.

Tampoco desaparece la inviolabilidad del domicilio. El ingreso a una vivienda requiere, como regla general, una orden judicial, salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, como una situación de flagrancia o la necesidad de auxiliar a una persona en peligro.