Lo que debes saber

• Agentes municipales fueron agredidos durante operativos de control en el centro de Guayaquil. 
• Segura EP aseguró que algunos involucrados portaban armas blancas y que los uniformados aplicaron el uso progresivo de la fuerza.

Agentes municipales de Guayaquil fueron agredidos durante operativos de control del espacio y la vía pública realizados en el centro de la ciudad. 

Los hechos ocurrieron entre la tarde del jueves 20 y el viernes 21 de agosto, según la empresa pública municipal de seguridad, Segura EP.

La institución señaló que las agresiones estarían relacionadas con controles a vendedores informales. De acuerdo con su versión, durante los procedimientos algunas de las personas involucradas portaban armas blancas y atentaron contra la integridad física de los uniformados.

Segura EP difundió fotografías de los hechos a través de sus redes sociales y aseguró que los agentes municipales tuvieron que aplicar el uso progresivo de la fuerza para protegerse durante los incidentes.

La empresa pública municipal sostuvo que los uniformados actuaron ante situaciones que representaban un riesgo para su integridad.

“Dichas personas portaban armas blancas y atentaron físicamente contra la integridad de los uniformados, quienes debieron aplicar el uso progresivo de la fuerza para salvaguardar su seguridad”, detalló la institución.

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La entidad también reiteró que los controles forman parte de las acciones destinadas a mantener el orden público y hacer cumplir las ordenanzas municipales vigentes.

Segura EP agregó que estos procedimientos deben desarrollarse bajo el respeto de los derechos humanos y llamó a la ciudadanía a colaborar con el cumplimiento de las normativas.

Municipio de Guayaquil pide respeto para sus agentes

La institución manifestó su compromiso de mantener el orden público en Guayaquil y hacer cumplir las ordenanzas municipales, al tiempo que pidió a la ciudadanía mantener una convivencia pacífica.

“Reiteramos nuestro compromiso de mantener el orden público, en estricto apego a las ordenanzas municipales y al respeto de los derechos humanos”, señaló Segura EP.

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La empresa pública también hizo un llamado a los ciudadanos para que colaboren durante los operativos y respeten las disposiciones vigentes.

Finalmente, Segura EP manifestó que exige respeto hacia los agentes municipales que participan en este tipo de procedimientos.

Lo que debe saber

• Briones participó en DealMakers, en Guayaquil.
• Analizó los nuevos hábitos de los compradores.
• También explicó cómo vender propiedades en redes sociales.

Beltrán Briones, cofundador del Grupo Briones, una de las principales desarrolladoras inmobiliarias de Argentina, participó en DealMakers, el Congreso Internacional de Negociación y Ventas organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. En entrevista con EXPRESO, analizó las tendencias inmobiliarias, el comportamiento de los compradores y las claves de marketing para vender más.

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- Usted viene de uno de los mercados inmobiliarios más importantes de la región, Buenos Aires. ¿Qué diferencias encuentra entre el consumidor argentino y el ecuatoriano a la hora de comprar una propiedad?

- El consumidor ecuatoriano no lo conozco porque acá no trabajo, pero hay una diferencia fundamental, en Ecuador hay crédito hipotecario, es decir, un banco te presta dinero para comprarte una propiedad. En Argentina, durante muchos años, no hubo eso. Entonces, tenías que ahorrar para comprar la totalidad del inmueble. Hoy eso está cambiando, está volviendo el crédito, pero de a poco. Esa es una gran diferencia.

- ¿Qué oportunidades observa actualmente en el mercado inmobiliario de la región?

- En ciertas capitales, en particular, para mí, Buenos Aires, hoy hay una oportunidad. Buenos Aires está más barata que Santiago de Chile, que San Pablo (Brasil), que Montevideo (Uruguay) y que Lima (Perú). Buenos Aires, en todos los ránquines, gana los premios a mejor ciudad, ciudad más segura, con mejor transporte, con más universidades. Además, hay varias ciudades que están cambiando hacia gobiernos más promercado, por ejemplo, Asunción, en Paraguay, lleva muchos años de muy buen desarrollo de la economía y esas son oportunidades. De hecho, logró la calificación de ‘investment grade’ (grado de inversión), eso atrae mucho a los inversores extranjeros. Creo que todo eso suma mucho.

- ¿Qué es lo que se debería potenciar al momento de vender alguna propiedad inmobiliaria?

- Han cambiado los gustos del consumidor. Hoy, buscan propiedades un poco más chicas, pero que el edificio tenga ‘amenities’ (comodidades), una pileta (piscina), un gimnasio, una parrilla, una sauna. La gente quiere que en su edificio haya un montón de prestaciones, más allá de la sala y el comedor, como antes. Lo otro, como la gente tiene auto, quiere una cochera en el mismo edificio. Eso es lo que trae, además del departamento.

- ¿Por qué se busca esos tipos de particularidades?

- Particularmente por la postpandemia, la gente quedó traumada con quedarse encerrada y quiere todas estas cosas en sus edificios.

Cuanto más crédito haya, mejores chances habrá de que la clase media acceda a una casa. Eso es un ascenso social.Beltrán Briones, desarrollador inmobiliario argentino

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- ¿Eso podría hacer que las personas se relacionen menos con la ciudad?

- Sí y no; de alguna manera, el ‘home office’ se popularizó y ahora está perdiendo popularidad; la gente está volviendo a las oficinas. Pero, por ejemplo, si tenés un departamento y no tenés que pagar un gimnasio, una sauna o cosas como un spa o una pileta; entonces, dentro de tu propiedad comprás un montón de prestaciones por lo que no tendrías que acudir a un club. Y no es que no socializás con nadie, porque el edificio tiene otra gente que también usa las prestaciones; entonces, conocés a tus vecinos. Yo creo que no se desconecta.

- ¿Qué otras cosas atraen al consumidor al momento de decidir adquirir un bien?

- El precio es un factor. Los otros factores que siempre se dicen en ‘real estate’ (bienes raíces) son ‘location’, ‘location’, ‘location’, que significa ubicación, ubicación, ubicación; dónde queda. Mucha gente prefiere un departamento chiquito, muy bien ubicado, que una casa gigante a dos horas del centro.

- ¿Hay un regreso al centro de la ciudad?

- Te diría que es más una reconversión del centro. Los centros históricamente siempre fueron (zonas) de oficinas, por lo que a las 18:00 se vacían y el fin de semana está vacío. Yo creo que hay que empezar a darle usos mixtos, que haya clubes, escuelas, viviendas y oficinas.

- ¿La intervención del Estado ayudaría a dinamizar el sector?

- No, no ha resultado. En Argentina cuando el Estado ha intervenido realmente ha arruinado el mercado. Yo creo que el mercado tiene que operar con la menor cantidad de reglas posibles y pocos impuestos, eso genera mucha inversión; ahí los mercados se desarrollan mejor.

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- ¿Qué errores ha detectado en las empresas inmobiliarias cuando buscan vender?

- Muchas veces no ponen la cara, yo prefiero toda la vida comprarle a alguien que sé quién es, que sé cuál es su cara, su nombre y apellido, que a una empresa anónima, fantasma. Lo otro es que no muestran su producto, su proyecto, el inmueble, la vista. A veces, la venta inmobiliaria entra por los ojos. Lo otro es que no se dan a conocer lo suficiente. Suben una publicación y esperan vender, hay que subir mucho, hay que hablar.

- ¿La imagen debe ser del gerente?

- Cuanto más orgánico, cercano y sencillo, mejor. Yo prefiero, al igual que muchos consumidores, ver un video de un usuario mostrando el departamento (antes) que un video institucional grabado con un dron. Parece más real. La gente busca eso.

- ¿Qué otros errores no se deberían cometer en las campañas publicitarias?

- Todas las campañas publicitarias apuntan a ser perfectas. La empresa perfecta, los empleados perfectos, eso no es real. Si yo te muestro el proceso, los empleados, nuestros procesos internos, cómo pagamos las facturas, cómo pensamos nuestra estrategia, la gente empatiza, siente confianza y quiere invertir con vos. Hay que mostrarse abierto, podés tener un error de ortografía o equivocarte al hablar y la gente empatiza con eso.

En plataformas como Facebook, TikTok o YouTube hay que subir contenido tres veces por día; donde funcione mejor, se repite.Beltrán Briones, desarrollador inmobiliario argentino

Lo que debes saber

• Un ataque armado terminó con la vida del funcionario judicial José Luis Merchán Perero al llegar a la sede de la Fiscalía de Salinas.
• La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) advirtió que acudirá a instancias internacionales si el Estado no garantiza la protección debida.
• El gremio regional demandó una investigación penal exhaustiva e inmediata adopción de esquemas de protección efectiva para los funcionarios judiciales.

El asesinato del abogado José Luis Merchán Perero, secretario de la Fiscalía de Salinas asignado a la Unidad de Delitos Acuáticos, perpetrado el 17 de agosto de 2026 cuando arribaba en su vehículo a las instalaciones de la institución, encendió las alertas en la región sobre la vulnerabilidad que enfrentan los operadores de justicia y derivó en un reclamo formal de seguridad ante las autoridades ecuatorianas.

