Mike Antamba estuvo allí cuando nació su hija. Era 19 de agosto de 2026 y su esposa, Lizbeth Salta, había ingresado al hospital de Riobamba para dar a luz mediante cesárea.

El padre asegura que pudo observar a la recién nacida desde sus primeros minutos de vida. Hay un detalle de ese momento que ahora considera fundamental: según su testimonio, la bebé nació sin ampollas, heridas ni alteraciones visibles en la piel. Horas después, la escena era distinta.

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Cuando volvió a tener contacto con su hija, asegura que encontró lesiones en su cuerpo y desprendimiento de piel. “Es algo que realmente no voy a olvidar”, recuerda

Desde entonces han pasado dos semanas de curaciones, exámenes, cuestionamientos y versiones contrapuestas. Lo que comenzó como el reclamo de dos padres que buscaban saber qué había ocurrido dentro del hospital ahora forma parte de una investigación de Fiscalía por presuntas lesiones relacionadas con el incumplimiento del deber objetivo de cuidado.

Esta es la cronología del caso

19 de agosto: nace la bebé y aparecen las lesiones

Según el relato de la familia, después del nacimiento la niña fue llevada para ser vestida y posteriormente permaneció en una cuna de calor radiante.

Los padres sostienen que fue después de ese momento cuando observaron las primeras lesiones.

La niña presentó ampollas y afectaciones en distintas zonas del cuerpo, entre ellas el rostro, brazos y manos. Una de las heridas se encuentra cerca de uno de sus ojos, situación que desde el inicio provocó preocupación en la familia por posibles secuelas.

Durante los siguientes días, los padres aseguran que recibieron diferentes explicaciones sobre lo que podía estar ocurriendo.

La familia cuestionó esas respuestas y empezó a buscar que se esclareciera si las lesiones estaban relacionadas con la atención recibida dentro del hospital.

Hasta ahora, sin embargo, no existe una conclusión técnica definitiva sobre qué las provocó.

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24 de agosto: la bebé recibe el alta

Cinco días después de su nacimiento, la recién nacida salió del hospital.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) sostiene que, una vez identificadas las lesiones, la niña recibió atención inmediata y multidisciplinaria.

Fue valorada por especialistas de Neonatología, Dermatología, Cirugía Plástica y Oftalmología y posteriormente recibió el alta.

Pero salir del hospital no significó, según sus padres, que el problema hubiera terminado.

La familia continuó realizando curaciones en casa. El padre asegura que algunas heridas han empezado a cicatrizar, aunque otras lesiones en el rostro y los brazos todavía requieren limpieza y cuidados diarios.

La denuncia presentada por Mike Antamba abrió una nueva etapa.

Dentro del proceso se practicó un reconocimiento médico-legal a la recién nacida. El examen, realizado por el médico Edison Ortega, fue incorporado al expediente y estableció 35 días de incapacidad.

A partir de la denuncia y de los elementos recopilados, Fiscalía investiga la presunta comisión de un delito relacionado con lesiones por infringir el deber objetivo de cuidado. Esto no determina todavía una responsabilidad.

Las diligencias deberán establecer cómo se produjeron las lesiones, qué ocurrió durante la atención de la niña y si alguna persona incumplió los cuidados que debía observar.

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31 de agosto: Fiscalía vuelve al hospital

Doce días después del nacimiento, la investigación regresó al lugar donde comenzó todo.

El lunes 31 de agosto se realizó un reconocimiento en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba.

En la diligencia participaron representantes de Fiscalía, los padres de la bebé y sus abogados. Los medios de comunicación no tuvieron acceso al procedimiento.

Javier Daqui, abogado de la familia, explicó que la investigación tiene carácter reservado, por lo que no puede revelar todos los elementos encontrados durante las diligencias.

La defensa ha solicitado al hospital información sobre médicos, internos, enfermeras y demás personas que estuvieron en el área de partos durante la jornada del nacimiento. Además, se han convocado versiones dentro de la investigación.

El objetivo es reconstruir qué pasó entre dos momentos: cuando los padres aseguran haber visto a su hija recién nacida sin lesiones y cuando volvieron a encontrarla con afectaciones en la piel.

MSP: todavía no se puede señalar a la cuna de calor

Mientras la investigación avanza, el Ministerio de Salud Pública ha pedido cautela respecto al origen de las lesiones.

La institución informó que todavía se analizan distintas posibilidades médicas y señaló que no corresponde atribuir anticipadamente las heridas al funcionamiento de la cuna de calor radiante mientras no existan resultados técnicos concluyentes.

Como parte de las verificaciones se revisan la historia clínica, los protocolos aplicados, las valoraciones de los especialistas, los informes del personal y el funcionamiento de los equipos utilizados.

El MSP añadió otro elemento: otros 11 recién nacidos fueron atendidos en la misma cuna de calor radiante durante esa jornada y no se registraron eventos similares.

Ese antecedente también deberá ser considerado dentro de la investigación.

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La posibilidad de llevarla al Baca Ortiz

El Ministerio también informó que coordinó la posibilidad de trasladar a la niña al Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en Quito, para una evaluación de mayor complejidad.

Según el comunicado oficial, al momento de informar sobre esta alternativa todavía estaba pendiente el consentimiento de los padres.

La defensa de la familia ha señalado que un eventual traslado representa dificultades adicionales. Los padres no son oriundos de Riobamba, permanecen allí mientras cuidan a la recién nacida y la madre todavía se recupera de la cesárea.

También analizan la posibilidad de obtener valoraciones médicas particulares.

2 de septiembre: dos versiones y una pregunta todavía sin respuesta

Han pasado 14 días desde el nacimiento.

Por un lado, el MSP señala que la niña fue dada de alta en buen estado de salud, recibió atención de varias especialidades y que todavía no existen resultados técnicos que permitan establecer qué produjo las lesiones.

Por otro, sus padres sostienen que la recuperación continúa, que deben realizar curaciones diariamente y que quieren saber qué ocurrió durante el tiempo en que su hija permaneció bajo atención hospitalaria.

Entre ambas versiones está la investigación fiscal.

Las pericias médicas, la revisión de los equipos, la historia clínica, las versiones del personal y las demás diligencias deberán determinar qué ocurrió durante aquellas primeras horas.

Para Mike y Lizbeth, la pregunta sigue siendo la misma que apareció después del nacimiento de su hija: ¿cómo una bebé que, según ellos, nació sin lesiones terminó horas después con heridas en varias partes de su cuerpo?

“Nosotros lo único que solicitamos es justicia”, sostiene el padre.

Lo que debes saber

• 66.262 ciudadanos fueron seleccionados para integrar las Juntas Receptoras del Voto en Guayas.
• La capacitación a los designados comenzará el 7 de septiembre.
• Los estudiantes universitarios representan el 92,21 % de los seleccionados.

La Delegación del Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el sorteo electrónico para seleccionar a los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), el miércoles 2 de septiembre, de cara al próximo proceso electoral. En total, 66.262 ciudadanos fueron escogidos para cumplir esta función.

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Capacitación empezará el 7 de septiembre

Rosa Tapia, directora de la Delegación Electoral del Guayas, informó que los seleccionados serán notificados entre el 4 de septiembre y el 14 de noviembre de 2026. No obstante, las jornadas de capacitación comenzarán desde el 7 de septiembre.

Universitarios son mayoría

Del total de integrantes escogidos, el 92,21 % corresponde a estudiantes universitarios, es decir, 61.100 personas. El segundo grupo más numeroso está conformado por empleados privados, que representan el 4,94 %, con 3.270 ciudadanos.

Los funcionarios públicos constituyen el 1,81 % de la nómina, equivalente a 1.196 personas. A ellos se suman 100 residentes de zonas rurales, que representan el 0,17 % y pertenecen a asociaciones comunitarias, comités pro mejoras, juntas de agua y otras organizaciones de carácter comunitario y rural.

Además, 586 ciudadanos, equivalentes al 0,88 %, fueron considerados dentro del padrón electoral para completar la nómina. La selección se realizó mediante un sorteo electrónico, con la presencia de la notaria pública Mariana Salcedo.

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Autoridades participaron en el sorteo

En la jornada también estuvieron presentes los integrantes de la Delegación Provincial Electoral, encabezados por Rosa Tapia, presidenta del organismo, junto con los vocales Abraham Hanna, Daniel Veintimilla y Ángela Barragán. Asimismo, participaron Maite Correa, presidenta de la Junta Provincial Electoral del Guayas, y Pedro Gómez, vicepresidente de esa instancia.

Guayas tendrá 9.466 juntas

De acuerdo con información proporcionada por la Delegación Electoral Provincial, en Guayas funcionarán 9.466 Juntas Receptoras del Voto distribuidas en 584 recintos electorales. Estas estructuras estarán habilitadas para recibir a los electores durante la jornada correspondiente.

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Candidaturas pasan a fase de impugnación

En cuanto a la oficialización de las candidaturas para la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, Pedro Gómez, vicepresidente de la Junta Provincial Electoral del Guayas, señaló que las postulaciones ya fueron aprobadas por el organismo electoral provincial. No obstante, todavía pueden ingresar a una nueva etapa de impugnación ante el CNE, en Quito, y posteriormente ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Gómez aseguró que ninguna de las candidaturas a la Alcaldía de Guayaquil ha sido objetada hasta el momento en la sede provincial. Sin embargo, no precisó hasta qué fecha podrán presentarse impugnaciones en las siguientes instancias.

Presidenta evitó declaraciones

Sobre este asunto, Maite Correa, presidenta de la Junta Provincial Electoral del Guayas, prefirió no emitir declaraciones ante los medios de comunicación. Al finalizar el sorteo electrónico de los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto, abandonó rápidamente el Salón de la Democracia, donde se desarrollaba el evento, pese a la solicitud de la prensa para dialogar con ella.

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria aprobó el 20 de agosto de 2026 la Resolución JPRFM-2026-033-F, que modificó las reglas del Registro de Datos Crediticios y de los burós. La información podrá conservarse durante cuatro años, en lugar de seis, mientras los reportes crediticios considerarán las operaciones de los últimos dos años y no de los tres anteriores.

Sin embargo, la medida regula el tratamiento y la permanencia de los datos crediticios, pero no establece la prescripción automática de las obligaciones. Por eso, una deuda puede dejar de aparecer en un reporte y continuar vigente jurídicamente. 

El abogado Carlos Salmón Alvear, especializado en derecho municipal, constitucional y laboral, explica que primero debe existir una obligación determinada y exigible. Es decir, debe conocerse con claridad cuánto se adeuda y desde qué momento corresponde realizar el pago.

