Las claves del caso

• Ecuador amplió operaciones con EE. UU. en 2026; dos casos cuestionan la validación de objetivos.
• La CIA aparece en denuncias sobre ataques a pescadores ecuatorianos en altamar durante 2026.
• Expertos analizan la cooperación de inteligencia entre Ecuador y EE. UU. en medio de la crisis de seguridad.

“No podemos ni confirmar ni desmentir que esos archivos existen”. Durante décadas, esa fue la respuesta estándar de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) cuando se le preguntaba sobre una de sus operaciones encubiertas más emblemáticas en América Latina: la participación en la caída del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz en 1954.

La frase vuelve a adquirir relevancia en Ecuador por dos hechos recientes que han abierto interrogantes sobre los límites de la cooperación militar con Estados Unidos, la validación de objetivos y el papel que juega la inteligencia extranjera en operaciones que terminan con civiles muertos, desaparecidos o detenidos.

Operativo en Sucumbíos y dudas sobre el objetivo

Por un lado, está el operativo ejecutado en marzo de 2026 en San Martín, Sucumbíos, contra un supuesto complejo ligado a grupos armados, que terminó siendo cuestionado por investigaciones periodísticas que apuntaron a que el blanco era, en realidad, una finca ganadera.

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Por otro, están las denuncias de pescadores ecuatorianos atacados en altamar y la posterior revelación de The Washington Post, que vinculó los incidentes de las embarcaciones Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca con un presunto programa encubierto de la CIA.

Ecuador y Estados Unidos amplían sus operaciones conjuntas

El 4 de marzo de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció el inicio de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos. “Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal”, escribió en la red social X, al informar que Ecuador ejecutaría acciones coordinadas con aliados regionales, incluido EE. UU. Un día antes, según informó públicamente el Comando Sur, fuerzas ecuatorianas y estadounidenses habían empezado operaciones contra organizaciones consideradas terroristas dentro del territorio ecuatoriano.

Aquellos anuncios representaron un cambio significativo en la relación bilateral en materia de seguridad. Si históricamente Washington había colaborado con entrenamiento, equipamiento e intercambio de inteligencia, ahora el discurso oficial hablaba abiertamente de operaciones conjuntas.

Meses después, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que Colombia, Honduras y Guatemala seguirían el modelo ecuatoriano, al permitir acciones conjuntas contra estructuras criminales. Sin embargo, Guatemala negó públicamente haber alcanzado ese tipo de acuerdo.

La estrategia antidrogas de Estados Unidos

La expansión forma parte de la estrategia impulsada por la administración Trump, que ha catalogado a 20 organizaciones criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras y ha ampliado el uso de recursos militares en operaciones antidrogas en la región.

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Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, se refirió a los reportes sobre un supuesto involucramiento de la CIA en operaciones contra el narcotráfico. “¿Por qué quieren mandar a la CIA? Ellos no son operadores, son analistas de inteligencia. No tiene sentido”, señaló.

Para Vigil, la estrategia antinarcóticos debería concentrarse más en reducir la demanda de drogas que en ampliar el uso de herramientas militares.

Expertos defienden la cooperación de inteligencia

No todos los especialistas observan el escenario desde la misma perspectiva. César Paz, experto en seguridad y exagente del FBI, cree que el fortalecimiento de la cooperación entre Ecuador y EE. UU. responde a una convergencia de intereses estratégicos y a la profunda crisis de seguridad que enfrenta el país.

“Coincide con varias cosas. Número uno, el acercamiento que ha tenido el Gobierno de Ecuador con EE. UU. y específicamente con el Comando Sur en Miami. Han pedido apoyo y es ahora el mejor momento para que exista ese apoyo, no solamente en cuanto a logística, sino también en cuanto a inteligencia”, analizó.

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Según Paz, agencias estadounidenses como el FBI cuentan con capacidades avanzadas en investigación criminal, análisis de inteligencia y ciencias forenses, que podrían resultar valiosas para enfrentarse a estructuras criminales cada vez más sofisticadas.

“El FBI tiene recursos muy avanzados en cuanto a investigaciones, inteligencia y materia forense. Tiene un laboratorio fantástico, reconocido a nivel mundial. Ecuador ha llegado a tiempos muy difíciles, por el nivel de criminalidad”.

Jean Paul, experto en seguridad y prospectiva, considera preocupante la ausencia de una reacción pública del Estado ecuatoriano.

Para el analista, el principal problema radica en la falta de información disponible. “Por el momento hay un silencio del Estado. Los temas de seguridad siempre presentan dificultades para comunicar, pero eso no elimina la necesidad de transparencia”.

Los puntos claves

• Estados Unidos bloqueó 10 embarcaciones pesqueras ecuatorianas señaladas por su presunta participación en una red de narcotráfico.
• Washington atribuye a la red la capacidad de movilizar entre 30 y 40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador hacia México.
• La estructura habría dado combustible, alimentos, atención médica y vigilancia a lanchas rápidas vinculadas con Los Choneros y Los Lobos.
• La sanción alcanza a ocho personas y siete empresas ecuatorianas, además de los 10 barcos identificados como bienes bloqueados.

Estados Unidos sancionó este 20 de agosto a una red de narcotráfico con operaciones en Ecuador y puso bajo bloqueo a 10 embarcaciones pesqueras que, según Washington, eran utilizadas para apoyar el traslado de cocaína desde la costa ecuatoriana hasta México.

La medida del Departamento del Tesoro alcanza a ocho personas y siete empresas ecuatorianas. La investigación estadounidense apunta a una estructura que habría llegado a coordinar el envío de entre 30 y 40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador hacia Centroamérica y México.

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El destino final de los cargamentos era Estados Unidos

Según reportó la agencia de noticias EFE, la red brindaba apoyo logístico a lanchas rápidas vinculadas con Los Choneros y Los Lobos, dos organizaciones criminales ecuatorianas que Washington designó como organizaciones terroristas extranjeras.

Los 10 barcos señalados

El Departamento del Tesoro identificó como bienes bloqueados a estas embarcaciones:

De acuerdo con la investigación estadounidense, estas pesqueras tenían una función clave en la ruta marítima de la droga. Desde la costa ecuatoriana habrían proporcionado combustible, alimentos, atención médica y vigilancia a las lanchas rápidas que transportaban la cocaína hacia el norte.

El centro logístico señalado por Washington está en Manta, Manabí

Las embarcaciones pesqueras también habrían servido para detectar la presencia de unidades de las fuerzas del orden durante la travesía.

Así funcionaba la ruta

EFE recoge que Washington acusa a la red ecuatoriana de proporcionar el respaldo necesario para que estas embarcaciones pudieran avanzar durante el trayecto.

El volumen atribuido a algunos de los operadores muestra la dimensión de la estructura: 30 a 40 toneladas de cocaína mensuales habrían sido movilizadas desde Ecuador hacia México y Centroamérica.

Las empresas detrás de la operación

La sanción también alcanzó a siete compañías. Seis están relacionadas con actividades pesqueras: Arcasdenoe, Alho Fish, JAH-HMH, Negocios Jimar, Proyectos Neyzoa y Soisamar.

La séptima es Global Industrial, dedicada al transporte de materiales de construcción.