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Ataques contra operadores de justicia en Ecuador

La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) señaló que este atentado no corresponde a un suceso aislado, sino que forma parte de un patrón de agresiones mortales dirigidas contra fiscales, secretarios y personal judicial en el país.

De acuerdo con el pronunciamiento del organismo, la falta de políticas de protección integral por parte de las entidades competentes no solo vulnera la vida de los funcionarios, sino que compromete la independencia judicial y debilita el Estado de derecho frente al avance de las organizaciones delictivas.

Advertencia de acciones ante organismos internacionales

El gremio recordó a la Fiscalía General del Estado, a la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo de Ecuador la existencia de obligaciones internacionales que exigen garantizar la integridad de los miembros del Ministerio Público. En este sentido, citó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala y la Masacre de La Rochela vs. Colombia, donde se fijaron responsabilidades estatales por omitir salvaguardas a operadores de justicia.

Ante la falta de medidas preventivas, la organización advirtió que recurrirá a tribunales y mecanismos internacionales de derechos humanos para exigir la determinación de responsabilidades por inacción estatal. Asimismo, el caso fue remitido formalmente a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite.

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Exigencias urgentes al Estado ecuatoriano

Frente a la situación de riesgo que atraviesan los funcionarios en el país, la FLF —representada por su presidente, Willian M. Rosa, y su secretaria general, Susana Pernas— formuló dos requerimientos específicos:

La organización regional, integrada por colegios y asociaciones fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, puso a disposición asistencia técnica basada en los Estándares de Seguridad para Fiscales y sus Familias (IAP, Helsinki 2008) y la Declaración de San José de 2024 para estructurar protocolos de protección.

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Asesinato de José Luis Merchán: tres detenidos y una orden desde la Penitenciaría

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Investigación del caso avanza

Anderson Muñoz, alias Guayaco; Francisco León y Anny Crespo son los tres aprehendidos que estarían vinculados con el crimen del abogado José Luis Merchán Perero, secretario de la Fiscalía de Salinas en el área de Delitos Acuáticos.

La detención de los sospechosos, quienes recibieron prisión preventiva durante la audiencia de flagrancia, se produjo en un inmueble de caña ubicado en la zona de Montañita, donde presuntamente residían.

El movimiento telúrico fue registrado por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) con una magnitud de 6,8 y tuvo su origen en el centro de Perú. Tras analizar el evento, el organismo determinó que no reunía las condiciones para generar un tsunami que afectara a Ecuador.

La evaluación es importante porque un terremoto fuerte no necesariamente desencadena un tsunami. La ubicación del epicentro, la profundidad, el mecanismo de ruptura y la capacidad del movimiento para desplazar el fondo marino son algunos de los factores que determinan si puede producirse este fenómeno.

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Inocar descartó una amenaza de tsunami para Ecuador

Tras el terremoto en Perú, Inocar realizó la evaluación correspondiente para establecer si existía algún peligro para las costas ecuatorianas. El organismo mantiene un sistema permanente de vigilancia de eventos sísmicos potencialmente capaces de generar tsunamis en la cuenca del Pacífico.

Para este monitoreo, la institución utiliza información de redes sismológicas nacionales e internacionales, estaciones que registran variaciones del nivel del mar y boyas especializadas para detectar el paso de tsunamis en aguas profundas.

En el caso del terremoto de Perú, las características del evento permitieron descartar una amenaza para la costa continental y la región insular de Ecuador.

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¿Qué características debe tener un terremoto para provocar un tsunami?

La magnitud por sí sola no determina si un terremoto provocará un tsunami. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), para que exista un mayor potencial de generación el sismo debe ocurrir bajo el mar, ser relativamente superficial y producir un desplazamiento significativo del fondo oceánico.

El tipo de falla también importa. Los terremotos asociados a fallas inversas tienen una mayor capacidad de generar tsunamis porque pueden producir un desplazamiento vertical del lecho marino.

Como referencia general, el USGS establece los siguientes rangos:

Estos rangos son orientativos y no significan que alcanzar determinada magnitud genere automáticamente un tsunami.

¿Qué zonas de Ecuador tienen mayor exposición a un tsunami?

Ecuador se encuentra frente al océano Pacífico, una región con una importante actividad sísmica y antecedentes de tsunamis. Por ello, las poblaciones ubicadas en zonas bajas y próximas al litoral están expuestas a este tipo de amenaza.

Un escenario de tsunami de origen cercano contemplado en la planificación nacional identifica posibles afectaciones principalmente en cantones costeros de Esmeraldas y Manabí. Entre ellos constan San Lorenzo, Eloy Alfaro, Ríoverde, Esmeraldas, Atacames y Muisne; así como Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, Portoviejo, Jaramijó y Manta. El escenario contempla además posibles impactos de menor severidad en otras zonas.

El riesgo tampoco es únicamente teórico. Ecuador registra antecedentes históricos de tsunamis. El terremoto de 1906, de magnitud estimada en 8,8, produjo olas destructivas en sectores bajos de la costa norte, mientras que un evento de magnitud 7,5 ocurrido en 1953, cerca de la frontera con Perú, afectó zonas del sur de Ecuador y del territorio peruano.

Inocar cuenta además con mapas de inundación por tsunami para distintas localidades costeras, herramientas que permiten identificar las áreas susceptibles de inundación y planificar rutas de evacuación.

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¿Cómo reconocer las señales de un posible tsunami?

Cuando el tsunami tiene un origen cercano, esperar una alerta oficial antes de actuar puede reducir el tiempo disponible para ponerse a salvo. Un terremoto fuerte o prolongado cerca de la costa constituye una de las principales señales naturales de advertencia.

Otro indicio puede ser un cambio inusual y repentino en el nivel del mar, incluido un retiro significativo del agua. Ante estas señales, las personas que se encuentren en áreas costeras deben dirigirse hacia las rutas y zonas seguras establecidas por las autoridades.

La planificación es especialmente importante en sectores bajos y próximos al mar. El manual técnico ecuatoriano para elaborar planes de evacuación considera tanto la altura sobre el nivel del mar como la distancia respecto de la costa para establecer los niveles de peligro por tsunami.

¿Qué hacer ante una amenaza de tsunami?

Las autoridades recomiendan conocer previamente las rutas de evacuación y zonas seguras de la localidad. En caso de sentir un terremoto fuerte en una zona costera, la prioridad debe ser alejarse del litoral y dirigirse hacia áreas establecidas como seguras.

También es recomendable realizar ejercicios de evacuación en familia y calcular cuánto tiempo tomaría alcanzar una zona segura. La preparación resulta especialmente relevante frente a tsunamis de origen cercano, cuando el margen para reaccionar puede ser reducido.

Ecuador mantiene vigilancia permanente de este tipo de eventos. Inocar opera sistemas de monitoreo sísmico y del nivel del mar para evaluar posibles amenazas y emitir los respectivos boletines ante terremotos registrados en la cuenca del Pacífico.

Este viernes 21 de agosto de 2026, durante una entrevista en Contacto Directo, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, expuso los principales hallazgos de una investigación de la organización basada en más de 60 entrevistas, documentos médicos, investigación forense, videos e imágenes satelitales.

El análisis comprende al menos cuatro operaciones: una desarrollada en San Martín, en la provincia de Sucumbíos, y otras tres cerca de las costas de Galápagos. Según Goebertus, los casos plantean interrogantes sobre la inteligencia utilizada, el alcance de la participación estadounidense y los mecanismos existentes para investigar posibles abusos.

“Este es un informe basado en más de 60 entrevistas corroboradas con documentos médicos, investigación forense, verificación de videos, imágenes satelitales que nos permite evaluar al menos cuatro operaciones”, explicó.

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HRW pone la mirada sobre la operación en San Martín

Uno de los episodios en los que se concentra la investigación ocurrió en San Martín, en el norte de Ecuador y cerca de la frontera con Colombia.

Goebertus sostuvo que tanto autoridades ecuatorianas como estadounidenses han reconocido que se trató de una operación conjunta. Sin embargo, aseguró que todavía existen vacíos respecto de cuál fue exactamente el papel desempeñado por Estados Unidos.

“Sin duda hay opacidad. Sabemos por ambos gobiernos, por ejemplo en el caso de la operación de San Martín (...) que fue una operación conjunta”, señaló.

Según la directora de HRW, durante esa intervención fueron bombardeadas tres propiedades, dos de ellas resultaron incendiadas y cuatro personas fueron detenidas. La organización sostiene que posteriormente estas personas fueron torturadas en una instalación militar ecuatoriana.

“El general Donovan en Estados Unidos dijo que habían observado directamente la implementación de la operación, pero no sabemos exactamente en qué consistió esa colaboración de Estados Unidos”, afirmó Goebertus.

La representante de HRW aseguró que existen elementos que apuntan al uso de recursos estadounidenses, aunque señaló que todavía no se ha determinado con claridad para qué fueron empleados.

