Lo que se sabe 

• La ANT seguirá regulando, autorizando y supervisando el sistema de licencias.
• ANT y Registro Civil deberán establecer la interoperabilidad de sus sistemas y definir procesos y puntos de atención.
• la reforma está en manos del Ejecutivo y el Registro Civil todavía no puede emitir ni renovar licencias bajo este nuevo esquema.

La reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial plantea cambios en la emisión y renovación de licencias de conducir en Ecuador.

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto el 3 de septiembre de 2026, pero todavía no está vigente: el texto fue remitido al Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o lo veta total o parcialmente.

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Multas de tránsito: la fecha límite para hacer trámites sin bloqueo se acerca

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El cambio principal establece que el Registro Civil podrá emitir y renovar licencias, pero mediante una delegación expresa de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y un convenio de cooperación interinstitucional. 

La ANT seguirá siendo la autoridad encargada de la rectoría, planificación, normativa, autorización y control técnico del sistema nacional de licencias.

Trámites y servicios

Data 593: qué es y qué trámites permite realizar la nueva aplicación

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Para aplicar este nuevo esquema, la ANT y el Registro Civil tendrán 180 días para establecer los términos que permitan la interoperabilidad de sus sistemas. 

Esto contempla el intercambio de bases de datos, el traslado de procesos operativos y puntos de atención al usuario, además de mecanismos para evitar la duplicidad de trámites a escala nacional.

Trámites y servicios

Escuelas de conducción en Ecuador: así será la nueva evaluación que deberán pasar

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El ciudadano, sin embargo, deberá seguir cumpliendo los procesos establecidos para obtener o renovar una licencia. 

La reforma señala que deberá contar con la certificación de la ANT o de organismos autorizados por esta entidad respecto a la capacitación, formación, entrenamiento y evaluación. 

La ANT también conservará la función de establecer mecanismos de seguimiento para verificar estos procesos y la aptitud del conductor.

Guayaquil

Scooters y motos eléctricas en Ecuador: qué cambia con la reforma a la Ley de Tránsito

Juan Pablo Pérez Tomalá

El reto para la ANT será poner en funcionamiento esta coordinación mientras asume otras obligaciones previstas en la reforma. 

Expertos en movilidad han advertido que la institución necesitará capacidad operativa, tecnológica, informática y de personal para cumplir con las nuevas responsabilidades. 

Entre ellas están la regulación de scooters y motos eléctricas, sistemas de identificación vehicular y registros relacionados con delivery.

Aún no cambia el trámite para los ciudadanos

Por ahora, el trámite de licencias no cambia para los ciudadanos. 

La participación del Registro Civil dependerá de que la reforma entre en vigencia y de que posteriormente se concrete el esquema de cooperación con la ANT. 

El objetivo es ampliar la capacidad de atención sin quitar a la agencia el control sobre los requisitos y la seguridad vial.

Los puntos claves

• Ser designado miembro de una Junta Receptora del Voto es una obligación, pero la ley contempla casos en los que la ausencia puede ser justificada.
• Un problema de salud, una calamidad doméstica grave o encontrarse fuera del país son algunas de las causas que permiten solicitar la justificación.
• El CNE dispone de un formulario oficial para tramitar la justificación de la inasistencia y exige documentos que respalden la causa alegada.
• No presentarse a integrar la mesa sin una justificación válida puede generar una multa equivalente al 15 % del salario básico unificado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya seleccionó a los ciudadanos que integrarán las Juntas Receptoras del Voto (JRV) para las elecciones seccionales, que se realizarán el domingo 29 de noviembre de 2026. El sorteo de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) se realizó el 2 de septiembre.

Para quienes fueron designados, integrar la mesa electoral es una obligación. Sin embargo, la normativa electoral establece situaciones en las que una persona puede justificar su inasistencia y evitar la sanción económica.

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¿Quiénes pueden justificar que no acudieron a la mesa?

Entre las causales reconocidas por la normativa están los casos de salud o impedimento físico, siempre que estén debidamente respaldados con un certificado médico del Sistema Nacional de Salud, público o privado.

También se contempla la calamidad doméstica grave ocurrida el día de las elecciones o dentro de los ocho días anteriores. En este caso, el ciudadano debe presentar los documentos que permitan acreditar la situación.

Otra causal es encontrarse fuera del país o llegar a Ecuador el mismo día de las elecciones. Para demostrarlo se puede presentar el pasaporte o el movimiento migratorio, según corresponda.

La normativa también contempla a quienes se encuentren cumpliendo actividades propias del proceso electoral durante la jornada.

Además, existen personas que por mandato constitucional o legal tienen voto facultativo y, por tanto, no están obligadas a sufragar. Entre ellas se encuentran determinados grupos establecidos por la Constitución y la legislación electoral.

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¿Qué pasa con quienes trabajan en salud?

El CNE también reconoce situaciones relacionadas con el trabajo durante la jornada electoral. Los médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y carreras afines, internos rotativos, médicos rurales y personal de servicios de salud pública que estén de turno y deban prestar atención en hospitales, centros o subcentros de salud pueden justificar su incumplimiento cuando su actividad laboral les impida cumplir con la obligación electoral.

La justificación debe estar respaldada con la documentación correspondiente que demuestre que la persona se encontraba cumpliendo esas funciones durante los comicios.

¿La excusa se presenta antes de las elecciones?

Aquí hay una diferencia importante. No se trata de solicitar permiso para no ser miembro de mesa simplemente porque el ciudadano no quiere cumplir esa función.

La información oficial del CNE indica que la justificación por no integrar la JRV se tramita después de la elección, desde el día siguiente, en las Delegaciones Provinciales, con formulario y documentos de respaldo.

El CNE y sus organismos electorales desconcentrados son los encargados de conocer y resolver estos pedidos de justificación.

Por eso, tener un viaje, un compromiso personal o simplemente no querer acudir a la mesa no constituye por sí solo una causal de excusa.

¿Cuál es la multa por no presentarse?

Si una persona fue designada como miembro de una Junta Receptora del Voto y no acude, y tampoco tiene una causa que justifique su inasistencia, deberá pagar una multa equivalente al 15 % de un salario básico unificado (SBU).

Esta sanción es diferente de la que corresponde por no asistir a la capacitación obligatoria. Para quienes fueron designados MJRV y no participan en las actividades de capacitación establecidas por el CNE, la multa es del 10 % del SBU.

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Por eso, son tres situaciones diferentes: no capacitarse, no presentarse a integrar la mesa y abandonar la Junta sin justificación.

¿Qué ocurre si un miembro de mesa abandona la jornada?

No es lo mismo llegar tarde o no acudir que abandonar injustificadamente la Junta Receptora del Voto antes de terminar las tareas electorales.

El CNE establece que, cuando un miembro abandona la Junta sin justificación y deja de cumplir sus funciones hasta la terminación del escrutinio y la suscripción de los documentos electorales, la Delegación Provincial Electoral debe realizar los trámites correspondientes ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Por ello, quienes hayan sido seleccionados como MJRV deben revisar con anticipación su designación y, si consideran que existe una causal para justificar su ausencia, conservar los documentos que acrediten esa situación.

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¿Dónde se puede presentar la justificación?

El CNE tiene habilitado un formulario para justificar la inasistencia a integrar las Juntas Receptoras del Voto, así como la falta de asistencia a las capacitaciones obligatorias. El ciudadano debe llenar el formulario y presentar los requisitos que correspondan según la causa de su inasistencia.

El trámite está disponible en la página oficial del CNE, en la sección de Justificación de inasistencia a sufragar, integrar las Juntas Receptoras del Voto o no participación obligatoria a capacitaciones programadas.

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El caso Goleada: procesados sin blindaje judicial

Esta aclaración respondió a una consulta formal del juez Jairo García dentro del denominado 'caso Goleada', en el que se investiga un presunto delito de lavado de activos. El magistrado solicitó al CNE verificar si alguno de los 17 imputados gozaba de fuero.

El organismo electoral confirmó que cuatro de los procesados —Fiorella Ycaza, Pedro Juan Hidalgo, Gastón Loy Correa y David Álvarez Kronfle— ingresaron solicitudes de inscripción para la Alcaldía y concejalías de Guayaquil. No obstante, el CNE ratificó que ninguno cuenta con inmunidad electoral, debido a que sus expedientes no han sido calificados en firme.

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La calificación en firme: el único camino para la inmunidad

El titular del organismo electoral, José Cabrera, explicó que el blindaje legal para los postulantes no opera de manera automática con el registro inicial. "Cuando ha sido calificada y está en firme, entonces sí tiene inmunidad. Mientras tanto no goza de ese derecho", precisó la autoridad.