Los nombres señalados por Washington

Entre las ocho personas sancionadas están cuatro integrantes de la familia Mero: Alfonso Mero Mero, Edwar Alexis Mero Arcentales, Roberth Alfonso Mero Arcentales y Julio Javier Mero Franco.

Washington los señala como operadores de Arcasdenoe y sostiene que trabajan para Los Choneros. También aparece Jimmy Leonidas Alarcon Holguin, señalado como controlador de las otras seis empresas mencionadas por EFE.

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La lista se completa con otros tres individuos vinculados a la estructura investigada por el Gobierno estadounidense.

Los Choneros, Los Lobos y los carteles mexicanos

La investigación vuelve a mostrar el vínculo que Estados Unidos atribuye entre organizaciones criminales ecuatorianas y los grandes carteles mexicanos.

Los Choneros están relacionados con el Cártel de Sinaloa, mientras que Los Lobos aparecen vinculados con el CJNG. Ambos grupos ecuatorianos, según los reportes, fueron designados por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) en septiembre de 2025.

Washington ya había sancionado a Los Choneros y a su entonces líder, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en febrero de 2024 por actividades relacionadas con el narcotráfico.

Ese mismo año, el Tesoro sancionó a Los Lobos y a su líder, Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, por su participación en actividades vinculadas con el tráfico internacional de drogas.

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¿Qué implica el bloqueo? 

La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no equivale a una incautación física de los barcos.

Los bienes bloqueados quedan bajo restricciones financieras de Estados Unidos. Técnicamente, no pueden ser transferidos, vendidos, retirados, pagados, exportados ni utilizados sin una autorización específica del Tesoro estadounidense, según EFE.

Además, cualquier propiedad o interés en propiedad de los sancionados que se encuentre en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses queda bloqueada.

Las personas y empresas estadounidenses tampoco pueden realizar transacciones con los sancionados, salvo que exista una autorización.

La sanción llega en medio de los ataques a barcos

La decisión de Washington ocurre mientras Estados Unidos mantiene una ofensiva contra embarcaciones sospechosas de estar relacionadas con el narcotráfico en el Pacífico Oriental y el Caribe.

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Una investigación de The Washington Post reveló que una operación encubierta de la CIA estaría detrás de ataques con drones contra tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas que habían zarpado de puertos de Manabí.

En esas operaciones no se encontraron drogas. Pescadores de dos embarcaciones fueron entregados a la Guardia Costera de El Salvador y posteriormente deportados a Ecuador.

Ocho pescadores que viajaban en una de ellas, la Fiorella, continúan desaparecidos.

Este volumen documental agrupa exclusivamente a los individuos que superaron los filtros formales aprobados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

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Nuevas demografías y ranking oficial 

Las cifras publicadas evidencian la carga operativa del sistema de extranjería y la dinámica de la movilidad humana formal. Los ciudadanos originarios de Venezuela y Colombia concentran el mayor procesamiento institucional en la emisión de documentos, sumando un total de 130.877 credenciales entregadas entre ambas nacionalidades durante los últimos 32 meses.

Para que un individuo integre esta base de datos se exige la orden de cedulación previa y partidas de origen apostilladas, lo que delimita la estadística únicamente a quienes ya adquirieron derechos y obligaciones tributarias en el territorio nacional, dejando fuera del conteo al flujo migratorio irregular.

El registro oficial de la entidad detalla el siguiente orden según la cantidad de trámites ejecutados:

Tras revisar el desglose de la base de datos, se identifican variables demográficas distintas a la matriz sudamericana. El reporte estatal expone que residentes originarios de China y Estados Unidos superan la barrera de las cinco mil emisiones, posicionándose en el tercer y quinto lugar de la medición nacional.

Lo que debes saber

• Guayaquil aprueba ordenanza para regular el estacionamiento público tarifado
• Antes de incorporar nuevos sectores, se realizará una socialización comunitaria de al menos 20 días, aseguró la ATM. 
  

El Concejo Municipal de Guayaquil aprobó por unanimidad, en segundo y definitivo debate, la ordenanza que regula el uso de los espacios de estacionamiento público tarifado en la ciudad.

La normativa busca ordenar el uso del espacio público, mejorar la rotación vehicular y establecer reglas para los conductores que utilicen las zonas de estacionamiento tarifado.

Entre las principales disposiciones consta un periodo de tolerancia de cinco minutos para que el usuario active el parquímetro. La tarifa vigente se mantiene en $1 por hora.

La ordenanza también establece una multa equivalente al 7 % de un Salario Básico Unificado (SBU) para quienes incumplan las disposiciones relacionadas con el estacionamiento tarifado.

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Además, los conductores que cancelen la multa dentro de los primeros 20 días podrán acceder a un descuento del 25 %, de acuerdo con la información difundida por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

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La normativa contempla exoneraciones para personas con discapacidad y para vehículos 100 % eléctricos o de cero emisiones.

La ordenanza también establece reglas para la incorporación de nuevos sectores al sistema de estacionamiento público tarifado. Sin embargo, antes de ampliar la cobertura, el Municipio deberá realizar un proceso de socialización comunitaria de al menos 20 días.

Este mecanismo busca que los habitantes de las zonas involucradas conozcan previamente las condiciones de funcionamiento y las nuevas disposiciones.

¿En qué se utilizará el dinero recaudado?

Otro de los puntos establecidos en la normativa es el destino de los recursos obtenidos mediante el sistema de estacionamiento tarifado.

Según la información difundida por la ATM, los valores recaudados serán reinvertidos en vialidad, movilidad y seguridad.

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Soledad Diab mocionó y pidió aplausos para Tatiana Coronel

La aprobación se concretó durante la sesión del Concejo este jueves 20 de agosto, luego de que la concejala Soledad Diab mocionara el tratamiento del punto. La edil, quien llegó al Concejo respaldada por el Partido Social Cristiano (PSC) y actualmente se identifica como independiente, defendió la necesidad de contar con una regulación para estos espacios.

Sin embargo, durante el debate surgió otro tema relacionado directamente con el estacionamiento en las calles: la situación de los cuidadores informales de vehículos.

Al final de la sesión, el punto fue aprobado en segundo debate por unanimidad. Diab, además, pidió un aplauso para Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante, a quien reconoció por llevar este tema a la mesa del Concejo y destacó su gestión durante el tratamiento de la ordenanza.

Lo que debes saber

• Wilson Mendoza fue detenido en Guatemala por pedido de EE. UU. por narcotráfico y alerta Interpol.
• Ecuador, Colombia y Guatemala capturaron a tres buscados por tráfico de drogas.
• Reimberg destacó la extradición tras las capturas de requeridos por Estados Unidos.

Una operación coordinada entre autoridades de Ecuador, Colombia, Guatemala y Estados Unidos permitió la captura de tres personas requeridas por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas, según informó este 20 de agosto el ministro del Interior, John Reimberg.

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El caso de mayor relevancia involucra a Wilson Eduardo Mendoza Barberán, quien fue detenido en Guatemala cuando presuntamente intentaba viajar hacia Ecuador. De acuerdo con la información difundida por Reimberg, el sospechoso mantenía una Difusión Roja de Interpol y era requerido por autoridades de Estados Unidos por investigaciones vinculadas al narcotráfico.