“Por la información que tenemos se corrobora que no solo ambos países narraron esto como una operación conjunta, sino que resultó en violaciones a derechos humanos”, sostuvo.

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El acceso a información, otro punto cuestionado

Para Goebertus, uno de los problemas para establecer responsabilidades está en el acceso que tienen las instituciones encargadas de investigar estos casos a la información de las operaciones.

La directora aseguró que la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo han reportado dificultades para acceder a documentación en poder del Gobierno.

“Es entendible, por supuesto, que en un contexto de despliegue de operaciones de seguridad haya información reservada, pero esa información no puede ser restringida para quienes están encargados de investigar esos hechos”, enfatizó.

Por ello, planteó que las autoridades responsables de investigar, juzgar y sancionar posibles delitos deben contar con la información necesaria para determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades.

Goebertus indicó además que el debate ha llegado a Estados Unidos y aseguró que miembros del Congreso estadounidense han solicitado explicaciones a su Gobierno sobre estos hechos.

“Hay cartas desde el Congreso de Estados Unidos haciéndole el llamado al Gobierno de Estados Unidos a investigar estos hechos”, manifestó.

La organización también ha mantenido reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según Goebertus, el organismo se encuentra estudiando medidas cautelares relacionadas con el caso de San Martín.

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Eran criminales? HRW cuestiona esa premisa

Goebertus reconoció que el deterioro de la seguridad en Ecuador genera una demanda ciudadana por respuestas contundentes contra las organizaciones criminales.

“Por supuesto que la gente tiene derecho a demandar que haya seguridad. El Gobierno ecuatoriano tiene una obligación de protegerles frente a las amenazas del crimen organizado”, afirmó.

Sin embargo, cuestionó que las posibles afectaciones a civiles sean justificadas bajo la premisa de que quienes fueron objeto de las operaciones necesariamente pertenecían a organizaciones delictivas.

Según Goebertus, HRW revisó los antecedentes de las personas involucradas en los casos analizados y no encontró elementos que permitieran concluir que estuvieran vinculadas con el narcotráfico o el crimen organizado.

“No tenemos ningún elemento para pensar que estas personas fueran criminales. No tenían antecedentes penales por narcotráfico ni por crimen organizado”, aseguró.

La directora también se refirió a la propiedad intervenida en San Martín y rechazó que se tratara de un centro de entrenamiento.

“No es cierto que la finca en San Martín fuera un campamento de entrenamiento, era una finca lechera y las otras dos propiedades eran fincas abandonadas”, sostuvo.

Goebertus explicó que HRW contrastó esta afirmación mediante imágenes satelitales, la revisión de las instalaciones de la propiedad y registros relacionados con la compra y venta de productos.

Goebertus habla de “mala inteligencia”

A partir de esos hallazgos, Goebertus planteó uno de sus cuestionamientos más fuertes sobre las operaciones: la posibilidad de que se hayan destinado recursos importantes a intervenciones sustentadas en información de inteligencia incorrecta.

“De mínimo, aquí hay un uso de recursos muy importantes del Gobierno de Estados Unidos y del Gobierno de Ecuador con mala inteligencia, no para combatir al crimen organizado, sino para terminar afectando a población civil”, afirmó.

Para la directora de HRW, combatir al crimen organizado no debería implicar una elección entre garantizar seguridad o respetar los derechos fundamentales.

“Tiene que haber políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos y para eso hay que fortalecer la justicia”, manifestó.

Goebertus también cuestionó las actuaciones del Gobierno de Daniel Noboa frente al sistema judicial y sostuvo que el camino para combatir a las organizaciones criminales debería pasar por fortalecer las capacidades estatales para investigar y llevar los casos ante la justicia.

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Los casos de Galápagos y la conexión con la CIA

Además del operativo en Sucumbíos, Human Rights Watch documentó tres casos relacionados con embarcaciones pesqueras ecuatorianas cerca de Galápagos: Fiorella, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, ocurridos entre enero y marzo de 2026. 

El Fiorella desapareció con ocho de sus tripulantes, mientras que sobrevivientes de las otras dos embarcaciones denunciaron que fueron atacados con drones armados. HRW registró al menos cuatro tripulantes gravemente heridos.

Durante la entrevista, Juanita Goebertus explicó que estos episodios forman parte de las cuatro operaciones examinadas por la organización. 

Cuando HRW publicó su investigación, indicó que los drones eran de origen desconocido y planteó interrogantes sobre una posible participación o conocimiento de autoridades estadounidenses. Posteriormente, una investigación de The Washington Post vinculó estos episodios con un programa encubierto de la CIA contra el narcotráfico.

Goebertus sostuvo que todavía existen interrogantes sobre las responsabilidades detrás de estas operaciones y señaló que podrían abrirse vías legales fuera del país. “Estos son hechos, en el caso de las embarcaciones, que podrían litigarse también en Estados Unidos y hay exploraciones en ese sentido”, afirmó.

HRW cuestiona dónde se concentran los esfuerzos contra el crimen organizado

Goebertus aclaró que Human Rights Watch no cuestiona la cooperación entre Ecuador, Estados Unidos y otros países de la región para combatir al crimen organizado. Por el contrario, consideró que podría resultar clave para perseguir las estructuras financieras y logísticas que sostienen a estos grupos.

“Colaborar entre los países de la región para, por ejemplo, investigar conjuntamente, perseguir penalmente lavado de activos, las redes de corrupción, el tráfico de armas, el reclutamiento de menores sería importantísimo y, si Estados Unidos participara allí, bienvenido”, señaló.

Sin embargo, cuestionó que los esfuerzos actuales estén concentrados en operaciones que, según la investigación de HRW, han presentado problemas en la información de inteligencia utilizada y en el empleo de la fuerza.

“El problema es que eso no es lo que está pasando. Estamos teniendo operaciones con mala inteligencia, mal uso de la fuerza, que resultan en violaciones a derechos humanos y que nada reducen la criminalidad organizada”, afirmó.

La directora de la División de las Américas de HRW también puso la mirada sobre los recursos con los que cuentan las instituciones ecuatorianas para seguir la ruta financiera de las organizaciones criminales.

Según relató durante la entrevista, tras conversaciones mantenidas con funcionarios de la Fiscalía conoció que la unidad especializada en crimen organizado dispondría de un solo analista financiero en materia de lavado de activos para todo Ecuador. Además, afirmó que el país tendría apenas tres fiscales dedicados a la lucha contra la corrupción.

“Ese no es el diseño institucional si uno quiere ser efectivo contra el crimen organizado”, cuestionó Goebertus.

Su planteamiento apunta a que la cooperación internacional debería reforzar no solo las operaciones de seguridad, sino también las capacidades de investigación financiera, judicialización de redes de corrupción, persecución del lavado de activos y tráfico de armas, áreas que considera fundamentales para atacar la estructura del crimen organizado.

Los puntos claves de esta historia

• La declaración patrimonial de Daniel Noboa ya no puede ser consultada públicamente en el portal de la Contraloría.
  
• El sistema muestra un mensaje que invoca los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP).
  
• La Contraloría no ha respondido todavía el pedido de información sobre la medida ni sobre su alcance.

La información de la declaración patrimonial del presidente Daniel Noboa ya no puede ser revisada en el portal de la Contraloría General del Estado. Al intentar acceder al documento aparece, por primera vez, un mensaje que restringe la consulta.

El aviso señala que el acceso está restringido “en razón de la solicitud de uno de los Subsistemas del Sistema Nacional de Inteligencia”, y menciona como sustento los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

La Contraloría tiene la obligación de poner a disposición las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos para su consulta. Sin embargo, en el caso del presidente de la República, el sistema ya no permite acceder a esa información.

(Le puede interesar: El riesgo de la dictadura: El Gobierno ecuatoriano y el control de instituciones)

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¿Qué dicen los artículos invocados?

El artículo 37 de la LOPDP establece medidas relacionadas con la seguridad de los datos personales. Entre ellas contempla la anonimización, seudonimización o cifrado de información, así como medidas para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales.

El artículo 38 se refiere específicamente a las medidas de seguridad en el sector público. Señala que el mecanismo gubernamental de seguridad de la información debe contemplar medidas frente a riesgos, amenazas, vulnerabilidades y accesos no autorizados, entre otros aspectos.

La Contraloría no ha explicado hasta ahora qué información de la declaración patrimonial de Noboa estaría protegida por esas disposiciones ni cuál fue la solicitud concreta que originó la restricción. EXPRESO envió un pedido de información a la institución y la respuesta sigue pendiente.

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Un nuevo cambio en el acceso a los patrimonios

La restricción sobre la declaración de Noboa ocurre después de otros cambios aplicados al sistema de consulta de bienes de los funcionarios. En abril pasado, la plataforma incorporó la obligación de registrar datos personales para acceder a la información y redujo el nivel de detalle disponible en las declaraciones.

Tras las quejas de organizaciones y ciudadanos, parte de la información patrimonial que había sido retirada volvió a estar disponible. En ese momento, la Contraloría tampoco había respondido a los pedidos de entrevista e información realizados por este Diario sobre los cambios.