“Cuando nosotros hablamos de deuda es hablar de algo en firme, que está claro, que conozco con exactitud cuánto es lo que realmente debo”, precisa.

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Salir del historial crediticio no extingue la deuda

Uno de los principales efectos de la resolución es limitar el tiempo durante el cual la información puede permanecer en el historial crediticio. Esto busca proteger los datos y la imagen financiera de las personas, pero no elimina el origen de la obligación.

“Que una deuda aparezca en el historial crediticio no significa necesariamente que yo la deba. Y que una deuda desaparezca del historial crediticio no significa que, obviamente, no se deba”, sostiene Salmón.

La obligación puede originarse en un préstamo, cheque, letra de cambio, contrato o servicio recibido. Su aparición en un buró depende, entre otros aspectos, de que el acreedor reporte la operación. Por ello, no todas las deudas necesariamente constan en esos registros.

El abogado resume la diferencia de esta manera: “El que se reporte no significa que la obligación legalmente existe. El que se la borre no significa que la obligación deje de existir o esté pagada”.

De esta forma, la eliminación de un dato del reporte crediticio y la prescripción son procesos distintos. El primero se relaciona con la conservación de información personal; el segundo, con la posibilidad jurídica de exigir el pago.

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¿Cuándo puede prescribir una deuda?

Según Salmón, la prescripción puede presentarse cuando el acreedor no ejerció la acción correspondiente dentro del plazo establecido por la ley y, durante ese periodo, el deudor tampoco reconoció la obligación.

“Prescribe lo que no se toque, lo que no se intente cobrar y, por otro lado, lo que no se reconozca como una deuda”, explica.

No existe un único plazo aplicable a todas las obligaciones. Su duración depende de la naturaleza de la deuda, debido a que las obligaciones civiles, tributarias y de otras clases están sometidas a reglas diferentes.

El plazo empieza a contarse cuando la obligación se vuelve exigible. Por ejemplo, si una persona recibe un préstamo que debe pagar dentro de un año, el acreedor no puede exigirlo antes de la fecha acordada. El cómputo aplicable comenzaría cuando se cumpla ese periodo y el deudor no pague.

Las circunstancias personales tampoco eliminan la obligación. Problemas económicos, enfermedades familiares, desempleo o una quiebra pueden explicar el incumplimiento, pero no producen por sí solos la prescripción.

Reconocer o pagar una parte puede interrumpir el plazo

Una comunicación también puede tener consecuencias. Si el deudor responde un correo de cobranza, solicita más tiempo, acepta que debe el dinero o propone una fórmula de pago, estaría reconociendo la obligación.

“El reconocimiento de la deuda por parte del deudor y, por otro lado, el ejercicio de alguna acción judicial de cobro” pueden interrumpir el plazo, señala Salmón.

Lo mismo puede ocurrir cuando se realiza un abono parcial o se firma un refinanciamiento. “Si yo pago parcial, estoy reconociendo que debo 100, pero solamente puedo pagar 50. Un refinanciamiento es reconocer la deuda, reconocer la obligación”, ejemplifica.

Por esta razón, antes de responder una gestión de cobranza relacionada con una obligación antigua, la persona debe conocer las posibles consecuencias jurídicas de sus actuaciones.

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La prescripción debe ser reconocida judicialmente

Aunque haya transcurrido el plazo correspondiente, el deudor no debería asumir que la deuda está formalmente prescrita. Para que produzca efectos dentro de una controversia, la prescripción debe ser alegada y reconocida por un juez.

“Las deudas no prescriben jurídicamente simplemente por el paso del tiempo. Necesitan un reconocimiento”, afirma el abogado.

Una de las posibilidades aparece cuando el acreedor presenta una demanda. En ese escenario, el deudor puede alegar la prescripción como excepción y demostrar que el cobro no fue iniciado en el periodo permitido.

“La prescripción lo que hace es tener la posibilidad de decir judicialmente en un juicio: ‘No me puedes cobrar’. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo que marca la ley para esta clase de obligaciones”, señala Salmón.

Cuando se declara la prescripción, el cobro judicial deja de ser eficaz. Sin embargo, la obligación puede convertirse en natural: ya no puede exigirse judicialmente con resultados efectivos, pero el deudor conserva la posibilidad de pagarla voluntariamente.

La consecuencia cambia si se trata de recursos públicos

Para el acreedor privado, la declaración judicial implica retirar de sus previsiones un crédito que ya no podrá recuperar por la vía coercitiva. Sin embargo, el escenario cambia cuando la obligación corresponde a una institución pública.

En estos casos, la deuda involucra recursos públicos y puede generar responsabilidades para el funcionario que debía efectuar el cobro dentro del plazo correspondiente.

“En el sector privado, como es su patrimonio, no pasa nada; pero en el sector público, como es un recurso público, es distinto. Ahí tiene que haber un responsable”, explica Salmón.

La nueva resolución, por tanto, no representa una eliminación general de las deudas ni un mecanismo automático para dejar de pagarlas. Su efecto principal está en el tiempo de conservación de los datos crediticios. La existencia, exigibilidad y prescripción de cada obligación deberá revisarse según su naturaleza, sus plazos y las actuaciones realizadas tanto por el acreedor como por el deudor.

Los puntos claves

• El Plan Nacional de Primera Infancia 2026-2030 está dirigido a más de 1,5 millones de niños y niñas de hasta seis años en Ecuador.
• 
  El plan establece cinco ejes principales: salud, nutrición, atención receptiva, aprendizaje temprano y protección.
• 
  La aprobación del documento busca avanzar en la aplicación de la Ley de Primera Infancia, vigente desde 2025.
• 
  El reto ahora es llevar las medidas del plan a servicios y atención concreta para los niños y sus familias.

Más de 1,5 millones de niños de hasta seis años están contemplados en el nuevo Plan Nacional de Primera Infancia 2026-2030, aprobado la semana pasada en Ecuador. El documento plantea que el Estado concentre sus esfuerzos en cinco áreas: salud, nutrición, cuidado, aprendizaje temprano y protección. 

La propuesta busca atender las necesidades de los niños desde el embarazo y durante sus primeros seis años de vida. Una atención que las familias han reclamado durante años en el país.

Según informó la agencia de noticias EFE, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó la aprobación del documento y la consideró un paso importante para aplicar la Ley de Primera Infancia, vigente desde el año pasado.

“Ecuador da un paso que puede cambiar la historia de sus niños y niñas”, señaló Arturo Romboli, representante de Unicef en Ecuador. Según el organismo, lo que ocurre durante el embarazo y los primeros años puede influir en la salud, el aprendizaje y el bienestar de una persona durante toda su vida.

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¿Qué plantea el plan?

El documento establece cinco ejes principales: buena salud, nutrición adecuada, atención receptiva, oportunidades para el aprendizaje temprano y protección y seguridad.

También contempla cuatro áreas que servirán de soporte: coordinación entre instituciones, seguimiento e información, fortalecimiento de las capacidades del Estado y financiamiento.

La intención es que estas acciones no dependan de una sola institución. El plan fue elaborado por la Vicepresidencia, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, representantes de la sociedad civil y la academia, con apoyo técnico de Unicef, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF.

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La parte más difícil empieza ahora

La aprobación del plan es apenas el primer paso. Ahora toca llevar lo que está escrito en el documento a los servicios que reciben los niños y sus familias. 

Unicef sostiene que una mayor atención a la primera infancia puede ayudar a reducir desigualdades y mejorar las condiciones de desarrollo del país.

Romboli señaló que el siguiente paso será lograr que el plan se cumpla en la práctica. Hasta 2030, el desafío será saber cuánto de lo planteado termina llegando a los niños más pequeños.

Lo que debes saber

• 212 municipios entregaron planes ante el Niño en Ecuador durante la alerta roja.
• Esmeraldas enfrenta riesgo en sus siete cantones por lluvias y efectos del Niño.
• AME reporta 1.800 maquinarias listas para emergencias por inundaciones y deslizamientos.

La alcaldesa de Muisne y presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Yuri Colorado, aseguró que los municipios han incrementado los esfuerzos para cumplir con los requerimientos establecidos por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entidad que recientemente cuestionó que varios gobiernos locales aún no hayan completado la totalidad de sus planes de acción.

Según Colorado, cuando se emitió la alerta naranja fueron convocados 143 municipios considerados de mayor exposición al riesgo. De acuerdo con la dirigente, los 143 gobiernos locales presentaron sus planes de contingencia. Posteriormente, con la declaratoria de alerta roja, la exigencia se extendió a los 222 municipios del país.

"Con corte al día de ayer, 212 municipios ya habían entregado sus planes, lo que representa más del 96 %", señaló Colorado. Agregó que la AME mantiene acompañamiento técnico a los cantones que aún están pendientes de presentar documentación antes de que concluya el plazo fijado para esta semana.

Riesgo pide más que la entrega de documentos

La discusión, sin embargo, no se limita a la presentación de los planes. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha señalado que una cosa es la entrega formal de los documentos y otra que estos cumplan con los estándares técnicos requeridos para enfrentar una emergencia de gran magnitud.

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Los protocolos deben incluir la identificación de zonas vulnerables, población expuesta, mapas de amenaza, sistemas de alerta temprana, rutas de evacuación, alojamientos temporales y mecanismos de respuesta inmediata.

Para los municipios, estas herramientas constituyen la base de actuación ante eventuales inundaciones, deslizamientos o afectaciones derivadas de lluvias intensas. "Un plan de contingencia es una hoja de ruta para proteger vidas, infraestructura y medios de subsistencia", sostuvo Colorado.

Prevención bajo la lupa

Uno de los principales desafíos señalados por especialistas en gestión de riesgos ha sido la capacidad de prevención de los gobiernos locales, especialmente en tareas como la limpieza de alcantarillas, quebradas, drenajes y cauces de ríos.

En los últimos años, varias emergencias registradas en distintas ciudades del país han estado relacionadas con el colapso de sistemas de drenaje o la acumulación de desechos que impiden la evacuación del agua lluvia.

Frente a ello, la presidenta de la AME afirmó que los municipios mantienen labores permanentes de limpieza de cunetas, desazolve de ríos y monitoreo de zonas vulnerables. No obstante, insistió en que la prevención también requiere del apoyo ciudadano para evitar el depósito de basura en alcantarillas, quebradas y canales. "La corresponsabilidad es fundamental. No es una tarea exclusiva de los municipios", indicó.

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Recursos y asistencia humanitaria

Durante una asamblea extraordinaria realizada por la AME, los alcaldes aprobaron una reforma estatutaria que permitirá liberar recursos para fortalecer la asistencia humanitaria ante posibles emergencias.

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La medida contempla aproximadamente dos millones de dólares para la adquisición de raciones alimenticias y ayuda destinada a poblaciones afectadas en caso de eventos adversos.