La inscripción previa representa apenas el punto de partida de un trámite administrativo y legal. Antes de otorgar la protección fijada por la norma electoral, cada nómina debe superar distintas fases de fiscalización e impugnación:

"Todavía no tienen inmunidad porque la candidatura no está en firme", puntualizó Cabrera.

Impedimentos legales para ser candidato en Ecuador

A la par de los procedimientos administrativos, el marco legal ecuatoriano establece inhabilitaciones taxativas para quienes pretenden llegar a una papeleta. El numeral 2 del artículo 96 del Código de la Democracia prohíbe expresamente la postulación de personas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Esta restricción aplica con rigor frente a delitos graves como el lavado de activos, la asociación ilícita y la delincuencia organizada. En esos escenarios, la pérdida de los derechos políticos impide de forma definitiva la participación en la contienda.

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Lista definitiva y certezas a tres días de la campaña

Tras resolver la revisión de más de 53.000 solicitudes de inscripción ingresadas al sistema, el CNE prevé publicar el listado oficial de candidaturas calificadas en firme el próximo 9 de noviembre.

Con este anuncio, las organizaciones políticas y los aspirantes obtendrán certeza jurídica sobre su participación apenas tres días antes del arranque del periodo de proselitismo, fijado del 12 al 26 de noviembre.

Un proceso masivo en un calendario reajustado

Más de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, concejales urbanos y rurales, 4.131 vocales de juntas parroquiales y siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La jornada de votación en noviembre responde al reajuste preventivo aprobado por el pleno del CNE para mitigar posibles afectaciones en la logística vial por el fenómeno de El Niño.

Sin embargo, al contrastar ese nombre con los registros institucionales disponibles, EXPRESO no encontró evidencia pública que confirme que ocupe un cargo como asesora, funcionaria o servidora de la Asamblea Nacional.

La cuenta tampoco muestra un nombramiento, contrato, correo institucional ni otro documento oficial que respalde la relación laboral o política que menciona en su biografía.

La verificación se centró en determinar si Emily Alcívar Zambrano trabaja en la Asamblea Nacional y mantiene vínculos con ADN. La revisión de registros oficiales no respaldó esas afirmaciones. 

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¿Qué circula en redes sociales?

Una cuenta de Instagram y Facebook identificada con el nombre de Emily Alcívar Zambrano se presenta como vinculada con la Asamblea Nacional y la bancada ADN. En la descripción del perfil se lee: “Manta – Provincia de Manabí (Quito, Ecuador). Asamblea Nacional. Bancada ADN. Abogada y especialista en gobierno y asuntos públicos”.

Las fotografías publicadas en esa cuenta fueron replicadas por varios usuarios, quienes identificaron a la mujer como una supuesta asesora legislativa. Otras publicaciones sostuvieron que las imágenes serían producto de inteligencia artificial y difundieron resultados obtenidos mediante herramientas automatizadas de detección.

Una de esas fotografías fue desmentida por el asambleísta por Los Ríos Johnny Terán, quien explicó que se utilizó y modificó una imagen antigua suya sin autorización. El legislador compartió la fotografía original y advirtió que el contenido viral era falso.

Además, La publicación más antigua disponible en el perfil de Instagram revisado por EXPRESO corresponde al 22 de julio de 2026.

Emily Alcívar no aparece en los registros consultados

La Asamblea Nacional dispone de una guía telefónica institucional que permite buscar a sus funcionarios por nombres, apellidos, dependencia y tipo de servidor. La institución informa que esos datos son administrados por la Coordinación General de Talento Humano y se actualizan en línea.

El Legislativo también publica información sobre su estructura y el distributivo de personal mediante sus mecanismos de transparencia.

Al consultar el nombre Emily Alcívar Zambrano, Ecuador Chequea y EXPRESO no encontraron un registro público que permita confirmar que esa persona trabaja como asesora, funcionaria o servidora de la Asamblea Nacional.

EXPRESO consultó el registro público de títulos de la Senescyt, pero no encontró información que confirmara que una persona con esos apellidos posea un título de abogada. Sin embargo, la ausencia de resultados tampoco permite identificar quién administra la cuenta ni descartar que exista una persona con el mismo nombre.

La coincidencia de un nombre en un registro ajeno a la Asamblea tampoco demuestra que se trate de la mujer representada en la cuenta ni que ella sea la persona que administra el perfil.

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Herramientas de detección identificaron posibles indicios de manipulación

Ecuador Chequea analizó una de las imágenes mediante dos herramientas de detección. ZeroGPT arrojó un 99,5 % de probabilidad de manipulación, mientras que Hive Moderation registró un 90 %.

Estos resultados deben considerarse indicios y no pruebas concluyentes, debido a que las herramientas automatizadas pueden producir errores. En este caso, el análisis se complementa con el pronunciamiento de Johnny Terán, quien publicó la fotografía original y confirmó que su imagen fue modificada sin autorización.

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No existe respaldo oficial sobre su supuesto cargo en la Asamblea

Aunque fue posible rastrear el perfil, su biografía, sus fotografías y la fecha de sus primeras publicaciones, no se pudo comprobar la identidad de la mujer presentada como Emily Alcívar Zambrano. Su nombre tampoco figura entre el personal de la Asamblea Nacional consultado ni existen documentos públicos que demuestren una relación con la bancada ADN.

Además, el asambleísta Johnny Terán confirmó que una de las imágenes en las que supuestamente aparece junto a ella fue elaborada mediante la modificación de una fotografía antigua. Por tanto, no existe respaldo documental para presentarla como asesora legislativa ni evidencia de que el encuentro con Terán haya ocurrido.

Lo que debe saber

• Guayas lidera el riesgo de inundaciones por El Niño con 383.000 personas expuestas.
• Loja registra la mayor población vulnerable a deslizamientos ante El Niño.
• Manabí, Los Ríos y El Oro enfrentan riesgo de inundaciones y movimientos en masa.

Las inundaciones y los deslizamientos se perfilan como las principales amenazas asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador. Un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identifica a diez provincias como las más expuestas a estos eventos, con impactos diferenciados entre la Costa y la Sierra.

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Las previsiones sobre la llegada del fenómeno de El Niño advierten que Ecuador podría enfrentar afectaciones significativas por inundaciones y movimientos en masa, especialmente en provincias de la Costa y la Sierra donde existen mayores niveles de vulnerabilidad.

De acuerdo con los análisis de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas presentan el mayor riesgo de inundaciones, mientras que en la región andina las zonas más expuestas a deslizamientos son Loja, Pichincha, Bolívar, Azuay y Cañar.

Los estudios también muestran que Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro concentran riesgos tanto por inundaciones como por movimientos en masa, lo que incrementa los desafíos para las autoridades locales y las comunidades asentadas en esos territorios.

Costa y Sierra enfrentarían amenazas distintas

Las proyecciones indican que los efectos del fenómeno climático no se distribuirán de manera uniforme en el país. En la Costa, el principal riesgo proviene de las inundaciones, que podrían afectar áreas densamente pobladas y zonas productivas estratégicas para la economía nacional.

En la Sierra, en cambio, la mayor preocupación está relacionada con los deslizamientos de tierra, que suelen registrarse en sectores montañosos y pueden provocar interrupciones viales, afectar viviendas y aislar comunidades ubicadas en zonas de difícil acceso.

Internacional

Colombia activó plan de ahorro energético ante la llegada de El Niño

Valeria Alvear

Guayas y Loja lideran la población expuesta

Según las estimaciones oficiales, Guayas concentra la mayor cantidad de habitantes expuestos a inundaciones, con alrededor de 383.000 personas en áreas consideradas de riesgo.

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Por su parte, Loja aparece como la provincia con mayor población vulnerable a deslizamientos, con cerca de 94.780 habitantes potencialmente expuestos a este tipo de emergencias.

Los pronósticos han sido remitidos a los gobiernos autónomos descentralizados para que fortalezcan las medidas de prevención y preparación ante posibles afectaciones que podrían comprometer servicios básicos, infraestructura vial, sistemas de agua potable, centros de salud y viviendas

Sociedad

Bachillerato virtual en Ecuador: una oportunidad que aún no se masifica

Gabriel Enrique Cornejo Espinoza

En la edición 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, cuyos resultados representan a unos 33 millones de jóvenes de esa edad en el mundo.

Ecuador: desempeño por debajo del promedio

Los resultados de Ecuador fueron preocupantes. Solo el 20% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo en matemáticas, frente al 65% del promedio de la OCDE. En lectura, apenas el 38% logró el nivel básico, frente al 69% de la organización, y en ciencias el 40%, frente al 74%. Solo 2 de cada 10 estudiantes alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas y en lectura.