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Un antecedente que ahora alcanza al presidente

La diferencia en esta ocasión es que la restricción afecta directamente la declaración patrimonial del jefe de Estado. Hasta ahora, no se había presentado un bloqueo de estas características para consultar la información patrimonial presidencial.

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Esta semana, el gobernador de Esmeraldas, Juan Jaramillo, reconoció que existen labores conjuntas con el Ejército de Estados Unidos. 

En una rueda de prensa ofrecida el pasado 18 de agosto de 2026, el funcionario señaló: “El Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno ecuatoriano estamos trabajando en conjunto en la lucha contra el narcoterrorismo”.

En dicha rueda de prensa, Jaramillo apareció acompañado de militares estadounidenses y habló de una reunión de trabajo en la que se definieron las actividades que se desarrollarán a futuro. También indicó que dichas operaciones se realizarían en San Lorenzo, Río Verde y Eloy Alfaro, zonas de la provincia de Esmeraldas.

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El gobernador no ofreció detalles sobre las intervenciones ni sobre el número de efectivos. Sí señaló que existe un intercambio de información y aseguró que la presencia de ese personal militar se mantendrá durante el tiempo que sea necesario.

¿Qué pasa en Manta?

Sobre las operaciones en el cantón manabita, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló el 20 de agosto que la alianza con Estados Unidos se traduce en acciones. 

“Vino el general Donovan acá con dos barcos de guerra americanos, también con lanchas interceptoras y con helicóptero. Van a estar posicionados en la ruta del narcotráfico”.

El funcionario también aseguró que en Ecuador ya hay tres helicópteros Black Hawk. Los equipos llegaron a Manta para realizar operaciones

Acuerdo ministerial sobre presencia militar

Las operaciones ocurren luego de que esta semana se publicó en el Registro Oficial un acuerdo del Ministerio del Interior en el que se establecen las condiciones para la presencia de militares de Estados Unidos en territorio ecuatoriano.

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El documento dice, entre otras cosas: “Los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, empleados civiles del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América y contratistas estadounidenses, que han accedido al registro bajo la denominación de 'Actos de Comercio y Actividades' con motivo de viaje SOFA en el Ecuador, no serán sujetos a ningún tipo de sanción u otra acción administrativa de carácter migratorio, siempre que se encuentren de forma regular en el territorio ecuatoriano”.

Tras su llegada, el mandatario fue recibido con honores oficiales. Posteriormente mantuvo reuniones con las autoridades de Sichuan para analizar nuevas oportunidades comerciales y de cooperación para Ecuador.

La visita a Chengdú se produce un día después de que Noboa planteara convertir a Shanghái en una puerta estratégica para los productos ecuatorianos. La propuesta incluye fortalecer la conexión entre los puertos de ambos territorios y facilitar el ingreso de alimentos y otros bienes nacionales al mercado chino.

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Banano, camarón, cacao y café buscan ampliar su presencia

Noboa se reunió con Wang Xiaohui y Shi Xiaolin, principales autoridades de Sichuan, con el objetivo de fortalecer la relación comercial con esta provincia del suroeste de China.

De acuerdo con el Gobierno, Sichuan representa un mercado de aproximadamente 380 millones de personas, si se considera su área de influencia y conexión con otras regiones del país asiático.

“Desde Chengdú, Ecuador abre puertas al mundo para que nuestros productos lleguen más lejos”, señaló el Ejecutivo tras el encuentro.

Durante la reunión, la delegación ecuatoriana presentó las oportunidades comerciales de varios de los principales productos de exportación del país. Entre ellos se encuentran el banano, camarón, cacao y café.

Las conversaciones también abarcaron posibilidades de cooperación en energías limpias y tecnología, además de la atracción de inversiones destinadas a fortalecer la producción nacional y generar empleo.

El interés ecuatoriano está centrado no solo en vender un mayor volumen de productos, sino también en encontrar nuevos canales de distribución para que los bienes nacionales lleguen a otras ciudades y provincias chinas.

Shanghái podría convertirse en una puerta de entrada para Ecuador

El 20 de agosto de 2026, Noboa se reunió con el alcalde de Shanghái, Gong Zheng, para promover a esta ciudad como un punto estratégico de entrada para las exportaciones ecuatorianas.

Entre los productos identificados por el Gobierno están el camarón, banano, cacao, café, flores y frutas. La propuesta busca aprovechar la infraestructura logística y portuaria de Shanghái para facilitar su distribución dentro de China.

Además de los productos agrícolas y acuícolas, durante un encuentro con empresarios de Shanghái, Ecuador promovió oportunidades en sectores como servicios logísticos, turismo y minería. 

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Con cerca de 25 millones de habitantes, Shanghái es uno de los principales centros financieros, tecnológicos, manufactureros y portuarios de China. Su ubicación y capacidad logística podrían permitir que los productos ecuatorianos lleguen a un mercado más amplio.

La reunión también permitió explorar nuevas inversiones y mecanismos de cooperación. Sin embargo, las autoridades todavía deberán precisar los acuerdos, proyectos, plazos y condiciones bajo los cuales se concretaría la conexión entre los puertos ecuatorianos y Shanghái.

¿Qué productos ecuatorianos podrían ganar espacio en China?

Como resultado de las reuniones mantenidas en Chengdú y Shanghái, Ecuador busca ampliar la presencia de los siguientes productos en el mercado chino:

La propuesta contempla aprovechar la capacidad portuaria y logística de Shanghái para facilitar el ingreso y la distribución de estos productos en otras ciudades y provincias de China.

Noboa y Xi Jinping acordaron ampliar la cooperación bilateral

La agenda oficial de Noboa en China comenzó con una reunión con el presidente Xi Jinping, celebrada el 18 de agosto de 2026 en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron mecanismos para fortalecer la cooperación bilateral en comercio y energía. Noboa expresó su interés en incrementar las exportaciones ecuatorianas hacia China y atraer más inversiones desde el país asiático.

Xi Jinping, por su parte, planteó reforzar la coordinación entre las estrategias de desarrollo de ambos países e impulsar proyectos conjuntos en energía, minería, infraestructura y finanzas.

El mandatario chino también propuso ampliar la cooperación en áreas como la economía digital, el desarrollo sostenible, las nuevas energías y la inteligencia artificial, según la información oficial difundida sobre la reunión.

Noboa permanecerá en China hasta el 23 de agosto de 2026. Posteriormente continuará su gira por Asia, que también contempla actividades oficiales en Singapur y Vietnam.

Bloquean diez barcos por narcotráfico

• Estados Unidos sancionó el 20 de agosto una red de narcotráfico asentada en Ecuador.
• OFAC bloqueó 10 embarcaciones pesqueras vinculadas al envío de cocaína hacia México.
• Ocho ecuatorianos y siete empresas fueron señalados por presuntos nexos con Los Choneros y Los Lobos.

Una flota de embarcaciones pesqueras con operaciones en Ecuador habría servido como soporte logístico para una ruta marítima utilizada para trasladar toneladas de cocaína hacia México y, posteriormente, Estados Unidos. 

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Esa es la conclusión del Departamento del Tesoro estadounidense, que el 20 de agosto de 2026 impuso sanciones contra una red de narcotráfico asentada en Ecuador.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 15 objetivos ecuatorianos: ocho personas y siete empresas, y además identificó como bienes bloqueados a 10 embarcaciones pesqueras vinculadas, según Washington, con el esquema de transporte de drogas en el Pacífico Oriental.

El Departamento del Tesoro sostiene que la estructura podía movilizar miles de kilogramos de cocaína cada mes desde Sudamérica hacia México. Desde ese país, los cargamentos tendrían como destino final el mercado estadounidense.

La investigación estadounidense describe una operación que utilizaba negocios pesqueros como fachada. Según el informe, barcos que operaban cerca de Manta, Ecuador, proporcionaban combustible, alimentos y asistencia médica a las denominadas embarcaciones rápidas o go-fast vessels, utilizadas para transportar la droga hacia el norte por el océano Pacífico Oriental.

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Los 10 barcos señalados por Estados Unidos

Las embarcaciones fueron identificadas por OFAC como bienes bloqueados debido a su presunta participación en la estructura logística. El listado oficial está integrado por:

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estos barcos no solo habrían entregado combustible, comida y servicios médicos a las embarcaciones que trasladaban cocaína, sino que también habrían cumplido funciones de vigilancia para detectar y monitorear la presencia de autoridades. Uno de ellos, Todos Vuelven, es señalado además por transportar cargamentos de cocaína de varias toneladas.

La investigación sostiene que la red aprovechaba la infraestructura y los recursos de negocios aparentemente legales para facilitar el movimiento de droga en aguas del Pacífico.

Ocho ecuatorianos fueron sancionados

El Departamento del Tesoro vincula a varios de ellos con empresas pesqueras y con la coordinación de los servicios logísticos para las embarcaciones que trasladaban la droga.

