Lo que debes saber

• La denuncia involucra a Patricia Núñez y personas de su entorno de trabajo.
• Una mujer de Chimborazo habría acudido previamente a la Fiscalía.
• Urresta anunció que llevará el caso ante las instancias de control legislativo.

La asambleísta Jhajaira Urresta anunció la presentación de una denuncia contra Patricia Núñez, jefa de bancada de la Revolución Ciudadana, por un presunto esquema de venta de cargos públicos que involucraría a la legisladora y a personas de su despacho. Según Urresta, una mujer de la provincia de Chimborazo habría sido estafada y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía.

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Una denuncia que llega a Fiscalía

Durante una declaración ante medios de comunicación, Urresta sostuvo que la afectada habría señalado a Núñez y a integrantes de su círculo cercano de trabajo. La legisladora aseguró que, pese a conocer el caso, no se habrían otorgado las garantías necesarias para proteger a la denunciante ni para esclarecer los hechos.

Ante esta situación, Urresta indicó que realizará el trámite correspondiente dentro de la Asamblea Nacional para que la denuncia ciudadana sea canalizada por las instancias respectivas. Indicó que entregará la documentación ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Posteriormente, los elementos y pruebas que correspondan podrían ser remitidos al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, dijo Urresta. La legisladora afirmó que será en esa instancia donde deberán analizarse los hechos y determinarse las responsabilidades que correspondan, si las hubiera.

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Las pruebas serán analizadas

Asimismo, Urresta sostuvo que la contundencia de las pruebas y los testimonios de las personas que aseguran haber sido afectadas serán puestos en conocimiento del Comité de Ética. A su criterio, el proceso debe permitir que se conozca la versión de los involucrados y que, de comprobarse irregularidades, se establezcan las consecuencias respectivas.

La asambleísta también cuestionó que la Función Legislativa pueda verse relacionada con posibles actos de corrupción. Según manifestó, este tipo de señalamientos adquiere mayor relevancia cuando involucra a una autoridad que llegó al cargo mediante elección popular.

La iniciativa fue preparada por la Comisión de Biodiversidad y plantea reformas a cuatro cuerpos legales. Los cambios alcanzarían al sistema educativo, a las instituciones de educación superior y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que asumirían nuevas responsabilidades en materia ambiental.

El documento llegará a segundo debate con Sade Fritschi, exministra del Ambiente, como ponente. En la comisión, el proyecto recibió el respaldo de la mayoría de Acción Democrática Nacional (ADN), mientras los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) lo rechazaron.

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Educación ambiental sería obligatoria y transversal

La reforma busca articular las disposiciones relacionadas con sostenibilidad, protección de la naturaleza y educación ambiental que actualmente se encuentran distribuidas en diferentes cuerpos legales.

Para alcanzar ese propósito, el proyecto propone implementar de manera “obligatoria y transversal” la Educación para el Desarrollo Sostenible dentro del sistema educativo ecuatoriano.

Esto significa que sus contenidos no necesariamente se limitarían a una asignatura aislada, sino que podrían incorporarse en distintas áreas y niveles de formación, de acuerdo con los lineamientos que posteriormente definan las autoridades educativas.

Si la Asamblea aprueba el proyecto en segundo debate y este supera la etapa de sanción u objeción presidencial, las instituciones responsables tendrán un plazo de seis meses para presentar los lineamientos pedagógicos y la normativa técnica correspondiente.

Además, en el plazo de un año deberá comenzar la implementación progresiva de estos contenidos en el pénsum aprobado por las autoridades de educación.

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¿Quiénes recibirían la nueva formación ambiental?

El proyecto establece que la Educación para el Desarrollo Sostenible deberá incorporarse en el perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Esto implica que los estudiantes deberán terminar la secundaria con conocimientos y competencias relacionados con la sostenibilidad y el cuidado ambiental.

La formación también se extendería a las universidades, con especial énfasis en los primeros años de las carreras destinadas a preparar a futuros profesionales de la educación.

Las entidades encargadas de regular la educación escolar y superior deberán coordinar con el Ministerio del Ambiente y Energía la capacitación continua de los docentes en sostenibilidad y protección ambiental.

El objetivo es que los educadores cuenten con herramientas pedagógicas y conocimientos actualizados para incluir estos contenidos durante el proceso de enseñanza.

Los GAD asumirían nuevas responsabilidades

La propuesta de la Comisión de Biodiversidad también modifica algunas de las funciones que cumplen los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, cantonales y parroquiales en materia de educación ambiental.

Las prefecturas, municipios y juntas parroquiales tendrían la responsabilidad de promover y desarrollar programas de educación ambiental y desarrollo sostenible dentro del ámbito de sus competencias.

Estas iniciativas deberán ejecutarse de manera coordinada con otros GAD, las autoridades nacionales competentes y los actores presentes en cada circunscripción territorial. Los programas también tendrán que sujetarse a la normativa ambiental vigente.

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Revolución Ciudadana rechazó el informe

Durante la elaboración del proyecto, la legisladora correísta Verónica Íñiguez solicitó que la reforma incorporara asuntos como justicia climática, transición energética y responsabilidad ambiental de las grandes empresas.

Los cuatro legisladores de la Revolución Ciudadana que integran la Comisión de Biodiversidad —Pamela Aguirre, Christian Hernández, Manuel Casanova y Franklin Samaniego— votaron en contra del informe.

Por su parte, Mariana Yumbay, de Pachakutik, propuso aprovechar la reforma para reforzar contenidos relacionados con los derechos de la naturaleza, los conocimientos ancestrales y la consulta previa, libre e informada.

Los resultados fueron publicados el martes 8 de septiembre de 2026 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La evaluación mide la capacidad de los estudiantes de 15 años para aplicar sus conocimientos de lectura, matemáticas y ciencias a situaciones y problemas de la vida real.

Sin embargo, los datos no permiten atribuir la reducción de las puntuaciones a una sola causa. El informe plantea que, al analizar el desempeño de países como Ecuador, también debe considerarse la incorporación al sistema educativo de jóvenes pertenecientes a poblaciones históricamente excluidas, además de la persistencia de profundas brechas socioeconómicas.

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Una mayor cobertura puede modificar el promedio

La ampliación del acceso a la educación secundaria aparece como uno de los factores que podrían influir en los resultados. Según la OCDE, Ecuador estuvo entre los países donde aumentó la proporción de jóvenes de 15 años que podían participar en PISA respecto de evaluaciones anteriores.

Esto significa que la prueba pudo incluir a más adolescentes procedentes de hogares pobres, zonas rurales, comunidades étnicas u otros sectores que anteriormente tenían mayores probabilidades de quedar fuera de la educación secundaria.

Cuando un sistema incorpora a estudiantes con trayectorias educativas desiguales, el promedio nacional puede disminuir, aunque la ampliación de la escolarización represente un avance en términos de inclusión. Por esa razón, una puntuación menor no necesariamente implica que todos los estudiantes estén aprendiendo menos.

No obstante, la OCDE presenta esta situación como una explicación posible y parcial, no como una causa comprobada para el caso ecuatoriano. El informe tampoco permite determinar cuánto de la diferencia entre ambas evaluaciones responde a la mayor cobertura y cuánto está relacionado con problemas de aprendizaje.

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La desigualdad condiciona el rendimiento

El segundo elemento que ayuda a entender los resultados es la brecha socioeconómica. En Ecuador, los estudiantes ubicados en el 25 % con mayores recursos superaron por 86 puntos en ciencias a quienes pertenecían al 25 % más desfavorecido.

Además, el nivel económico, social y cultural explicó alrededor del 20 % de las diferencias en el rendimiento científico, mientras que el promedio de los países de la OCDE fue cercano al 12 %.

Los datos muestran que el desempeño escolar no depende únicamente de lo que sucede dentro del aula. El acceso a libros, dispositivos electrónicos, conexión a internet, espacios adecuados para estudiar, alimentación y acompañamiento familiar también puede incidir en las posibilidades de aprendizaje.

La evaluación no identifica una relación causal individual para cada estudiante, pero sí evidencia que las condiciones de origen tienen un peso mayor en Ecuador que en buena parte de los sistemas evaluados. Por ello, la reducción de las brechas continúa siendo uno de los principales desafíos de la política educativa.

¿Cuáles fueron los resultados de Ecuador?

Cerca de 10.000 estudiantes de 280 instituciones educativas participaron en la evaluación aplicada en Ecuador durante 2025.

El país obtuvo los siguientes resultados:

En la evaluación PISA para el Desarrollo de 2017, Ecuador había alcanzado 399 puntos en ciencias, 409 en lectura y 377 en matemáticas. Al comparar las cifras redondeadas, la diferencia fue de seis puntos en ciencias, 24 en lectura y 11 en matemáticas.

La comparación, sin embargo, debe presentarse con cautela. En sus tablas de tendencias, la OCDE marca como no disponibles las variaciones de Ecuador, debido a que la participación de 2017 correspondió a PISA para el Desarrollo, mientras que la de 2025 forma parte de la evaluación internacional regular. Por ello, los datos sirven como referencia descriptiva, pero no permiten afirmar por sí solos que todo el sistema educativo empeoró en la misma proporción.

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Ecuador permaneció por debajo del promedio de la OCDE

Las puntuaciones ecuatorianas estuvieron alejadas del promedio de la organización: 484 puntos en ciencias, 461 en lectura y 463 en matemáticas. También permanecieron lejos de los sistemas con mejor desempeño.

El bloque conformado por Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang, en China, encabezó ciencias y matemáticas con 597 y 612 puntos, respectivamente. Singapur obtuvo la puntuación más alta en lectura, con 535 puntos. Estos datos constan en el informe PISA 2025.

El desempeño ecuatoriano se produjo, además, en un contexto de deterioro internacional. La OCDE reportó en 2025 sus promedios más bajos registrados hasta el momento en las tres áreas evaluadas. La lectura presentó una de las mayores preocupaciones porque constituye una competencia necesaria para comprender problemas matemáticos, instrucciones y contenidos científicos.

En el caso de Ecuador, los resultados exponen dos desafíos simultáneos: mantener a más adolescentes dentro del sistema educativo y garantizar que esa ampliación de la cobertura esté acompañada por aprendizajes efectivos. Las cifras, por tanto, no solo plantean una discusión sobre el descenso de los puntajes, sino también sobre las desigualdades que determinan quiénes tienen mejores oportunidades de aprender.

Entre las cuentas que adoptaron la nueva gráfica constan los ministerios de Gobierno, Interior, Defensa Nacional, Salud Pública, Inamhi, Telecomunicaciones y Trabajo y Desarrollo Humano. La modificación simultánea muestra una línea gráfica compartida entre distintas carteras del Ejecutivo.

El cambio, sin embargo, no ha estado acompañado hasta ahora de una explicación pública sobre su significado o el motivo por el que se escogió esa tonalidad.

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El morado también identifica a ADN

La elección del color llama la atención por su similitud con la identidad gráfica de Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, organización política con la que Daniel Noboa llegó a la Presidencia y que mantiene una importante representación en la Asamblea Nacional.

El régimen orgánico de ADN establece el lila y el amarillo como colores de la organización política. El primero ha sido utilizado de manera recurrente en su propaganda, logotipos y piezas de comunicación.

La utilización de tonalidades asociadas a ADN en espacios relacionados con el Ejecutivo tampoco es un asunto nuevo. En 2024 ya se había reportado la presencia del lila y amarillo en elementos gráficos y actos del Gobierno de Noboa.

Esta vez, la modificación alcanza directamente a los identificadores digitales de instituciones públicas y se produce en un contexto electoral, a pocos meses de los próximos comicios.

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Presidencia aún no explica el cambio

EXPRESO consultó a las 08:54 de este 9 de septiembre al equipo de Comunicación de la Presidencia sobre el motivo de la modificación. Este Diario preguntó a qué responde la nueva imagen y si se trata de una disposición o campaña oficial del Gobierno.

Hasta la publicación de esta nota, no se había recibido una respuesta.

La explicación oficial permitirá determinar si el morado corresponde a una nueva identidad institucional, una campaña específica o alguna otra estrategia de comunicación del Ejecutivo.

Por ahora, los hechos verificables son que distintas instituciones adoptaron simultáneamente una gráfica de color morado y que esa tonalidad coincide con uno de los colores característicos de ADN. El motivo de la decisión continúa sin ser explicado oficialmente

La información fue difundida un día después de que la entidad resolviera dejar sin efecto las multas impuestas a varios conductores por circular en el carril exclusivo de la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

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Conductores protestaron por las multas en la avenida 25 de Julio

Conductores y moradores del sector de Riocentro Sur realizaron un plantón el lunes 7 de septiembre de 2026 para rechazar las sanciones. Los manifestantes aseguraron que no fueron informados previamente sobre el inicio de los controles y sostuvieron que ese tramo era utilizado como un carril compartido.

Durante la protesta, varios ciudadanos mostraron citaciones de hasta 1.325,50 dólares por haber circulado en un tramo de aproximadamente 50 metros. Además, integrantes de una cooperativa de taxis del sector denunciaron que 71 vehículos fueron sancionados en un solo día, con un valor acumulado cercano a los 63.000 dólares.

Los reclamos se concentraron en la falta de señalización y socialización sobre el carácter exclusivo del carril. Los afectados solicitaron que las autoridades revisaran las citaciones antes de mantener las sanciones.

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ATM anuló las sanciones y anunció una nueva socialización

Horas después del plantón, la ATM informó que, tras escuchar los reclamos ciudadanos y revisar el procedimiento aplicado, decidió dejar sin efecto las multas emitidas en ese tramo de la avenida 25 de Julio.

La entidad anunció que implementará una nueva etapa de socialización antes de reanudar los controles. El proceso incluirá señalización vial, notificaciones preventivas y difusión de información mediante medios de comunicación y canales digitales.

Hasta el 8 de septiembre de 2026, la ATM no había informado una fecha para retomar las sanciones en ese sector.

¿Cuáles son los carriles compartidos de la Metrovía?

De acuerdo con la información publicada por la ATM, existen tramos en los que los vehículos particulares pueden circular por el carril de la Metrovía durante las 24 horas:

La institución también identificó los carriles que pueden ser utilizados por vehículos particulares únicamente en determinadas franjas horarias, de lunes a viernes:

El tramo de la 25 de Julio seguirá siendo exclusivo

El sector de la avenida 25 de Julio donde se originó la controversia no aparece en el listado de carriles compartidos difundido por la ATM. Por lo tanto, ese tramo continuará siendo exclusivo para la circulación de las unidades de la Metrovía.

No obstante, las sanciones se retomarán después de que concluya la nueva etapa de socialización anunciada por la autoridad municipal. Hasta entonces, la entidad deberá reforzar la señalización e informar a los usuarios sobre las restricciones vigentes.

La ATM recomendó a los conductores verificar las condiciones de circulación antes de ingresar a estos carriles y respetar la señalización instalada en cada tramo.

Lo que debes saber

• Inamhi alerta calor y radiación UV extrema del 9 al 12 de septiembre en Quito e Ibarra.
• Costa, Sierra y Amazonía tendrán altas temperaturas por menor humedad y mar más cálido.
• Vegetación seca eleva riesgo de incendios forestales en varias provincias durante la alerta.

Ecuador enfrentará un periodo de altas temperaturas diurnas y niveles muy altos de radiación ultravioleta (UV) entre el 9 y el 12 de septiembre de 2026, según un pronóstico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). Las condiciones más intensas se prevén en distintas provincias de la Costa, Sierra y Amazonía.

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De acuerdo con la entidad, ciudades como Quito e Ibarra registrarán este 9 de septiembre índices de radiación solar catalogados como extremadamente altos. 

Además del impacto en la salud de la población, estas condiciones podrían favorecer la propagación de incendios forestales en zonas vulnerables.

Provincias con mayor riesgo por el incremento de temperaturas

La alerta identifica áreas de mayor riesgo en varias regiones del país. 

En el Litoral

En la región Interandina

En la Amazonía

Según el Inamhi, este escenario está relacionado con la persistencia de temperaturas elevadas en la superficie del mar frente a la costa ecuatoriana, una condición que contribuye a generar un ambiente más cálido de lo habitual. 

A ello se suma una disminución del contenido de humedad en distintos niveles de la atmósfera, lo que favorece la presencia de jornadas secas y calurosas.

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Vegetación seca incrementa el riesgo de incendios

La institución también advirtió que, en la Sierra, determinadas condiciones locales combinadas con la existencia de vegetación seca incrementan el riesgo de que se inicien y propaguen incendios forestales.

El pronóstico se emite en un contexto en el que Ecuador mantiene una alerta roja relacionada con el fenómeno de El Niño, cuyos efectos han sido asociados a alteraciones en los patrones climáticos, incluyendo el aumento de temperaturas y periodos de sequía en diversas zonas del territorio nacional

Lo que se sabe

• El problema se generó por un incendio en la central eléctrica de Chanduy
• El agua se suspendió desde las diez de la mañana y la población no pudo abastecerse 
• La indignación se sintió más en horas de la tarde y noche

Por más de doce horas continuas, la provincia de Santa Elena permaneció sin el servicio de agua potable que distribuye la empresa Aguapen este martes 8 de septiembre. El hecho generó gran indignación entre miles de usuarios.

A las 10h00 se reportó un incendio en la subestación eléctrica de Chanduy y, minutos después, se informó que el percance también afectó los sistemas de bombeo en San Rafael y la planta potabilizadora de Atahualpa.

“Como consecuencia nos vemos en la necesidad de suspender temporalmente la distribución de agua potable”, señalaba un escueto comunicado de Aguapen, en el que además se pedía a la ciudadanía abastecerse de inmediato.

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La mayoría de usuarios pensó que el daño sería leve y que, como en ocasiones anteriores, el servicio se restablecería en poco tiempo. Sin embargo, las horas transcurrieron y durante la tarde y noche los reclamos se multiplicaron.

“No tengo agua para nada, no pude preparar el almuerzo ni la merienda y tampoco hemos podido bañarnos. Esto es el colmo. Que se vayan todas las autoridades”, posteó en redes sociales Carmen Sánchez.

Decenas de quejas se sumaron a la indignación, que aumentó porque desde el área de comunicación de Aguapen no se informaba hasta qué hora se prolongaría el corte.

Servicio se restablecerá de a poco

Pasadas las 22h00, en un breve comunicado, Aguapen informó que el problema eléctrico había sido superado y que los equipos empezaban a funcionar, por lo que el servicio se restablecería de manera progresiva.

“Ya son las 11 de la noche y nada que llega el agua. Es terrible lo que se ha vivido este día”, reclamó la usuaria Beatriz Suárez.

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Lo que sabe

• El trasladado del féretro está previsto para las 09h00 
• Los amigos de la activista efectuarán una ceremonia de despedida
• Las investigaciones de la muerte de Monika Silva continuarán en Polonia

La tarde de este martes 8 de septiembre, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) confirmaron que la mañana del jueves 10, la Fiscalía del Ecuador entregará oficialmente a su similar de Polonia el cuerpo de la activista anticorrupción Monika Martyna Koniuszek, conocida en Ecuador como Mónika Silva.

La mujer, de 41 años y nacionalidad polaca, fue hallada sin vida el pasado 8 de junio en su vivienda del barrio El Tigrillo, en la comuna Montañita, al norte de Santa Elena, donde residió por más de una década.

La diligencia se retrasó un día debido a la necesidad de completar los trámites legales para el traslado de los restos hacia su país natal, solicitud realizada por su madre y allegados, quienes buscan que la investigación continúe y se fortalezca la búsqueda de la verdad.

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A tres meses de su muerte violenta, la familia espera que en Polonia se practiquen nuevas diligencias que permitan esclarecer el caso y determinar responsabilidades. En Ecuador, la necropsia estableció que el fallecimiento se debió a un presunto estrangulamiento y a un golpe contundente en la cabeza.

Un día después del hallazgo, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que se presumía un suicidio; sin embargo, el informe forense posterior confirmó que la muerte fue provocada, por lo que el caso pasó a investigarse bajo la hipótesis de un presunto femicidio.

Los amigos de Monika Silva y colectivos sociales consideran que la repatriación abre la posibilidad de profundizar las diligencias en Polonia y aportar nuevos elementos para establecer qué ocurrió y quiénes estarían detrás de su muerte.

El traslado del cuerpo no representa el cierre del proceso judicial, advirtieron el CEPAM y el CDH. Por el contrario, las organizaciones aseguraron que continuarán acompañando a la familia y exigiendo que se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades y se identifique tanto a los autores materiales como a los posibles responsables intelectuales del crimen.

Homenaje de despedida

Alfonso Ortiz, del colectivo Mochica Sumpa en Santa Elena, manifestó que las personas se reunirán al pie del centro forense desde las 07h00 del jueves para despedirla en una breve ceremonia y agradecerle a Monika por su lucha en favor de la provincia.

La activista se caracterizó por denunciar a autoridades locales por incumplimiento de obras y sobreprecios en contratos, además de defender los derechos de la naturaleza.

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Esto debes saber

• La embarcación manabita fue intervenida en el Pacífico Oriental durante operaciones de fuerzas estadounidenses
• La Armada coordina el retorno de 28 tripulantes; 22 del barco atunero Montecristi y seis de Don Rufo
• Otros 10 pescadores del Barco Don Rufo son buscados por la Armada del Ecuador luego de haberse alejado del lugar de la intervención

Una nueva operación en el Pacífico Oriental vuelve a poner a una embarcación vinculada con Manabí en el centro de la atención. Se trata del Don Rufo, intervenido el martes 8 de septiembre de 2026 durante un operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses bajo la dirección del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interdictaron una estación de reabastecimiento flotante que, según inteligencia de ese país, estaría relacionada con operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar.

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La información estadounidense señala además una presunta vinculación de la embarcación con Los Choneros, organización criminal que Estados Unidos identifica como narco-terrorista.

Tras la intervención, varios de los individuos que se encontraban en la embarcación fueron retirados y posteriormente puestos a disposición de las autoridades ecuatorianas.

Armada del Ecuador confirma recepción de 28 tripulantes

En un boletín emitido este 8 de septiembre, la Armada del Ecuador informó que coordinó el retorno seguro de 28 tripulantes, quienes fueron recibidos por una unidad guardacostas ecuatoriana.

La institución detalló que 22 tripulantes pertenecían a la embarcación Montecristi y seis al Don Rufo.

Luego de ser recibidos, la unidad naval ecuatoriana inició el traslado de los tripulantes hacia el puerto más cercano, con el objetivo de garantizar su integridad.

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La Armada precisó que, una vez que lleguen a puerto, los 28 tripulantes deberán cumplir con los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes, de acuerdo con la normativa vigente.

Diez integrantes del Don Rufo continúan en búsqueda

Uno de los aspectos que genera preocupación es la situación de otros 10 integrantes de la dotación del Don Rufo, quienes, según la Armada del Ecuador, se habrían alejado del lugar donde se produjo la intervención.

Ante esta situación, la institución informó que mantiene activas las acciones de búsqueda y las coordinaciones correspondientes para localizar a estas personas.

La Armada indicó además que continuará informando a la ciudadanía sobre el desarrollo de las operaciones conforme disponga de información oficial y debidamente verificada.

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Don Rufo se suma a otras embarcaciones intervenidas

El caso del Don Rufo se suma a una serie de operaciones marítimas que han involucrado a embarcaciones vinculadas con Ecuador durante los últimos once días.

De acuerdo con la información proporcionada, son seis las embarcaciones relacionadas con estas operaciones en el Pacífico Oriental: Don Rufo, Tres Hermanos, OM2, Conquista 2, María Candelaria y el atunero Montecristi.

Lo que debes de saber

• Tres nuevos puentes conectarán Libertador Bolívar, San Antonio y Cadeate.
• La obra alcanza el 95 % de avance y pone fin a décadas de espera.
• El proyecto impulsará la movilidad, el turismo y el desarrollo de las tres comunas.

Durante décadas, los habitantes de Libertador Bolívar, San Antonio y Cadeate, en la provincia de Santa Elena, tuvieron que convivir con una realidad que parecía no cambiar: cada vez que los ríos crecían, sus comunidades podían quedar aisladas.

No era un problema nuevo ni desconocido. Por años, las familias reclamaron puentes que permitieran cruzar de una comuna a otra sin depender de la lluvia, las crecientes o de improvisados pasos de madera. Pero los pedidos se acumularon y, mientras tanto, los propios comuneros tuvieron que resolver el problema levantando puentes con tablas, palos y caña. Bastaba una lluvia para que se los llevara la corriente.

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La escena se repetía una y otra vez. Cuando los pasos quedaban destruidos, los habitantes debían dar largas vueltas por la carretera principal o esperar a que bajara el agua para trasladarse entre las comunidades. La falta de una conexión segura no solo complicaba la movilidad; también condicionaba el acceso a servicios.

Hoy, esa historia empieza a cambiar. En Libertador Bolívar ya se levantan dos puentes metálicos con losa de cemento prefabricada, mientras que entre San Antonio y Cadeate se construyó un tercero, más grande, destinado al tránsito vehicular.

La obra, ejecutada por la Prefectura de Santa Elena, llega después de años de insistencia de los habitantes y de una presión comunitaria que finalmente consiguió que el pedido dejara de ser una promesa.

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“Pensé que nunca se iba a hacer realidad. Tengo 60 años y desde niña escuchaba a mis abuelos y padres pedir estos puentes. Al fin nos escucharon”, expresó Martha Orrala, de Libertador Bolívar.

El octogenario Pedro Suárez recuerda cómo, en cada creciente, los comuneros debían dar largas vueltas por la carretera principal o esperar a que bajara la marea para cruzar de un pueblo a otro. “Era un suplicio, pero no teníamos otra opción”, dice.

Para las familias, la obra es el cierre de una espera que pasó de padres a hijos y que durante años estuvo marcada por promesas que no se concretaban. “Por este puente también van a pasar los carros y la conexión entre cada pueblo se va a mejorar notablemente”, celebra Jimmy Barzola, habitante de Cadeate.

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La obra ya alcanza un 95 % de avance y será inaugurada en las próximas semanas. Los pobladores preparan una fiesta comunitaria para celebrar lo que consideran un hecho histórico. “Esto sí es una obra que nos traerá desarrollo. Es el inicio de una nueva etapa para nuestras comunas”, enfatiza Rosario Tomalá, habitante de San Antonio.

Más allá de la movilidad, el proyecto busca repotenciar el turismo. Los visitantes podrán recorrer internamente los tres poblados y disfrutar de cinco kilómetros lineales de playa, sin depender de la carretera principal.

“Ha sido un anhelo por muchos años. Cuando se anunció la construcción hubo escepticismo, porque siempre prometían y no cumplían. Ahora sí es una realidad”, afirma Susana Lainez, moradora.

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En San Antonio, uno de los sitios poco conocidos dentro de la actividad turística, meses atrás se conformó un comité cuyos integrantes ya han adecentado cabañas al pie de la playa para la venta de comidas, cócteles y artesanías.

Acciones similares se han realizado en Cadeate, mientras que en Libertador Bolívar se ha trabajado en la implementación y mejora de los locales existentes en el área del malecón. La expectativa es que estas obras impulsen un crecimiento turístico sostenido.

Se hace justicia con las comunas

La prefecta Juanita Córdova sostiene que la obra es un acto de justicia con comunidades que por décadas exigieron una solución vial integral. Mediante la planificación y adjudicación de los recursos se logró concretar el proyecto, dijo.

“Esto es una muestra de que con planificación y amor podemos dejar un gran legado para la provincia. Paso a paso, se cumple lo que tanto esperaron los comuneros”, señaló.

Aunque los puentes metálicos todavía no han sido inaugurados, los ciudadanos ya han empezado a utilizarlos. Para ellos, después de tantos años de espera, esas estructuras son la prueba de que un reclamo sostenido durante generaciones, aunque parezca imposible, sí puede obtener una respuesta.

Lo que se sabe 

• Ecuador obtuvo 366 puntos y quedó en el puesto 76 del ranking global.
• El país perdió 24 puntos en comprensión lectora y registró 385 puntos.
• Ecuador alcanzó 393 puntos, 89 menos que el promedio de la OCDE.

Ecuador volvió a mostrar un desempeño por debajo del promedio internacional en las pruebas PISA 2025, cuyos resultados fueron publicados este 8 de septiembre de 2026. 

El país se ubicó en el puesto 65 en comprensión lectora, 70 en ciencias y 76 en matemáticas, en una evaluación que midió las competencias de unos 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y territorios.

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Lectura y matemáticas retroceden

De las tres áreas evaluadas, matemáticas fue la de peor desempeño para Ecuador. 

El país obtuvo 366 puntos, 97 menos que el promedio de la OCDE, situado en 463. 

En lectura alcanzó 385 puntos, frente a los 461 de promedio de la organización, mientras que en ciencias registró 393 puntos, 89 por debajo de los 482 puntos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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El resultado ecuatoriano se presenta en un contexto de deterioro educativo mundial. 

Los estudiantes evaluados alcanzaron el nivel promedio de rendimiento más bajo registrado en la historia de PISA, con una caída superior a 20 puntos en lectura y matemáticas a escala general. 

La comprensión lectora es una de las principales preocupaciones del organismo, debido a que constituye una base para otros aprendizajes escolares.

Lo que se sabe 

• La convocatoria estará abierta del 8 al 21 de septiembre y el registro será digital.
• Se reconocerán iniciativas de infraestructura, educación sanitaria, gestión comunitaria e innovación para garantizar agua segura.
• La evaluación se realizará entre el 22 de septiembre y el 21 de octubre. La entrega está prevista para el 27 de octubre de 2026.

La Vicepresidencia de la República abrió este martes 8 de septiembre de 2026 una convocatoria nacional para reconocer proyectos que contribuyan a garantizar el acceso al agua segura y, con ello, a prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil en Ecuador.

La iniciativa está dirigida a empresas públicas y privadas, organizaciones comunitarias y ONG legalmente constituidas que hayan desarrollado proyectos con resultados verificables en el acceso a agua segura. 

El reconocimiento será de carácter honorífico y busca visibilizar experiencias que puedan ser replicadas en otras comunidades.

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Cuatro condiciones

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Postulación y evaluación

Las organizaciones interesadas deberán presentar su postulación hasta el 21 de septiembre de 2026 mediante el formulario disponible en https://aguasegura.trabajo.gob.ec.

Entre los requisitos constan la descripción del proyecto, periodo de ejecución, número de beneficiarios, resultados, georreferenciación y documentación de respaldo. 

En los proyectos que incluyan infraestructura también se solicitará un análisis de calidad del agua realizado por laboratorios acreditados, preferentemente por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano.

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Mayra Pacheco Pazmiño

Etapas de la convocatoria

La revisión documental y la constatación territorial se realizarán entre el 22 de septiembre y el 21 de octubre, con la participación de equipos técnicos de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Humano, Ambiente y Energía, y Salud Pública. 

El reconocimiento institucional honorífico está previsto para el 27 de octubre de 2026. 

La iniciativa forma parte de la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y busca contribuir a la meta de reducir la desnutrición crónica infantil al 15,27 % para 2029.

Lo que se sabe

• 20 de octubre: sería declarado como el Día Nacional del Chagra y su Cultura.
• Tradición andina: el chagra representa valores culturales y sociales de los pueblos de la serranía.
• Decisión pendiente: la propuesta será tratada por el Pleno de la Asamblea este 9 de septiembre.

La Asamblea Nacional analiza una resolución que propone declarar el 20 de octubre de cada año como el Día Nacional del Chagra y su Cultura, en reconocimiento a su aporte histórico, cultural, social y patrimonial a la identidad del Ecuador. 

La propuesta fue incluida en el orden del día del Pleno del Legislativo.

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Según el documento, el chagra representa al hombre y la mujer del páramo andino y está relacionado con valores como el trabajo comunitario, el vínculo con la naturaleza, el manejo tradicional del caballo, la defensa del territorio y la conservación de la identidad rural.

Esta tradición tiene especial presencia en provincias como Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

Una fecha con tradición

La fecha planteada coincide con la tradicional Fiesta del Chagra, que se celebra cada 20 de octubre y está vinculada con las expresiones culturales de las comunidades de la serranía ecuatoriana. 

La resolución destaca que esta figura constituye un símbolo cultural, histórico y social profundamente arraigado en la identidad nacional.

Política

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De aprobarse, sería la tercera declaratoria de una fecha especial realizada por la Asamblea Nacional en 2026. 

El Legislativo ya estableció el 10 de junio como el Día Nacional del Tenis Ecuatoriano y el 13 de julio como el Día del Rotario. 

En la agenda también constan proyectos relacionados con el fortalecimiento de la educación ambiental y reformas a la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap).

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Licencias de conducir en Ecuador: cómo la ANT aplicará la reforma

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Además, la Asamblea Nacional tiene prevista una sesión solemne en Riobamba por el Día de la Fundación del Ecuador. 

El acto se realizará el jueves 10 de septiembre de 2026, en las calles José de Orozco y Juan de Lavalle, en el sector conocido como la escalinata de la loma de Quito.

Lo que debes saber

• Ocho presuntos miembros del Frente Óliver Sinisterra fueron detenidos en Imbabura.
• Los capturados serían investigados por extorsión, secuestro y sicariato en Urcuquí.
• Fiscalía pidió prisión preventiva tras decomiso de armas y municiones en Buenos Aires.

Ocho presuntos integrantes del Frente Óliver Sinisterra fueron detenidos en una operación militar ejecutada en Urcuquí, provincia de Imbabura. Las autoridades investigan sus posibles vínculos con delitos como secuestro, extorsión, sicariato y minería ilegal.

La captura se produjo el 7 de septiembre de 2026 en el sector Nuevo Hogar, ubicado en la parroquia La Merced de Buenos Aires, una zona que desde hace varios años permanece bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad debido a la presencia de minería ilegal y grupos armados vinculados al crimen transnacional.

Los operativos se desarrollaron en dos puntos distintos del sector y permitieron la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con el Frente Óliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC que mantiene actividades en la frontera entre Ecuador y Colombia.

¿Quiénes son los detenidos?

Entre los aprehendidos figuran ciudadanos ecuatorianos y extranjeros. Las autoridades informaron que al menos siete de los capturados serían de nacionalidad venezolana. Los sospechosos fueron localizados en dos inmuebles diferentes durante las intervenciones militares.

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De acuerdo con los reportes preliminares, los detenidos estarían vinculados con actividades de secuestro, extorsión, robo a mano armada y sicariato. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de cada uno dentro de la estructura criminal.

Durante los allanamientos también se decomisaron un fusil, un revólver y municiones, evidencias que pasaron a cadena de custodia para las pericias correspondientes.

Prisión preventiva y procesos penales

La Fiscalía informó que los ocho detenidos fueron procesados en dos causas distintas y que un juez de Urcuquí dispuso prisión preventiva para todos los implicados.

En el primer caso, cuatro procesados enfrentan cargos por presunta tenencia y porte de armamento de uso privativo de las Fuerzas Armadas, una infracción que contempla penas de hasta 22 años de prisión. En el segundo proceso, otros cuatro detenidos fueron acusados por tenencia y porte no autorizado de armas.

La Fiscalía señaló además que moradores de la zona habrían identificado a los sospechosos como integrantes del Frente Óliver Sinisterra, información que forma parte de las investigaciones en curso.

La presencia del Frente Óliver Sinisterra en Ecuador

Aunque el Frente Óliver Sinisterra surgió en Colombia tras la desmovilización de las FARC, en los últimos años las autoridades ecuatorianas han reportado operaciones de esta organización dentro del territorio nacional.

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Las investigaciones oficiales han vinculado al grupo con actividades relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y control de corredores utilizados para el movimiento de droga. Según reportes citados por medios nacionales, la estructura tendría presencia en provincias como Esmeraldas, Carchi, Orellana e Imbabura.

La parroquia Buenos Aires, donde ocurrieron las detenciones, ha sido identificada como un punto estratégico por la explotación ilegal de minerales. En esta zona se han desarrollado varios operativos militares desde 2019 para intentar contener la presencia de organizaciones armadas y economías ilícitas.

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Las capturas se suman a otras operaciones ejecutadas este año contra presuntos miembros del Frente Óliver Sinisterra. En junio pasado, siete sospechosos vinculados a esta organización fueron detenidos en Esmeraldas, mientras que meses antes también se reportó la captura de presuntos cabecillas y colaboradores del grupo.

Lo que se sabe 

• La ANT seguirá regulando, autorizando y supervisando el sistema de licencias.
• ANT y Registro Civil deberán establecer la interoperabilidad de sus sistemas y definir procesos y puntos de atención.
• la reforma está en manos del Ejecutivo y el Registro Civil todavía no puede emitir ni renovar licencias bajo este nuevo esquema.

La reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial plantea cambios en la emisión y renovación de licencias de conducir en Ecuador.

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto el 3 de septiembre de 2026, pero todavía no está vigente: el texto fue remitido al Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o lo veta total o parcialmente.

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El cambio principal establece que el Registro Civil podrá emitir y renovar licencias, pero mediante una delegación expresa de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y un convenio de cooperación interinstitucional. 

La ANT seguirá siendo la autoridad encargada de la rectoría, planificación, normativa, autorización y control técnico del sistema nacional de licencias.

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Para aplicar este nuevo esquema, la ANT y el Registro Civil tendrán 180 días para establecer los términos que permitan la interoperabilidad de sus sistemas. 

Esto contempla el intercambio de bases de datos, el traslado de procesos operativos y puntos de atención al usuario, además de mecanismos para evitar la duplicidad de trámites a escala nacional.

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El ciudadano, sin embargo, deberá seguir cumpliendo los procesos establecidos para obtener o renovar una licencia. 

La reforma señala que deberá contar con la certificación de la ANT o de organismos autorizados por esta entidad respecto a la capacitación, formación, entrenamiento y evaluación. 

La ANT también conservará la función de establecer mecanismos de seguimiento para verificar estos procesos y la aptitud del conductor.

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El reto para la ANT será poner en funcionamiento esta coordinación mientras asume otras obligaciones previstas en la reforma. 

Expertos en movilidad han advertido que la institución necesitará capacidad operativa, tecnológica, informática y de personal para cumplir con las nuevas responsabilidades. 

Entre ellas están la regulación de scooters y motos eléctricas, sistemas de identificación vehicular y registros relacionados con delivery.

Aún no cambia el trámite para los ciudadanos

Por ahora, el trámite de licencias no cambia para los ciudadanos. 

La participación del Registro Civil dependerá de que la reforma entre en vigencia y de que posteriormente se concrete el esquema de cooperación con la ANT. 

El objetivo es ampliar la capacidad de atención sin quitar a la agencia el control sobre los requisitos y la seguridad vial.

Los puntos claves

• Ser designado miembro de una Junta Receptora del Voto es una obligación, pero la ley contempla casos en los que la ausencia puede ser justificada.
• Un problema de salud, una calamidad doméstica grave o encontrarse fuera del país son algunas de las causas que permiten solicitar la justificación.
• El CNE dispone de un formulario oficial para tramitar la justificación de la inasistencia y exige documentos que respalden la causa alegada.
• No presentarse a integrar la mesa sin una justificación válida puede generar una multa equivalente al 15 % del salario básico unificado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya seleccionó a los ciudadanos que integrarán las Juntas Receptoras del Voto (JRV) para las elecciones seccionales, que se realizarán el domingo 29 de noviembre de 2026. El sorteo de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) se realizó el 2 de septiembre.

Para quienes fueron designados, integrar la mesa electoral es una obligación. Sin embargo, la normativa electoral establece situaciones en las que una persona puede justificar su inasistencia y evitar la sanción económica.

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¿Quiénes pueden justificar que no acudieron a la mesa?

Entre las causales reconocidas por la normativa están los casos de salud o impedimento físico, siempre que estén debidamente respaldados con un certificado médico del Sistema Nacional de Salud, público o privado.

También se contempla la calamidad doméstica grave ocurrida el día de las elecciones o dentro de los ocho días anteriores. En este caso, el ciudadano debe presentar los documentos que permitan acreditar la situación.

Otra causal es encontrarse fuera del país o llegar a Ecuador el mismo día de las elecciones. Para demostrarlo se puede presentar el pasaporte o el movimiento migratorio, según corresponda.

La normativa también contempla a quienes se encuentren cumpliendo actividades propias del proceso electoral durante la jornada.

Además, existen personas que por mandato constitucional o legal tienen voto facultativo y, por tanto, no están obligadas a sufragar. Entre ellas se encuentran determinados grupos establecidos por la Constitución y la legislación electoral.

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¿Qué pasa con quienes trabajan en salud?

El CNE también reconoce situaciones relacionadas con el trabajo durante la jornada electoral. Los médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y carreras afines, internos rotativos, médicos rurales y personal de servicios de salud pública que estén de turno y deban prestar atención en hospitales, centros o subcentros de salud pueden justificar su incumplimiento cuando su actividad laboral les impida cumplir con la obligación electoral.

La justificación debe estar respaldada con la documentación correspondiente que demuestre que la persona se encontraba cumpliendo esas funciones durante los comicios.

¿La excusa se presenta antes de las elecciones?

Aquí hay una diferencia importante. No se trata de solicitar permiso para no ser miembro de mesa simplemente porque el ciudadano no quiere cumplir esa función.

La información oficial del CNE indica que la justificación por no integrar la JRV se tramita después de la elección, desde el día siguiente, en las Delegaciones Provinciales, con formulario y documentos de respaldo.

El CNE y sus organismos electorales desconcentrados son los encargados de conocer y resolver estos pedidos de justificación.

Por eso, tener un viaje, un compromiso personal o simplemente no querer acudir a la mesa no constituye por sí solo una causal de excusa.

¿Cuál es la multa por no presentarse?

Si una persona fue designada como miembro de una Junta Receptora del Voto y no acude, y tampoco tiene una causa que justifique su inasistencia, deberá pagar una multa equivalente al 15 % de un salario básico unificado (SBU).

Esta sanción es diferente de la que corresponde por no asistir a la capacitación obligatoria. Para quienes fueron designados MJRV y no participan en las actividades de capacitación establecidas por el CNE, la multa es del 10 % del SBU.

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Por eso, son tres situaciones diferentes: no capacitarse, no presentarse a integrar la mesa y abandonar la Junta sin justificación.

¿Qué ocurre si un miembro de mesa abandona la jornada?

No es lo mismo llegar tarde o no acudir que abandonar injustificadamente la Junta Receptora del Voto antes de terminar las tareas electorales.

El CNE establece que, cuando un miembro abandona la Junta sin justificación y deja de cumplir sus funciones hasta la terminación del escrutinio y la suscripción de los documentos electorales, la Delegación Provincial Electoral debe realizar los trámites correspondientes ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Por ello, quienes hayan sido seleccionados como MJRV deben revisar con anticipación su designación y, si consideran que existe una causal para justificar su ausencia, conservar los documentos que acrediten esa situación.

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¿Dónde se puede presentar la justificación?

El CNE tiene habilitado un formulario para justificar la inasistencia a integrar las Juntas Receptoras del Voto, así como la falta de asistencia a las capacitaciones obligatorias. El ciudadano debe llenar el formulario y presentar los requisitos que correspondan según la causa de su inasistencia.

El trámite está disponible en la página oficial del CNE, en la sección de Justificación de inasistencia a sufragar, integrar las Juntas Receptoras del Voto o no participación obligatoria a capacitaciones programadas.

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El caso Goleada: procesados sin blindaje judicial

Esta aclaración respondió a una consulta formal del juez Jairo García dentro del denominado 'caso Goleada', en el que se investiga un presunto delito de lavado de activos. El magistrado solicitó al CNE verificar si alguno de los 17 imputados gozaba de fuero.

El organismo electoral confirmó que cuatro de los procesados —Fiorella Ycaza, Pedro Juan Hidalgo, Gastón Loy Correa y David Álvarez Kronfle— ingresaron solicitudes de inscripción para la Alcaldía y concejalías de Guayaquil. No obstante, el CNE ratificó que ninguno cuenta con inmunidad electoral, debido a que sus expedientes no han sido calificados en firme.

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La calificación en firme: el único camino para la inmunidad

El titular del organismo electoral, José Cabrera, explicó que el blindaje legal para los postulantes no opera de manera automática con el registro inicial. "Cuando ha sido calificada y está en firme, entonces sí tiene inmunidad. Mientras tanto no goza de ese derecho", precisó la autoridad.

La inscripción previa representa apenas el punto de partida de un trámite administrativo y legal. Antes de otorgar la protección fijada por la norma electoral, cada nómina debe superar distintas fases de fiscalización e impugnación:

"Todavía no tienen inmunidad porque la candidatura no está en firme", puntualizó Cabrera.

Impedimentos legales para ser candidato en Ecuador

A la par de los procedimientos administrativos, el marco legal ecuatoriano establece inhabilitaciones taxativas para quienes pretenden llegar a una papeleta. El numeral 2 del artículo 96 del Código de la Democracia prohíbe expresamente la postulación de personas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Esta restricción aplica con rigor frente a delitos graves como el lavado de activos, la asociación ilícita y la delincuencia organizada. En esos escenarios, la pérdida de los derechos políticos impide de forma definitiva la participación en la contienda.

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Lista definitiva y certezas a tres días de la campaña

Tras resolver la revisión de más de 53.000 solicitudes de inscripción ingresadas al sistema, el CNE prevé publicar el listado oficial de candidaturas calificadas en firme el próximo 9 de noviembre.

Con este anuncio, las organizaciones políticas y los aspirantes obtendrán certeza jurídica sobre su participación apenas tres días antes del arranque del periodo de proselitismo, fijado del 12 al 26 de noviembre.

Un proceso masivo en un calendario reajustado

Más de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, concejales urbanos y rurales, 4.131 vocales de juntas parroquiales y siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La jornada de votación en noviembre responde al reajuste preventivo aprobado por el pleno del CNE para mitigar posibles afectaciones en la logística vial por el fenómeno de El Niño.

Sin embargo, al contrastar ese nombre con los registros institucionales disponibles, EXPRESO no encontró evidencia pública que confirme que ocupe un cargo como asesora, funcionaria o servidora de la Asamblea Nacional.

La cuenta tampoco muestra un nombramiento, contrato, correo institucional ni otro documento oficial que respalde la relación laboral o política que menciona en su biografía.

La verificación se centró en determinar si Emily Alcívar Zambrano trabaja en la Asamblea Nacional y mantiene vínculos con ADN. La revisión de registros oficiales no respaldó esas afirmaciones. 

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¿Qué circula en redes sociales?

Una cuenta de Instagram y Facebook identificada con el nombre de Emily Alcívar Zambrano se presenta como vinculada con la Asamblea Nacional y la bancada ADN. En la descripción del perfil se lee: “Manta – Provincia de Manabí (Quito, Ecuador). Asamblea Nacional. Bancada ADN. Abogada y especialista en gobierno y asuntos públicos”.

Las fotografías publicadas en esa cuenta fueron replicadas por varios usuarios, quienes identificaron a la mujer como una supuesta asesora legislativa. Otras publicaciones sostuvieron que las imágenes serían producto de inteligencia artificial y difundieron resultados obtenidos mediante herramientas automatizadas de detección.

Una de esas fotografías fue desmentida por el asambleísta por Los Ríos Johnny Terán, quien explicó que se utilizó y modificó una imagen antigua suya sin autorización. El legislador compartió la fotografía original y advirtió que el contenido viral era falso.

Además, La publicación más antigua disponible en el perfil de Instagram revisado por EXPRESO corresponde al 22 de julio de 2026.

Emily Alcívar no aparece en los registros consultados

La Asamblea Nacional dispone de una guía telefónica institucional que permite buscar a sus funcionarios por nombres, apellidos, dependencia y tipo de servidor. La institución informa que esos datos son administrados por la Coordinación General de Talento Humano y se actualizan en línea.

El Legislativo también publica información sobre su estructura y el distributivo de personal mediante sus mecanismos de transparencia.

Al consultar el nombre Emily Alcívar Zambrano, Ecuador Chequea y EXPRESO no encontraron un registro público que permita confirmar que esa persona trabaja como asesora, funcionaria o servidora de la Asamblea Nacional.

EXPRESO consultó el registro público de títulos de la Senescyt, pero no encontró información que confirmara que una persona con esos apellidos posea un título de abogada. Sin embargo, la ausencia de resultados tampoco permite identificar quién administra la cuenta ni descartar que exista una persona con el mismo nombre.

La coincidencia de un nombre en un registro ajeno a la Asamblea tampoco demuestra que se trate de la mujer representada en la cuenta ni que ella sea la persona que administra el perfil.

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Herramientas de detección identificaron posibles indicios de manipulación

Ecuador Chequea analizó una de las imágenes mediante dos herramientas de detección. ZeroGPT arrojó un 99,5 % de probabilidad de manipulación, mientras que Hive Moderation registró un 90 %.

Estos resultados deben considerarse indicios y no pruebas concluyentes, debido a que las herramientas automatizadas pueden producir errores. En este caso, el análisis se complementa con el pronunciamiento de Johnny Terán, quien publicó la fotografía original y confirmó que su imagen fue modificada sin autorización.

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No existe respaldo oficial sobre su supuesto cargo en la Asamblea

Aunque fue posible rastrear el perfil, su biografía, sus fotografías y la fecha de sus primeras publicaciones, no se pudo comprobar la identidad de la mujer presentada como Emily Alcívar Zambrano. Su nombre tampoco figura entre el personal de la Asamblea Nacional consultado ni existen documentos públicos que demuestren una relación con la bancada ADN.

Además, el asambleísta Johnny Terán confirmó que una de las imágenes en las que supuestamente aparece junto a ella fue elaborada mediante la modificación de una fotografía antigua. Por tanto, no existe respaldo documental para presentarla como asesora legislativa ni evidencia de que el encuentro con Terán haya ocurrido.

Lo que debe saber

• Guayas lidera el riesgo de inundaciones por El Niño con 383.000 personas expuestas.
• Loja registra la mayor población vulnerable a deslizamientos ante El Niño.
• Manabí, Los Ríos y El Oro enfrentan riesgo de inundaciones y movimientos en masa.

Las inundaciones y los deslizamientos se perfilan como las principales amenazas asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador. Un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identifica a diez provincias como las más expuestas a estos eventos, con impactos diferenciados entre la Costa y la Sierra.

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Las previsiones sobre la llegada del fenómeno de El Niño advierten que Ecuador podría enfrentar afectaciones significativas por inundaciones y movimientos en masa, especialmente en provincias de la Costa y la Sierra donde existen mayores niveles de vulnerabilidad.

De acuerdo con los análisis de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas presentan el mayor riesgo de inundaciones, mientras que en la región andina las zonas más expuestas a deslizamientos son Loja, Pichincha, Bolívar, Azuay y Cañar.

Los estudios también muestran que Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro concentran riesgos tanto por inundaciones como por movimientos en masa, lo que incrementa los desafíos para las autoridades locales y las comunidades asentadas en esos territorios.

Costa y Sierra enfrentarían amenazas distintas

Las proyecciones indican que los efectos del fenómeno climático no se distribuirán de manera uniforme en el país. En la Costa, el principal riesgo proviene de las inundaciones, que podrían afectar áreas densamente pobladas y zonas productivas estratégicas para la economía nacional.

En la Sierra, en cambio, la mayor preocupación está relacionada con los deslizamientos de tierra, que suelen registrarse en sectores montañosos y pueden provocar interrupciones viales, afectar viviendas y aislar comunidades ubicadas en zonas de difícil acceso.

Internacional

Colombia activó plan de ahorro energético ante la llegada de El Niño

Valeria Alvear

Guayas y Loja lideran la población expuesta

Según las estimaciones oficiales, Guayas concentra la mayor cantidad de habitantes expuestos a inundaciones, con alrededor de 383.000 personas en áreas consideradas de riesgo.

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Por su parte, Loja aparece como la provincia con mayor población vulnerable a deslizamientos, con cerca de 94.780 habitantes potencialmente expuestos a este tipo de emergencias.

Los pronósticos han sido remitidos a los gobiernos autónomos descentralizados para que fortalezcan las medidas de prevención y preparación ante posibles afectaciones que podrían comprometer servicios básicos, infraestructura vial, sistemas de agua potable, centros de salud y viviendas

Sociedad

Bachillerato virtual en Ecuador: una oportunidad que aún no se masifica

Gabriel Enrique Cornejo Espinoza

En la edición 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, cuyos resultados representan a unos 33 millones de jóvenes de esa edad en el mundo.

Ecuador: desempeño por debajo del promedio

Los resultados de Ecuador fueron preocupantes. Solo el 20% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo en matemáticas, frente al 65% del promedio de la OCDE. En lectura, apenas el 38% logró el nivel básico, frente al 69% de la organización, y en ciencias el 40%, frente al 74%. Solo 2 de cada 10 estudiantes alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas y en lectura.

El país retrocedió respecto a 2017 en matemáticas y lectura, mientras ciencias se mantuvo estable. La OCDE advierte que la expansión de la educación secundaria hacia poblaciones históricamente marginadas explica parte de la caída, ya que más estudiantes vulnerables participaron en la evaluación.

La desigualdad socioeconómica también influyó: los estudiantes del 25% con mayor nivel socioeconómico superaron en 86 puntos en ciencias a los del 25% más desfavorecido. En Ecuador, el nivel socioeconómico explicó el 20% de la variación del rendimiento, frente al 12% promedio de la OCDE.

Retroceso global en el aprendizaje

El informe PISA 2025 reveló un retroceso mundial en el rendimiento educativo. La caída más fuerte se registró en lectura, con un descenso de 28 puntos en los países de la OCDE entre 2015 y 2025. En matemáticas, el retroceso fue de 22 puntos, equivalente a más de un año de aprendizaje. Aunque ciencias mostró mayor resistencia, también se evidenció una disminución en los promedios.

La OCDE considera este deterioro “especialmente preocupante” porque la lectura constituye la base de la mayoría de aprendizajes escolares, desde resolver problemas matemáticos hasta interpretar experimentos científicos.

América Latina: desigualdad en los resultados

En América Latina y el Caribe, los resultados se mantuvieron por debajo de los promedios de la OCDE, aunque con diferencias entre países. Uruguay y Chile se ubicaron entre los mejores de la región, mientras que Argentina y México registraron retrocesos en matemáticas.

Colombia cayó en lectura y matemáticas, aunque mejoró en ciencias. Brasil permaneció estable en ciencias, pero bajó en las otras áreas. Perú retrocedió en lectura y matemáticas, y Guatemala se ubicó en el último lugar regional. Costa Rica y El Salvador mostraron avances en ciencias, destacando como excepciones en el panorama regional.