A esto se suma el anuncio del Gobierno sobre la disponibilidad de recursos para enfrentar la emergencia climática. Según Colorado, los municipios también han recibido transferencias que buscan fortalecer su capacidad de respuesta y financiar acciones preventivas dentro de sus territorios.

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En el caso de Muisne, la alcaldesa señaló que la experiencia acumulada tras anteriores eventos naturales ha permitido fortalecer los protocolos de actuación y capacitar al personal técnico encargado de responder ante emergencias.

Además, la AME realizó un catastro nacional de equipos disponibles para enfrentar posibles afectaciones. Según Colorado, los municipios ubicados en zonas de riesgo cuentan con cerca de 1.800 maquinarias inventariadas para labores de respuesta y atención.

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En Muisne, uno de los más afectados ha sido el sector pesquero. La alcaldesa señaló que problemas como la proliferación de la denominada jaiba mora han generado daños en la pesca y afectado la actividad de numerosas familias que dependen de esta actividad.

Frente a este escenario, las autoridades locales han activado medidas de apoyo que incluyen bonos y asistencia alimentaria para los pescadores perjudicados.

Lo que se sabe 

• El Consejo Provincial del Guayas aprobó un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) para ejecutar dos proyectos hídricos enfocados en prevención y mitigación ante El Niño.
  
• Las obras de la cuenca del río Pedro Carbo alcanzarán a Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Nobol y Daule; mientras que el segundo proyecto se ejecutará en Naranjal, con trabajos de riego y drenaje.
• La provincia mantiene acciones preventivas mientras Ecuador enfrenta un escenario de alerta por el fenómeno.

La preocupación por los posibles efectos del fenómeno de El Niño ha aumentado en Ecuador ante el escenario climático previsto para los próximos meses.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró el pasado 29 de agosto la alerta roja en todo el país, mientras los organismos de monitoreo advierten sobre posibles impactos principalmente en la Costa. Guayas es una de las provincias consideradas más vulnerables: el Plan de Acción Nacional identifica a sus 25 cantones dentro del área de influencia del evento.

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En este contexto, el Consejo Provincial del Guayas aprobó por unanimidad una inversión de $66 millones para dos proyectos hídricos, destinados a mitigar posibles impactos de El Niño y otros riesgos asociados a la variabilidad climática.

¿Cuándo se tomó la decisión? 

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria del organismo, realizada este 1 de septiembre y encabezada por el prefecto Carlos Encalada. La provincia ya ha registrado inundaciones durante 2026, mientras las autoridades preparan obras de prevención ante un escenario de mayores precipitaciones.

Zonas beneficiadas 

El primero de los proyectos se ejecutará en la cuenca del río Pedro Carbo e incluirá trabajos de mejoramiento de la sección hidráulica, limpieza y desazolve de los cuerpos hídricos que forman parte de esta cuenca. Las obras buscan reducir el riesgo de inundaciones y beneficiarán a los cantones de Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Nobol y Daule. 

La necesidad de reforzar este tipo de infraestructura toma relevancia en una provincia donde históricamente las lluvias intensas y el desbordamiento de ríos han generado afectaciones a poblaciones y zonas productivas

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El segundo proyecto corresponde al sistema de molienda de Paují, en Naranjal, donde se contempla la construcción y rehabilitación integral de infraestructura de riego y drenaje en la parroquia y el cantón. El financiamiento para ambos proyectos será posible mediante un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), cuya viabilidad técnica, financiera y jurídica fue aprobada por el Consejo Provincial.

Plan de prevención

Durante la sesión también se presentó la actualización del Plan Provincial de Riego y Drenaje de Guayas con Visión 2030, desarrollado junto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con una cartera cercana a $5 millones para modernizar la gestión del agua y fortalecer los sistemas de riego y drenaje. 

El plan contempla trabajar con 144 juntas de riego y drenaje y priorizar la participación de 4.153 mujeres titulares. A esto se suma el plan emergente Guayas en Acción, que cuenta con $56 millones, de los cuales $12 millones ya se destinan a trabajos preventivos. Como parte de esta estrategia, para octubre está previsto un simulacro para evaluar la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones y reducir los riesgos para la población, la infraestructura y el sector agrícola de la provincia.

Lo que debes saber 

• La exposición de datos sin consentimiento puede generar sanciones administrativas, incluso si el afectado no sufrió una pérdida económica.
  
• Si los datos se utilizan para estafas, extorsiones o suplantación de identidad, el caso puede derivar en acciones civiles o penales.
  
• El afectado puede pedir la eliminación o rectificación de sus datos y denunciar el caso ante la Superintendencia de Protección de Datos.

La información personal de miles de ecuatorianos permanece almacenada en instituciones públicas, empresas privadas y plataformas digitales. Nombres, números de cédula, direcciones, correos electrónicos, datos financieros e información médica pueden quedar expuestos por ataques informáticos, fallas de seguridad o un manejo inadecuado.

El debate también alcanza a los portales públicos que permiten consultar información sobre accionistas, representantes legales, balances o declaraciones patrimoniales. Aunque algunos de estos documentos responden al principio de transparencia, su difusión abre una discusión sobre qué información debe estar disponible y qué datos deberían protegerse.

En un país atravesado por extorsiones, secuestros y suplantaciones de identidad, esta exposición no representa únicamente una afectación a la privacidad. Los datos también pueden ser utilizados para identificar a una persona, conocer su patrimonio o ubicarla.

Felipe Dueñas, abogado especializado en protección de datos, explica que el uso no autorizado de esta información puede generar responsabilidades administrativas y, dependiendo de sus consecuencias, derivar en acciones civiles o penales.

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¿Qué información está protegida en Ecuador?

Un dato personal es cualquier información que permita identificar directa o indirectamente a una persona. Dentro de esta categoría pueden encontrarse el nombre, la dirección, el tipo de sangre, la información genética y otros elementos relacionados con la identidad.

La legislación establece una protección reforzada para determinados datos, como aquellos correspondientes a niñas, niños y adolescentes, así como la información relacionada con la salud, las opiniones políticas y otros aspectos sensibles de la vida de una persona.

“Nadie tiene por qué conocer si una persona tiene una enfermedad o una condición”, señala Dueñas al explicar por qué esta información exige mayores cuidados durante su recopilación, almacenamiento y utilización.

Aunque considera que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ofrece herramientas suficientes, advierte que Ecuador todavía atraviesa un proceso de adaptación. Empresas, instituciones y ciudadanos deben desarrollar una cultura que permita manejar la información ajena conforme a la normativa.

Dueñas recuerda que la afectación no ocurre únicamente durante filtraciones masivas. También puede presentarse cuando una empresa utiliza los datos de sus clientes para finalidades que no fueron autorizadas o cuando una persona comienza a recibir llamadas y ofertas comerciales que nunca solicitó.

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¿Cuándo la exposición de datos se vuelve ilegal?

La utilización de datos personales debe estar respaldada por una base legal. Esta puede derivarse del consentimiento del titular, de una obligación contractual, de una disposición legal o de una orden judicial, según cada caso.

Cuando se solicita el consentimiento, la persona debe conocer qué información será recopilada, con qué finalidad será utilizada, durante cuánto tiempo permanecerá almacenada y si puede revocar la autorización posteriormente.

“Si no se cumple con esos requisitos, sería técnicamente ilegal”, sostiene Dueñas.

Para presentar una denuncia no es indispensable que la exposición haya provocado una pérdida económica. El titular puede reclamar si sus datos fueron utilizados sin autorización, si contienen errores o si la información difundida es incompleta.

En esos casos, la persona puede acudir primero ante la institución, empresa o página responsable para solicitar la eliminación, rectificación o actualización de los datos. También puede presentar directamente una denuncia ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales.

Una filtración puede generar responsabilidades administrativas, civiles y penales

Cuando una institución pública o privada permite la exposición de información que estaba bajo su custodia, puede enfrentar una responsabilidad administrativa y las sanciones previstas en la legislación de protección de datos.

La gravedad de las consecuencias dependerá de la información comprometida, la magnitud de la exposición y las medidas preventivas que hubiera aplicado la entidad.

Dueñas señala que debe diferenciarse entre un ataque informático que logra superar los controles de seguridad y una filtración facilitada por negligencia. Una organización podría demostrar que mantenía sus sistemas actualizados, realizaba auditorías, limitaba los accesos internos y cumplía los protocolos exigidos. El escenario cambia cuando no existían esas precauciones.

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“No es lo mismo que una institución demuestre que cumplió con todos los protocolos a que no haya hecho nada”, explica. La falta de controles o el incumplimiento de las obligaciones correspondientes podría influir en la severidad de la sanción.

Además, la institución debe informar el incidente a la Superintendencia y al titular de los datos, junto con las acciones adoptadas para contenerlo.

Si la información expuesta termina siendo utilizada para estafar, falsificar documentos o suplantar una identidad, el caso puede pasar del ámbito administrativo al penal. Asimismo, cuando existe un daño demostrable, el afectado podría reclamar una indemnización por los perjuicios ocasionados.

Un dato público no puede utilizarse sin límites

La presencia de información en un registro de acceso público no significa necesariamente que cualquier persona pueda descargarla, almacenarla y difundirla con una finalidad diferente.

Esta discusión alcanza a portales como el de la Superintendencia de Compañías, donde se puede consultar información sobre representantes legales y accionistas. 

Dueñas reconoce que en este ámbito existe una “línea gris”: la ciudadanía puede tener un interés legítimo en conocer quién controla una compañía, especialmente cuando mantiene relaciones contractuales con el Estado, pero los accionistas también conservan derechos sobre sus datos personales.

El análisis debe considerar la finalidad de la publicación y su relevancia para el interés público. También debe distinguir entre los datos necesarios para transparentar las actividades de una empresa y aquellos cuya exposición podría afectar injustificadamente a una persona.

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Transparencia y privacidad de los funcionarios públicos

La protección de datos tampoco debe utilizarse para impedir la fiscalización de quienes ejercen cargos públicos. Dueñas sostiene que los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio cuando la información se relaciona con sus funciones o con la administración de recursos estatales.

Sin embargo, eso no implica que todos los aspectos de su vida deban quedar expuestos. La información familiar, médica, genética o relacionada con sus hijos debe conservarse como privada cuando no tenga incidencia en la gestión pública.

En el caso de una declaración patrimonial, el desafío consiste en garantizar el control sobre los bienes y posibles variaciones patrimoniales del funcionario sin divulgar información innecesaria que pueda aumentar sus riesgos de seguridad.