La investigación identifica, en particular, a miembros de la familia Mero. Según Washington, Alfonso Mero Mero y sus hijos Roberth Mero Arcentales y Edwar Mero Arcentales estaban relacionados con Arcasdenoe y con el funcionamiento de la red de embarcaciones.

Estados Unidos también señala a Edwar Mero Arcentales por actividades de narcotráfico en coordinación con Los Choneros. Julio Mero Franco y Milton Martínez Mendoza fueron sancionados además por su presunto apoyo a Los Choneros y Los Lobos.

Estas son las empresas sancionadas

La medida también alcanzó a siete compañías ecuatorianas:

Según el Tesoro estadounidense, seis de estas compañías están vinculadas con actividades de pesca. Globaldistrial, en cambio, está relacionada con el transporte de materiales de construcción. La autoridad estadounidense sostiene que Jimmy Leonidas Alarcón Holguín posee o controla estas seis entidades vinculadas a la actividad pesquera, además de Globaldistrial.

Los vínculos con Los Choneros y Los Lobos

La sanción también expone los nexos que Estados Unidos atribuye a la red ecuatoriana con Los Choneros y Los Lobos, dos organizaciones criminales ecuatorianas que Washington designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados en septiembre de 2025.

El Departamento del Tesoro sostiene que Los Choneros mantienen una alianza con el Cártel de Sinaloa, mientras que Los Lobos han desarrollado conexiones con organizaciones mexicanas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La cocaína que sale de Ecuador tendría como principal punto de tránsito a México antes de llegar al mercado estadounidense.

¿Qué implica la sanción de Estados Unidos?

La decisión de OFAC implica el bloqueo de los bienes y activos de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses. Esos bienes deben ser reportados a OFAC.

Además, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar, salvo autorización, transacciones que involucren bienes o intereses de las personas y empresas designadas. Las restricciones también alcanzan a entidades que sean propiedad directa o indirecta, en un 50 % o más, de personas bloqueadas.

La acción fue ejecutada bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, relacionadas con la proliferación internacional de drogas ilícitas y con el financiamiento o apoyo a organizaciones terroristas.

Ecuador, un punto clave de la ruta de cocaína

Para Estados Unidos, Ecuador se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de cocaína producida en Sudamérica. El Departamento del Tesoro señala que las redes criminales aprovechan la costa ecuatoriana para enviar cargamentos hacia el Pacífico Oriental y posteriormente hacia México.

La operación se enmarca en Operation Pacific Viper, una campaña estadounidense contra el tráfico de drogas en el Pacífico Oriental. Según el Tesoro, hasta junio de 2026 esa operación había permitido incautar más de 225.000 libras de cocaína, alrededor de 112 toneladas, en esa zona marítima.

La nueva sanción, por tanto, no apunta únicamente a personas vinculadas al narcotráfico. La estrategia estadounidense busca afectar toda la estructura que permite que la droga avance por la ruta marítima: empresas, embarcaciones, operadores y servicios logísticos.

El caso coloca nuevamente a Ecuador en el centro de la estrategia de Estados Unidos para cortar las rutas marítimas de cocaína hacia México, mientras Washington amplía las sanciones contra las redes que, según sus investigaciones, sostienen el tráfico internacional de drogas.

Las claves del caso

• Ecuador amplió operaciones con EE. UU. en 2026; dos casos cuestionan la validación de objetivos.
• La CIA aparece en denuncias sobre ataques a pescadores ecuatorianos en altamar durante 2026.
• Expertos analizan la cooperación de inteligencia entre Ecuador y EE. UU. en medio de la crisis de seguridad.

“No podemos ni confirmar ni desmentir que esos archivos existen”. Durante décadas, esa fue la respuesta estándar de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) cuando se le preguntaba sobre una de sus operaciones encubiertas más emblemáticas en América Latina: la participación en la caída del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz en 1954.

La frase vuelve a adquirir relevancia en Ecuador por dos hechos recientes que han abierto interrogantes sobre los límites de la cooperación militar con Estados Unidos, la validación de objetivos y el papel que juega la inteligencia extranjera en operaciones que terminan con civiles muertos, desaparecidos o detenidos.

Operativo en Sucumbíos y dudas sobre el objetivo

Por un lado, está el operativo ejecutado en marzo de 2026 en San Martín, Sucumbíos, contra un supuesto complejo ligado a grupos armados, que terminó siendo cuestionado por investigaciones periodísticas que apuntaron a que el blanco era, en realidad, una finca ganadera.

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Por otro, están las denuncias de pescadores ecuatorianos atacados en altamar y la posterior revelación de The Washington Post, que vinculó los incidentes de las embarcaciones Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca con un presunto programa encubierto de la CIA.

Ecuador y Estados Unidos amplían sus operaciones conjuntas

El 4 de marzo de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció el inicio de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos. “Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal”, escribió en la red social X, al informar que Ecuador ejecutaría acciones coordinadas con aliados regionales, incluido EE. UU. Un día antes, según informó públicamente el Comando Sur, fuerzas ecuatorianas y estadounidenses habían empezado operaciones contra organizaciones consideradas terroristas dentro del territorio ecuatoriano.

Aquellos anuncios representaron un cambio significativo en la relación bilateral en materia de seguridad. Si históricamente Washington había colaborado con entrenamiento, equipamiento e intercambio de inteligencia, ahora el discurso oficial hablaba abiertamente de operaciones conjuntas.

Meses después, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que Colombia, Honduras y Guatemala seguirían el modelo ecuatoriano, al permitir acciones conjuntas contra estructuras criminales. Sin embargo, Guatemala negó públicamente haber alcanzado ese tipo de acuerdo.

La estrategia antidrogas de Estados Unidos

La expansión forma parte de la estrategia impulsada por la administración Trump, que ha catalogado a 20 organizaciones criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras y ha ampliado el uso de recursos militares en operaciones antidrogas en la región.

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Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, se refirió a los reportes sobre un supuesto involucramiento de la CIA en operaciones contra el narcotráfico. “¿Por qué quieren mandar a la CIA? Ellos no son operadores, son analistas de inteligencia. No tiene sentido”, señaló.

Para Vigil, la estrategia antinarcóticos debería concentrarse más en reducir la demanda de drogas que en ampliar el uso de herramientas militares.

Expertos defienden la cooperación de inteligencia

No todos los especialistas observan el escenario desde la misma perspectiva. César Paz, experto en seguridad y exagente del FBI, cree que el fortalecimiento de la cooperación entre Ecuador y EE. UU. responde a una convergencia de intereses estratégicos y a la profunda crisis de seguridad que enfrenta el país.

“Coincide con varias cosas. Número uno, el acercamiento que ha tenido el Gobierno de Ecuador con EE. UU. y específicamente con el Comando Sur en Miami. Han pedido apoyo y es ahora el mejor momento para que exista ese apoyo, no solamente en cuanto a logística, sino también en cuanto a inteligencia”, analizó.

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Según Paz, agencias estadounidenses como el FBI cuentan con capacidades avanzadas en investigación criminal, análisis de inteligencia y ciencias forenses, que podrían resultar valiosas para enfrentarse a estructuras criminales cada vez más sofisticadas.

“El FBI tiene recursos muy avanzados en cuanto a investigaciones, inteligencia y materia forense. Tiene un laboratorio fantástico, reconocido a nivel mundial. Ecuador ha llegado a tiempos muy difíciles, por el nivel de criminalidad”.

Jean Paul, experto en seguridad y prospectiva, considera preocupante la ausencia de una reacción pública del Estado ecuatoriano.

Para el analista, el principal problema radica en la falta de información disponible. “Por el momento hay un silencio del Estado. Los temas de seguridad siempre presentan dificultades para comunicar, pero eso no elimina la necesidad de transparencia”.

Los puntos claves

• Estados Unidos bloqueó 10 embarcaciones pesqueras ecuatorianas señaladas por su presunta participación en una red de narcotráfico.
• Washington atribuye a la red la capacidad de movilizar entre 30 y 40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador hacia México.
• La estructura habría dado combustible, alimentos, atención médica y vigilancia a lanchas rápidas vinculadas con Los Choneros y Los Lobos.
• La sanción alcanza a ocho personas y siete empresas ecuatorianas, además de los 10 barcos identificados como bienes bloqueados.

Estados Unidos sancionó este 20 de agosto a una red de narcotráfico con operaciones en Ecuador y puso bajo bloqueo a 10 embarcaciones pesqueras que, según Washington, eran utilizadas para apoyar el traslado de cocaína desde la costa ecuatoriana hasta México.

La medida del Departamento del Tesoro alcanza a ocho personas y siete empresas ecuatorianas. La investigación estadounidense apunta a una estructura que habría llegado a coordinar el envío de entre 30 y 40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador hacia Centroamérica y México.

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El destino final de los cargamentos era Estados Unidos

Según reportó la agencia de noticias EFE, la red brindaba apoyo logístico a lanchas rápidas vinculadas con Los Choneros y Los Lobos, dos organizaciones criminales ecuatorianas que Washington designó como organizaciones terroristas extranjeras.