El ministro aseguró además que Mendoza Barberán sería integrante de la estructura criminal Los Choneros, una de las organizaciones delincuenciales más investigadas en Ecuador por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.

Exfuncionario ocupó cargos en la Senagua

Según los datos proporcionados por el titular del Interior, Mendoza Barberán desempeñó varios cargos en la entonces Secretaría Nacional del Agua (Senagua) entre 2007 y 2015. Durante ese período fue subsecretario y posteriormente asesor del entonces ministro Walter Solís.

Solís enfrenta actualmente procesos judiciales en Ecuador y permanece fuera del país, por lo que es considerado prófugo por las autoridades ecuatorianas.

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Detenciones en tres países

Además de la captura de Mendoza Barberán en Guatemala, las autoridades reportaron la detención de Rubén Horacio Bermúdez Loor en Guayaquil y de Elixandro Ico Cuervo en Colombia.

Las tres aprehensiones forman parte de acciones coordinadas entre organismos de seguridad de varios países para localizar a personas requeridas por causas abiertas en Estados Unidos relacionadas con tráfico de drogas.

Cooperación internacional y extradición

Reimberg destacó que las capturas fueron posibles gracias a los mecanismos de cooperación internacional y a la aplicación de la normativa vigente en materia de extradición.

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De acuerdo con el ministro, la legislación ecuatoriana permite actualmente la detención de ciudadanos ecuatorianos que registren órdenes de extradición y notificaciones internacionales emitidas a través de Interpol, facilitando así la colaboración con otros países en investigaciones de carácter transnacional.

Las autoridades no han informado, por el momento, sobre las fechas de traslado de los detenidos ni sobre los procesos judiciales que deberán enfrentar en el marco de los pedidos formulados por Estados Unidos.

Lo que debes saber

• Policía detuvo a 4 hombres el 20 de agosto en Manabí por trata y explotación sexual de menores.
• Una adolescente de 16 años fue rescatada en Manabí tras investigación por desaparición.
• Red vinculada a Los Choneros tatuaba a víctimas para reforzar control y pertenencia.

La Policía Nacional ejecutó la operación denominada Metamorfosis, que dejó cuatro detenidos y el rescate de una adolescente de 16 años en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia de Manabí. Según las autoridades, la estructura tendría vínculos con el grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Choneros.

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Los procedimientos se realizaron este 20 de agosto de 2026 mediante cinco allanamientos, cuatro en el cantón El Carmen y uno en Bahía de Caráquez. La intervención contó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y la organización Nuestro Rescate, tras varios meses de indagaciones relacionadas con la desaparición y explotación de menores de edad.

Entre los detenidos constan:

Tatuajes como mecanismo de control

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el uso de tatuajes corporales en las víctimas. Según la Policía, la organización utilizaba estas marcas como una señal de pertenencia y dominación sobre las adolescentes captadas para actividades de explotación sexual.

De acuerdo con los datos recopilados durante la investigación, las víctimas, en su mayoría adolescentes en condición de vulnerabilidad, eran reclutadas, trasladadas y alojadas en distintos inmuebles y centros de diversión nocturna, donde presuntamente eran sometidas a explotación sexual mediante intimidaciones y otros mecanismos coercitivos.

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Las autoridades indicaron que la investigación se originó tras la localización de una adolescente de 16 años reportada como desaparecida. A partir de ese caso se identificó la posible existencia de más menores afectadas por esta red criminal.

Evidencias y nuevas líneas de investigación

Durante los allanamientos, los agentes incautaron siete teléfonos celulares que serán sometidos a pericias. Además, se localizaron altares, figuras y otros elementos simbólicos asociados al entorno de la organización investigada.

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Las autoridades también informaron que otras posibles víctimas menores de edad fueron identificadas durante las investigaciones, por lo que las diligencias continúan para determinar el alcance de la estructura y establecer posibles responsabilidades adicionales.

La trata de personas constituye uno de los delitos más graves vinculados al crimen organizado y, según la Policía, esta red se habría dedicado a captar adolescentes en distintas ciudades para trasladarlas a inmuebles y establecimientos donde eran explotadas sexualmente.

Lo que debes saber

• Johana Núñez irá a audiencia de formulación de cargos.
• La Fiscalía investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
• La diligencia está prevista para el 25 de agosto.

La prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, deberá comparecer, el próximo martes 25 de agosto de 2026, a una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La diligencia fue convocada por la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a pedido de la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

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Fiscalía sustenta su pedido

Según consta en la resolución judicial, la Fiscalía sostiene que dentro de la investigación previa N.° 230101826060136 aparecieron elementos de convicción que hacen presumir la participación de Núñez y otros tres ciudadanos en el caso. En ese marco, el Ministerio Público solicitó que se convoque a la diligencia para iniciar la primera etapa del proceso penal.

La causa también involucra a Wilmer David Rivas Ontaneda, Fabián Alexander Rivas Calderón y Gabriel Antonio Rivas Núñez, quienes fueron incluidos en el requerimiento fiscal junto con la prefecta. De acuerdo con la documentación remitida por Fiscalía, Núñez aparece como presunta autora del delito contemplado en el artículo 279, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), mientras que los otros tres ciudadanos son señalados como presuntos cómplices.

La diligencia se desarrollará a las 08:30 del 25 de agosto, en el segundo piso del Complejo Judicial Norte de Quito. Aunque también podrá realizarse mediante la plataforma Zoom.

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El camino político de Núñez

Núñez llegó a la Prefectura de Santo Domingo, en 2019, mediante la unidad 20-100, una alianza entre Democracia Sí y Construir. En 2023, consiguió la reelección con el respaldo del movimiento Revolución Ciudadana (RC) y Construir, bajo la alianza denominada Somos Todos.

EXPRESO intentó obtener la versión de la prefecta mediante mensajes enviados por servicios de mensajería instantánea y a través de su cuenta de Instagram, además de solicitar una respuesta por intermedio de su director de Comunicación en la Prefectura. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió una respuesta sobre la investigación fiscal ni sobre la audiencia convocada para el 25 de agosto.

Asimismo, este Diario solicitó una entrevista con Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, para conocer la posición de la organización política frente al proceso que involucra a una de las autoridades seccionales que llegó a su cargo con el respaldo de la agrupación. Rivadeneira asumió la presidencia de RC en enero de 2026.

La aprobación se concretó durante la sesión del Concejo este jueves 20 de agosto, luego de que la concejala Soledad Diab mocionara el tratamiento del punto. La edil, quien llegó al Concejo respaldada por el Partido Social Cristiano (PSC) y actualmente se identifica como independiente, defendió la necesidad de contar con una regulación para estos espacios.

Sin embargo, durante el debate surgió otro tema relacionado directamente con el estacionamiento en las calles: la situación de los cuidadores informales de vehículos.

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El debate por los cuidadores de carros

Uno de los concejales que intervino fue Fabián Espín, de la Revolución Ciudadana. El edil recordó que representa al Distrito 3 y señaló que el crecimiento del centro de Guayaquil le permite conocer de cerca las dinámicas que, según él, se desarrollan en esa zona.