Para Dueñas, la normativa ecuatoriana brinda actualmente una protección adecuada, aunque su aplicación debe evolucionar conforme avanza la tecnología. También considera necesario evaluar las capacidades de cada organización, pues una empresa grande no dispone de los mismos recursos que un pequeño negocio.

El reto para las autoridades será encontrar un equilibrio: exigir controles suficientes sin imponer cargas desproporcionadas y actuar con firmeza cuando la exposición de información coloque a los ciudadanos frente a amenazas reales. En medio del incremento de extorsiones y secuestros, proteger los datos ya no constituye solamente una discusión sobre privacidad, sino también sobre seguridad personal.

Lo que debes saber

• Petro y Correa propusieron en México una alianza antinarcotráfico el 1 de septiembre.
• La iniciativa busca cooperación regional con justicia social y democracia.
• Petro no detalló cómo operará la alianza ni qué países participarán.

La reunión que mantuvieron en Ciudad de México los expresidentes Rafael Correa y Gustavo Petro volvió a colocar en la agenda regional uno de los temas más sensibles para América Latina: la lucha contra el narcotráfico. 

Tras el encuentro, Petro anunció que ambos conversaron sobre la necesidad de construir una “verdadera alianza antinarcotráfico”, una iniciativa que, según explicó, debería estar basada en la justicia social, el fortalecimiento de la democracia y una mayor integración entre los países de la región.

La declaración, difundida a través de las redes sociales del exmandatario colombiano, no estuvo acompañada de una propuesta formal ni de mecanismos concretos de cooperación. Tampoco se detalló qué países podrían formar parte de la iniciativa, cuáles serían sus fuentes de financiamiento o cómo se articularía con los esquemas de seguridad ya existentes en la región.

Un enfoque distinto al modelo tradicional

Para Gabriel Pérez, experto en seguridad, el planteamiento de Petro sugiere una visión diferente a la estrategia de "guerra contra las drogas" que durante décadas ha predominado en América Latina. "En sus declaraciones, el exgobernante vinculó el combate al narcotráfico con factores sociales y económicos, argumentando que el problema no puede resolverse únicamente mediante acciones policiales o militares".

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Esta postura no es nueva. Durante su mandato en Colombia, Petro cuestionó reiteradamente la eficacia de las políticas enfocadas exclusivamente en la erradicación de cultivos ilícitos y en la persecución de las organizaciones criminales, defendiendo en cambio estrategias dirigidas a reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades económicas en territorios afectados por la violencia.

La referencia a una alianza basada en la justicia social apunta precisamente a esa línea de pensamiento: atacar las condiciones que facilitan el reclutamiento de personas por parte de redes criminales y fortalecer la presencia del Estado en zonas históricamente abandonadas.

¿Qué significa para Ecuador?

La propuesta adquiere relevancia para Ecuador en un contexto de creciente violencia vinculada al narcotráfico. El país se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de salida de cocaína hacia Europa y Norteamérica, debido a su ubicación estratégica, la cercanía con Colombia y Perú, y la infraestructura portuaria del Pacífico.

Las organizaciones criminales que operan en Ecuador mantienen vínculos con carteles internacionales, estructuras colombianas y mafias europeas, lo que dificulta una respuesta aislada. En ese escenario, una eventual alianza regional podría traducirse en mayores niveles de intercambio de inteligencia, control fronterizo y coordinación judicial.

Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia de que la iniciativa anunciada por Petro y Correa contemple ese tipo de mecanismos operativos.

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El componente político

Más allá de la seguridad, el encuentro tuvo una marcada dimensión política. Petro afirmó que la reunión también buscó fortalecer los espacios de comunicación e integración del progresismo latinoamericano. Además, durante su visita a México se reunió con el excandidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz y abordó temas relacionados con la integración política del progresismo andino y caribeño.

Según Pérez, el anuncio mezcla objetivos de seguridad con una visión política regional compartida por ambos exmandatarios. "En ese sentido, la denominada “alianza antinarcotráfico” aparece asociada a una agenda más amplia de integración latinoamericana impulsada por sectores de izquierda en la región", agrega. 

Lo que debes saber

• Pichincha lidera los cambios de nombre en Ecuador con 4.996 trámites registrados hasta agosto de 2026.
• El Registro Civil contabilizó 113.849 cambios y rectificaciones de nombre entre 2024 y agosto de 2026.
• Cambiar el nombre cuesta $12 y rectificarlo $4; el trámite puede demorar hasta ocho días laborables.

Cambiar o corregir un nombre es un trámite al que cada vez más ciudadanos recurren en Ecuador. Las cifras del Registro Civil muestran que, entre 2024 y agosto de 2026, 113.849 personas realizaron procesos de cambio o rectificación de nombre a escala nacional.

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Solo en 2026 se han registrado 26.053 trámites. La provincia de Pichincha encabeza la lista con el mayor número de solicitudes alcanzando 4.996 rectificaciones o cambios de nombre. Le siguen Guayas con 4.866 y Manabí con 2.431.

El comportamiento de los últimos años también evidencia un número importante de estos procedimientos. En 2024 se contabilizaron 47.482 cambios o rectificaciones de nombre, mientras que en 2025 fueron 40.314.

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¿Cuál es la diferencia entre cambiar y rectificar un nombre?

Aunque suelen mencionarse como un mismo procedimiento, el cambio de nombre y la rectificación de nombre tienen objetivos diferentes.

El cambio de nombre es un derecho voluntario que permite a una persona mayor de edad modificar, alterar u ordenar sus nombres propios.

La rectificación, en cambio, está destinada a corregir errores tipográficos o de escritura presentes en los nombres originales. Esto puede incluir faltas de ortografía o letras incorrectamente registradas, siempre que no se modifique la estructura morfológica básica del nombre ni su sonido principal.

Estos procedimientos están contemplados en los artículos 10, 78 y 78.1 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, además de los artículos 25, 26 y 27 de su reglamento.

¿Cuánto cuesta cambiar o rectificar el nombre en Ecuador?

Para realizar el trámite, el ciudadano debe acudir a una agencia del Registro Civil a escala nacional y presentar su cédula de identidad.

También debe solicitar el servicio correspondiente, presentar el comprobante de pago y llenar el formulario oficial.

Los valores establecidos son:

Una vez realizado el procedimiento, la entrega del acta registral con los datos actualizados puede tomar hasta ocho días laborables.

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El cambio no se refleja automáticamente en otros registros

Un aspecto que deben considerar quienes modifican sus nombres es que la actualización realizada en el Registro Civil no necesariamente se replica de manera automática en los sistemas de otras instituciones.

Por ello, después de completar el trámite, cada ciudadano debe gestionar la actualización de sus nuevos datos ante entidades financieras, instituciones educativas, establecimientos de salud y otras organizaciones en las que conste su información personal.

El director general del Registro Civil, Jorge Osorio, señaló que la institución busca garantizar el derecho a la identidad mediante servicios que respondan a las necesidades de los ciudadanos.

El cambio y la rectificación de nombre, explicó, constituyen herramientas jurídicas que permiten ejercer el derecho a la identidad y respaldan la autonomía de las personas dentro del marco establecido por la legislación ecuatoriana.

La suspensión fue comunicada minutos antes de las 11:00, hora establecida para reinstalar la sesión. El primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, explicó que el tratamiento del proyecto se retomará cuando se concreten los consensos necesarios para someter el texto a votación.

El trámite legislativo comenzó su primer debate el 18 de agosto de 2026. Durante esa jornada, los asambleístas plantearon observaciones relacionadas con la tenencia compartida, los permisos parentales y la duración de las boletas de apremio por incumplimiento de pensiones alimenticias.

La reforma contiene 19 artículos, además de disposiciones reformatorias y transitorias. Sus cambios abarcan la tenencia de niñas, niños y adolescentes, las pensiones alimenticias, las licencias de maternidad, la violencia digital, la protección de adolescentes embarazadas y las condiciones del trabajo adolescente.

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Tenencia sin preferencia por el padre o la madre

Uno de los cambios centrales se relaciona con las reglas que deberán aplicar los jueces al resolver la tenencia de niñas, niños y adolescentes. La propuesta responde a la sentencia 28-15-IN/21 de la Corte Constitucional, que eliminó la preferencia materna como criterio para conceder el cuidado de los hijos.

Con la reforma, la decisión no podrá basarse en el sexo de los progenitores. Cada caso deberá evaluarse individualmente y considerar factores como la opinión del niño o adolescente, los vínculos afectivos, la capacidad de cuidado, la estabilidad familiar y la existencia de condiciones de vulnerabilidad.

La tenencia compartida tampoco se aplicaría de manera automática. Para concederla, el juez deberá comprobar que existe coordinación entre los progenitores y que la medida garantiza estabilidad y protección al menor.

Además, la propuesta determina que una persona con antecedentes de violencia no podrá ejercer la tenencia. El principio rector de la decisión será el interés superior de la niña, niño o adolescente.

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Nuevas reglas para las pensiones alimenticias

Las reformas también modifican las disposiciones relacionadas con el pago de alimentos. Los jueces y mediadores no podrán establecer pensiones inferiores a los valores contemplados en la tabla mínima vigente.

El proyecto propone que los gastos generados por la aplicación de medidas cautelares ante el incumplimiento sean asumidos por el deudor. Asimismo, plantea extender la vigencia de la boleta de apremio de 30 a 90 días y hasta 180 días cuando exista reincidencia.

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Durante el primer debate también se presentaron observaciones sobre la posibilidad de declarar imprescriptibles estas boletas. Ese planteamiento forma parte de los aspectos que deberán ser definidos antes de que el proyecto vuelva al Pleno.

Otra modificación contempla la elaboración de tablas diferenciadas para calcular las pensiones en casos de tenencia exclusiva y compartida. También se dispone la actualización del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

Licencias de maternidad y paternidad frenaron los acuerdos

El principal punto de desacuerdo entre las bancadas está relacionado con la ampliación de las licencias parentales. El texto propone elevar la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, tanto para las trabajadoras del sector público como para las del privado.

La iniciativa también refuerza la atención durante el embarazo, el parto, el posparto y la lactancia. Para ello, establece condiciones mínimas en los controles prenatales, la atención obstétrica y neonatal, el acompañamiento a la lactancia y el seguimiento después del nacimiento.

La protección sería mayor para las madres adolescentes y los recién nacidos con bajo peso. Sin embargo, el incremento de las licencias no alcanzó el respaldo suficiente para avanzar con la votación.

Torres sostuvo que una ampliación podría tener efectos negativos sobre la contratación laboral de las mujeres. Según el legislador, los empleadores ya asumen aproximadamente un 6,7 % de costos adicionales ante una eventual maternidad y un aumento de estos periodos podría reducir las oportunidades de empleo formal.