Los 10 barcos señalados

El Departamento del Tesoro identificó como bienes bloqueados a estas embarcaciones:

De acuerdo con la investigación estadounidense, estas pesqueras tenían una función clave en la ruta marítima de la droga. Desde la costa ecuatoriana habrían proporcionado combustible, alimentos, atención médica y vigilancia a las lanchas rápidas que transportaban la cocaína hacia el norte.

El centro logístico señalado por Washington está en Manta, Manabí

Las embarcaciones pesqueras también habrían servido para detectar la presencia de unidades de las fuerzas del orden durante la travesía.

Así funcionaba la ruta

EFE recoge que Washington acusa a la red ecuatoriana de proporcionar el respaldo necesario para que estas embarcaciones pudieran avanzar durante el trayecto.

El volumen atribuido a algunos de los operadores muestra la dimensión de la estructura: 30 a 40 toneladas de cocaína mensuales habrían sido movilizadas desde Ecuador hacia México y Centroamérica.

Las empresas detrás de la operación

La sanción también alcanzó a siete compañías. Seis están relacionadas con actividades pesqueras: Arcasdenoe, Alho Fish, JAH-HMH, Negocios Jimar, Proyectos Neyzoa y Soisamar.

La séptima es Global Industrial, dedicada al transporte de materiales de construcción.

Los nombres señalados por Washington

Entre las ocho personas sancionadas están cuatro integrantes de la familia Mero: Alfonso Mero Mero, Edwar Alexis Mero Arcentales, Roberth Alfonso Mero Arcentales y Julio Javier Mero Franco.

Washington los señala como operadores de Arcasdenoe y sostiene que trabajan para Los Choneros. También aparece Jimmy Leonidas Alarcon Holguin, señalado como controlador de las otras seis empresas mencionadas por EFE.

Justicia

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La lista se completa con otros tres individuos vinculados a la estructura investigada por el Gobierno estadounidense.

Los Choneros, Los Lobos y los carteles mexicanos

La investigación vuelve a mostrar el vínculo que Estados Unidos atribuye entre organizaciones criminales ecuatorianas y los grandes carteles mexicanos.

Los Choneros están relacionados con el Cártel de Sinaloa, mientras que Los Lobos aparecen vinculados con el CJNG. Ambos grupos ecuatorianos, según los reportes, fueron designados por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) en septiembre de 2025.

Washington ya había sancionado a Los Choneros y a su entonces líder, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en febrero de 2024 por actividades relacionadas con el narcotráfico.

Ese mismo año, el Tesoro sancionó a Los Lobos y a su líder, Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, por su participación en actividades vinculadas con el tráfico internacional de drogas.

Ecuador

Pescadores de Manta pierden su capital tras incendio masivo de embarcaciones

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¿Qué implica el bloqueo? 

La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no equivale a una incautación física de los barcos.

Los bienes bloqueados quedan bajo restricciones financieras de Estados Unidos. Técnicamente, no pueden ser transferidos, vendidos, retirados, pagados, exportados ni utilizados sin una autorización específica del Tesoro estadounidense, según EFE.

Además, cualquier propiedad o interés en propiedad de los sancionados que se encuentre en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses queda bloqueada.

Las personas y empresas estadounidenses tampoco pueden realizar transacciones con los sancionados, salvo que exista una autorización.

La sanción llega en medio de los ataques a barcos

La decisión de Washington ocurre mientras Estados Unidos mantiene una ofensiva contra embarcaciones sospechosas de estar relacionadas con el narcotráfico en el Pacífico Oriental y el Caribe.

Política

La pregunta tras la publicación de The Washington Post: ¿quién domina las aguas de Ecuador?

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Una investigación de The Washington Post reveló que una operación encubierta de la CIA estaría detrás de ataques con drones contra tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas que habían zarpado de puertos de Manabí.

En esas operaciones no se encontraron drogas. Pescadores de dos embarcaciones fueron entregados a la Guardia Costera de El Salvador y posteriormente deportados a Ecuador.

Ocho pescadores que viajaban en una de ellas, la Fiorella, continúan desaparecidos.

Este volumen documental agrupa exclusivamente a los individuos que superaron los filtros formales aprobados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Guayaquil

Guayaquil cambia reglas del parqueo: estas son las tarifas, multas y exoneraciones

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Nuevas demografías y ranking oficial 

Las cifras publicadas evidencian la carga operativa del sistema de extranjería y la dinámica de la movilidad humana formal. Los ciudadanos originarios de Venezuela y Colombia concentran el mayor procesamiento institucional en la emisión de documentos, sumando un total de 130.877 credenciales entregadas entre ambas nacionalidades durante los últimos 32 meses.

Para que un individuo integre esta base de datos se exige la orden de cedulación previa y partidas de origen apostilladas, lo que delimita la estadística únicamente a quienes ya adquirieron derechos y obligaciones tributarias en el territorio nacional, dejando fuera del conteo al flujo migratorio irregular.

El registro oficial de la entidad detalla el siguiente orden según la cantidad de trámites ejecutados:

Tras revisar el desglose de la base de datos, se identifican variables demográficas distintas a la matriz sudamericana. El reporte estatal expone que residentes originarios de China y Estados Unidos superan la barrera de las cinco mil emisiones, posicionándose en el tercer y quinto lugar de la medición nacional.

Lo que debes saber

• Guayaquil aprueba ordenanza para regular el estacionamiento público tarifado
• Antes de incorporar nuevos sectores, se realizará una socialización comunitaria de al menos 20 días, aseguró la ATM. 
  

El Concejo Municipal de Guayaquil aprobó por unanimidad, en segundo y definitivo debate, la ordenanza que regula el uso de los espacios de estacionamiento público tarifado en la ciudad.

La normativa busca ordenar el uso del espacio público, mejorar la rotación vehicular y establecer reglas para los conductores que utilicen las zonas de estacionamiento tarifado.

Entre las principales disposiciones consta un periodo de tolerancia de cinco minutos para que el usuario active el parquímetro. La tarifa vigente se mantiene en $1 por hora.

La ordenanza también establece una multa equivalente al 7 % de un Salario Básico Unificado (SBU) para quienes incumplan las disposiciones relacionadas con el estacionamiento tarifado.

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Parquímetros en Guayaquil: ordenanza fue aprobada, pero el futuro de cuidadores queda en debate

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Además, los conductores que cancelen la multa dentro de los primeros 20 días podrán acceder a un descuento del 25 %, de acuerdo con la información difundida por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Parquímetros: ¿Quiénes están exonerados del pago?

La normativa contempla exoneraciones para personas con discapacidad y para vehículos 100 % eléctricos o de cero emisiones.

La ordenanza también establece reglas para la incorporación de nuevos sectores al sistema de estacionamiento público tarifado. Sin embargo, antes de ampliar la cobertura, el Municipio deberá realizar un proceso de socialización comunitaria de al menos 20 días.

Este mecanismo busca que los habitantes de las zonas involucradas conozcan previamente las condiciones de funcionamiento y las nuevas disposiciones.

¿En qué se utilizará el dinero recaudado?

Otro de los puntos establecidos en la normativa es el destino de los recursos obtenidos mediante el sistema de estacionamiento tarifado.

Según la información difundida por la ATM, los valores recaudados serán reinvertidos en vialidad, movilidad y seguridad.

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Soledad Diab mocionó y pidió aplausos para Tatiana Coronel

La aprobación se concretó durante la sesión del Concejo este jueves 20 de agosto, luego de que la concejala Soledad Diab mocionara el tratamiento del punto. La edil, quien llegó al Concejo respaldada por el Partido Social Cristiano (PSC) y actualmente se identifica como independiente, defendió la necesidad de contar con una regulación para estos espacios.

Sin embargo, durante el debate surgió otro tema relacionado directamente con el estacionamiento en las calles: la situación de los cuidadores informales de vehículos.

Al final de la sesión, el punto fue aprobado en segundo debate por unanimidad. Diab, además, pidió un aplauso para Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante, a quien reconoció por llevar este tema a la mesa del Concejo y destacó su gestión durante el tratamiento de la ordenanza.

Lo que debes saber

• Wilson Mendoza fue detenido en Guatemala por pedido de EE. UU. por narcotráfico y alerta Interpol.
• Ecuador, Colombia y Guatemala capturaron a tres buscados por tráfico de drogas.
• Reimberg destacó la extradición tras las capturas de requeridos por Estados Unidos.

Una operación coordinada entre autoridades de Ecuador, Colombia, Guatemala y Estados Unidos permitió la captura de tres personas requeridas por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas, según informó este 20 de agosto el ministro del Interior, John Reimberg.

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El caso de mayor relevancia involucra a Wilson Eduardo Mendoza Barberán, quien fue detenido en Guatemala cuando presuntamente intentaba viajar hacia Ecuador. De acuerdo con la información difundida por Reimberg, el sospechoso mantenía una Difusión Roja de Interpol y era requerido por autoridades de Estados Unidos por investigaciones vinculadas al narcotráfico.