El país retrocedió respecto a 2017 en matemáticas y lectura, mientras ciencias se mantuvo estable. La OCDE advierte que la expansión de la educación secundaria hacia poblaciones históricamente marginadas explica parte de la caída, ya que más estudiantes vulnerables participaron en la evaluación.

La desigualdad socioeconómica también influyó: los estudiantes del 25% con mayor nivel socioeconómico superaron en 86 puntos en ciencias a los del 25% más desfavorecido. En Ecuador, el nivel socioeconómico explicó el 20% de la variación del rendimiento, frente al 12% promedio de la OCDE.

Retroceso global en el aprendizaje

El informe PISA 2025 reveló un retroceso mundial en el rendimiento educativo. La caída más fuerte se registró en lectura, con un descenso de 28 puntos en los países de la OCDE entre 2015 y 2025. En matemáticas, el retroceso fue de 22 puntos, equivalente a más de un año de aprendizaje. Aunque ciencias mostró mayor resistencia, también se evidenció una disminución en los promedios.

La OCDE considera este deterioro “especialmente preocupante” porque la lectura constituye la base de la mayoría de aprendizajes escolares, desde resolver problemas matemáticos hasta interpretar experimentos científicos.

América Latina: desigualdad en los resultados

En América Latina y el Caribe, los resultados se mantuvieron por debajo de los promedios de la OCDE, aunque con diferencias entre países. Uruguay y Chile se ubicaron entre los mejores de la región, mientras que Argentina y México registraron retrocesos en matemáticas.

Colombia cayó en lectura y matemáticas, aunque mejoró en ciencias. Brasil permaneció estable en ciencias, pero bajó en las otras áreas. Perú retrocedió en lectura y matemáticas, y Guatemala se ubicó en el último lugar regional. Costa Rica y El Salvador mostraron avances en ciencias, destacando como excepciones en el panorama regional.

Trámites y servicios

Alístate Ecuador: así puedes consultar las zonas más expuestas a los efectos de El Niño

Valeria Alvear

El organismo también alertó sobre niveles de radiación UV que oscilarán entre moderados y extremadamente altos, con mayor incidencia en Imbabura y Pichincha. La recomendación principal es evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Lluvias en la Costa y Amazonía

En la Costa, las precipitaciones se registrarán en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayaquil y Quevedo, con variaciones entre la madrugada, tarde y noche. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 35 °C y un mínimo de 23 °C, acompañadas de índices de radiación altos y muy altos.

En la Amazonía, las lluvias serán generalizadas en seis provincias: Gualaquiza, Zamora, El Coca, Tena, Shell Mera y Nueva Loja. Se prevén precipitaciones desde la madrugada hasta la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 18 °C y 32 °C. En esta región, la radiación será moderada.

Radiación extrema en la Sierra

La Sierra presentará cielos parcialmente nublados y lluvias únicamente en Loja durante la tarde. Las temperaturas variarán entre 6 °C y 24 °C. Sin embargo, la alerta más importante se centra en los índices de radiación UV extremadamente altos en Imbabura y Pichincha, que alcanzarán niveles críticos.

Galápagos bajo lluvias aisladas

En el archipiélago de Galápagos se prevé un cielo variable con lluvias aisladas en San Cristóbal e Isabela, principalmente durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 24 °C y 32 °C, con niveles de radiación muy altos.

Beatriz Benavides, subcomandante de Policía de la Zona 9, señaló que la principal sospechosa ya había sido procesada por el mismo delito: “Alias La Mofle ya presenta antecedentes por tráfico ilícito en este mismo año”.

Ecuador

Operación Manglar: incautan 4 toneladas de droga y capturan a cuatro sospechosos en Posorja

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Policía vincula a la detenida con Los Lobos

La droga estaba destinada al microtráfico en sectores como Comité del Pueblo y La Delicia. Sin embargo, durante las investigaciones surgió otro elemento: la Policía sostiene que alias La Mofle estaría relacionada con una organización delictiva que mantiene presencia en el norte de Quito.

“Este grupo armado delincuencial pertenece a Los Lobos”, afirmó Benavides.

De acuerdo con la institución, durante el operativo se decomisaron 59 kilogramos de droga, equivalentes a aproximadamente 590.000 dosis. El cargamento tendría un valor superior a los 66.000 dólares en el mercado local.

“Se incautaron 59 kilos, que corresponderían a 590 mil dosis”, precisó la subcomandante.

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Policía investiga el origen de la droga incautada

Las investigaciones continúan para determinar de dónde provino la droga e identificar a otras personas que presuntamente formarían parte de esta estructura de microtráfico que operaba en la capital.

La Policía también busca establecer cómo funcionaba la distribución de las sustancias y cuál era el papel de cada uno de los detenidos dentro de la presunta organización delictiva.

Lo que debes saber

• Posorja: Policía incautó 4 toneladas de droga y detuvo a cuatro personas tras operativo de 48 horas.
• Autoridades hallaron droga, fusiles y municiones en cinco embarcaciones usadas por redes narcotraficantes.
• La operación Manglar golpeó rutas marítimas del narcotráfico cerca de Posorja; investigan a los detenidos.

Una operación antidrogas ejecutada durante 48 horas en las cercanías de Posorja, en el suroeste de Guayaquil, dejó como resultado la incautación de aproximadamente cuatro toneladas de droga, el decomiso de armamento de guerra y la captura de cuatro personas presuntamente vinculadas a actividades de narcotráfico.

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La intervención, denominada Mangrove, fue realizada por la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Antinarcóticos y unidades especializadas, como parte de las acciones destinadas a interceptar cargamentos que serían movilizados por rutas marítimas del Pacífico.

De acuerdo con la información proporcionada por el ministro del Interior, John Reimberg, durante el operativo fueron retenidas:

Según explicó el funcionario, las investigaciones preliminares apuntan a que las embarcaciones formaban parte de una estructura logística utilizada para abastecer lanchas rápidas, transportar armas y facilitar el traslado de cargamentos de droga hacia aguas internacionales.

"En una sola operación hemos decomisado cinco embarcaciones, cuatro toneladas de droga, 16 fusiles, 6.000 municiones, boyas con GPS y cuatro personas detenidas", señaló Reimberg durante una rueda de prensa.

La droga estaba oculta en compartimentos de las embarcaciones

El ministro indicó que parte del cargamento fue encontrado en la cubierta de una de las embarcaciones y otra cantidad similar permanecía oculta en compartimentos adaptados.

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"Hoy hemos atacado a las embarcaciones previo a que salgan a aguas internacionales. Tenían dos toneladas en la parte superior de la embarcación y dos toneladas en un doble fondo que se había construido para ocultar la droga", afirmó.

Las autoridades todavía investigan el destino del cargamento. Consultado sobre la ruta prevista para la droga, Reimberg indicó que el caso se encuentra en una fase inicial y que los agentes trabajan para establecer hacia dónde iba a ser transportada.

Tampoco se ha definido aún a qué organización criminal pertenecerían los cuatro detenidos. "Estamos justamente en la investigación para determinar a qué organización pertenecen estas personas. Eso lo vamos a saber durante el día", manifestó.

Ecuador

Investigan vínculo de Tiguerones y Lagartos en ataque de La Alborada

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Cooperación entre Ecuador y Estados Unidos

Durante su intervención, Reimberg destacó que el operativo forma parte de los esfuerzos conjuntos entre Ecuador y Estados Unidos para combatir las redes de narcotráfico que utilizan el mar como corredor para el tráfico internacional de drogas.

El funcionario señaló que ambos países mantienen intercambio de inteligencia y coordinación operativa para detectar embarcaciones dedicadas al abastecimiento de lanchas rápidas que posteriormente continúan su trayecto hacia norteamérica.

"Estamos trabajando en conjunto. Este es parte del ataque a la logística criminal. Son embarcaciones que sirven de abastecimiento y que permiten que otras sigan sus rutas hacia México y Estados Unidos", señaló.

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Detienen a presuntos autores materiales del atentado frente a reconocido centro comercial en 2025

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Añadió que la Policía mantiene operaciones permanentes en la zona con apoyo de embarcaciones y helicópteros para identificar nuevas estructuras vinculadas al narcotráfico.

"La Dirección Nacional de Antinarcóticos y el grupo táctico GEMA siguen operando en toda la zona detectando estas embarcaciones que intentan ser utilizadas por organizaciones criminales", indicó.