“Nosotros hemos dicho que es inconveniente para las propias mujeres”, manifestó el primer vicepresidente de la Asamblea, quien también señaló que el oficialismo no permitirá que la discrepancia sea utilizada para cuestionar al Gobierno.

Protección contra la violencia en entornos digitales

Otro eje del proyecto es la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de internet y las plataformas digitales. La propuesta incorpora una definición de violencia digital y amplía las medidas destinadas a proteger su integridad personal.

También prohíbe la difusión de contenidos relacionados con el abuso y la explotación sexual infantil, además del acercamiento o grooming con fines de explotación, reclutamiento, trata o tráfico.

En el ámbito educativo, el texto fortalece las garantías de acceso y permanencia en el sistema. Prohíbe la discriminación por embarazo o maternidad y establece medidas específicas para estudiantes con discapacidad.

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¿Qué plantea la reforma sobre el trabajo adolescente?

La propuesta mantiene el límite de seis horas diarias y cinco días por semana para los adolescentes que trabajan. La actividad laboral no podrá interferir con su educación ni impedir que continúen sus estudios hasta completar el bachillerato.

El texto también contempla sanciones proporcionales para los casos de trabajo infantil y de incumplimiento de las condiciones establecidas para el trabajo adolescente. La autoridad laboral tendrá la responsabilidad de investigar y aplicar las sanciones correspondientes.

La Asamblea todavía no ha establecido una nueva fecha para continuar el segundo debate. Su reanudación dependerá de los acuerdos que alcancen las bancadas sobre las licencias parentales y los demás puntos que permanecen en discusión.

La oferta se sumaría a los 360 MW que Ecuador actualmente puede importar desde Colombia, tras la reactivación del intercambio energético entre ambos países. Sin embargo, la interconexión eléctrica permite transferir un máximo de 450 MW, por lo que la capacidad para recibir energía adicional está limitada por ese techo.

Sin embargo, la iniciativa todavía debe ser analizada por las autoridades y entidades responsables del sector eléctrico. Además de las condiciones económicas, su ejecución dependerá de la capacidad de generación disponible en Colombia y de la infraestructura de transmisión que conecta a los dos países.

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Energía térmica llegaría mediante el sistema interconectado

Según la propuesta empresarial citada por Ecuavisa, los 282 MW adicionales se producirían en Colombia mediante plantas termoeléctricas que funcionan con gas natural o diésel. Posteriormente, la electricidad sería transportada hacia Ecuador a través del Sistema Nacional Interconectado.

Las tarifas planteadas partirían de $0,14 por kilovatio hora (kWh). El costo final, no obstante, dependería de las condiciones de los contratos, el combustible utilizado para la generación y el periodo durante el cual se mantenga el suministro.

La posibilidad de ampliar las importaciones surge mientras Ecuador se prepara para afrontar una eventual reducción de la generación hidroeléctrica. En julio de 2026, el ministro de Energía, Juan Carlos Blum, señaló que el sistema eléctrico enfrentaba un déficit estimado de 1.300 MW.

El viceministro de Energía, Javier Medina, aclaró que esa cifra corresponde al escenario más crítico analizado por las autoridades y no a una situación confirmada.

“Ese es el escenario más catastrófico que podría ocurrir, pero no es un hecho”, explicó el funcionario.

Los 1.300 MW representan una potencia cercana a los 1.500 MW de capacidad instalada de Coca Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del país. Esta planta puede cubrir aproximadamente una cuarta parte de la demanda nacional de electricidad.

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El déficit hídrico podría reducir la generación hidroeléctrica

A la brecha de generación se suma la posibilidad de un déficit hídrico relacionado con el fenómeno de El Niño. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) identificó posibles disminuciones de caudales en las cuencas de los ríos Chambo, Paute y Jubones.

Una reducción prolongada de las precipitaciones podría afectar la disponibilidad de agua para el consumo humano, el riego agrícola y la producción de electricidad en las centrales hidroeléctricas.

El Plan Nacional de Acción ante El Niño de la SNGR advierte que los cambios en la circulación atmosférica pueden disminuir las lluvias en los valles interandinos alejados del Pacífico y en la vertiente oriental. Esta alteración podría ocasionar sequías meteorológicas severas en sectores de la Sierra y la Amazonía.

Uno de los puntos de mayor atención es el complejo hidroeléctrico Paute, situado en el Austro ecuatoriano. Sus tres centrales cuentan con una capacidad instalada conjunta de aproximadamente 1.757 MW y pueden aportar cerca del 30 % de la electricidad requerida por el país.

La disponibilidad de agua en esta zona resulta determinante para la estabilidad del sistema eléctrico. Durante periodos de sequía, la disminución de los caudales puede limitar la operación de las centrales y aumentar la necesidad de recurrir a generación térmica o importaciones.

Ecuador prepara medidas para garantizar el suministro eléctrico

Por el momento, los embalses de las centrales hidroeléctricas del Austro mantienen condiciones favorables. No obstante, los registros muestran una ligera disminución en los caudales del río Paute, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo.

Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio de Ambiente y Energía informó que entre junio y diciembre de 2026 se ejecutan trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica del país.

Las medidas incluyen la contratación o alquiler de equipos de generación, el mantenimiento de los sistemas de transmisión y de las centrales termoeléctricas, así como las gestiones para importar electricidad desde los países vecinos.

El objetivo es reforzar la capacidad disponible y reducir el riesgo de interrupciones si las condiciones hídricas afectan la producción de las hidroeléctricas durante el estiaje.

El Gobierno también presupuestó $121,7 millones, vinculados con la tarifa eléctrica y el estudio de costos de 2027. Según la información incluida en el plan rector de Riesgos, los recursos se destinarían a inversiones en redes de distribución, subestaciones y sistemas de transmisión y subtransmisión.

El primer temblor tuvo una magnitud de 3,2 y se produjo pocos minutos después de la medianoche. Su epicentro se localizó a 23 kilómetros de Bucay, en la provincia del Guayas, y tuvo una profundidad de 23 kilómetros.

Dos horas después, a las 02:02, el Instituto Geofísico detectó un segundo sismo de magnitud 3,7. El evento ocurrió a 6,67 kilómetros de La Troncal, en la provincia de Cañar, y alcanzó una profundidad de 53 kilómetros.

Ecuador

Temblor en El Oro este 31 de agosto: reporte del Geofísico y zonas afectadas

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¿Los temblores causaron daños en Ecuador?

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas por los dos movimientos sísmicos. Tampoco se han informado interrupciones de servicios o afectaciones en infraestructuras de las zonas cercanas a los epicentros.

El Instituto Geofísico pidió a la ciudadanía comunicar si percibió alguno de los temblores mediante los formularios y canales oficiales habilitados por la entidad. Estos reportes permiten recopilar información sobre la intensidad con la que un sismo fue sentido en distintas localidades del país.

¿Por qué se registran sismos con frecuencia en Ecuador?

La actividad sísmica en Ecuador está relacionada con su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geográfica en la que convergen varias placas tectónicas. Esta zona concentra algunas de las áreas de subducción más activas del planeta y registra frecuentes terremotos y actividad volcánica.

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El Cinturón de Fuego tiene una forma similar a una herradura y se extiende alrededor del océano Pacífico. En América comprende territorios de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

La franja también atraviesa países y territorios de Asia y Oceanía. Los movimientos de las placas tectónicas que convergen en esta región liberan energía acumulada en el interior de la Tierra, lo que puede generar sismos de diferentes magnitudes y profundidades.

Lo que debes saber

• Yapa pa tu casa ofrece hasta $10.000 para primera vivienda en Ecuador.
• El bono está dirigido a quienes no tienen casa propia y cumplen requisitos de ingresos y crédito.
• Al 2 de septiembre de 2026, aún no hay convocatoria; el Gobierno debe definir cómo postular.

El Gobierno de Ecuador anunció la reactivación de Yapa pa tu casa, un programa que contempla un subsidio de hasta $ 10.000 para facilitar el acceso a una primera vivienda. El beneficio busca cubrir parte de la entrada que deben pagar las personas que adquieren un inmueble mediante un crédito hipotecario.

El programa ya existía desde 2025, pero este año el monto máximo del subsidio fue incrementado. El cambio se produjo después de la emisión del Decreto Ejecutivo 441, firmado el 3 de julio de 2026 por el presidente Daniel Noboa. Inicialmente, el bono podía ubicarse entre $ 4.230 y $ 7.050.

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Sin embargo, aunque el Gobierno ya informó las condiciones generales, todavía no existe una convocatoria abierta para que los ciudadanos soliciten directamente el bono de $ 10.000. Las autoridades deberán establecer el procedimiento, los mecanismos de postulación y las reglas definitivas para acceder al beneficio.

¿Quiénes pueden acceder al bono Yapa Pa’ Tu Casa?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el programa está dirigido a personas que buscan adquirir su primera vivienda y que no pueden acceder a una vivienda totalmente subsidiada por el Estado.

Entre las condiciones anunciadas están:

El viceministro de Vivienda, Daniel Elmir, señaló que el programa está dirigido a personas cuyos ingresos sean inferiores a 3,5 salarios básicos unificados. Con el salario básico de $ 482 vigente en 2026, esa referencia equivale a $ 1.687 mensuales. No obstante, en declaraciones públicas también se mencionó una referencia aproximada de $ 1.500, por lo que el límite definitivo deberá quedar establecido en la normativa y procedimiento oficial del programa.

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¿El bono de Yapa pa tu casa se entrega en efectivo?

No. Los $ 10.000 no se entregarán directamente al beneficiario como dinero en efectivo.

El subsidio funcionará como un aporte para cubrir parte de la entrada o del valor inicial de la vivienda. El comprador deberá financiar el saldo mediante un crédito hipotecario. Según las condiciones difundidas por las autoridades, este financiamiento podrá contar con una tasa de interés preferencial y un plazo de hasta 30 años.

Por ello, recibir el bono no significa que el Estado pagará completamente una vivienda. Se trata de un subsidio parcial que reduce el monto que debe aportar o financiar el comprador.

¿Qué viviendas pueden beneficiarse?

El esquema del programa está relacionado con la vivienda de interés social.

Según la información publicada sobre las condiciones del subsidio, la vivienda debe corresponder al segundo segmento de vivienda de interés social y tener un valor de hasta 135 salarios básicos unificados, equivalente a $ 65.070 con el salario básico de 2026.

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El subsidio puede alcanzar un máximo de 21 salarios básicos unificados, que actualmente equivalen a $ 10.122. Por eso, aunque el Gobierno promociona el programa como un bono de hasta $ 10.000, el monto no necesariamente será igual para todos los beneficiarios.