Espín respaldó la ordenanza y sostuvo que esta permitirá establecer reglas claras. Pero durante su intervención también puso sobre la mesa la situación de las personas que trabajan como cuidadores de vehículos en las calles.

El concejal señaló que conversó sobre este tema con Edgar Lupera, gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), y reconoció que se trata de una preocupación que debe ser abordada por el Municipio.

“En Guayaquil la gente busca cómo sobrevivir y hace años hemos visto cómo personas trabajan cuidando vehículos”, manifestó Espín durante el debate.

El edil cuestionó que algunas personas puedan llegar a apropiarse de espacios públicos para realizar esta actividad, aunque también reconoció que, ante la inseguridad, algunos ciudadanos perciben la presencia de los cuidadores como una ayuda al momento de dejar sus vehículos estacionados.

Espín planteó así la necesidad de que esta actividad sea regulada y no quede al margen de la nueva normativa.

¿Qué pasará con quienes ya cuidan vehículos?

El concejal puso especial énfasis en quienes actualmente realizan esta actividad dentro del polígono comprendido entre el Malecón y Boyacá, y entre las calles Loja y Olmedo.

Según su planteamiento, estas personas podrían convertirse en parte de la estrategia necesaria para poner en funcionamiento la ordenanza. Es decir, en lugar de quedar excluidos, podrían ser considerados dentro del esquema que se implemente en esta zona.

“No se los va a dejar por fuera”, aseguró Espín.

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La intervención deja abierta una de las principales interrogantes tras la aprobación de la ordenanza: cómo se regulará la presencia de los cuidadores informales de vehículos y qué papel tendrán dentro del nuevo modelo de estacionamiento tarifado.

Durante el debate, Soledad Diab también hizo una precisión sobre el alcance de la normativa. La concejala señaló que la aprobación de la ordenanza no significa que se instalarán parquímetros de manera automática en toda Guayaquil.

Agregó que cualquier instalación deberá estar técnicamente justificada.

Al final de la sesión, el punto fue aprobado en segundo debate por unanimidad. Diab, además, pidió un aplauso para Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante, a quien reconoció por llevar este tema a la mesa del Concejo y destacó su gestión durante el tratamiento de la ordenanza.

Lo que debes saber

• Fabián Espín revela qué pasará con los cuidadores de carros en Guayaquil
• El concejal de Revolución Ciudadana sostuvo que deben ser regulados y aseguró que “no se los va a dejar por fuera”.

El Concejo de Guayaquil aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza que regula el uso y control de los espacios de estacionamiento público tarifado en el cantón. Durante la sesión, el concejal de la Revolución Ciudadana, Fabián Espín, puso sobre la mesa la situación de los cuidadores informales de vehículos que trabajan en distintas zonas de la ciudad.

Espín, quien señaló que es concejal del distrito 3, defendió la necesidad de establecer reglas claras para el uso de los espacios de estacionamiento. Sin embargo, durante su intervención también se refirió a las personas que actualmente se dedican a cuidar carros en las calles.

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El edil contó que conversó sobre este tema con el gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), Édgar Lupera. 

Espín sostuvo que la actividad debe ser regulada y que quienes actualmente cuidan carros no deberían quedar fuera de la aplicación de la ordenanza.

Concejal Espín sobre los cuidadores de carros: “No se los va a dejar por fuera”

Durante su intervención, Espín reconoció que en Guayaquil existen personas que buscan formas de sobrevivir y que desde hace años se observa a ciudadanos dedicados al cuidado de vehículos en las calles.

El concejal señaló que, aunque entiende la necesidad económica de estas personas, no considera adecuado que alguien pueda apropiarse de un espacio de la vía pública para realizar esta actividad sin regulación.

También reconoció que, en medio de la inseguridad, algunos conductores pueden considerar esta práctica como una ayuda. Explicó que hay ciudadanos que dejan uno o dos dólares a quienes cuidan sus vehículos.

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No obstante, Espín insistió en que la actividad necesita reglas. Su planteamiento apunta a que los cuidadores informales de carros sean considerados dentro de la estrategia que permita aplicar la nueva normativa.

La zona que mencionó el concejal

Espín hizo referencia específicamente a las personas que actualmente cuidan vehículos en el polígono comprendido desde el Malecón hasta Boyacá y desde Loja hasta Olmedo.

De acuerdo con su intervención, estas personas podrían convertirse en parte de la estrategia para operativizar la ordenanza. El concejal enfatizó que no se trata de dejarlas fuera de la regulación.

“No se los va a dejar por fuera”, concluyó Espín durante su intervención ante el Concejo de Guayaquil.

El planteamiento abre la discusión sobre qué ocurrirá con quienes actualmente dependen económicamente del cuidado informal de vehículos cuando entre en aplicación la regulación del estacionamiento público tarifado.

Al respecto, EXPRESO ya solicitó una entrevista con el gerente de la ATM.

El Concejo aprobó la ordenanza en segundo debate

La propuesta fue mocionada por la concejala Soledad Diab, quien llegó al Concejo de Guayaquil arropada por el Partido Social Cristiano (PSC), aunque actualmente se identifica como independiente.

Después de su intervención, varios ediles participaron en el debate. Finalmente, el proyecto de Ordenanza que regula el uso y control de los espacios de estacionamiento público tarifado en el cantón Guayaquil fue aprobado en segundo debate.

Al cierre de la discusión, Diab pidió un aplauso para Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante, en medio de la aprobación del proyecto.

Lo que debes saber

• Tres detenidos por el crimen de José Luis Merchán en Salinas; dos fueron llevados a El Encuentro.
• La Policía capturó a tres sospechosos en Montañita por el asesinato del funcionario de Fiscalía.
• La orden del crimen habría salido de la Penitenciaría del Litoral, según la Policía.

Anderson Muñoz, alias Guayaco; Francisco León y Anny Crespo son los tres aprehendidos que estarían vinculados con el crimen del abogado José Luis Merchán Perero, secretario de la Fiscalía de Salinas en el área de Delitos Acuáticos.

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La detención de los sospechosos, quienes recibieron prisión preventiva durante la audiencia de flagrancia, se produjo en un inmueble de caña ubicado en la zona de Montañita, donde presuntamente residían.

El coronel Jorge Haddati Buchelli, jefe del Comando Provincial de la Policía en Santa Elena, informó que los dos hombres detenidos serían quienes participaron directamente en el ataque: uno habría actuado como sicario y el otro como conductor de la motocicleta utilizada para movilizarse. La mujer, en tanto, presuntamente habría recibido el dinero correspondiente al pago por el crimen.

La orden del asesinato habría salido de la Penitenciaría del Litoral

Según las declaraciones del oficial, la orden para ejecutar el asesinato del funcionario del Ministerio Público habría salido desde la Penitenciaría del Litoral. “Estamos procesando al que dio la orden y estamos investigando las motivaciones del crimen”, señaló Haddati.

El coronel también indicó que uno de los aprehendidos registra siete detenciones, la mayoría relacionadas con presuntos asesinatos. Además, uno de los sospechosos habría proporcionado una identidad falsa, por lo que los equipos de investigación trabajan para establecer su verdadera identidad.

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Cámaras de seguridad permitieron localizar a los sospechosos

Para localizar a los sospechosos se realizó un seguimiento mediante cámaras de seguridad, lo que permitió establecer el recorrido de la motocicleta en la que se movilizaron los presuntos responsables.

Asimismo, la Policía busca una segunda motocicleta que habría sido utilizada para entregar a otro individuo el arma empleada en el crimen.

Dos implicados a la cárcel del Encuentro

Dos de los tres procesados, los hombres señalados como presuntos responsables materiales del crimen, fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el traslado y publicó una fotografía de los dos sospechosos con uniforme penitenciario.

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“Estos tipos, los que asesinaron a la secretaria del fiscal en Santa Elena, ya están en El Encuentro”, señaló Reimberg. En otra publicación, el ministro se refirió a los detenidos como los responsables del asesinato del secretario del fiscal de Santa Elena.

Mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de José Luis Merchán, Anny Crespo fue trasladada al Centro de Privación de Libertad La Roca.

Los detenidos estarían vinculados con otros crímenes

El oficial policial informó que los tres detenidos pertenecerían a la estructura criminal Los Choneros y que estarían vinculados con más de tres crímenes registrados en la zona peninsular.

Las investigaciones continúan para determinar su participación y establecer si existen otros involucrados en el asesinato del secretario de la Fiscalía de Salinas.

El procedimiento fue ejecutado por la Policía Nacional, en coordinación con la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (Emseguridad), como parte del Plan de Protección Quito.

La intervención se desarrolló en el sector de las calles Loja y Cantuña, dentro del Distrito Manuela Sáenz. Según informó la institución policial, el seguimiento mediante cámaras y otras herramientas tecnológicas permitió identificar la presunta actividad ilícita y coordinar la llegada de los agentes.

Quito

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Cámaras permitieron coordinar la intervención policial

Durante el operativo, los uniformados aprehendieron a la mujer por la presunta posesión de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Como indicios, los agentes encontraron 17 fundas plásticas transparentes que contenían una sustancia que, de acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, sería cocaína.

La institución no informó el peso total de la sustancia decomisada ni proporcionó detalles sobre las circunstancias en las que se habría producido la presunta actividad ilícita. La aprehendida y los indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal.

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Plan de Protección Quito comenzó el 3 de agosto

El operativo forma parte del Plan de Protección Quito, una estrategia de seguridad que se ejecuta desde el 3 de agosto de 2026 para reforzar el control en sectores considerados estratégicos de la capital.

Entre el 3 y el 9 de agosto, el Bloque de Seguridad realizó 2.740 operaciones en el Distrito Metropolitano de Quito. De acuerdo con el balance oficial, estas intervenciones dejaron 187 personas detenidas y permitieron incautar más de 2,2 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización.

Durante ese periodo también fueron retiradas de circulación 20 armas de fuego, 301 armas blancas y 51 municiones, además de una alimentadora.

Las autoridades reportaron la incautación de $14.041 en efectivo, 50 galones de combustible y 13 equipos de comunicación. Asimismo, fueron recuperados 20 vehículos y 14 motocicletas.

El balance oficial incluyó la retención de un vehículo y una motocicleta, la detección de un acople clandestino y el desmantelamiento de una estructura criminal.

Quito concentra operativos en estaciones, mercados y centros educativos

El Plan de Protección Quito contempla el despliegue coordinado de 4.000 integrantes del Bloque de Seguridad, divididos entre 2.000 policías y 2.000 militares. Este personal se suma a los agentes que ya cumplen funciones en la capital.

Las operaciones cuentan con el apoyo logístico de 800 vehículos y motocicletas, dos helicópteros y 24 drones. Los controles se concentran en colegios, universidades, estaciones del Metro de Quito, mercados, entidades bancarias, centros comerciales, barrios y principales accesos a la ciudad.

La estrategia también incorpora labores de inteligencia, movilidad y videovigilancia para detectar posibles amenazas y ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad.

Lo que debe saber

• Ávila acumula más de una década en el sector público.
• Sus declaraciones patrimoniales muestran variaciones importantes.
• También registra una multa pendiente.

Luis Carlos Ávila Chávez asumió la dirección general encargada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras la muerte de Michele Sensi-Contugi. Su designación fue oficializada por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 477, emitido el 19 de agosto de 2026.

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Ávila cuenta con formación vinculada a la seguridad y la investigación criminal. Es licenciado en Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES); título que fue obtenido en 2024. En marzo de este año, en cambio, obtuvo una maestría en Criminalística y Ciencias Forenses en la misma institución académica.

Una trayectoria que comenzó en el Municipio de Guayaquil

Su trayectoria en el sector público comenzó en 2015, según los registros de la Contraloría General del Estado. En sus primeros años se desempeñó como supervisor zonal del Municipio de Guayaquil y, desde 2016, ocupó el cargo de jefe de delegados hasta 2023.

Durante ese periodo también registró cambios importantes en su patrimonio. En 2019 declaró bienes por $ 67.010, que incluían $ 210 en bancos ecuatorianos, un automóvil de 2016 valorado en $ 30.000 y una vivienda en Guayas de $ 36.800, adquirida en 1986.

Al finalizar su paso por el Municipio de Guayaquil, en 2023, su patrimonio declarado llegó a $ 378.000. La declaración incluía $ 10.000 en bancos ecuatorianos, un vehículo de 2016 valorado en $ 17.000, menaje de casa por $ 10.000 y la vivienda, ahora valorada en $ 360.000, además de una deuda de tarjeta de crédito de $ 19.000.

Posteriormente, Ávila pasó a la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, como director técnico de Gestión Institucional. Ingresó a ese cargo con un patrimonio de $ 375.000 y terminó su gestión con $ 59.100, según sus declaraciones patrimoniales.

En esa última declaración constaban $ 100 en bancos, un automóvil valorado en $ 16.000, menaje de casa por $ 10.000 y una vivienda valorada en $ 39.000. También registraba una deuda de $ 6.000, correspondiente a un préstamo quirografario.

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Su llegada al área de inteligencia

Su siguiente destino estuvo relacionado directamente con el área de inteligencia. En 2024, ingresó al Centro de Inteligencia Estratégica, como coordinador de despacho, con un patrimonio declarado de $ 63.000, y ese mismo año pasó a ser asesor 2, cargo que cerró con $ 65.700.

Ese mismo año, Ávila ocupó funciones en el Ministerio de Gobierno. Allí fue subsecretario de Gobernabilidad y posteriormente intendente general de Policía 1, responsabilidad que mantuvo hasta 2025 y que terminó con un patrimonio declarado de $ 68.900.

En 2025, también pasó por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador). En esa entidad ejerció como jefe de Seguridad Física y gerente de Transporte; su patrimonio al finalizar esa etapa se ubicó en $ 69.200.

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Del CNI a la dirección encargada

Finalmente, su carrera volvió al ámbito de inteligencia. Desde 2025, trabaja en el Centro Nacional de Inteligencia, donde fue subdirector técnico de Inteligencia Estratégica y subdirector general, antes de asumir de manera encargada la dirección general.

De acuerdo con su última declaración patrimonial, Ávila registra bienes por $ 65.200. El detalle incluye $ 19.200 en bancos ecuatorianos, una vivienda adquirida en 1986 y valorada en $ 36.000 y menaje de casa por $ 10.000; pero ya no consta un vehículo a su nombre ni mantiene deudas declaradas.

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Una multa pendiente y sus obligaciones tributarias

En sus registros también aparece una obligación pendiente relacionada con una infracción de tránsito. Según la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, mantiene una multa de $11,72 por exceder el tiempo máximo de parqueo o no pagar por el uso del espacio, registrada el 21 de abril de 2022, en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur y Demetrio Aguilera, en la ciudadela La Alborada.

A esto se suman los valores declarados por concepto de Impuesto a la Renta causado en régimen general. De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Ávila pagó $ 4.320. en 2025; $ 3.037,22, en 2024; $1.093,85, en 2023; y $2.830,85, en 2022.

El vehículo terminó volcado de costado y atravesado sobre la carretera. En una fotografía difundida por el ECU 911 se observa que el bus giró casi por completo antes de quedar detenido en la calzada.

La emergencia fue reportada mediante una llamada a la línea única de atención aproximadamente a las 03:40. Tras recibir la alerta, el ECU 911 coordinó el desplazamiento de unidades de cinco cuerpos de bomberos, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública hasta el lugar del accidente.

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Nueve heridos fueron trasladados a hospitales

Los organismos de socorro informaron de manera preliminar que una persona falleció y otras nueve resultaron heridas como consecuencia del volcamiento.

Después de recibir atención en el sitio, los heridos fueron trasladados a distintas casas de salud de Ambato y Riobamba. Hasta el momento, no se ha detallado la identidad de la persona fallecida ni el estado de salud de quienes permanecen bajo atención médica.

Las autoridades tampoco han informado sobre las posibles causas del siniestro. Las investigaciones deberán establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del autobús y que el vehículo terminara volcado y atravesado en la carretera.

Tampoco se ha precisado todavía cuál era la ruta que cubría el bus interprovincial, cuántos pasajeros viajaban en su interior ni si las condiciones climáticas o de la vía incidieron en el accidente.

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Otro accidente de bus dejó 20 heridos en Santa Elena

El volcamiento en Tungurahua ocurrió un día después de otro siniestro que involucró a una unidad de transporte de pasajeros. El 19 de agosto de 2026, un bus y un tanquero que transportaba combustible chocaron en la provincia de Santa Elena, lo que dejó 20 personas heridas.

Los accidentes de tránsito representan, además, un elevado costo humano y económico para Ecuador. Desde 2020, el Estado ha desembolsado $387,2 millones para cubrir la atención de víctimas de siniestros viales o compensar a sus familiares cuando se registran fallecimientos.

Lo que debes saber

• Loja suspende la jornada laboral este jueves 20 de agosto por el regreso de la Virgen del Cisne.
• La medida aplica al sector público y privado y las horas deberán recuperarse posteriormente. Conoce qué servicios continuarán operativos.

Loja suspende la jornada laboral este jueves 20 de agosto de 2026 debido al retorno de la imagen de la Virgen del Cisne a la ciudad. La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo 475, emitido por el presidente Daniel Noboa, y dispone la suspensión de la jornada de trabajo en los sectores público y privado de la provincia.

La disposición establece que la jornada suspendida deberá ser recuperada. En el caso del sector público, los servidores deberán cumplir una hora adicional de trabajo durante los días laborales siguientes, hasta completar el número de horas correspondiente a la jornada que no se trabajó.

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Para el sector privado, el decreto señala que también podrá acogerse al mismo mecanismo de recuperación establecido para el sector público.

La medida coincide con la llegada de la Virgen del Cisne a Loja, uno de los principales acontecimientos religiosos de la provincia y que cada año concentra a miles de personas durante la peregrinación.

Así será el recorrido de la Virgen del Cisne

La peregrinación se desarrolla en tres etapas, desde el Santuario Nacional de El Cisne hasta la ciudad de Loja.

La primera etapa inició el 17 de agosto. La imagen partió desde el Santuario Nacional de El Cisne hacia la parroquia San Pedro de La Bendita, en un recorrido de 21 kilómetros.

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La imagen recorrerá 13 kilómetros entre San Pedro de La Bendita y el cantón Catamayo, como parte del trayecto hacia Loja.

Finalmente, el jueves 20 de agosto, la Virgen del Cisne realizará el recorrido de 37 kilómetros desde Catamayo hasta la ciudad de Loja, donde está prevista su recepción por parte de las autoridades y los ciudadanos.

La llegada de la imagen también contempla una programación especial organizada por las autoridades locales. Según la programación municipal señalada en la información proporcionada, la Virgen del Cisne será recibida durante la tarde del jueves 20 de agosto en la Puerta de la Ciudad.

¿Qué servicios continuarán durante la suspensión?

La suspensión de la jornada laboral no implica que todas las actividades se detengan. El Decreto Ejecutivo 475 establece que durante este periodo se deberá garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.

Entre ellos se encuentran los servicios de agua potable, energía eléctrica, salud y bomberos. También se contempla la continuidad de las actividades en terminales aéreas y fluviales, así como los servicios bancarios.

De esta manera, mientras la jornada laboral ordinaria queda suspendida para los sectores público y privado de la provincia, las actividades consideradas esenciales deberán mantenerse operativas para garantizar la atención a la ciudadanía.

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¿Qué envió Ecuador a Colombia?

El cargamento está compuesto por 138.403 elementos de higiene y 1.642 artículos de alojamiento. Las donaciones fueron transportadas en seis camiones que partieron desde Tulcán como parte de la operación de asistencia coordinada entre ambos países.

Los insumos fueron recolectados previamente en dos centros de acopio instalados en Quito y Guayaquil. En estos lugares, las donaciones fueron procesadas, clasificadas y sometidas a controles antes de ser trasladadas hacia Colombia, de acuerdo con la información emitida por el Gobierno.

La operación fue coordinada entre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia y las Cancillerías de ambos países.

El envío se produce en medio de la emergencia generada por el terremoto y representa una de las primeras acciones de asistencia de Ecuador hacia la población afectada. La ayuda incluye artículos destinados a cubrir necesidades básicas de higiene y alojamiento de las personas afectadas por el movimiento telúrico.

¿Qué ocurrió en Colombia?

El pasado 10 de agosto de 2026, Colombia sufrió un terremoto de magnitud 7,4. Al 18 de agosto, según el Gobierno del vecino país, se registraban 312 fallecidos por el evento, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

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Asimismo, las autoridades reportaron afectaciones en 471 municipios de 15 departamentos. Los mayores daños en infraestructura se concentraron especialmente en Cali, en el Valle del Cauca, y Pereira, en Risaralda.

Desde el terremoto, varios países han expresado su solidaridad con Colombia y han enviado ayuda para atender a las personas afectadas por la emergencia.

Lo que debes saber

• Comerciante fue asesinada el 20 de agosto al abrir su negocio en Chongón.
• Norma Salazar recibió cinco disparos en un paradero turístico de Guayaquil.
• Policía investiga si este crimen se relaciona con otro asesinato en el mismo sitio.

Una comerciante de 44 años fue asesinada a tiros la mañana de este jueves 20 de agosto en un paradero turístico ubicado en la parroquia Chongón, en la vía a la Costa, al oeste de Guayaquil. La víctima fue identificada como Norma Alexandra Salazar, propietaria de un comedor popular de la zona.

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De acuerdo con información preliminar, el ataque se registró pasadas las 05:00, cuando la mujer se disponía a abrir su negocio. En ese momento fue interceptada y recibió al menos cinco impactos de bala. Su cuerpo quedó tendido junto al establecimiento comercial.

Criminalística y Dinased levantaron indicios

Tras la alerta, agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased) acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias investigativas y recopilar evidencias que permitan esclarecer el crimen.

Minutos después, personal de Medicina Legal efectuó el levantamiento del cadáver y trasladó el cuerpo hasta la morgue para las diligencias correspondientes.

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Investigan un posible vínculo con otro asesinato

El caso ocurre apenas ocho días después de otro hecho violento registrado en el mismo paradero turístico. El pasado 12 de agosto, un hombre de 33 años fue encontrado sin vida en los exteriores de los baños del establecimiento.

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Según el reporte policial de ese hecho, la víctima presentaba ocho impactos de bala y junto al cadáver fueron hallados varios sobres con sustancias sujetas a fiscalización.

Ante la cercanía temporal y geográfica de ambos asesinatos, las autoridades analizan si existe algún vínculo entre los dos casos. Hasta el momento no se han reportado detenidos ni se han revelado posibles móviles del ataque contra la comerciante.

Lo que se sabe

• Lavinia Valbonesi lamentó la muerte de Stephany Hollihan y Michele Sensi-Contugi en un accidente de helicóptero en Kenia.
• La primera dama despidió a sus amigos días después de comunicar públicamente la pérdida de su bebé durante el embarazo.
• La pareja, cercana a la familia presidencial, falleció durante un vuelo turístico en Kenia; las autoridades investigan el accidente.

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, reaccionó con un emotivo mensaje tras la muerte de Michele Sensi-Contugi y su esposa, la diseñadora ecuatoriana Stephany Hollihan, quienes fallecieron en un accidente de helicóptero en Kenia.

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A través de una publicación en Instagram, Valbonesi expresó el profundo dolor que le causó la pérdida de la pareja, cercana a la familia del presidente Daniel Noboa.

“¿Qué vamos a hacer sin ustedes?”, escribió la primera dama al iniciar su mensaje de despedida. Luego manifestó su deseo de que lo ocurrido fuera solamente una pesadilla.

“Quisiera que alguien me pellizque y me diga que todo esto es un mal sueño, que nada de esto está pasando. Dios, te estás llevando pedazos de mi corazón”, señaló.

Valbonesi también reconoció la dificultad de afrontar una pérdida de esta magnitud. “No sé cómo se supone que uno sigue después de tanto dolor. Solo sé que los voy a extrañar toda la vida”, añadió.

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Una amistad cercana con la familia presidencial

La relación entre Stephany Hollihan y la familia presidencial iba más allá de los vínculos sociales. La diseñadora y asesora de imagen mantenía una estrecha amistad con Lavinia Valbonesi y era cercana a Daniel Noboa y sus hijos.  Hollihan fue madrina de uno de los hijos de la pareja presidencial.

Por eso, el mensaje de la primera dama refleja una pérdida personal para la familia Noboa, además del impacto que generó la muerte de Sensi-Contugi, quien estaba al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador.

El mensaje de Valbonesi llega días después de que comunicara públicamente la pérdida de su bebé durante el embarazo, por lo que su publicación vuelve a mostrar el momento de profundo dolor personal que atraviesa.

¿Qué ocurrió con Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan?

Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan fallecieron el miércoles 19 de agosto de 2026 en un accidente de helicóptero ocurrido en el condado de Samburu, al norte de Kenia.

La aeronave, un Eurocopter EC130 B4, realizaba un vuelo turístico desde la zona de la reserva Loisaba cuando se estrelló cerca del monte Ololokwe. Las siete personas que viajaban en el helicóptero murieron.

Entre las víctimas también estaba José Alberto Suárez, ejecutivo de Telemundo, además de otros ciudadanos estadounidenses. Las autoridades kenianas investigan las causas del accidente.

Las labores de recuperación se complicaron por las condiciones del terreno y un incendio registrado en el sitio del siniestro.

Ecuador declaró duelo nacional

Tras conocer la muerte de Sensi-Contugi, el presidente Daniel Noboa decretó tres días de duelo nacional en Ecuador. Además, el Gobierno informó sobre acciones para acompañar el proceso de repatriación de los cuerpos de las víctimas.

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Hay que recordar que Sensi-Contugi era el director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), pero también amigo personal de Noboa. Por lo que el mensaje tuvo bastante emotividad e incluso una promesa para los hijo de Michele y Stephany. 

"El accidente en Kenia me quitó a dos amigos, pero sobre todo nos quitó a dos personas que eran familia para nosotros", inició el presidente en su escrito.

"Michele estuvo a mi lado en algunos de los momentos más difíciles de estos años. Leal, valiente y firme, me acompañó sin titubear cuando tocó tomar decisiones que pocos estaban dispuestos a enfrentar. Fue irremplazable en las batallas que dimos juntos y deja un vacío enorme en todas las que nos faltan por librar. Pero nuestra historia nunca fue solo de trabajo", añadió. 

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El Jefe de Estado también prometió que cuidará a los hijos de Sensi-Contugi y Hollihan, aseguró que "nunca estarán solos". Y cerró su publicación afirmando que siempre llevarán en los corazones a sus amigos.

Tres días de duelo nacional y funeral de Estado por Michele Sensi-Contugi

El presidente Noboa también decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Sensi-Contugi. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 476, según informó el Gobierno la noche de este miércoles. El duelo nacional regirá durante los días 20, 21 y 22 de agosto de 2026 en todo el territorio ecuatoriano.

Durante ese periodo, la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares, como señal oficial de duelo por el fallecimiento de la pareja.

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Además, Noboa ordenó que se coordine la realización de un funeral de Estado. Para ello dispuso la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior.

El Ejecutivo señaló que la ceremonia deberá organizarse de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Ceremonial Público, normativa que regula los actos oficiales y las formalidades protocolarias del Estado ecuatoriano.

Mensaje completo de Daniel Noboa por la muerte de Sensi-Contugi

El planteamiento fue presentado este 20 de agosto de 2026, durante una reunión bilateral con el alcalde de Shanghái, Gong Zheng, como parte de la agenda oficial que cumple el mandatario ecuatoriano en China.

La propuesta busca que el puerto de Shanghái funcione como una de las principales plataformas logísticas para la distribución de productos ecuatorianos, especialmente camarón, banano, cacao, café, flores y frutas tropicales.

Sin embargo, el anuncio corresponde por ahora a un planteamiento realizado por el Gobierno ecuatoriano. El boletín difundido por la Presidencia no detalla la firma de un acuerdo, los plazos para su ejecución ni las acciones específicas que asumirían las autoridades portuarias de ambas ciudades.

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Durante el encuentro, Noboa sostuvo que una mayor cooperación portuaria permitiría aprovechar la ruta marítima Guayaquil-Chancay-Shanghái, concebida para mejorar el traslado de mercancías entre Sudamérica y Asia.

De acuerdo con el mandatario, esta conexión podría reducir los costos y tiempos de transporte de los productos ecuatorianos que tienen como destino el mercado chino. No obstante, la información oficial no precisó cuál sería la disminución estimada ni presentó una comparación con las rutas utilizadas actualmente.

Noboa también destacó la participación de Guayaquil en el intercambio comercial con China y aseguró que la ciudad concentra la entrada y salida de una parte importante de las mercancías que se movilizan entre los dos países.

Según las cifras expuestas por el presidente durante la reunión, Guayaquil sería el tercer puerto con mayor movimiento de TEU —unidad utilizada para medir la capacidad de los contenedores— en América Latina, después de Manzanillo y Santos.

Además, afirmó que la ciudad registra un crecimiento económico anual cercano al 5 %, un incremento de ventas del 10 % y concentra el 60 % de la banca nacional. Estas cifras fueron presentadas por el mandatario para promover a Guayaquil como un punto comercial y financiero estratégico.

“Queremos extenderle una invitación para que usted y su comitiva nos visiten y vean lo que estamos haciendo en Guayaquil”, manifestó Noboa al alcalde de Shanghái.

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Noboa proyectó un intercambio comercial superior a $20.000 millones

Antes de la reunión bilateral, el mandatario intervino en el Seminario de Cooperación Económica y Comercial China-Ecuador, organizado por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional de Shanghái, entidad que, según la Presidencia, agrupa a más de 70.000 empresas.

En ese espacio, Noboa presentó oportunidades de inversión en sectores como alimentos, infraestructura, logística, energía, agroindustria, minería, economía digital y turismo.

También proyectó que, para el tercer año de implementación del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, el intercambio bilateral podría superar los $20.000 millones. El presidente no precisó en su intervención cuánto corresponde actualmente a exportaciones ecuatorianas ni qué crecimiento se necesitaría para alcanzar esa cifra.

Para avanzar hacia ese objetivo, señaló que el Ejecutivo impulsa reformas destinadas a mejorar la seguridad jurídica, el clima de negocios y la atracción de capital extranjero.

Empresas chinas mostraron interés en energías renovables

Durante el seminario, representantes empresariales expresaron su interés en ampliar sus operaciones en Ecuador. Nan Yi, presidente de Universal Energy y Huantai Energy, señaló que existe atención sobre el mercado ecuatoriano de energías renovables debido al crecimiento de la demanda eléctrica.

“Ver al Presidente presentando la política económica de Ecuador nos hace sentir mucha confianza en ese mercado”, declaró el empresario, según el boletín oficial.

Por su parte, Luis Villacreses, gerente de Plantain Republic, consideró que estos encuentros pueden facilitar la captación de clientes, ampliar las exportaciones y aumentar el ingreso de divisas.

La agenda desarrollada en Shanghái estuvo enfocada en promocionar productos ecuatorianos y atraer inversiones chinas. No obstante, la Presidencia todavía no ha informado sobre compromisos económicos concretos, montos de inversión acordados o fechas para avanzar en la alianza planteada entre los puertos.

Lo que debe saber

• El caso surge de una sentencia por presunta calumnia contra Eduardo Carmigniani.
• La controversia gira en torno a un criterio fijado por la Corte en diciembre de 2025.
• Los expertos plantean qué recursos y sanciones podrían aplicarse ante un eventual incumplimiento.

Que un juez se aparte de una regla fijada por la Corte Constitucional no es un detalle menor: para los juristas consultados por EXPRESO, eso compromete la seguridad jurídica. Un reciente caso pone el foco en los límites que tienen los jueces frente a los precedentes constitucionales.

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El caso que reabre el debate

El debate surge a partir de una sentencia por un presunto delito de calumnia contra el abogado Eduardo Carmigniani, en la que no se habría considerado una jurisprudencia constitucional. Se trata del párrafo 271 de la sentencia unánime 105-23-IN/25, dictada el 17 de diciembre de 2025, que establece parámetros para determinar cuándo una expresión puede configurar ese delito.

Para Antonio Gagliardo, exjuez de la Corte Constitucional, las sentencias del organismo son de obligatorio cumplimiento para todo el sistema jurídico. Por ello, sostiene que cuando existe una jurisprudencia que establece cómo interpretar una situación, el juez no puede decidir discrecionalmente si la aplica o no.

Gagliardo explica que los jueces tienen la obligación de conocer y seguir esos precedentes, especialmente cuando la Corte fija reglas sobre la interpretación de una situación jurídica. A su criterio, apartarse de esas decisiones puede dar lugar a recursos y a cuestionamientos por error inexcusable o manifiesta negligencia.

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Incumplir fallos puede traer sanciones

Sin embargo, el jurista Rafael Oyarte advierte que el incumplimiento de fallos de la Corte Constitucional es uno de los asuntos “más sensibles” y recurrentes del sistema judicial. Señala que la acción de incumplimiento figura entre las acciones constitucionales más utilizadas, lo que evidencia que lo que debería ser excepcional se ha vuelto frecuente.

Henry Cucalón, exministro de Gobierno, considera especialmente delicado que un juez se aparte de una sentencia constitucional cuando conoce su existencia. A su juicio, no se puede asumir que una eventual apelación subsanará el problema, porque el incumplimiento de una norma o precedente también puede generar responsabilidades administrativas e incluso, si existen indicios de dolo, derivaciones a la Fiscalía.

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Temor y política en las decisiones judiciales

Para Solanda Goyes, exvocal del Consejo de la Judicatura, el problema no se limita a una equivocación jurídica, pues observa “tintes políticos” en la actuación judicial. A su criterio, se ha instalado un estado de miedo entre los jueces, que en determinados casos terminan haciendo una lectura política de los procesos, en lugar de resolver con base en los hechos, las pruebas y el Derecho.

Goyes identifica una intención concreta: acallar las voces críticas mediante acciones judiciales. La exvocal sostiene que los jueces, por temor, terminan dando gusto al poder de turno, mientras la Corte Constitucional aparece como la instancia llamada a poner un límite a esas actuaciones.

Esta situación, además, tiene un efecto directo sobre la seguridad jurídica, advierte el abogado André Benavides. El académico explica que cuando existen decisiones contradictorias frente a hechos similares, incluso dentro de la propia Judicatura, se afecta la certeza de que la ley será aplicada de manera uniforme para todos.

A ello se suma otro problema: la desactualización de los jueces, según Benavides; pero considera que la ignorancia y la vagancia no justifican sus fallos. A juicio de Cucalón, existen jueces “kamikazes”, que “toman esas decisiones porque confían en que un tribunal superior las dejará sin efecto”.

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La respuesta que se espera de la Corte

Por eso, Oyarte también pone el foco en la respuesta que debería dar la propia Corte Constitucional frente a estos casos. Según explica, si detecta que una decisión judicial incumple un precedente constitucional, el organismo debería destituir al juez, ya que una sanción firme evitaría que otros se sientan habilitados a incumplir la normativa.

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