Más de cinco toneladas de droga en menos de 48 horas

Reimberg aseguró que los recientes operativos ejecutados por las fuerzas de seguridad han permitido incautar más de 5,5 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización en menos de dos días.

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"Ya pasamos más de 5,5 toneladas de droga incautadas en menos de 48 horas. Son operaciones que forman parte del plan para combatir a los grupos de delincuencia organizada y afectar sus economías criminales", sostuvo.

Las autoridades consideran que la afectación a las cadenas logísticas marítimas se ha convertido en uno de los principales frentes de combate contra las organizaciones narcotraficantes, debido a que Ecuador continúa siendo utilizado como punto de salida de cargamentos con destino a mercados internacionales.

Reimberg insistió en que las embarcaciones detectadas no eran simples medios de transporte, sino parte de una estructura operativa utilizada por redes criminales para sostener operaciones de tráfico de drogas en el océano Pacífico. "Lo que estamos haciendo es desmantelar el sistema que permite al narcotráfico mover toneladas de droga por nuestras aguas", concluyó.

Lo que debes saber

• 28 pescadores fueron liberados en Manta tras 24 horas de espera y audiencias judiciales.
• EE. UU. hundió cuatro barcos en ocho días por presuntos vínculos con narcotráfico.
• Familias de Manabí buscan recuperar documentos perdidos tras el hundimiento de embarcaciones.

“Mi hijo había estado sin comer y yo no había podido abrazarlo”. Las palabras de Alida Pachay, pronunciadas entre lágrimas, resumen el drama que vivió durante los últimos días mientras esperaba el regreso de su hijo, Eduardo Holguín, capitán del barco Conquista 2.

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Alida cumplió 70 años en medio de la incertidumbre, pero recibió el regalo que más esperaba: volver a ver a su hijo, abrazarlo y saber que estaba nuevamente junto a su familia.

El Conquista 2 y el OM2 fueron señalados por Estados Unidos como presuntas estaciones flotantes utilizadas para actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Según los señalamientos estadounidenses, están vinculados con el grupo criminal Los Choneros.

La tarde del pasado viernes 4 de septiembre, los 28 pescadores arribaron al puerto de Manta y fueron trasladados en un bus de la Policía hasta la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC).

Los familiares permanecieron en vigilia, pendientes de las audiencias de flagrancia y de habeas corpus. Pasaron al menos 24 horas hasta que finalmente llegó la noticia esperada: serían liberados.

Las pérdidas que dejó el hundimiento de las embarcaciones

La libertad de los pescadores no significa que el drama haya terminado. Los barcos fueron hundidos y, con ellos, quedaron sus pertenencias personales, documentos de pesca y otros elementos necesarios para desarrollar su actividad.

Ahora, los pescadores y sus familiares esperan que las autoridades puedan brindarles ayuda para recuperar o reponer esa documentación y afrontar las pérdidas ocasionadas por el hundimiento de las embarcaciones.

Ecuador

Conquista II: Armada localiza a ocho tripulantes tras operativo de Estados Unidos

Rosero Mariela

María Candelaria: otro barco hundido

Mientras los familiares de las tripulaciones de OM2 y Conquista 2 celebraban la liberación de los 28 pescadores, un nuevo caso volvió a encender la preocupación en las comunidades pesqueras de Manabí.

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El María Candelaria se convirtió en el cuarto barco interceptado y hundido por fuerzas estadounidenses en un período de ocho días.

La embarcación fue abordada, interceptada y posteriormente hundida durante la mañana del 5 de septiembre. El Comando Sur de Estados Unidos también la señaló como una presunta estación flotante vinculada con actividades ilícitas. A bordo se encontraban 22 pescadores.

Familiares esperan información sobre los tripulantes

La Armada del Ecuador, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, informó que se coordinó el retorno de los tripulantes hacia las costas manabitas, en conjunto con la Guardia Costera ecuatoriana.

Según la institución, la llegada de los pescadores a puerto se coordinaría bajo los protocolos establecidos y, una vez que arribaran, se cumplirían los procedimientos legales correspondientes.

Ecuador

Armada de Ecuador se pronuncia sobre tripulantes de embarcación asociada por EE.UU. a Choneros

Daniel Alejandro Romero Páez

El drama nuevamente se trasladó al sector pesquero de Manta. La mañana de ayer, 48 horas después del hundimiento e interceptación del barco, familiares de los pescadores permanecían apostados en los exteriores de la Capitanía del Puerto, a la espera de información sobre sus seres queridos.

Entre quienes aguardaban respuestas estaba María Mero, oriunda del cantón Jaramijó, quien no ocultaba su preocupación por el estado de su esposo, José Ricardo Mero, uno de los pescadores trasladados de manera prioritaria debido a problemas de salud.

Preocupación por la salud de uno de los pescadores

Según relató María, su esposo padece diabetes y, durante el tiempo que permaneció retenido, habría tenido dificultades para acceder a su medicación, pues, según señaló, aparentemente se la habrían retirado.

En los exteriores de la Capitanía también permanecía Mónica Solórzano, quien, al igual que otros familiares, esperaba que los pescadores fueran transportados finalmente hasta Manta.

En el caso de José Ricardo Mero, el pescador ya había llegado a Manta, donde fue estabilizado en el centro de salud Santa Martha. Posteriormente, según conoció su esposa, fue llevado a la UVC a la espera de sus otros compañeros.

Los pescadores enfrentarán procesos judiciales

Según la mujer, los pescadores enfrentarán una audiencia, tal como ocurrió anteriormente con tripulantes de otras embarcaciones interceptadas, entre ellas el OM2 y el Conquista 2.

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Los 28 pescadores de estas naves quedaron libres tras más de 24 horas de su arribo a Manta.

El María Candelaria se suma a los casos de los barcos Tres Hermanos, Conquista 2 y OM2, interceptados y hundidos en los últimos días por fuerzas estadounidenses.

Lo que debes saber

• La reforma responde a un diagnóstico de carga y falta de personal.
• Las nuevas dependencias conservarán alcance nacional para estos delitos.
• Los jueces que asumirán estas causas deberán reforzar sus conocimientos en la materia.

El Consejo de la Judicatura eliminó las dependencias creadas específicamente para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado y trasladó esas competencias a otras judicaturas penales de Quito. La decisión fue presentada por los vocales como un fortalecimiento de la justicia especializada, aunque supone desmontar el modelo de concentración de estos procesos en unidades creadas expresamente para atender casos de alta complejidad.

Justicia

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La carga procesal como argumento

La explicación oficial se sustenta principalmente en la carga procesal y en la falta de jueces que enfrenta la Función Judicial. Santiago Coral, director nacional de Innovación de la Judicatura, señaló que las dependencias especializadas registran una carga menor que otras judicaturas penales y planteó distribuir sus competencias entre más operadores para aprovechar la infraestructura existente.

Fabián Fabara, vocal de la Judicatura, señaló que los jueces que ahora asumirán la competencia especializada en corrupción y crimen organizado ya ejercían esas facultades antes de 2022. Según explicó, esas atribuciones posteriormente fueron separadas y concentradas en las unidades judiciales y tribunales especializados.

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Más jueces, pero con necesidad de capacitación

Por su parte, Denisse Coronel, directora nacional de Gestión Procesal, sostuvo que el cambio permitirá integrar a los 19 jueces que actualmente conocen corrupción y crimen organizado con otros 35 operadores de Iñaquito y La Mariscal. Sin embargo, los propios funcionarios de la Judicatura señalaron que estos nuevos juzgadores deberán recibir capacitación para asumir las competencias especializadas.

El problema, sin embargo, no necesariamente se reduce a cuántas causas tiene cada juez. En procesos de corrupción y crimen organizado, la especialización busca concentrar experiencia para investigar y juzgar estructuras complejas que pueden involucrar a varios actores, instituciones y territorios, una característica que podría perder fuerza.

La propia sesión dejó en evidencia que la reorganización está atravesada por la falta de personal que enfrenta la Función Judicial y por la necesidad de optimizar los recursos disponibles. Santiago Peñaherrera, director nacional de Asesoría Jurídica de la Judicatura, recordó que la entidad atraviesa un déficit de jueces y que el financiamiento conseguido para incorporar nuevos operadores resulta insuficiente frente a esa necesidad.

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El Consejo defiende la ‘fusión’ de competencias

Los vocales defendieron que la especialización no desaparece porque las nuevas judicaturas mantendrán competencia nacional para corrupción y crimen organizado. Fabara calificó el cambio como una “fusión de competencias”, mientras Damián Larco y la presidenta Johanna Caicedo sostuvieron que pasar de 19 a más de 50 jueces permitirá fortalecer la respuesta frente a estos delitos.