¿Ya se puede solicitar el bono de USD 10.000?

No todavía. Este es uno de los puntos más importantes para quienes buscan acceder a Yapa pa tu casa. El anuncio realizado por el Gobierno no equivale a la apertura de inscripciones.

Hasta el 2 de septiembre de 2026, las autoridades todavía deben definir y comunicar los mecanismos para la aplicación del beneficio, incluidos los procedimientos y canales mediante los cuales los ciudadanos podrán presentar sus solicitudes.

Por ahora, quienes estén interesados deben considerar las condiciones anunciadas: no tener vivienda propia, encontrarse dentro del límite de ingresos establecido y tener capacidad para acceder al crédito que permita completar la compra o construcción.

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¿Cómo acceder a Yapa pa tu casa? El bono de hasta $10.000 para comprar vivienda en Ecuador

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¿Cuánto dinero entrega realmente Yapa pa tu casa?

El nombre del programa puede generar confusión. No todos los beneficiarios recibirán necesariamente $ 10.000.

El subsidio es variable y el monto máximo establecido puede llegar a 21 salarios básicos unificados. El Gobierno lo promociona como un beneficio de hasta $ 10.000, pero la cantidad final dependerá de las condiciones de cada operación y de las reglas que se establezcan para la asignación.

El programa busca principalmente resolver uno de los obstáculos para quienes intentan comprar una vivienda mediante crédito: conseguir el dinero para cubrir la entrada.

Lo que debes saber

• César Antonio Pérez busca llegar a la Prefectura del Guayas con Unidad Popular y Pachakutik.
• Su propuesta prioriza la participación ciudadana y el sector productivo.
• También plantea desconcentrar los servicios de la Prefectura.

César Antonio Pérez, precandidato a la Prefectura del Guayas por la alianza Unidad Popular-Pachakutik, conversó con EXPRESO sobre qué acciones prevé ejecutar en la provincia. Su propuesta pone el foco en la participación ciudadana, el fortalecimiento del sector productivo y la desconcentración de la Prefectura.

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- El Partido Social Cristiano ha tenido durante años un peso importante en Guayas. La Revolución Ciudadana también ha sido una fuerza electoral determinante. ¿Cree que el desgaste de ambas organizaciones abre una oportunidad para Unidad Popular?

- Creo que es la época de los rostros nuevos, de las organizaciones sociales, de la gente que viene de abajo y que se ha vinculado con la comunidad. Tenemos la oportunidad de llegar porque tenemos una vida limpia, una vida de trabajo junto a la gente. Tenemos la capacidad, la experiencia y los conocimientos.

- ¿Esa será su carta de presentación, con la que pedirá el voto?

- Lo primero siempre es la imagen, lo que uno es. Lo segundo es la propuesta, el discurso, hablar de la necesidad de la gente desde la posición y experiencia social. Tanto el Partido Social Cristiano como sus candidatos, tanto en Guayaquil como en la provincia, no veo que hayan tenido una vinculación con la comunidad o que hayan vivido las experiencias que nosotros sí hemos vivido: una experiencia de lucha, resistencia y dignidad junto a los pueblos.

- ¿Cuáles han sido los errores del PSC y de la RC al administrar la provincia?

- No han solucionado los problemas de la gente.

- ¿Como cuáles?

- Vialidad, por ejemplo. Tenemos problemas de riego y drenaje, y falta un apoyo real a los sectores productivos que no se limite solo a la producción, sino que sea un tema integral: construir silos para almacenar la producción, centros de capacitación permanente para los agricultores, mejorar el sistema de transporte y establecer nuevamente las ferias libres para que la gente pueda vender directamente sus productos. Por otro lado, se ha vendido la idea de que el Consejo Provincial es para el agro.

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- ¿Transformaría el Consejo Provincial?

- Sí, en uno participativo, donde la gente tenga voz, más allá de la representación. Nosotros vamos a buscar la participación activa de la gente en la toma de decisiones.

- ¿Cómo sería la participación?

- Mensualmente los vamos a convocar para establecer relaciones de conexión y conversar, para que nos evalúen y nos digan cuáles son los puntos críticos donde falta solucionar problemas. Además, buscamos una desconcentración de la Prefectura. No es posible que un ciudadano de El Empalme viaje tres horas hasta Guayaquil por un trámite. Vamos a establecer unas cuatro o cinco oficinas en diferentes sectores de la provincia.

- ¿Dónde?

- Daule, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjal o Naranjito.

- ¿Han podido identificar cuáles son los nudos críticos de la provincia?

- Existen en zonas de riego, como en San Jacinto y Lomas de Sargentillo. Falta dar mantenimiento y limpiar los canales, las puertas automáticas y las redes secundarias del trasvase Daule-Chongón, para que pueda llegar el agua a las fincas y que no solamente un pequeño sector de la población se beneficie. Tenemos también problemas en Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora. Además, en Colimes, Palestina, Balzar, El Empalme.

- ¿Qué problemas han registrado?

- La presa Daule-Peripa debería tener canales de riego para Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora. El Proyecto de Riego Manuel de J. Calle es de las décadas de los 80 y 90, por lo que es necesaria una actualización.

- Ante los estragos que pueda dejar el fenómeno de El Niño, ¿qué acciones propone ejecutar?

- Una acción inmediata. Vamos a tener destrucción de cultivos por las zonas inundadas, pérdida de ganado y falta de follaje. Vamos a dotar de balanceado y sales; (además) de brigadas móviles de veterinarios. Vamos a ayudarlos para que comiencen el nuevo ciclo productivo.

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- ¿Cómo será el trabajo con los agricultores?

- Estableceremos ferias populares, en las que se relacionen el consumidor y el productor. Se reorganizará la producción mediante el cooperativismo, la producción comunitaria y la asociativa.

- ¿Qué implicaría eso?

- Colaborar en la reconstrucción del tejido social, que se creen empresas, pero no solo de producción, sino también de logística, comercialización, valor agregado y, a la vez, que el campesino pueda exportar. Para eso necesitamos fortalecer la Empresa Estratégica Guayas EP.

- ¿Cómo la va a fortalecer?

- Buscando recursos. Hay recursos en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Si los recursos no están aquí, en el Estado, los conseguiremos.

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- ¿Cómo garantizará que las contrataciones no se conviertan en una fuente de sobreprecios o corrupción?

- No rodeándome de corruptos, sino de gente honesta. Yo tengo 10 años de experiencia en el sector público. Tengo tres exámenes especiales, no tengo ni siquiera un llamado administrativo, y esa es una de las cartas de presentación. He manejado instituciones donde ha habido recursos y jamás he sido capaz de utilizar un vehículo ni siquiera para llevar a mis familiares al supermercado o a la playa. Hay que ver más allá de los intereses particulares, individuales y personales. Eso es lo que nos tiene fregados como país. César Pérez viene del campo, viene de sectores populares, ha sido dirigente durante más de 40 años. No solamente tiene una lucha por el respeto a la Constitución, sino también por nuestra cultura.

- ¿Cree que pueda trabajar a la par con el Gobierno?

- Podemos tener diferencias de carácter político, pero con el Gobierno Nacional tenemos que sentarnos a trabajar.

Primero hay que dialogar con el Ejecutivo. Todo se puede hacer en este país cuando existe voluntad política.César Pérez, precandidato a la Prefectura del Guayas por la alianza Unidad Popular-Pachakutik

Lo que debes de saber

• Racionamientos diarios de agua afectan a seis comunidades de Manglaralto desde las 19h00 hasta las 06h00.
• La sequía redujo el caudal de los 14 pozos que abastecen a más de 22.000 familias.
• San Pedro, Valdivia, Sinchal y Barcelona también enfrentan graves problemas de abastecimiento de agua potable.

La angustia se palpa en Libertador Bolívar. Glenda Yagual, vecina de esta comuna de la parroquia Manglaralto, ha colocado varias canecas en el patio de su vivienda para almacenar lo poco que recibe de agua potable.

“El agua se va a diario, quedamos secos por las noches. Antes no ocurría este problema”, lamenta con preocupación. Como ella, cientos de pobladores viven con la incertidumbre de no saber si tendrán agua en la llave.

Ecuador

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En Montañita, epicentro turístico de la provincia, la situación es crítica. Los hostales y restaurantes han optado por contratar tanqueros privados para llenar cisternas y evitar el desabastecimiento.

“Aquí los turistas llegan a diario y no se puede estar sin agua. Los fines de semana es peor, cuando la población se multiplica”, explicó Carlos Valdivieso, residente del reconocido balneario.

El problema se extiende a San Antonio, Cadeate, Río Chico y Manglaralto cabecera parroquial. La Junta Regional de Agua Potable, encargada de la distribución del líquido en las seis comunidades, informó que la disminución del caudal en los pozos obliga a aplicar racionamientos diarios desde las 19h00 hasta las 06h00.

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La medida entró en vigor el 7 de agosto. “Pedimos a los usuarios un uso responsable del recurso, evitando el desperdicio y priorizando las necesidades básicas”, señala el comunicado oficial.

Susy Malavé, presidenta de la Junta, reconoce que la sequía ha golpeado con fuerza al norte de Santa Elena. “La falta de lluvias en los últimos meses ha hecho que los 14 pozos disminuyan su caudal. El plan de racionamiento busca salvaguardar el servicio durante el día”, explicó.

La dirigente admite que la mayor afectación se siente en los balnearios turísticos, donde la población flotante dispara el consumo, en especial los fines de semana y feriados. En esos días los operarios hacen maniobras para que al menos llegue algo de agua a los hogares.

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En Libertador Bolívar, la presión es tan baja que el agua apenas llega a las viviendas ubicadas en zonas altas. Allí, el Cuerpo de Bomberos ha tenido que intervenir con tanqueros para abastecer a los moradores.

La Junta Regional atiende a más de 22.000 familias, siendo la de mayor cobertura en la provincia. La esperanza, sin embargo, se asoma en la cordillera Chongón–Colonche, donde han empezado las primeras lluvias.

“Eso será de gran ayuda, porque de esas montañas nacen los ríos que alimentan nuestros pozos”, dice Malavé con optimismo. Mientras tanto, la población se aferra a tanques, cisternas y tanqueros, resistiendo una crisis que amenaza la salud, la economía y la vida cotidiana.

La crisis por el agua también se siente en otras comunas

El panorama es aún más grave en las localidades de San Pedro, Valdivia, Sinchal y Barcelona, sectores abastecidos por la Junta Regional Valdivia. “Hay ocasiones en que el agua se va todo el día y la noche. Realmente es un problema muy grave el que estamos atravesando”, denuncia Elías Orrala Muñoz, comunero de San Pedro.