El ministro aseguró además que Mendoza Barberán sería integrante de la estructura criminal Los Choneros, una de las organizaciones delincuenciales más investigadas en Ecuador por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.

Exfuncionario ocupó cargos en la Senagua

Según los datos proporcionados por el titular del Interior, Mendoza Barberán desempeñó varios cargos en la entonces Secretaría Nacional del Agua (Senagua) entre 2007 y 2015. Durante ese período fue subsecretario y posteriormente asesor del entonces ministro Walter Solís.

Solís enfrenta actualmente procesos judiciales en Ecuador y permanece fuera del país, por lo que es considerado prófugo por las autoridades ecuatorianas.

Ecuador

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Detenciones en tres países

Además de la captura de Mendoza Barberán en Guatemala, las autoridades reportaron la detención de Rubén Horacio Bermúdez Loor en Guayaquil y de Elixandro Ico Cuervo en Colombia.

Las tres aprehensiones forman parte de acciones coordinadas entre organismos de seguridad de varios países para localizar a personas requeridas por causas abiertas en Estados Unidos relacionadas con tráfico de drogas.

Cooperación internacional y extradición

Reimberg destacó que las capturas fueron posibles gracias a los mecanismos de cooperación internacional y a la aplicación de la normativa vigente en materia de extradición.

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De acuerdo con el ministro, la legislación ecuatoriana permite actualmente la detención de ciudadanos ecuatorianos que registren órdenes de extradición y notificaciones internacionales emitidas a través de Interpol, facilitando así la colaboración con otros países en investigaciones de carácter transnacional.

Las autoridades no han informado, por el momento, sobre las fechas de traslado de los detenidos ni sobre los procesos judiciales que deberán enfrentar en el marco de los pedidos formulados por Estados Unidos.

Lo que debes saber

• Policía detuvo a 4 hombres el 20 de agosto en Manabí por trata y explotación sexual de menores.
• Una adolescente de 16 años fue rescatada en Manabí tras investigación por desaparición.
• Red vinculada a Los Choneros tatuaba a víctimas para reforzar control y pertenencia.

La Policía Nacional ejecutó la operación denominada Metamorfosis, que dejó cuatro detenidos y el rescate de una adolescente de 16 años en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia de Manabí. Según las autoridades, la estructura tendría vínculos con el grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Choneros.

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Los procedimientos se realizaron este 20 de agosto de 2026 mediante cinco allanamientos, cuatro en el cantón El Carmen y uno en Bahía de Caráquez. La intervención contó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y la organización Nuestro Rescate, tras varios meses de indagaciones relacionadas con la desaparición y explotación de menores de edad.

Entre los detenidos constan:

Tatuajes como mecanismo de control

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el uso de tatuajes corporales en las víctimas. Según la Policía, la organización utilizaba estas marcas como una señal de pertenencia y dominación sobre las adolescentes captadas para actividades de explotación sexual.

De acuerdo con los datos recopilados durante la investigación, las víctimas, en su mayoría adolescentes en condición de vulnerabilidad, eran reclutadas, trasladadas y alojadas en distintos inmuebles y centros de diversión nocturna, donde presuntamente eran sometidas a explotación sexual mediante intimidaciones y otros mecanismos coercitivos.

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Las autoridades indicaron que la investigación se originó tras la localización de una adolescente de 16 años reportada como desaparecida. A partir de ese caso se identificó la posible existencia de más menores afectadas por esta red criminal.

Evidencias y nuevas líneas de investigación

Durante los allanamientos, los agentes incautaron siete teléfonos celulares que serán sometidos a pericias. Además, se localizaron altares, figuras y otros elementos simbólicos asociados al entorno de la organización investigada.

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Las autoridades también informaron que otras posibles víctimas menores de edad fueron identificadas durante las investigaciones, por lo que las diligencias continúan para determinar el alcance de la estructura y establecer posibles responsabilidades adicionales.

La trata de personas constituye uno de los delitos más graves vinculados al crimen organizado y, según la Policía, esta red se habría dedicado a captar adolescentes en distintas ciudades para trasladarlas a inmuebles y establecimientos donde eran explotadas sexualmente.

Lo que debes saber

• Johana Núñez irá a audiencia de formulación de cargos.
• La Fiscalía investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
• La diligencia está prevista para el 25 de agosto.

La prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, deberá comparecer, el próximo martes 25 de agosto de 2026, a una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La diligencia fue convocada por la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a pedido de la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

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Fiscalía sustenta su pedido

Según consta en la resolución judicial, la Fiscalía sostiene que dentro de la investigación previa N.° 230101826060136 aparecieron elementos de convicción que hacen presumir la participación de Núñez y otros tres ciudadanos en el caso. En ese marco, el Ministerio Público solicitó que se convoque a la diligencia para iniciar la primera etapa del proceso penal.

La causa también involucra a Wilmer David Rivas Ontaneda, Fabián Alexander Rivas Calderón y Gabriel Antonio Rivas Núñez, quienes fueron incluidos en el requerimiento fiscal junto con la prefecta. De acuerdo con la documentación remitida por Fiscalía, Núñez aparece como presunta autora del delito contemplado en el artículo 279, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), mientras que los otros tres ciudadanos son señalados como presuntos cómplices.

La diligencia se desarrollará a las 08:30 del 25 de agosto, en el segundo piso del Complejo Judicial Norte de Quito. Aunque también podrá realizarse mediante la plataforma Zoom.

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El camino político de Núñez

Núñez llegó a la Prefectura de Santo Domingo, en 2019, mediante la unidad 20-100, una alianza entre Democracia Sí y Construir. En 2023, consiguió la reelección con el respaldo del movimiento Revolución Ciudadana (RC) y Construir, bajo la alianza denominada Somos Todos.

EXPRESO intentó obtener la versión de la prefecta mediante mensajes enviados por servicios de mensajería instantánea y a través de su cuenta de Instagram, además de solicitar una respuesta por intermedio de su director de Comunicación en la Prefectura. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió una respuesta sobre la investigación fiscal ni sobre la audiencia convocada para el 25 de agosto.

Asimismo, este Diario solicitó una entrevista con Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, para conocer la posición de la organización política frente al proceso que involucra a una de las autoridades seccionales que llegó a su cargo con el respaldo de la agrupación. Rivadeneira asumió la presidencia de RC en enero de 2026.

La aprobación se concretó durante la sesión del Concejo este jueves 20 de agosto, luego de que la concejala Soledad Diab mocionara el tratamiento del punto. La edil, quien llegó al Concejo respaldada por el Partido Social Cristiano (PSC) y actualmente se identifica como independiente, defendió la necesidad de contar con una regulación para estos espacios.

Sin embargo, durante el debate surgió otro tema relacionado directamente con el estacionamiento en las calles: la situación de los cuidadores informales de vehículos.

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El debate por los cuidadores de carros

Uno de los concejales que intervino fue Fabián Espín, de la Revolución Ciudadana. El edil recordó que representa al Distrito 3 y señaló que el crecimiento del centro de Guayaquil le permite conocer de cerca las dinámicas que, según él, se desarrollan en esa zona.

Espín respaldó la ordenanza y sostuvo que esta permitirá establecer reglas claras. Pero durante su intervención también puso sobre la mesa la situación de las personas que trabajan como cuidadores de vehículos en las calles.

El concejal señaló que conversó sobre este tema con Edgar Lupera, gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), y reconoció que se trata de una preocupación que debe ser abordada por el Municipio.

“En Guayaquil la gente busca cómo sobrevivir y hace años hemos visto cómo personas trabajan cuidando vehículos”, manifestó Espín durante el debate.

El edil cuestionó que algunas personas puedan llegar a apropiarse de espacios públicos para realizar esta actividad, aunque también reconoció que, ante la inseguridad, algunos ciudadanos perciben la presencia de los cuidadores como una ayuda al momento de dejar sus vehículos estacionados.

Espín planteó así la necesidad de que esta actividad sea regulada y no quede al margen de la nueva normativa.

¿Qué pasará con quienes ya cuidan vehículos?

El concejal puso especial énfasis en quienes actualmente realizan esta actividad dentro del polígono comprendido entre el Malecón y Boyacá, y entre las calles Loja y Olmedo.

Según su planteamiento, estas personas podrían convertirse en parte de la estrategia necesaria para poner en funcionamiento la ordenanza. Es decir, en lugar de quedar excluidos, podrían ser considerados dentro del esquema que se implemente en esta zona.

“No se los va a dejar por fuera”, aseguró Espín.

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La intervención deja abierta una de las principales interrogantes tras la aprobación de la ordenanza: cómo se regulará la presencia de los cuidadores informales de vehículos y qué papel tendrán dentro del nuevo modelo de estacionamiento tarifado.

Durante el debate, Soledad Diab también hizo una precisión sobre el alcance de la normativa. La concejala señaló que la aprobación de la ordenanza no significa que se instalarán parquímetros de manera automática en toda Guayaquil.

Agregó que cualquier instalación deberá estar técnicamente justificada.