Sin embargo, ampliar el número de jueces habilitados para conocer una materia no equivale necesariamente a conservar una estructura especializada. La reforma elimina las unidades que concentraban exclusivamente estos procesos y distribuye esa responsabilidad entre operadores que también deberán atender causas penales ordinarias. Con cinco votos a favor, la Judicatura aprobó así un cambio que denominaron fortalecimiento.  

Lo que debes de saber

• Mónika Silva será repatriada a Polonia este miércoles, tres meses después de su muerte.
• Amigos y activistas le rendirán un homenaje en el anfiteatro de Santa Elena antes de su partida.
• La investigación continuará en Polonia, donde se realizarán nuevas pericias para esclarecer el presunto crimen.

Tres meses después de su muerte, el cuerpo de la activista polaca Monika Martyna Koniuszek, conocida en Ecuador como Monika Silva, será finalmente repatriado a su país de origen. Desde junio, el cadáver permanece en el centro forense de la provincia de Santa Elena, a la espera de las pericias correspondientes.

La activista anticorrupción, de 41 años, fue hallada sin vida la tarde del 8 de junio en su vivienda de la comuna Montañita. La autopsia practicada confirmó que se trató de una muerte violenta.

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De acuerdo con los veedores del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), instituciones autorizadas para acompañar el proceso, Silva habría sido estrangulada y además recibió un golpe contundente en la cabeza, lo que refuerza la hipótesis de un crimen.

Alfonso Ortiz Cobo, representante del colectivo Mochica Sumpa, informó que el miércoles a las 08h00 se reunirán activistas y amigos de Mónika en el anfiteatro de Santa Elena para despedirla antes del traslado del féretro.

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“Será un homenaje para agradecerle a Monika por su lucha y, al mismo tiempo, un compromiso de que el legado que deja continuará vivo en nosotros”, señaló Ortiz Cobo, quien coordina el acto póstumo.

La ceremonia incluirá mensajes de colectivos sociales, música de artistas locales y un recorrido simbólico con flores, como muestra de respeto hacia la activista que dedicó más de una década a la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza en la provincia.

Investigación continuará en Polonia

La Fiscalía del Distrito de Olsztyn, en Polonia, solicitó a su similar ecuatoriana la repatriación del cuerpo para realizar nuevas pericias y esclarecer el presunto crimen con una investigación exhaustiva.

Una vez cumplido el procedimiento en Ecuador, serán las autoridades polacas las que asuman la custodia y el traslado del féretro, con el objetivo de profundizar en las diligencias judiciales.

El caso de Monika Silva ha generado conmoción en Santa Elena y en la comunidad internacional, donde organizaciones de derechos humanos han pedido que se garantice la transparencia en el proceso y se sancione a los responsables.

Lo que debes saber

• Aquiles Álvarez permanece recluido en la Cárcel del Encuentro.
• Su defensa sostiene que requiere una intervención quirúrgica.
• El abogado Julio César Cueva acusa al SNAI de no responder a dos pedidos médicos.

El abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) no ha respondido a dos solicitudes relacionadas con la atención quirúrgica que requiere el funcionario, quien permanece recluido en la Cárcel del Encuentro. Julio César Cueva sostiene que desde agosto ha enviado comunicaciones formales para coordinar una intervención en una clínica privada y advierte que la falta de respuesta mantiene bajo responsabilidad del organismo la salud e integridad del alcalde.

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Dos solicitudes sin respuesta

Según Cueva, la primera comunicación fue remitida el 4 de agosto de 2026 y estuvo acompañada de documentación sobre la disponibilidad de una casa de salud privada para realizar el procedimiento. La fecha inicialmente prevista para la intervención era el 11 de agosto, pero ese día transcurrió, de acuerdo con el jurista, sin que el SNAI emitiera una respuesta.

El abogado afirma que posteriormente se gestionó una segunda fecha para la intervención, fijada para el 15 de septiembre, y que esta solicitud también permanece sin contestación. Cueva señala que la clínica fue reservada en dos ocasiones y recalca que los costos del procedimiento no serían asumidos por el Estado.

La denuncia ocurre después de que Álvarez fuera trasladado el 8 de julio al Hospital Alcívar, en Guayaquil, debido a una emergencia médica que su equipo jurídico vinculó con cálculos en la vesícula que, según sus abogados, habían sido advertidos semanas antes. Durante aquella hospitalización, el entorno del alcalde sostuvo que existía una recomendación médica para que fuera sometido a una cirugía.

En ese momento, Cueva negó que Álvarez se opusiera a una intervención quirúrgica y explicó que su desacuerdo estaba relacionado con las condiciones en las que se pretendía realizarla. El abogado sostuvo entonces que el alcalde exigía que se respetara su derecho a recibir atención del médico de su confianza y en el establecimiento de salud que escogiera, además de contar con consentimiento informado, libre y voluntario.

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El médico que recomendó la operación

En ese entonces, Cueva también identificó al médico Juan Carlos Aveiga, actual ministro de Salud, como quien estuvo a cargo de la atención de Álvarez durante su permanencia en el Hospital Alcívar. El jurista indicó Aveiga recomendó la operación y afirmó que el profesional “insistió varias veces” en que el alcalde debía someterse al procedimiento.

Cueva cuestiona supuesto traslado

En su publicación de X, Cueva cuestionó, además, la difusión de una supuesta información sobre un nuevo traslado del burgomaestre Álvarez, que calificó como falsa y atribuyó a una cuenta troll. El abogado comparó esa rapidez con el silencio que, según su denuncia, mantiene el SNAI frente a las dos comunicaciones formales relacionadas con la atención médica.

Cueva cerró su pronunciamiento señalando que existen dos pedidos médicos pendientes de respuesta y responsabilizó al SNAI por la salud, integridad física y vida del alcalde mientras permanezca bajo su custodia. “Después, que nadie diga que no fue advertido”. 

La violencia feminicida en la Sierra ecuatoriana tiene una dinámica distinta a la escalada criminal que atraviesa el país. Mientras los homicidios intencionales en las diez provincias serranas aumentaron 118 % entre 2020 y 2025, los feminicidios se mantuvieron relativamente estables. Sin embargo, detrás de esa estabilidad aparece un patrón especialmente preocupante: la mayoría de las víctimas son asesinadas en contextos íntimos, familiares o sexuales.

Así lo establece el boletín “Regímenes de violencia feminicida en la Sierra ecuatoriana: datos, tendencias y transformaciones”, publicado en agosto de 2026 por el Observatorio de Violencias Basadas en Género y Sexualidades de FLACSO Ecuador. El estudio fue elaborado por Ailynn Torres, María Eugenia Samaniego, Liudmila Morales y Virginia Villamediana.

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El análisis comprende las diez provincias de la Sierra y contrasta principalmente los datos de la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador con los registros oficiales de homicidios intencionales del Ministerio del Interior (MDI). Para el periodo 2020-2025, además, utiliza las proyecciones poblacionales del INEC para calcular tasas por habitantes.

380 feminicidios frente a 203 reconocidos oficialmente

Una de las primeras diferencias aparece en el propio conteo de las víctimas. Entre 2020 y 2025, la Alianza documentó 380 feminicidios en la Sierra, mientras el Ministerio del Interior clasificó oficialmente 203 casos como femicidios.

FLACSO identifica, además, un patrón en esa brecha. El Estado clasificó como femicidio el 86,63 % de los homicidios intencionales de mujeres atribuidos a violencia intrafamiliar. Pero el porcentaje cae cuando la muerte ocurre fuera de ese contexto: al 50 % cuando la presunta motivación fue violencia sexual, al 13,33 % en violencia comunitaria y al 8,42 % en casos asociados a delincuencia común.

La conclusión del informe es contundente: cuando las muertes violentas de mujeres se apartan del escenario intrafamiliar, existen “graves dificultades” para que sean registradas oficialmente como femicidios.

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La violencia criminal crece; los feminicidios no siguen la misma curva

Entre 2020 y 2025, los homicidios intencionales en la Sierra pasaron de 329 a 717 casos, un incremento del 118 %. Los feminicidios, en cambio, oscilaron entre 55 y 73 casos anuales: alcanzaron un máximo de 73 en 2024 y descendieron a 63 en 2025.

Esta diferencia es central para el estudio. FLACSO sostiene que, a diferencia de lo que ocurre en la Costa, en la Sierra todavía coexisten dos dinámicas: una violencia criminal que se expande y otra violencia feminicida que mantiene un comportamiento predominantemente íntimo.

De hecho, aunque la Sierra concentró el 10,25 % de los homicidios intencionales del país entre 2020 y 2025, allí ocurrió el 19,8 % de los feminicidios registrados por la Alianza. Es decir, proporcionalmente, la violencia letal por razones de género tiene un peso considerablemente mayor en la región que la violencia criminal general.

Ocho de cada diez ocurren en contextos íntimos, familiares o sexuales

La diferencia se vuelve todavía más clara al observar el tipo de feminicidio. Entre 2022 y 2025, el 80,5 % de los casos registrados en la Sierra correspondió a feminicidios íntimos, familiares o sexuales. Un 16,5 % estuvo vinculado con sistemas criminales y un 3 % correspondió a transfeminicidios.

El panorama es prácticamente inverso al encontrado previamente por el Observatorio en la Costa, donde cerca de dos tercios de los casos estaban relacionados con sistemas criminales.

También cambia la forma de matar. Mientras en la Costa las armas de fuego estuvieron presentes en el 77,6 % de los feminicidios entre 2020 y 2025, en la Sierra cerca del 70 % se cometió mediante armas blancas, las manos u otros mecanismos de proximidad.

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Parejas y exparejas aparecen entre los principales agresores

Los datos disponibles sobre la relación entre víctima y agresor presentan una fuerte limitación: en el 60,35 % de los casos registrados entre 2014 y 2025 no se conoce el vínculo.

Pero cuando esa información sí existe, el patrón es claro. Al menos 136 víctimas fueron asesinadas por su pareja actual, 54 por una expareja y 42 por un familiar cercano. Los casos atribuidos a desconocidos son residuales, según el informe.

Hay otro dato que muestra que, en varios casos, existieron alertas previas. Al menos 93 víctimas tenían antecedentes de violencia y 27 contaban con una boleta de auxilio vigente, es decir, habían acudido al Estado buscando protección antes de ser asesinadas.

Además, al menos 100 mujeres estuvieron desaparecidas antes de ser encontradas sin vida y en 66 casos se registró abuso sexual o tentativa.

El impacto se extiende a las familias. Entre 2014 y 2025, al menos 290 víctimas eran madres. De ellas, 186 tenían bajo su cuidado a 314 niños, niñas y adolescentes que quedaron en orfandad. Al menos 19 mujeres estaban embarazadas cuando fueron agredidas.

Pichincha concentra los casos y muestra una señal de alerta

En números absolutos, Pichincha aparece como el principal foco de la Sierra: concentró el 37 % de los feminicidios registrados por la Alianza entre 2020 y 2025, con 139 casos. Le siguen Azuay, con 44; Tungurahua, con 40; Cotopaxi, con 32; e Imbabura, con 30.

Pero al considerar la población, el mapa cambia. En 2025, Cañar registró la mayor tasa de feminicidios, con 3,93 por cada 100.000 mujeres, mientras Imbabura ocupó el segundo lugar, con 1,96. Pichincha registró 1,91.

Precisamente Pichincha es señalada por los investigadores como el territorio que podría anticipar una transformación. El uso de armas de fuego en los feminicidios, marginal hasta 2023, aumentó durante 2024 y en 2025 llegó casi a equipararse con el uso de armas blancas. FLACSO advierte que esto podría indicar que la lógica armada asociada a los sistemas criminales comienza a permear la violencia íntima.

En toda la Sierra existe una tendencia similar que deberá vigilarse: las armas de fuego representaron un tercio de los feminicidios en 2025 (33,33 %), después de mantenerse como un mecanismo minoritario durante buena parte del periodo estudiado.

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Víctimas de 31 años en promedio

El informe también dibuja un perfil etario. Entre 2020 y 2025, la edad promedio de las víctimas fue de 31 años y más de la mitad tenía entre 18 y 37 años, con una mayor concentración entre los 18 y 27.

Las menores de 18 años representaron el 15,23 % de las víctimas. FLACSO identifica además un leve repunte entre adolescentes de 12 a 17 años, especialmente visible en Pichincha, aunque advierte que todavía no existen cifras suficientes para establecer una tendencia estadística.

El escenario serrano, por tanto, todavía difiere del de la Costa: el crimen organizado no aparece como el principal motor de la violencia feminicida. El peligro continúa concentrándose, sobre todo, en las relaciones cercanas. Sin embargo, el incremento de las armas de fuego y los cambios detectados en Pichincha llevan al Observatorio a plantear que esa frontera podría comenzar a moverse.

Lo que debes saber

• El Gobierno adquirió 78.385 kits de emergencia ante el fortalecimiento de El Niño.
• Los kits contienen alimentos, productos de higiene y artículos de limpieza.
• Más de 54.000 kits permanecían en bodegas hasta finales de agosto.

Ante el fortalecimiento de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, el Gobierno Nacional decidió anticipar la adquisición de kits para atender a personas afectadas por emergencias. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) realizó entre marzo y abril 23 órdenes de compra para contar con alimentos, artículos de higiene, productos de limpieza y paquetes de primera respuesta humanitaria, de acuerdo con un reportaje de PRIMICIAS.

En total, las adquisiciones suman 78.385 kits, con una inversión de $ 5,16 millones. Los pedidos individuales fueron de entre 1.300 y 7.000 unidades, mientras que el precio de cada paquete varía según el tipo de kit, entre $ 27,26 y $ 115,11.

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Los precios están fijados por el Sercop

Entre los paquetes adquiridos está el kit complementario de alimentos, cuyo valor alcanza los USD 101,32. El contenido incluye arroz, atún, fideo, fréjol, diferentes tipos de harina, lenteja, panela, pasta de trigo, sal, sardina y aceite vegetal, además de la caja de cartón y los adhesivos correspondientes.

En cambio, el paquete alimenticio contempla 18 ítems y está diseñado para cubrir necesidades básicas de alimentación. La cantidad de cada producto varía: por ejemplo, incluye 10 kilogramos de arroz, 1,6 kilogramos de atún y dos kilogramos de pasta de trigo.

Otro de los productos adquiridos es el kit complementario de higiene personal, compuesto por 21 ítems y valorado en $ 115,11. El paquete contiene artículos como cepillos y crema dental, jabón, desodorante, papel higiénico, repelente, champú, toallas, toallas sanitarias y alcohol en gel.

También se adquirieron kits complementarios de limpieza familiar, cuyo precio es de $ 107,07. Estos incluyen balde, escoba, trapeador, desinfectante, fundas para basura, guantes de caucho, recogedor, tacho para basura, cepillos y otros implementos destinados a la limpieza de los hogares afectados.

El kit de primera respuesta humanitaria es el de menor valor, con un costo de $ 27,26. Está compuesto por 11 ítems, entre ellos arroz, atún, fréjol, harina de plátano, panela, pasta de trigo, sardinas, aceite, sal, una caja de cartón y adhesivos.

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¿A dónde irán los kits?

La compra no está limitada exclusivamente a las posibles afectaciones que pueda provocar El Niño. Parte de los kits ya comenzó a entregarse durante este año.

Los paquetes también estarían destinados a responder ante otros eventos adversos, como inundaciones, emergencias derivadas de la temporada lluviosa, incendios estructurales y desastres como el aluvión ocurrido en Zamora. Es por eso por lo que parte de los kits también fueron entregados en Manta y Santa Elena.

La planificación cobra relevancia después de que, el 29 de agosto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declarara la alerta roja en todo Ecuador por el fortalecimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas relacionadas con El Niño. La medida se tomó con base en el informe del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-Erfen).

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Más de 54.000 kits permanecían en bodegas

De las compras realizadas, 55.350 kits corresponden a paquetes de alimentos destinados a cubrir necesidades durante tres y 15 días.

Hasta finales de agosto, la Secretaría todavía mantenía en sus bodegas a escala nacional 54.536 kits de alimentación, primera respuesta, higiene y limpieza familiar. A esa reserva se sumaban otros 9.272 kits complementarios con bienes destinados a facilitar el descanso de las personas afectadas por una emergencia.

El expresidente, de 74 años, permanece internado bajo vigilancia policial en la Clínica Borja, en Guayaquil. La acción constitucional busca evitar que se ejecute inmediatamente la orden de aprehensión emitida en su contra una vez que reciba el alta médica.

La disposición fue dictada después de que no pudiera instalarse, por sexta ocasión, la audiencia para comunicar la decisión oral dentro del caso Pruebas COVID-19. En este proceso, Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otras dos personas fueron juzgados por presunta delincuencia organizada relacionada con la comercialización de pruebas rápidas durante la pandemia.

Antes de la instalación formal de la diligencia, María Rosa Pulley, esposa del exmandatario, cuestionó la presencia de agentes policiales en el área donde está hospitalizado. Aseguró que Bucaram se encontraba inconsciente tras una intervención reciente y que, de acuerdo con el criterio médico, un episodio de arritmia podría poner en peligro su vida.

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Defensa de Bucaram alegó un riesgo para su vida

El abogado Fernando González centró sus argumentos en los derechos a la vida, la salud y la integridad del expresidente.

Durante su intervención repasó los antecedentes cardiovasculares de Bucaram, un episodio de síncope, el reemplazo de su dispositivo cardíaco y la prescripción de reposo absoluto hasta el 24 de septiembre de 2026.

La defensa sostuvo que la discusión constitucional no se limita a determinar si existe una orden judicial válida, sino a establecer qué consecuencias podría tener su ejecución en las actuales condiciones médicas del exmandatario.

“Ninguna orden judicial puede ejecutarse de una manera que exponga innecesaria o desproporcionadamente la vida de una persona”, manifestó González.

El abogado citó un fallo de la Corte Constitucional sobre la posibilidad de que una medida inicialmente válida se vuelva arbitraria debido a circunstancias posteriores. También solicitó que la Sala escuchara al médico tratante antes de adoptar una resolución.

La defensa agregó que recibir el alta hospitalaria no necesariamente implica una recuperación completa y cuestionó que Bucaram pueda ser aprehendido de manera automática al salir de la clínica.

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Tribunal aseguró que la orden respeta el tratamiento médico

El juez Gandhy Cervantes, ponente del Tribunal de Garantías Penales que conoció el proceso por presunta delincuencia organizada, presentó la cronología del caso y defendió el alcance de la disposición cuestionada.

Cervantes afirmó que la orden nunca buscó retirar a Bucaram de una casa de salud, interrumpir sus tratamientos ni desconocer las indicaciones de los médicos.

Según explicó, la audiencia de juzgamiento se desarrolló entre el 11 de abril de 2025 y el 18 de mayo de 2026. Desde el inicio, el tribunal permitió que el expresidente compareciera mediante Zoom, sin necesidad de trasladarse físicamente a Quito.

Posteriormente, detalló las seis convocatorias efectuadas para comunicar la decisión oral:

Cervantes recalcó que la medida tiene como única finalidad asegurar la comparecencia del exmandatario. Señaló que no se trata de una pena anticipada y pidió que el hábeas corpus sea rechazado.

Jueza cuestionó los cambios de clínica

La jueza Ivon Vásquez Revelo, integrante del tribunal penal, indicó que se solicitaron informes a los hospitales donde estuvo internado Bucaram.

Según su exposición, en uno de los documentos consta que el propio procesado pidió el alta. Añadió que, cuando la Policía acudía a verificar su condición, lo encontraba en terapia intensiva, pero posteriormente salía de la clínica. Esta situación, aseguró, se habría repetido en tres casas de salud.

La magistrada explicó que el tribunal dispuso investigar las actuaciones de las clínicas y de los médicos involucrados.

También afirmó que la resolución permite que, una vez dado de alta, Bucaram escuche la decisión oral mediante Zoom desde la misma casa de salud y acompañado por un médico. Aseguró que no se ordenó su traslado inmediato a un centro penitenciario y solicitó que la acción constitucional sea rechazada por improcedente.

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Médico afirmó que Bucaram mantiene un pronóstico reservado

La Sala aceptó la prueba solicitada por la defensa y recibió el testimonio de Xavier José Vallejo, cardiólogo electrofisiólogo y médico tratante del expresidente.

Vallejo explicó que Bucaram padece una miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica, relacionada con un infarto sufrido en 2003. El paciente fue sometido a una segunda intervención en 2011 y, años después, se determinó que tenía riesgo de muerte súbita.

Por esta razón, se le implantó un desfibrilador con resincronizador. Aunque una intervención posterior permitió controlar la fibrilación auricular y mejorar el funcionamiento del corazón, el riesgo de arritmias ventriculares persiste, según el especialista.

El médico relató que, a finales de agosto, Bucaram presentó un episodio de lipotimia y se detectó el agotamiento del generador del dispositivo cardíaco, por lo que fue reemplazado.

Posteriormente experimentó palpitaciones y mareos. El 2 de septiembre ingresó por emergencia a la Clínica Borja, donde un electrocardiograma detectó una arritmia ventricular frecuente y se decidió su traslado a terapia intensiva.

“El estado actual todavía es delicado, tiene un pronóstico reservado, pero sí presenta una mejoría en su condición arrítmica”, declaró Vallejo.

El especialista explicó que el reposo responde a la necesidad de que los tres cables conectados al corazón se fijen correctamente y no se desplacen. Este proceso puede tomar aproximadamente un mes.

Al ser consultado sobre una posible aprehensión, Vallejo sostuvo que Bucaram podría intentar presentarse a una diligencia, pero la tensión emocional podría provocarle una nueva arritmia y hacer que regrese al cuadro inicial.

Añadió que, una vez estabilizado y cumplido el periodo de recuperación, podrá atender sus obligaciones judiciales.

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Sala negó ocho medidas cautelares

En una resolución emitida a las 09:29 de este lunes 7 de septiembre de 2026, la Sala de la Corte del Guayas admitió a trámite el hábeas corpus y negó las ocho medidas cautelares solicitadas.

Los jueces concluyeron, de manera preliminar, que no existía una amenaza inminente contra los derechos a la vida, la salud y la integridad de Bucaram, debido a que la orden del tribunal penal condicionó la aprehensión al alta médica.

La Sala aclaró que esta decisión únicamente correspondía al pedido de medidas cautelares y que no resolvía el fondo del hábeas corpus. El pronunciamiento definitivo deberá emitirse después de valorar los argumentos y las pruebas presentadas durante la audiencia.

Lo que debes saber

• EE. UU. y Ecuador intensifican operaciones antidrogas en 2026 para frenar rutas de cocaína.
• La frontera con Colombia concentra acciones militares por el avance de redes narco.
• Ecuador es clave para Washington por su papel en el tránsito regional de droga.

La cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos ha entrado en una nueva fase. En medio de la escalada de violencia ligada al narcotráfico y al crimen organizado, ambos países han profundizado las operaciones conjuntas de inteligencia, vigilancia y apoyo estratégico para combatir a las organizaciones criminales que operan en territorio ecuatoriano y en los corredores utilizados para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

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Ecuador se ha convertido en una pieza clave dentro de la estrategia regional impulsada por Washington para enfrentar a los carteles y las redes del narcotráfico en América Latina. 

El país es considerado un punto estratégico debido a su ubicación entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, así como por su acceso al océano Pacífico y a puertos utilizados para la exportación de droga hacia mercados internacionales.

Operaciones conjuntas y apoyo de inteligencia

La nueva fase de cooperación comenzó a hacerse visible en marzo de 2026, cuando el Comando Sur de Estados Unidos confirmó el desarrollo de operaciones coordinadas con las Fuerzas Armadas ecuatorianas contra estructuras vinculadas al narcotráfico. 

De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses y recogida por medios internacionales, militares norteamericanos participan en tareas de asesoría, planificación estratégica, intercambio de inteligencia y apoyo logístico, mientras que las operaciones en territorio ecuatoriano son ejecutadas por personal nacional.

El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, ha señalado en varias ocasiones que la cooperación busca desarticular organizaciones consideradas responsables del tráfico internacional de drogas y de la creciente violencia en la región. La estrategia contempla el fortalecimiento de capacidades locales, el intercambio de información y la coordinación de acciones contra estructuras criminales transnacionales.

Ecuador, pieza central de una estrategia regional

La participación de Ecuador no ocurre de manera aislada. La cooperación forma parte de una iniciativa más amplia conocida como la Coalición de las Américas contra los Carteles o "Escudo de las Américas", que busca coordinar acciones entre varios países frente a las organizaciones narcotraficantes que operan a través de las fronteras del continente.

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En agosto de 2026, autoridades militares de Estados Unidos, Ecuador y Colombia sostuvieron reuniones en la frontera norte para coordinar acciones contra grupos armados y redes criminales que utilizan esa zona como corredor para el transporte de cocaína. Durante el encuentro se discutieron mecanismos para perseguir a los líderes de estas organizaciones y afectar sus estructuras logísticas.

Expertos en seguridad coinciden en que el litoral Pacífico y la frontera con Colombia se han convertido en áreas prioritarias debido al creciente flujo de droga que atraviesa Ecuador antes de salir hacia Norteamérica y Europa.

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La cooperación militar con Estados Unidos refleja un giro en la estrategia ecuatoriana de lucha contra el narcotráfico. Durante años, el combate a estas estructuras estuvo centrado principalmente en operativos policiales y en la interdicción de cargamentos. Sin embargo, el avance de organizaciones criminales con capacidad armada ha llevado al Gobierno a reforzar la participación de las Fuerzas Armadas y a profundizar la colaboración internacional.

Lo que debes saber

• El Gobierno identifica unos 2.000 millones de dólares en activos inmobiliarios del instituto.
• Las organizaciones sociales se oponen a la venta de bienes del IESS.
• Los manifestantes también cuestionan la falta de medicamentos y la atención médica.

Un plantón se realizó, este lunes 7 de septiembre de 2026, en los exteriores de la Caja del Seguro Social, en el centro de Quito, en rechazo a la posibilidad de que el Gobierno impulse la venta de bienes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La manifestación ocurrió unos días después de que el presidente Daniel Noboa señalara, durante una entrevista en Radio Centro, que el IESS posee alrededor de $ 2.000 millones en activos inmobiliarios que considera “ociosos”.

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Los bienes que el Gobierno busca convertir en liquidez

Según explicó Noboa, ese patrimonio está compuesto por edificios, terrenos y macrolotes que podrían convertirse en liquidez para sostener las operaciones del Instituto. Además, el mandatario aseguró que pidió al delegado del Ejecutivo ante el IESS impulsar la venta de esos bienes para fortalecer la capacidad financiera destinada a las prestaciones médicas y al cumplimiento de las obligaciones del sistema de pensiones.

Frente a esa posibilidad, Ramiro Beltrán, integrante de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, señaló que en el plantón participan trabajadores activos, jubilados y organizaciones agrupadas en el Frente Popular de Pichincha. A su criterio, la autonomía del IESS debe mantenerse y ningún Gobierno debe intervenir en los recursos ni en el patrimonio de la institución, que —según sostuvo— ha sido construido con el aporte de los trabajadores.

Rechazo a la venta del patrimonio

En ese contexto, Beltrán sostuvo que la eventual venta de propiedades constituye un paso hacia la privatización de la Seguridad Social. El dirigente cuestionó que esos bienes sean vendidos durante una época de crisis económica y advirtió que podrían ser comercializados a precios que, desde su perspectiva, no representarían su verdadero valor.

Asimismo, Beltrán afirmó que los bienes del IESS están vinculados a los seguros de salud y pensiones, por lo que su venta tendría consecuencias para los afiliados y jubilados. También planteó la necesidad de modificar el modelo de Seguridad Social mediante una propuesta que, según dijo, mantenga la autonomía y solidaridad del sistema y contemple la creación de un fondo de solidaridad para darle sostenibilidad durante las próximas décadas.

Por su parte, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, aseguró que los afiliados, trabajadores y jubilados no permitirán que se intervenga en los recursos del IESS. Erazo sostuvo que esos fondos deben utilizarse para atender los problemas de salud, garantizar el pago de pensiones y mejorar la atención de los asegurados, especialmente de quienes padecen enfermedades catastróficas.

Además, Erazo cuestionó la actuación del Gobierno frente a la autonomía de la Seguridad Social y sostuvo que no le corresponde al Ejecutivo disponer la venta de los bienes del instituto. El dirigente anunció que las organizaciones sociales evalúan acciones legales, entre ellas una acción de protección o acudir ante la Corte Constitucional, aunque insistió en que la principal herramienta de defensa será la movilización de los afiliados y asegurados.

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Venta de bienes del IESS: las trabas detrás del plan de Noboa para dar liquidez al Seguro Social

Richard Josue Jimenez Mora

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Las consignas contra el Gobierno

A la par de los discursos, los manifestantes expresaron su rechazo al Gobierno mediante consignas como “que se larguen todos”, “no hay medicinas, vuelven los apagones, con Noboa y sus ladrones” y “abajo la privatización del IESS”. También corearon “el IESS es de los trabajadores”, “el IESS no se vende” y “el Seguro es de los trabajadores y no de los explotadores”.

En los carteles exhibidos durante el plantón también se cuestionó la intención de vender los bienes del instituto. Entre las frases se leía: “El IESS es de los afiliados, no del Gobierno”, “El IESS no se vende” y “Noboa, si quieres vender, vende tus empresas, no los bienes y recursos del IESS”; otro mensaje señalaba que el instituto pertenece a sus más de 3,5 millones de afiliados.

Finalmente, Erazo recordó que en 1995 las organizaciones sociales se movilizaron contra el intento de privatización del IESS durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén. Con ese antecedente, aseguró que los trabajadores, maestros, jubilados y pensionistas volverán a organizarse para defender la autonomía y el patrimonio de la Seguridad Social, mientras Beltrán llamó a fortalecer la unidad para impedir que los recursos del instituto sean destinados a otros fines.

Lo que debes saber

• Media tonelada de marihuana fue incautada en Ascázubi cuando iba hacia Guayaquil.
• La droga habría ingresado desde Colombia por la frontera de Carchi.
• El conductor huyó en Pichincha tras detectar el operativo de control.

Una operación de control ejecutada en el sector de Ascázubi, en Pichincha, permitió la incautación de cerca de media tonelada de marihuana que era transportada en un vehículo por uno de los principales corredores viales del país. El conductor abandonó el automotor al detectar la presencia de los uniformados y logró escapar.

El decomiso se suma a una serie de operaciones desarrolladas en las últimas semanas contra las redes de narcotráfico que utilizan el territorio ecuatoriano como zona de tránsito para el almacenamiento, transporte y exportación de drogas hacia mercados internacionales.

Cargamento estaría valorado en $1,5 millones

De acuerdo con la información disponible, la droga decomisada tendría un valor aproximado de $1,5 millones en el mercado nacional. La carga era movilizada a bordo de un vehículo identificado durante el operativo realizado en la zona de Ascázubi.

Las autoridades consideran que el decomiso afectó una posible ruta logística utilizada para el transporte de sustancias ilícitas a través de la red vial ecuatoriana.

Justicia

Incautan dos toneladas de cocaína ocultas en un contenedor de banano en Puerto Bolívar

Fabricio Cruz

La ruta investigada conecta Colombia, Carchi y Guayaquil

Las primeras indagaciones señalan que el cargamento tendría como origen los departamentos colombianos de Cauca y Nariño, territorios considerados estratégicos para la producción y movilización de droga en el sur de Colombia.

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La hipótesis investigativa establece que la marihuana habría ingresado a Ecuador por el sector fronterizo de La Pintada-Julio Andrade, en la provincia del Carchi. Posteriormente habría sido movilizada por la carretera E35 con dirección al centro del país.

Según las investigaciones preliminares, el destino final del cargamento sería Guayaquil, ciudad que concentra parte de la actividad portuaria utilizada por organizaciones criminales para el envío de droga hacia mercados internacionales.

Nueva incautación se suma a decomiso de cocaína en Machala

La incautación en Pichincha se produjo el mismo día en que las autoridades informaron sobre otro importante golpe al narcotráfico. En el puerto marítimo de Machala, provincia de El Oro, fueron hallados alrededor de 2.040 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor de fruta que tenía como destino Suecia. Hasta el momento no se han reportado detenidos por ese caso.

Ambos decomisos reflejan la utilización de corredores terrestres y puertos ecuatorianos por parte de estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas, una problemática que continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad en el país

En la Costa, las precipitaciones estarán presentes en tres ciudades y se distribuirán entre la madrugada, la tarde y la noche. En la Sierra, el pronóstico señala lluvias únicamente en Guaranda, mientras que cuatro localidades de la Amazonía registrarán precipitaciones nocturnas. También se esperan lluvias durante la tarde en dos islas de Galápagos.

Los niveles de radiación ultravioleta oscilarán entre altos y muy altos en las cuatro regiones. Por ello, el Inamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol, principalmente entre las 10:00 y las 15:00, y adoptar medidas de protección.

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Recomendaciones ante las lluvias y la radiación UV

Aunque las lluvias previstas serán aisladas, pueden presentarse en horarios de movilización, especialmente durante la madrugada y la noche. Por esta razón, es recomendable llevar paraguas, conducir con precaución y reducir la velocidad en vías mojadas.

La radiación UV representa otro factor que debe considerarse, incluso cuando el cielo permanece parcialmente nublado. Se recomienda utilizar protector solar, prendas que cubran la piel, gafas con protección UV y mantenerse hidratado. También es conveniente evitar actividades prolongadas al aire libre entre las 10:00 y las 15:00, cuando la exposición puede ser más intensa.