“Es una situación terrible lo que sucede en nuestra comuna. En pleno siglo XXI nosotros no tenemos agua potable en las llaves de nuestras casas. Antes sí teníamos, pero ahora son muy pocos los días a la semana que llega”, señaló molesta Carmen Ángel, en la población de Valdivia.

El experto

El oceanógrafo y especialista en climas, Johnny Chavarría, indicó que debido a las pocas lluvias presentadas durante este año ya se sienten las consecuencias. “La única forma de que se recarguen los acuíferos es que llueva en las próximas semanas. Sería peligroso que se infiltre agua salina subterránea, esperemos que eso no pase”, advirtió Chavarría

Lo que se sabe

Machala, en la provincia de El Oro, se prepara para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño con varios puntos críticos ya identificados. 

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El canal El Macho, que atraviesa el norte de la ciudad, los sectores bajos de la ciudad y los barrios Leonor Aguilar Canessa, Las Katias e Isla Santa Ana concentran parte de las principales preocupaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal.

La alerta roja declarada a escala nacional el 29 de agosto de 2026 llevó al Municipio a mantener activo el COE Cantonal mientras permanezca vigente esta condición. 

La alcaldesa Jenny Machuca Granda convocó al organismo para revisar la capacidad de respuesta del cantón y dispuso la actualización de los planes de contingencia, protocolos y mecanismos de coordinación de las instituciones de primera respuesta.

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Un mes para terminar limpieza del canal El Macho

Uno de los puntos que concentra las acciones preventivas es el canal El Macho, ubicado al norte de la ciudad y considerado uno de los principales sistemas de drenaje de Machala. 

La empresa pública Aguas Machala mantiene trabajos de limpieza y desazolve en este sistema para mejorar su capacidad de evacuación de agua durante la temporada lluviosa.

El gerente de Aguas Machala, Richard Añazco, informó que los trabajos registran 70 % de avance en los 12 kilómetros de intervención y estableció como fecha de culminación el 30 de septiembre. 

El COE, además, dispuso que continúe la limpieza de canales colectores, colectores y sumideros, con énfasis en El Macho.

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El riesgo no se concentra únicamente en los sistemas de drenaje. El coordinador zonal 7 de Gestión de Riesgos, Braulio Aguirre, explicó que un evento asociado a El Niño puede afectar la movilidad, infraestructura vial, abastecimiento de alimentos, salud, producción agrícola y otras actividades económicas. 

Un deslizamiento en una vía estratégica, por ejemplo, podría interrumpir el traslado de productos y generar efectos en cadena.

La planificación del COE establece además una atención prioritaria para los sectores bajos de Machala, donde las lluvias y acumulaciones de agua pueden generar mayores impactos. 

La resolución dispone optimizar el equipo caminero disponible y mantener la coordinación con las entidades nacionales para intervenir en puntos críticos de la red vial.

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Tres barrios de Machala y un puente en alerta por El Niño

Entre las disposiciones más específicas está la intervención en los barrios Leonor Aguilar, Las Katias e Isla Santa Ana. El COE ordenó realizar inspecciones visuales rápidas de puentes, vías y edificaciones ubicadas en zonas susceptibles y preparar medidas de evacuación preventiva de acuerdo con el nivel de riesgo.

El caso que genera especial preocupación es el puente de ingreso a la ciudadela Leonor Aguilar, calificado en la resolución como de riesgo crítico. El documento dispone su restricción inmediata y una evaluación estructural urgente para determinar las medidas que deberán adoptarse.

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En estos tres barrios también deberán realizarse simulacros con los residentes antes del inicio de las precipitaciones. La medida busca que una eventual evacuación no dependa únicamente de la reacción de las autoridades cuando ya se presente una emergencia, sino que la población conozca previamente las rutas y procedimientos.

Para atender a las familias que eventualmente deban abandonar sus viviendas, el Municipio mantiene habilitados 17 alojamientos temporales, con una capacidad conjunta para 436 familias. Además, el COE dispuso concluir la adquisición de kits de asistencia humanitaria y de limpieza familiar.

La respuesta también contempla mantener activas las unidades de logística, seguridad, control, búsqueda, salvamento y rescate. Bomberos informó que dispone de personal especializado, equipos operativos y recursos para intervenir ante inundaciones, rescates y otras emergencias relacionadas con las condiciones climáticas.

El COE cantonal permanecerá en sesión permanente mientras esté vigente la alerta roja. Las mesas técnicas deberán ejecutar sus planes de contingencia y evaluar su cumplimiento cada 15 días, mientras que los escenarios de impacto para Machala deberán actualizarse y enviarse a la Sala de Situación cada tres días o inmediatamente si se registra un cambio significativo en la amenaza.

La preparación, sin embargo, no queda únicamente en manos de las instituciones. Gestión de Riesgos plantea que las familias identifiquen los peligros en sus viviendas, conozcan cómo actuar ante una emergencia y se organicen en sus barrios. 

En una ciudad donde ya están identificados sectores vulnerables, la capacidad de respuesta dependerá también de que esas medidas preventivas lleguen a quienes viven en las zonas de mayor exposición.

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Lo que debes saber

• Gobierno activó Plan Escudo en escuelas para prevenir riesgos a estudiantes en Ecuador.
• Policía actuará en planteles del país cuando autoridades educativas reporten amenazas o riesgos.
• Plan Escudo se amplía a 450 instituciones para reforzar la seguridad de 342.000 estudiantes.

El Gobierno puso en marcha el denominado Plan Escudo, una estrategia de coordinación entre el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para fortalecer la prevención y respuesta ante amenazas que puedan afectar a estudiantes, docentes y personal de los establecimientos educativos del país.

La medida quedó formalizada mediante el Acuerdo Interministerial Nro. MINEDEC-MDI-2026-006-AI, suscrito el 28 de agosto, y establece procedimientos para la actuación policial dentro de las instituciones educativas a nivel nacional.

¿Qué establece el Plan Escudo?

De acuerdo con el documento, el protocolo fija lineamientos para la prevención, planificación, coordinación y evaluación de las intervenciones policiales en los planteles, con énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes.

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El acuerdo recuerda que la Policía Nacional puede ingresar a una institución educativa en circunstancias ya previstas por la ley, como delitos flagrantes, situaciones de peligro inminente o por orden judicial. Sin embargo, el Plan Escudo incorpora una vía de coordinación que permite solicitar acciones preventivas cuando las autoridades educativas identifiquen riesgos o amenazas que requieran apoyo policial.

Según las autoridades, la actuación deberá desarrollarse dentro del marco legal y respetando las competencias de cada institución involucrada. Además, las intervenciones relacionadas con menores de edad deberán aplicar criterios de protección integral, confidencialidad, no revictimización e interés superior del niño.

La estrategia también contempla la articulación con otras entidades del sistema de seguridad y respuesta, como la Fiscalía General del Estado y el ECU 911, cuando la situación lo requiera.

Segunda fase del programa de seguridad escolar

El Plan Escudo se integra al Programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras (PCESP), que forma parte de la política gubernamental orientada a reducir los riesgos dentro y alrededor de los centros educativos.

Según datos oficiales, durante la primera fase del programa se intervinieron 365 instituciones educativas priorizadas. Las autoridades reportaron una reducción superior al 50 % en los eventos considerados peligrosos dentro de esos planteles, así como una disminución similar en los casos relacionados con riesgos psicosociales escolares en 11 provincias.

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Para la segunda etapa, el programa ampliará su cobertura a 450 instituciones educativas ubicadas en 33 cantones de ocho provincias, con un alcance que supera los 342.000 estudiantes y cerca de 13.700 docentes y trabajadores administrativos. La iniciativa también busca involucrar a padres de familia y comunidades cercanas a los centros educativos.

Lo que debes saber

• El proyecto fue priorizado sin contar inicialmente con un diagnóstico socioeconómico ni una línea base que justificara la intervención.
• La auditoría cuestiona que el Municipio asumiera obras que, según la planificación cantonal, correspondían al Ministerio de Salud Pública en otro horizonte de tiempo.
• Además, se detectaron pagos observados por más de $64.000 y fallas en los controles ambientales de una de las obras.

La construcción de tres hospitales para parroquias rurales de Cuenca está bajo la lupa de la Contraloría General del Estado, que ha identificado una serie de fallas en su planificación, contratación y ejecución. Un examen especial (DNA5-GAD-0017-2026) ha revisado procesos realizados entre el 1 de enero de 2023 y el 29 de julio de 2025, con recursos municipales y del préstamo otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

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Estas infraestructuras forman parte de las obras ejecutadas por la actual administración del Municipio de Cuenca. Los proyectos comenzaron en 2023 y estaba previsto que concluyeran en 2027, al finalizar el período del suspendido alcalde Cristian Zamora.

El documento, emitido por la Contraloría General del Estado, detalla irregularidades y deficiencias en las fases preparatoria, precontractual y contractual para los estudios y construcción de tres hospitales básicos en las parroquias rurales del cantón. Estos son en El Valle, Baños y Ricaurte.

Desalineación con la planificación territorial

Contradicción con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT 2022). El informe determina que la construcción de tres hospitales básicos de segundo nivel en las parroquias rurales de El Valle, Baños y Ricaurte no está alineada con la planificación cantonal.

El PDOT, además, establece que el equipamiento de salud de segundo y tercer nivel deberían ubicarse en las parroquias urbanas en consolidación, como El Batán y Machángara. Además, sostiene que en la planificación no se determinaba la necesidad de construcción de hospitales de segundo nivel en áreas rurales.

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Invasión de Competencias y Temporalidad

Según el PDOT, el ejecutor de estos equipamientos de salud (hospital básico y centro de salud tipo C) debía ser el Ministerio de Salud Pública (MSP) a largo plazo (temporalidad 2028-2034) y de forma no concurrente (corto plano, año horizonte 2023). Ante esto, la Contraloría expone que la intervención directa del GAD Municipal no respetó esta asignación.

Asimismo, recalca que “a pesar de que, en las parroquias rurales, entre ellas Baños, Ricaurte y El Valle, se determina que existe un déficit en la cobertura de los servicios de salud, no se estable la necesidad de modificar el nivel de atención. En su lugar, se planteaba la ampliación de la capacidad instaladas, el fortalecimiento de la infraestructura existente o el incremento del número de establecimientos del primer nivel de atención”.

Aprobación de programas sin línea base

Por otro lado, los concejales, indica el documento, aprobaron el programa de financiamiento 'Cuenca se Transforma' (financiado mediante préstamo de la CAF y recursos municipales) “sin contar con su evaluación, diagnóstico socioeconómico o línea base”. Así también recalca que los estudios e insumos que debían sustentar la necesidad técnica, como la ‘Metodología para el Levantamiento de Necesidades de la Fase 1’, se elaboraron y aprobaron con posterioridad a la priorización y contratación de los proyectos.

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Reformas al PAC sin sustento

La Contraloría observó, sin mencionar sus nombres, que el director general de Obras Públicas y la directora general de Compras Públicas “a fin de incluir la referida contratación, requirió y reformó respectivamente el PAC (Plan Anual de Contrataciones) 2023”. E indica que eso se realizó con justificaciones que no obedecían a la priorización ni planificación territorial.

Otros hallazgos

La revisión también encontró problemas en los estudios entregados por la consultoría, pues algunos productos de las fases preliminar y definitiva no cumplieron con las condiciones legales o técnicas establecidas. Asimismo, se detectaron inconsistencias en los datos utilizados para proyectar la población y calcular las necesidades de camas hospitalarias.

Otro de los hallazgos económicos está relacionado con los pagos por trabajos de excavación, transporte y desalojo de materiales. Se reconocieron porcentajes de esponjamiento de 29,99 % en El Valle, 29 % en Baños y 30 % en Ricaurte sin que conste la norma técnica utilizada ni qué rige dicho reconocimiento. 

Además, según la auditoria, “entre el 3 de noviembre de 2024, 11 de diciembre de 2024 y el 28 de marzo de 2025 todos hasta el 29 de julio de 2025 añadieron sin justificación ni sustento técnico un porcentaje de esponjamiento de 29,99 %, 29 % y 30 % a los volúmenes de excavación, demolición o retiro en las planillas de la 1 a la 6 en el hospital del Valle; 1 a 3 y 5 a 6 en el hospital de Baños y de 1 a la 2 en el hospital de Ricaurte”.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, eso generó perjuicios de $ 30.485,78, $13.761,29 y $ 18.826,74, respectivamente. Los pagos se ejecutaron “a pesar de las observaciones indicadas”, dice el documento.

Por otra parte, la adjudicación de una consultoría para el seguimiento ambiental del Hospital de Baños se realizó sin acreditar que el experto ambiental (el director del proyecto experto ambiental) cumpliera el requisito exigido en los términos de referencia y pliegos: consultor ambiental, categoría I, ante el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador. Como consecuencia, durante la ejecución del contrato se recurrió a una subcontratación que no estaba contemplada en la oferta original.

Finalmente, el informe advierte que las mediciones realizadas, en marzo de 2025, registraron niveles de ruido superiores (60,5 y 63,4 db) a los límites permitidos (55 db), en horario diurno, en la construcción del Hospital de Baños. Además, recalca que no se exigió al consultor incorporar un plan de acción con medidas específicas para reducir ese impacto.

Los puntos claves

• Las temperaturas podrían llegar hasta los 35 °C en sectores de la Costa y la Amazonía durante estos primeros días de septiembre.
• Pichincha, Imbabura y Loja enfrentarán las condiciones de mayor riesgo en la Sierra, con temperaturas que podrían superar los 27 °C.
  
• El 3 de septiembre sería el día más calurosos del período previsto por el Inamhi.
• La combinación de calor, baja humedad y vegetación seca aumenta el riesgo de propagación de incendios forestales.

Ecuador inicia septiembre bajo una nueva alerta por el calor. Durante los próximos cuatro días, iniciando desde hoy, 1 de septiembre, las temperaturas subirán en varias provincias de la Costa, la Sierra y la Amazonía, mientras la radiación ultravioleta alcanzará niveles muy altos y el riesgo de incendios vuelve a encender las alertas.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé que entre el 1 y el 4 de septiembre se registren altas temperaturas diurnas en distintos sectores del país. El día más crítico será el 3. 

En las regiones Litoral y Amazónica, los termómetros podrían llegar hasta los 35 grados Celsius. En la Sierra, en cambio, las temperaturas podrían superar los 27 grados.

Pero el calor no es la única preocupación. La combinación de altas temperaturas, baja humedad y vegetación seca puede crear condiciones favorables para que el fuego se propague, en un país que en las últimas semanas ya ha visto cómo extensas zonas de vegetación han sido consumidas por incendios forestales.

Pichincha, Guayas y otras provincias bajo mayor riesgo

De acuerdo con la alerta del Inamhi, en la Sierra las zonas con mayor riesgo se concentran en Pichincha, Imbabura y Loja.

En la Costa, la advertencia apunta principalmente a Guayas, Los Ríos y El Oro, tres provincias donde se esperan temperaturas elevadas durante este período.

La alerta también alcanza a buena parte de la Amazonía. Sucumbíos, Orellana y Pastaza figuran entre las provincias donde las altas temperaturas podrían sentirse con mayor intensidad.

¿Por qué hará más calor en Ecuador?

El Inamhi atribuye estas condiciones, entre otros factores, a las temperaturas elevadas que persisten en la superficie del mar frente a las costas ecuatorianas. Esto mantiene un ambiente más cálido de lo habitual.

A eso se suma una reducción de la humedad en distintos niveles de la tropósfera.

En la región Interandina, además, las condiciones locales y la presencia de vegetación seca aumentan la preocupación por posibles incendios. Una chispa o una quema en estas zonas puede encontrar condiciones más favorables para que el fuego se extienda.

Qué recomienda el Inamhi ante las altas temperaturas

La recomendación es reducir la exposición directa al sol y evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor. También se aconseja mantenerse hidratado, usar protección frente a la radiación UV, que también será alta.

¿Cuándo aumenta el riesgo por la radiación UV?

El tramo más peligroso se concentra entre las 10:00 y las 15:00, aunque los niveles elevados pueden extenderse hasta las 16:00. Durante estas horas, la radiación ultravioleta y las temperaturas alcanzan sus valores más altos.

Cuando el índice UV se encuentra en niveles muy altos o extremos, aumenta el potencial de daño en la piel y los ojos. La exposición prolongada y sin protección puede provocar quemaduras y, a largo plazo, contribuir al envejecimiento prematuro de la piel y aumentar el riesgo de cáncer cutáneo, advierte la Organización Mundial de la Salud.

El protector solar no es la única medida

Por esta razón, organismos especializados en salud y dermatología recomiendan reducir el tiempo de exposición directa y permanecer en lugares con sombra durante los periodos de mayor radiación. La protección también debe incluir ropa que cubra la piel, sombrero de ala ancha y gafas de sol que ofrezcan protección frente a los rayos ultravioleta.

En las zonas que quedan descubiertas, se aconseja utilizar protector solar de amplio espectro, con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior y resistente al agua. Los dermatólogos recomiendan aplicarlo antes de salir al aire libre y renovarlo aproximadamente cada dos horas, así como después de nadar o sudar.

Un video difundido en redes sociales el 31 de agosto de 2026 muestra el mar agitado y varias olas rompiendo con fuerza contra el borde costero. En las imágenes también se observan sacos de arena colocados como barreras de contención y piezas de madera pertenecientes a estructuras instaladas cerca de la playa.

Sin embargo, estos elementos improvisados resultaron insuficientes frente a la fuerza del mar. El oleaje alcanzó la costa de San Clemente, una localidad pesquera y turística del cantón Sucre, y generó preocupación entre sus habitantes por los posibles efectos sobre las viviendas, los negocios y la infraestructura próxima a la playa.

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Inocar advirtió sobre la llegada de olas con mayor energía

El episodio coincidió con la alerta emitida por el Inocar para el periodo comprendido entre el 1 y el 3 de septiembre de 2026. El organismo anticipó el arribo de oleaje proveniente del suroeste del Pacífico hacia las costas continental e insular de Ecuador.

A partir del 2 de septiembre, estaba prevista la llegada de olas de largo período, capaces de transportar una mayor cantidad de energía y romper con más fuerza al alcanzar la costa.

Estas fueron las condiciones anunciadas:

El Inocar también difundió las alturas máximas previstas para las diferentes provincias costeras:

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¿Qué riesgos puede ocasionar el fuerte oleaje?

El Inocar recomendó extremar las precauciones en las playas y zonas cercanas al mar, debido a que las olas podrían romper con mayor intensidad y generar corrientes de resaca.

Entre los principales riesgos se encuentran el arrastre de bañistas y personas ubicadas cerca de la orilla, así como el movimiento de sedimentos en la franja costera. Estas condiciones también pueden afectar las actividades pesqueras, deportivas y turísticas.

Las corrientes de resaca se producen cuando el agua acumulada cerca de la playa regresa rápidamente mar adentro. Aunque no necesariamente arrastran a una persona hacia el fondo, sí pueden alejarla de la costa y dificultar su retorno.

Por esta razón, se recomienda respetar las indicaciones de las autoridades, evitar ingresar al mar en sectores con oleaje intenso y no permanecer sobre rocas, muelles u otras estructuras expuestas al impacto directo de las olas.

Nivel del mar presentó anomalías de hasta 33 centímetros

La alerta por oleaje ocurre en un contexto marcado por el incremento del nivel medio del mar frente a Ecuador. Las estaciones costeras del Inocar registraron anomalías aproximadas de entre 28 y 33 centímetros, después de que durante la semana anterior algunos valores superaran los 40 centímetros.

Los niveles se acercaron a los observados durante el fenómeno de El Niño de 1997-1998, cuando se registraron anomalías de entre 42 y 47 centímetros. Sin embargo, esta similitud corresponde específicamente al comportamiento del nivel del mar y no significa, por sí sola, que el evento actual tendrá los mismos efectos o alcanzará idéntica intensidad.

El aumento del nivel marino puede agravar el impacto del oleaje y facilitar el ingreso del agua a zonas bajas. El riesgo puede incrementarse cuando estas condiciones coinciden con mareas altas, aguajes o lluvias intensas.

Ecuador permaneció en alerta roja por El Niño

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró la alerta roja en todo el territorio ecuatoriano debido a que el fenómeno de El Niño se encuentra en curso. La medida consta en la Resolución SNGR-238-2026 y se sustentó en el Informe Técnico SNGR-SGIAR-2026-008. 

Según la evaluación difundida el 30 de agosto de 2026, las condiciones oceánicas y atmosféricas mantenían un fortalecimiento sostenido y se esperaba que El Niño continuara intensificándose hasta finales de 2026.

La alerta roja se aplica cuando un evento peligroso está ocurriendo o se considera inminente. Su activación implica reforzar las acciones de preparación y respuesta frente a los posibles efectos sobre la población, la infraestructura y las actividades productivas.

En San Clemente, las imágenes del fuerte oleaje evidencian la exposición de las comunidades ubicadas cerca del mar. No obstante, todavía se requiere un reporte oficial que determine si el episodio provocó daños materiales o afectaciones a personas.