Al final de la sesión, el punto fue aprobado en segundo debate por unanimidad. Diab, además, pidió un aplauso para Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante, a quien reconoció por llevar este tema a la mesa del Concejo y destacó su gestión durante el tratamiento de la ordenanza.

Lo que debes saber

• Fabián Espín revela qué pasará con los cuidadores de carros en Guayaquil
• El concejal de Revolución Ciudadana sostuvo que deben ser regulados y aseguró que “no se los va a dejar por fuera”.

El Concejo de Guayaquil aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza que regula el uso y control de los espacios de estacionamiento público tarifado en el cantón. Durante la sesión, el concejal de la Revolución Ciudadana, Fabián Espín, puso sobre la mesa la situación de los cuidadores informales de vehículos que trabajan en distintas zonas de la ciudad.

Espín, quien señaló que es concejal del distrito 3, defendió la necesidad de establecer reglas claras para el uso de los espacios de estacionamiento. Sin embargo, durante su intervención también se refirió a las personas que actualmente se dedican a cuidar carros en las calles.

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El edil contó que conversó sobre este tema con el gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), Édgar Lupera. 

Espín sostuvo que la actividad debe ser regulada y que quienes actualmente cuidan carros no deberían quedar fuera de la aplicación de la ordenanza.

Concejal Espín sobre los cuidadores de carros: “No se los va a dejar por fuera”

Durante su intervención, Espín reconoció que en Guayaquil existen personas que buscan formas de sobrevivir y que desde hace años se observa a ciudadanos dedicados al cuidado de vehículos en las calles.

El concejal señaló que, aunque entiende la necesidad económica de estas personas, no considera adecuado que alguien pueda apropiarse de un espacio de la vía pública para realizar esta actividad sin regulación.

También reconoció que, en medio de la inseguridad, algunos conductores pueden considerar esta práctica como una ayuda. Explicó que hay ciudadanos que dejan uno o dos dólares a quienes cuidan sus vehículos.

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No obstante, Espín insistió en que la actividad necesita reglas. Su planteamiento apunta a que los cuidadores informales de carros sean considerados dentro de la estrategia que permita aplicar la nueva normativa.

La zona que mencionó el concejal

Espín hizo referencia específicamente a las personas que actualmente cuidan vehículos en el polígono comprendido desde el Malecón hasta Boyacá y desde Loja hasta Olmedo.

De acuerdo con su intervención, estas personas podrían convertirse en parte de la estrategia para operativizar la ordenanza. El concejal enfatizó que no se trata de dejarlas fuera de la regulación.

“No se los va a dejar por fuera”, concluyó Espín durante su intervención ante el Concejo de Guayaquil.

El planteamiento abre la discusión sobre qué ocurrirá con quienes actualmente dependen económicamente del cuidado informal de vehículos cuando entre en aplicación la regulación del estacionamiento público tarifado.

Al respecto, EXPRESO ya solicitó una entrevista con el gerente de la ATM.

El Concejo aprobó la ordenanza en segundo debate

La propuesta fue mocionada por la concejala Soledad Diab, quien llegó al Concejo de Guayaquil arropada por el Partido Social Cristiano (PSC), aunque actualmente se identifica como independiente.

Después de su intervención, varios ediles participaron en el debate. Finalmente, el proyecto de Ordenanza que regula el uso y control de los espacios de estacionamiento público tarifado en el cantón Guayaquil fue aprobado en segundo debate.

Al cierre de la discusión, Diab pidió un aplauso para Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante, en medio de la aprobación del proyecto.

Lo que debes saber

• Tres detenidos por el crimen de José Luis Merchán en Salinas; dos fueron llevados a El Encuentro.
• La Policía capturó a tres sospechosos en Montañita por el asesinato del funcionario de Fiscalía.
• La orden del crimen habría salido de la Penitenciaría del Litoral, según la Policía.

Anderson Muñoz, alias Guayaco; Francisco León y Anny Crespo son los tres aprehendidos que estarían vinculados con el crimen del abogado José Luis Merchán Perero, secretario de la Fiscalía de Salinas en el área de Delitos Acuáticos.

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La detención de los sospechosos, quienes recibieron prisión preventiva durante la audiencia de flagrancia, se produjo en un inmueble de caña ubicado en la zona de Montañita, donde presuntamente residían.

El coronel Jorge Haddati Buchelli, jefe del Comando Provincial de la Policía en Santa Elena, informó que los dos hombres detenidos serían quienes participaron directamente en el ataque: uno habría actuado como sicario y el otro como conductor de la motocicleta utilizada para movilizarse. La mujer, en tanto, presuntamente habría recibido el dinero correspondiente al pago por el crimen.

La orden del asesinato habría salido de la Penitenciaría del Litoral

Según las declaraciones del oficial, la orden para ejecutar el asesinato del funcionario del Ministerio Público habría salido desde la Penitenciaría del Litoral. “Estamos procesando al que dio la orden y estamos investigando las motivaciones del crimen”, señaló Haddati.

El coronel también indicó que uno de los aprehendidos registra siete detenciones, la mayoría relacionadas con presuntos asesinatos. Además, uno de los sospechosos habría proporcionado una identidad falsa, por lo que los equipos de investigación trabajan para establecer su verdadera identidad.

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Cámaras de seguridad permitieron localizar a los sospechosos

Para localizar a los sospechosos se realizó un seguimiento mediante cámaras de seguridad, lo que permitió establecer el recorrido de la motocicleta en la que se movilizaron los presuntos responsables.

Asimismo, la Policía busca una segunda motocicleta que habría sido utilizada para entregar a otro individuo el arma empleada en el crimen.

Dos implicados a la cárcel del Encuentro

Dos de los tres procesados, los hombres señalados como presuntos responsables materiales del crimen, fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el traslado y publicó una fotografía de los dos sospechosos con uniforme penitenciario.

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“Estos tipos, los que asesinaron a la secretaria del fiscal en Santa Elena, ya están en El Encuentro”, señaló Reimberg. En otra publicación, el ministro se refirió a los detenidos como los responsables del asesinato del secretario del fiscal de Santa Elena.

Mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de José Luis Merchán, Anny Crespo fue trasladada al Centro de Privación de Libertad La Roca.

Los detenidos estarían vinculados con otros crímenes

El oficial policial informó que los tres detenidos pertenecerían a la estructura criminal Los Choneros y que estarían vinculados con más de tres crímenes registrados en la zona peninsular.

Las investigaciones continúan para determinar su participación y establecer si existen otros involucrados en el asesinato del secretario de la Fiscalía de Salinas.

El procedimiento fue ejecutado por la Policía Nacional, en coordinación con la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (Emseguridad), como parte del Plan de Protección Quito.

La intervención se desarrolló en el sector de las calles Loja y Cantuña, dentro del Distrito Manuela Sáenz. Según informó la institución policial, el seguimiento mediante cámaras y otras herramientas tecnológicas permitió identificar la presunta actividad ilícita y coordinar la llegada de los agentes.

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Cámaras permitieron coordinar la intervención policial

Durante el operativo, los uniformados aprehendieron a la mujer por la presunta posesión de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Como indicios, los agentes encontraron 17 fundas plásticas transparentes que contenían una sustancia que, de acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, sería cocaína.

La institución no informó el peso total de la sustancia decomisada ni proporcionó detalles sobre las circunstancias en las que se habría producido la presunta actividad ilícita. La aprehendida y los indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal.

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Plan de Protección Quito comenzó el 3 de agosto

El operativo forma parte del Plan de Protección Quito, una estrategia de seguridad que se ejecuta desde el 3 de agosto de 2026 para reforzar el control en sectores considerados estratégicos de la capital.

Entre el 3 y el 9 de agosto, el Bloque de Seguridad realizó 2.740 operaciones en el Distrito Metropolitano de Quito. De acuerdo con el balance oficial, estas intervenciones dejaron 187 personas detenidas y permitieron incautar más de 2,2 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización.

Durante ese periodo también fueron retiradas de circulación 20 armas de fuego, 301 armas blancas y 51 municiones, además de una alimentadora.

Las autoridades reportaron la incautación de $14.041 en efectivo, 50 galones de combustible y 13 equipos de comunicación. Asimismo, fueron recuperados 20 vehículos y 14 motocicletas.

El balance oficial incluyó la retención de un vehículo y una motocicleta, la detección de un acople clandestino y el desmantelamiento de una estructura criminal.

Quito concentra operativos en estaciones, mercados y centros educativos

El Plan de Protección Quito contempla el despliegue coordinado de 4.000 integrantes del Bloque de Seguridad, divididos entre 2.000 policías y 2.000 militares. Este personal se suma a los agentes que ya cumplen funciones en la capital.

Las operaciones cuentan con el apoyo logístico de 800 vehículos y motocicletas, dos helicópteros y 24 drones. Los controles se concentran en colegios, universidades, estaciones del Metro de Quito, mercados, entidades bancarias, centros comerciales, barrios y principales accesos a la ciudad.

La estrategia también incorpora labores de inteligencia, movilidad y videovigilancia para detectar posibles amenazas y ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad.