Lo que debes saber 

• Los interpelantes del correísmo defendieron en la Comisión de Fiscalización el juicio político contra Inés Manzano por presuntas omisiones en contratos de la emergencia eléctrica.
• La exministra compareció de forma virtual y aseguró que actuó dentro del marco constitucional y que no existe prueba que sustente una responsabilidad política.

El asambleísta Lenin Barreto, de la bancada Revolución Ciudadana y uno de los proponentes del juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, sostuvo este 21 de julio de 2026, durante la reinstalación de la sesión de la Comisión de Fiscalización, que la exfuncionaria incurrió en omisiones al supervisar los contratos firmados durante la emergencia eléctrica, especialmente el suscrito con Austral Technical Management (ATM).

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Barreto aseguró que, bajo la administración de Manzano, continuaron los desembolsos a la empresa pese a que, según afirmó, ya existían denuncias e informes que advertían irregularidades. También sostuvo que los apagones ocasionaron pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares y la eliminación de alrededor de 250.000 empleos en el país.

"Estamos ante el más grande atraco de la historia del país. Dinero que le entregamos a empresas piratas y ellas devolvieron solamente chatarra".

Blasco Luna y Mónica Palacios respaldan el juicio político

El asambleísta Blasco Luna, también proponente del juicio político, afirmó que la entonces ministra tenía la obligación constitucional de ejercer la rectoría, supervisión y control sobre las contrataciones realizadas durante la emergencia eléctrica. Según expuso, esa competencia surgía de la circular emitida el 23 de abril de 2024, así como del Decreto Ejecutivo 355, que encargó al Ministerio de Energía coordinar las acciones para enfrentar el estiaje.

Luna repasó la cronología del contrato con ATM y sostuvo que, durante la gestión de Manzano, se realizaron pagos, se suscribieron adendas y se mantuvieron desembolsos pese a que ya existían alertas sobre fallas técnicas e informes que cuestionaban la contratación. A su criterio, esas actuaciones configuran una responsabilidad política por omisión.

"La exministra tuvo conocimiento de las irregularidades del contrato con ATM y no ejerció el control que le correspondía".

Por su parte, la asambleísta Mónica Palacios, también integrante de Revolución Ciudadana y proponente del juicio político, respaldó los argumentos presentados durante la sustanciación del proceso y sostuvo que las pruebas recopiladas evidencian un incumplimiento de las obligaciones de dirección y control que correspondían a la entonces titular del Ministerio de Energía.

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Inés Manzano respondió de forma virtual y negó incumplimientos

Tras la exposición de los interpelantes, la exministra Inés Manzano compareció de manera virtual ante la Comisión de Fiscalización para ejercer su defensa. Desde el inicio de su intervención sostuvo que el juicio político debía responder una sola pregunta: si incumplió una función establecida en la Constitución o la ley, algo que, según afirmó, no ocurrió.

"La Constitución es clara. La responsabilidad política de una ministra deriva de las funciones que la ley le asigna. ¿Qué función bajo mi competencia incumplí? Ese deber no existe, tampoco puede existir responsabilidad política".

La exfuncionaria aseguró que asumió el Ministerio en medio de una crisis energética sin precedentes, con un déficit cercano a 1.800 megavatios, una sequía histórica y años sin ejecutar el Plan Maestro de Electricidad. También defendió el memorándum emitido durante la emergencia eléctrica, afirmó que solo tuvo vigencia mientras duró ese régimen excepcional y sostuvo que nunca asumió competencias que correspondían a otras autoridades.

"No me llamaron para crear una crisis. Me llamaron para enfrentar la peor crisis energética heredada en décadas".

Manzano también rechazó las acusaciones sobre el contrato con ATM y aseguró que sí existió una estrategia jurídica para sancionar al contratista, imponer multas y avanzar hacia la terminación unilateral del contrato. Finalmente, insistió en que no existe una prueba que sustente responsabilidad política en su contra.

"Actué dentro de la Constitución y la ley durante toda mi gestión. En un Estado de derecho, las responsabilidades no se presumen, se prueban y hoy esa prueba simplemente no existe".

Tras la intervención virtual de alrededor 12 minutos de la exministra Manzano, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, dio por concluida la sesión sin abrir una nueva ronda de preguntas para la exministra. La decisión fue cuestionada por los asambleístas de Revolución Ciudadana, quienes reclamaron que se les impidió formular interrogantes adicionales y expresaron su desacuerdo con el cierre del debate.

Passailaigue confirmó su salida este martes, 21 de julio, mediante una carta difundida en su cuenta de la red social X, poniendo fin a una militancia de aproximadamente diez años. 

"Hoy cierro una etapa partidista. Lo hago con gratitud, con la tranquilidad de haber servido con convicción y con la certeza de que los espacios cambian, pero el propósito permanece", expresó la exlegisladora, quien justificó su decisión en la necesidad de continuar su labor "desde otro lugar, sin traicionar nuestros principios".

Discrepancias y denuncias por acuerdos internos

La renuncia de Passailaigue se da en un ambiente ya caldeado por distanciamientos previos dentro de la estructura local. Semanas atrás, Jorge Acaiturri —exconcejal y exasambleísta— oficializó su desvinculación tras denunciar supuestas conversaciones y alianzas ocultas al interior de la tienda política. Para justificar su marcha, Acaiturri enfatizó que "la decencia ni se somete ni se negocia".

A esa postura se sumó la concejala en funciones Ana Chóez, quien también confirmó el fin de su ciclo en la organización en la que se formó políticamente. Aunque evitó ahondar en detalles, la edil argumentó que existieron circunstancias mal manejadas y fuertes desacuerdos en la gestión interna del partido.

El PSC desmiente alianzas y defiende las primarias

Frente a los señalamientos sobre supuestas negociaciones, la cúpula del partido reaccionó. Alfredo Serrano, asambleísta y presidente nacional del PSC, desmintió categóricamente la existencia de acuerdos secretos y sostuvo: "No existe negociación alguna con otra organización política. El único aliado del PSC en Guayaquil es Madera de Guerrero".

Aunque la dirigencia nacional argumentaba que las candidaturas estaban sujetas a las elecciones primarias, el panorama electoral local definió a Andrés Roche como la carta del partido para disputar la Alcaldía de Guayaquil.

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Un escenario complejo de cara a las seccionales de 2026

Pese a la definición de cuadros como el de Roche para la contienda municipal, las bajas consecutivas impactan al PSC en un momento crítico de reconfiguración territorial. La tienda política busca reconstruir sus bases para competir en las urnas en noviembre de 2026 e intentar recuperar terreno en su tradicional bastión, tras haber perdido la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas en los comicios de 2023 frente a la Revolución Ciudadana.

Lo que debes saber

• La cuarta edición del Tungurahua Fashion Week cerró con la gala El Legado.
• Más de 2.500 personas asistieron a la jornada final. Participaron 42 marcas, 30 empresas y 12 diseñadores de autor.
  
• La Rueda de Negocios se realizará el 29 de julio y busca generar nuevas oportunidades comerciales para las marcas y diseñadores.

La pasarela terminó, pero el trabajo para la industria de la moda en Tungurahua continúa. El próximo paso del Tungurahua Fashion Week (TFW) será la Rueda de Negocios, prevista para el miércoles 29 de julio, como un espacio para conectar a empresas, diseñadores y potenciales aliados comerciales y transformar la exposición alcanzada durante el evento en oportunidades concretas de crecimiento.

La cita será de 10:00 a 14:00, en el Salón Internacional del Centro de Exposiciones Ambato. La iniciativa busca que las marcas que participaron en la cuarta edición puedan establecer nuevos contactos y avanzar hacia la apertura de mercados.

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La rueda de negocios llega después de una edición que reunió a más de 2.500 asistentes en la gala El Legado, realizada en el Cidfae, en el sector de Izamba, al norte de Ambato. En el escenario estuvieron 42 marcas, representadas por 30 empresas y 12 diseñadores de autor, que presentaron más de 250 creaciones.

Con estos resultados, el TFW busca consolidarse como una plataforma que va más allá de la moda y que articula producción, diseño, innovación y comercialización.

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Una cadena productiva que mueve a miles

El proyecto nació en 2023 como una estrategia para reactivar los sectores textil, del cuero y la confección, afectados por la pandemia. Cuatro años después, la iniciativa beneficia directamente a unas 10.000 personas y fortalece una cadena productiva que involucra a cerca de 100.000 personas de actividades relacionadas con el textil, la confección, el cuero, el calzado, el modelaje, el maquillaje, la estética y otros servicios complementarios.

El crecimiento del evento también se refleja en sus cifras. Las tres primeras ediciones congregaron a más de 15.000 asistentes y pusieron en escena a alrededor de 80 diseñadores. En 2026, el encuentro amplió su propuesta con una agenda enfocada en fortalecer la identidad y la competitividad de las marcas.

Como parte de este proceso, los participantes cumplieron 182 horas de capacitación especializada en tendencias, innovación, diferenciación y valor agregado. La preparación buscó que cada colección tuviera un concepto propio y mayores posibilidades de comercialización.

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Lilia Villavicencio, directora de Producción del Gobierno Provincial de Tungurahua, señala que el TFW permite fortalecer la cadena productiva de la moda, desde los talleres artesanales hasta las empresas con proyección nacional e internacional. La funcionaria también destaca la relación que esta industria mantiene con otros sectores, como el turismo, la gastronomía y los servicios.

Para el prefecto Manuel Caizabanda, la evolución alcanzada desde 2023 demuestra que Tungurahua tiene talento, experiencia productiva y creatividad para proyectarse como un referente de la moda ecuatoriana.

Desde la Fundación Ninari, su representante José Lascano destaca que la preparación técnica permite que las marcas desarrollen propuestas con identidad y posibilidades reales de comercialización. El objetivo es que la visibilidad obtenida en las pasarelas se convierta en alianzas, apertura de mercados y oportunidades de crecimiento.

Durante cinco días, el público conoció propuestas inspiradas en el fuego, el aire, la tierra y el agua, con diseños que incorporaron cuero, denim, calzado, bordados, fibras y elementos vinculados con la sostenibilidad.

Ahora, el desafío es mantener la plataforma activa durante todo el año. La Rueda de Negocios será una de las primeras pruebas para medir cuánto de la creatividad mostrada en la pasarela puede transformarse en acuerdos comerciales, resaltó Villavicencio. 

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Lo que debes saber

• La inseguridad sigue cambiando el rostro de Guayaquil.
• El Municipio actualizó las cifras y explicó cuáles son los requisitos para obtener la autorización.

La inseguridad continúa modificando la forma de vivir de miles de familias en Guayaquil. Cada vez más ciudadanos optan por cerrar el acceso a sus barrios y ciudadelas mediante rejas, portones y otros elementos de seguridad con el objetivo de reducir el riesgo de hechos delictivos.

Las cifras más recientes del Municipio de Guayaquil muestran el crecimiento de esta tendencia. La administración municipal, encabezada hoy por Tatiana Coronel, informó que cerca de 9.000 inmuebles han instalado al menos 627 elementos de seguridad, entre ellos portones y puertas metálicas.

Este incremento ocurre luego de la aplicación de una ordenanza que regula la colocación de estos dispositivos en la ciudad y cuyo contenido fue tratado en el Concejo Cantonal.

Los permisos para instalar rejas aumentaron

Uno de los datos que refleja el crecimiento de esta medida es el número de barrios autorizados.

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En junio de 2025, el Municipio había emitido permisos para 65 barrios, mientras que actualmente la cifra ascendió a 250 sectores, lo que evidencia un aumento significativo en las solicitudes de las comunidades.

El trámite para obtener la autorización se realiza de forma completamente digital a través del portal web del Municipio de Guayaquil, con el propósito de agilizar el proceso para los ciudadanos.

¿Qué requisitos deben cumplir los barrios?

La institución recordó que la ordenanza establece varios requisitos para autorizar la instalación de rejas o portones.

Entre ellos consta que las comunidades deben contar con el respaldo de al menos el 70 % de los propietarios de los predios involucrados y presentar la documentación técnica requerida por la normativa.

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Según explicó el Municipio, el objetivo de la ordenanza es regular la instalación de estos elementos sin afectar el uso adecuado del espacio público y garantizando el acceso de los servicios de emergencia y otras entidades competentes.

Lo que debes saber 

• Inés Manzano defendió de forma virtual su gestión ante la Comisión de Fiscalización y rechazó haber incumplido funciones.
• La exministra atribuyó la crisis eléctrica a años de falta de planificación y sostuvo que no existen pruebas para establecer responsabilidad política.

La exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, compareció de forma virtual este 21 de julio ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para ejercer su defensa dentro del juicio político en su contra. Durante su intervención rechazó las acusaciones, sostuvo que no incumplió ninguna función legal y aseguró que las pruebas presentadas no demuestran responsabilidad política.

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Desde el inicio de su exposición, Manzano afirmó que el proceso debe responder únicamente si incumplió alguna competencia establecida en la Constitución y la ley. En ese sentido, insistió en que los asambleístas acusadores no lograron identificar cuál habría sido la obligación jurídica que dejó de cumplir durante su gestión al frente del Ministerio.

"La Constitución es clara. La responsabilidad política de una ministra deriva de las funciones que la ley le asigna. ¿Qué función bajo mi competencia incumplí? Ese deber no existe, tampoco puede existir responsabilidad política".

Crisis energética: la defensa de su gestión durante la emergencia

La exministra recordó que fue convocada por el presidente Daniel Noboa en medio de una crisis energética que calificó como la más grave de las últimas décadas. Explicó que recibió un sistema con un déficit cercano a 1.800 megavatios, una sequía histórica y años sin ejecutar un plan de expansión para fortalecer la generación eléctrica.

Según su versión, la administración enfrentó condiciones excepcionales y no un escenario de normalidad. Comparó la situación con la crisis de 2009 y afirmó que entonces el país tenía una demanda de energía considerablemente menor, además de contar con mejores condiciones hidrológicas que las registradas en 2024.

"No me llamaron para crear una crisis. Me llamaron para enfrentar la peor crisis energética heredada en décadas".

También responsabilizó a gobiernos anteriores por el deterioro del sistema eléctrico. Afirmó que el Plan Maestro de Electricidad no fue ejecutado durante las administraciones de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, situación que, según dijo, dejó al país sin la capacidad suficiente para responder a la emergencia.

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Memorándum, contratación pública y competencias

Uno de los principales cuestionamientos del juicio político gira alrededor de un memorándum emitido durante la emergencia eléctrica de abril de 2024. Sobre ese documento, Manzano explicó que fue elaborado únicamente para regular procesos de contratación pública mientras estuvo vigente la declaratoria de emergencia.

Añadió que dicho memorándum perdió vigencia al concluir ese régimen excepcional y que, posteriormente, fue dejado sin efecto mediante una circular suscrita por ella en agosto de 2025. En su criterio, los acusadores pretenden convertir una disposición temporal en una obligación permanente.

"No se puede convertir un memorándum de emergencia en una obligación permanente en el tiempo", señaló.

La exfuncionaria agregó que, aun cuando ese documento hubiese estado vigente, nunca le transfirió responsabilidades que la ley asigna a otras autoridades. Citó el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para sostener que esas competencias eran indelegables y correspondían exclusivamente al gerente general de la empresa pública involucrada.

Arbitraje, multas y terminación del contrato

Otro de los ejes de su defensa estuvo relacionado con el arbitraje promovido por el contratista. Manzano aseguró que durante su gestión sí existió una estrategia jurídica, la cual incluyó la imposición de multas, el inicio del procedimiento para declarar al contratista incumplido y los pasos necesarios para avanzar hacia la terminación unilateral del contrato.

Explicó que precisamente esas actuaciones provocaron que la empresa acudiera a un arbitraje de emergencia para intentar frenar las medidas adoptadas por el Estado. Añadió que actualmente las medidas cautelares fueron levantadas y que el proceso permite continuar con el cobro de multas, la ejecución de garantías y la terminación contractual.

"La mejor evidencia de que hubo una estrategia jurídica es que la contraparte intentó impedir que continuara".

Además, cuestionó que se le atribuya la obligación de terminar unilateralmente un contrato cuando este contemplaba mecanismos previos de solución de controversias, como buenos oficios, mediación y arbitraje. Según dijo, actuar de otra forma habría significado incumplir las cláusulas contractuales.

Críticas al correísmo y a gobiernos anteriores

Durante su comparecencia virtual, Manzano también comparó este proceso con el juicio político impulsado en 2009 contra el entonces ministro Albornoz, el cual fue archivado. Afirmó que en ambos casos los argumentos jurídicos son similares respecto a la imposibilidad de responsabilizar políticamente a un ministro por actuaciones de terceros.

Asimismo, aseguró que la Asamblea aprobó tres reformas para ampliar la participación privada en la generación eléctrica y acusó al correísmo de haber frenado inicialmente esos cambios. En su intervención sostuvo que la falta de inversión y planificación durante años derivó en el déficit energético que recibió el actual Gobierno.

La exministra también recordó varios arbitrajes internacionales y procesos que, según dijo, ocasionaron pérdidas millonarias para el Estado ecuatoriano. Citó los casos Perenco, Odebrecht, Toachi Pilatón, el Multipropósito Chone y la Refinería del Pacífico como ejemplos de decisiones estatales adoptadas fuera del marco legal.

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"Las responsabilidades no se presumen"

En otro momento de su intervención, Manzano cuestionó actuaciones del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito por las medidas cautelares que inicialmente impidieron ejecutar acciones contra el contratista. No obstante, señaló que esas decisiones fueron posteriormente revocadas y que el arbitraje continuará para resolver la controversia.

La exministra sostuvo que, durante los siete días del proceso, no se presentó ninguna prueba que establezca un nexo causal entre sus actuaciones y un supuesto perjuicio económico para el Estado. También afirmó que ni la Contraloría General del Estado ha determinado una responsabilidad en su contra.

"Actué dentro de la Constitución y la ley durante toda mi gestión. En un Estado de derecho, las responsabilidades no se presumen, se prueban y hoy esa prueba simplemente no existe".

Lo que debes saber 

• José Romero, del Frente de Defensa del IESS, cuestionó la gestión del Seguro Social y del Ministerio de Salud.
• Aseguró que no existe planificación para medicinas, hospitales ni prevención sanitaria.
• También atribuyó parte de la crisis a la falta de experiencia de las actuales autoridades del IESS.

José Romero, integrante del Frente de Defensa del IESS, cuestionó la gestión del sistema de salud y aseguró que la crisis que atraviesan el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) no es reciente. Durante una intervención pública, sostuvo que los problemas se arrastran desde hace varios años y pidió que las autoridades adopten medidas para revertir la situación.

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"¿Qué es lo que está pasando en el IESS y también qué es lo que pasa en el Ministerio de Salud Pública? El problema de la salud no es un problema de ahora. Arranca desde hace muchos años. Yo no sé por qué se ha silenciado tanto", manifestó Romero al iniciar su exposición sobre la situación del sistema sanitario.

El dirigente también señaló que los espacios de diálogo deben servir para presentar soluciones dirigidas al Ejecutivo y a las autoridades del sector. Sin embargo, sostuvo que existe un tercer actor que, a su criterio, también tiene responsabilidad en el escenario actual: el Consejo Directivo del IESS junto con la administración de la institución.

Crisis en el IESS: críticas a la gestión y la planificación

Romero afirmó que la administración del Seguro Social carece de una planificación para atender las principales necesidades de los afiliados. Entre ellas mencionó la adquisición de medicamentos y el desarrollo de nueva infraestructura hospitalaria, aspectos que consideró fundamentales para garantizar la atención médica.

"No existe una programación como sí lo tuvimos en el seguro social en años anteriores. No hay una programación para adquisición de medicinas. No hay una programación para la construcción de nuevos hospitales, clínicas y dispensarios", aseguró durante su intervención.

El representante del Frente de Defensa del IESS también atribuyó parte de estas dificultades a la desaparición del departamento de ingeniería durante la época de la Comisión Interventora. Además, afirmó que la falta de experiencia de quienes actualmente dirigen la institución ha impedido fortalecer los procesos de planificación.

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Prevención en salud, la propuesta que plantea el Frente de Defensa del IESS

Romero sostuvo que los funcionarios con mayor trayectoria dentro del Seguro Social han sido desplazados de los procesos de decisión, mientras que, según dijo, las actuales autoridades no aprovechan ese conocimiento técnico acumulado en la institución.

"La gente que está hoy a cargo del IESS son inexpertos, no tienen experiencia y definitivamente no hacen respetar lo que algunos sí conocen. Los doctores de carrera desgraciadamente han sido hechos a un lado", expresó.

Como alternativa, destacó la importancia de fortalecer la prevención en salud y mencionó la propuesta elaborada por el ingeniero Gustavo Cedeño Montón, a quien identificó como director dentro del IESS. A su criterio, las políticas preventivas deben comenzar desde la niñez y articularse con los hogares y el sistema educativo. "La prevención de salud tiene que hacerse desde niño. Tiene que hacerse desde los hogares, tiene que hacerse desde el Ministerio de Educación", concluyó.

La adjudicación quedó oficializada mediante una resolución emitida este 20 de julio de 2026, con la que el hospital autorizó la compra del medicamento destinado a pacientes con cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP).

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STENDHALPHARMA ECUADOR S.A. obtuvo la adjudicación

De acuerdo con la resolución, la empresa STENDHALPHARMA ECUADOR S.A. fue adjudicada como proveedora del medicamento luego de que la comisión técnica concluyera que cumplía con los requisitos establecidos en el proceso y presentó la oferta económica considerada conveniente para la institución.

El documento establece que el contrato asciende a $595.000, sin incluir IVA, y fija un plazo de ejecución de 45 días para la entrega del medicamento.

La resolución señala además que el proceso corresponde a la adquisición de nusinersen líquido parenteral 2,4 mg/ml, un medicamento que no forma parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y cuya compra responde a tratamientos judicializados. En total, la contratación contempla el abastecimiento para 5 pacientes, dos con cobertura del IESS y tres del Ministerio de Salud Pública. 

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El contexto de un caso que derivó en cambios en el hospital

La adjudicación ocurre después de una serie de denuncias realizadas por padres de niños con AME, quienes alertaron sobre presuntas irregularidades en la compra y aplicación del medicamento en el Hospital del Niño.

Las denuncias motivaron una investigación interna y generaron cuestionamientos sobre el proceso de adquisición del fármaco, así como sobre la aplicación de dosis que estaban siendo objeto de revisión. En medio de esa controversia, el Ministerio de Salud dispuso cambios en la administración del hospital y anunció la apertura de un nuevo proceso de contratación para garantizar la continuidad del tratamiento de los pacientes.

La comisión técnica recomendó adjudicar el contrato

Antes de emitir la resolución, la comisión técnica elaboró un informe en el que recomendó adjudicar el proceso a STENDHALPHARMA ECUADOR S.A., al concluir que la empresa cumplía con las especificaciones técnicas exigidas y presentó una propuesta favorable para la institución.

El informe, incorporado a la resolución, señala que la oferta económica ascendió a $595.000 y mantiene un plazo de ejecución de 45 días, recomendando expresamente que la máxima autoridad del hospital adjudique el contrato a esa compañía.

Con esta adjudicación, el Hospital del Niño da por concluida la etapa precontractual del nuevo proceso para adquirir el medicamento destinado a pacientes con AME, en un caso que ha permanecido bajo escrutinio público debido a las denuncias sobre la gestión anterior y que derivó en cambios administrativos dentro de la institución.

Lo que debes saber

• La oposición calificó la gestión de Daniel Noboa con un "4,2 sobre 10" y cuestionó la metodología del informe.
• El oficialismo defendió los programas sociales, la estrategia de seguridad y los indicadores económicos del Ejecutivo.
• El debate enfrentó dos visiones sobre la rendición de cuentas: acciones ejecutadas frente a resultados obtenidos.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el martes 21 de julio de 2026, en sesión virtual, el informe de labores presentado por el presidente Daniel Noboa Azín, correspondiente a su gestión de 2025. La resolución recibió 81 votos a favor y 62 en contra, sin abstenciones ni votos en blanco, en una sesión virtual en la que participaron 143 de los 151 legisladores; ocho estuvieron ausentes.

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Oposición cuestiona los resultados del informe

El debate reflejó la división entre el oficialismo y la oposición sobre la evaluación del documento que el mandatario presentó el pasado 24 de mayo. Mientras la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) defendió que el informe evidencia avances en seguridad, economía y programas sociales, la Revolución Ciudadana (RC) sostuvo que el documento privilegia el relato de acciones antes que los resultados y cuestionó la metodología utilizada para medir el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Uno de los cuestionamientos más duros provino del asambleísta José Luis Vallejo (RC), quien aseguró que el Gobierno solo reportó resultados en 60 de las 94 metas analizadas y que únicamente 40 alcanzaron un avance. Con esos datos, afirmó que la gestión del Ejecutivo obtuvo una calificación de "4,2 sobre 10", por lo que "pierde el año", al sostener que el informe contiene más "relato político" que información verificable y que incumple con presentar los objetivos para el siguiente periodo.

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Críticas a la seguridad y a Jóvenes en Acción

La legisladora Mónica Alemán (RC) coincidió en que el informe contiene "datos poco verificables, mentiras y omisiones". Además, defendió el informe de minoría presentado por su bancada y pidió que el documento sea remitido a la Contraloría General del Estado y a la Comisión de Fiscalización para que se auditen las presuntas responsabilidades derivadas del incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

Los legisladores de la Revolución Ciudadana también cuestionaron que el Ejecutivo destaque programas y operativos sin demostrar resultados concretos. Ricardo Patiño sostuvo que el Gobierno presenta indicadores de gestión, pero no de resultados, y afirmó que en seguridad los homicidios aumentaron durante 2025, por lo que, a su criterio, no basta con enumerar equipamiento o intervenciones policiales.

En la misma línea, Héctor Rodríguez calificó al programa Jóvenes en Acción como un gasto sin impacto permanente en la empleabilidad. Esto, al afirmar que no existe evidencia de que mejore la inserción laboral de sus beneficiarios.

Asimismo, la asambleísta Liliana Durán (RC) sostuvo que el informe presidencial confunde indicadores de gestión con resultados de política pública. Como ejemplo, afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo no fijó como meta la compra de patrulleros, vehículos o equipamiento, sino la reducción de la tasa de homicidios, por lo que consideró que el Gobierno no puede presentar esas adquisiciones como evidencia del cumplimiento de sus objetivos.

En respuesta, el legislador independiente Sergio Peña reconoció que aún existen aspectos por corregir. No obstante, sostuvo que el control político no debe limitarse a buscar culpables o a la queja permanente, sino contribuir a resolver los problemas del país y respaldar los avances alcanzados.

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Oficialismo responde a las críticas

Desde el oficialismo, Andrés Castillo respondió a las críticas y cuestionó la autoridad de la oposición para descalificar el informe. También recordó que varios legisladores de la Revolución Ciudadana no asistieron a la sesión solemne del 24 de mayo, cuando el presidente Noboa rindió cuentas ante el Pleno, y reprochó que ahora la oposición pretende cuestionar un acto al que decidió no acudir.

Castillo rechazó, además, las críticas al programa Jóvenes en Acción, luego de que la oposición lo calificara como una pérdida de recursos. El legislador sostuvo que invertir en los jóvenes no puede considerarse "botar la plata a la basura", pues el programa busca brindar experiencia laboral a quienes enfrentan dificultades para acceder a un empleo precisamente por no contar con experiencia previa.

Otros legisladores de ADN también defendieron los resultados expuestos por el Ejecutivo. Por su parte Adrián Castro afirmó que el informe reflejaría una reducción del 13 % en los homicidios, la desarticulación de 551 bandas criminales y más de 1,7 millones de operativos policiales, mientras que Janina Rizzo sostuvo que, aunque persisten desafíos en seguridad, empleo y salud, el Gobierno ha mostrado avances que, a su juicio, no pueden ser desconocidos por razones políticas.

Según el especialista, la aparente protección que durante años mostraron los pacientes frente a estas enfermedades comienza a modificarse debido a un factor que poco tiene que ver con la genética: la transformación de sus hábitos alimenticios.

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Ecuador sigue siendo clave para entender el síndrome de Laron

El síndrome de Laron es una enfermedad genética poco frecuente que impide que el organismo responda adecuadamente a la hormona del crecimiento. Aunque esta hormona se produce normalmente, el receptor encargado de activarla presenta una mutación, por lo que el cuerpo no genera IGF-1, la proteína responsable del crecimiento de huesos, músculos y otros tejidos.

Para Guevara, esa alteración explica por qué las personas con esta condición presentan talla baja, pero también por qué Ecuador ocupa un lugar privilegiado dentro de la investigación internacional.

"En el mundo hay más o menos 350 pacientes bien comprobados y un poco más de 100 han nacido en el sur del Ecuador. En nuestro país existe un tercio de la población mundial con síndrome de Laron", afirma el endocrinólogo.

Fue precisamente esa concentración de casos la que permitió desarrollar investigaciones que captaron la atención de centros científicos internacionales y de publicaciones especializadas.

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Un descubrimiento que cambió la investigación sobre el cáncer

Uno de los trabajos más influyentes fue publicado en 2011 en la revista Science Translational Medicine, donde el equipo liderado por Guevara reportó que, hasta ese momento, prácticamente no existían casos de diabetes y apenas se habían identificado uno o dos pacientes con cáncer dentro de la población estudiada.

Ese hallazgo dio lugar a nuevas investigaciones sobre el papel del IGF-1 en el desarrollo de tumores y enfermedades metabólicas.

Sin embargo, el médico asegura que el escenario ya no es el mismo.

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"Yo ya he visto por lo menos tres casos de diabetes. En el 2011 no habíamos visto ni uno, y hasta el momento hay dos o tres pacientes con cáncer", explica.

Para el especialista, la explicación no estaría en una modificación genética, sino en el entorno donde hoy viven estas comunidades.

La alimentación podría estar cambiando la historia

Guevara sostiene que la construcción de carreteras y la llegada de alimentos ultraprocesados modificaron profundamente la dieta tradicional de las poblaciones donde viven las personas con síndrome de Laron.

Durante décadas, explica, la alimentación estaba basada en productos locales y poco procesados. Con el acceso a nuevas vías llegaron también bebidas azucaradas, comida rápida y productos con altos niveles de carbohidratos refinados.

"Muy posiblemente esa relativa protección podría desaparecer y podría ser que estos pacientes empiecen a tener mucha diabetes y tal vez cáncer", advierte.

A su juicio, este cambio representa hoy una de las principales líneas de investigación, pues podría modificar lo que durante años se consideró una característica distintiva del síndrome.

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Un aporte científico que, según Guevara, Ecuador no aprovechó

Durante cuatro décadas, las investigaciones sobre el síndrome de Laron posicionaron a Ecuador en el mapa de la ciencia mundial. Los hallazgos permitieron comprender mejor el papel del IGF-1 en enfermedades como el cáncer y la diabetes, además de abrir nuevas líneas de investigación que hoy continúan desarrollándose en laboratorios internacionales.

Sin embargo, al ser consultado sobre si ese conocimiento se tradujo en beneficios para la medicina ecuatoriana, Jaime Guevara considera que la respuesta es, en gran medida, negativa.

"A la medicina ecuatoriana no. No me preguntaron nada. Nunca fui llamado por el Ministerio de Salud para conversar sobre estos pacientes ni sobre lo que habíamos aprendido en tantos años de investigación", señala el endocrinólogo.

El especialista recuerda que incluso The New York Times destacó la relevancia de los estudios realizados en Ecuador y que, a partir de esos hallazgos, grupos científicos de otros países profundizaron en el papel del IGF-1 y la hormona del crecimiento en el desarrollo del cáncer.

Como ejemplo, menciona el trabajo del investigador estadounidense John Kopchick, quien desarrolla un bloqueador del receptor de la hormona del crecimiento con potencial para fortalecer tratamientos contra tumores agresivos, como los de hígado, páncreas y melanoma.

"Yo me permito predecir que en 10 o 15 años se tratarán casi todos los cánceres con éxito", afirma Guevara, convencido de que los descubrimientos originados a partir del estudio del síndrome de Laron todavía tienen un amplio potencial por desarrollar. 

El tratamiento sigue siendo el gran desafío

Aunque el conocimiento científico sobre el síndrome de Laron ha avanzado, el acceso al tratamiento continúa siendo uno de los principales desafíos para los pacientes ecuatorianos.

La mayor concentración de personas con esta enfermedad rara se encuentra en comunidades rurales del sur del país, principalmente en las provincias de El Oro y Loja, ubicadas a cientos de kilómetros de Quito y Guayaquil, donde se concentran los hospitales y especialistas con capacidad para atender esta condición.

El tratamiento disponible es la mecasermina, comercializada como Increlex, un medicamento que sustituye la deficiencia del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1). Su administración debe iniciarse durante la infancia y la adolescencia, antes del cierre de las placas de crecimiento, ya que una vez concluido ese proceso, el fármaco deja de tener efecto sobre la talla.

"Estos pacientes necesitan dos cosas: necesitan el IGF-1 y una buena nutrición", sostiene el endocrinólogo Jaime Guevara.

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El especialista explica que un menor con síndrome de Laron puede requerir al menos tres frascos de Increlex al mes, un tratamiento cuyo costo resulta inalcanzable para la mayoría de las familias si no existe cobertura estatal.

Para quienes llegan a la edad adulta sin haber recibido el tratamiento oportunamente, las alternativas son mucho más limitadas. Según explica el endocrinólogo Guevara, en algunos casos es posible recurrir a procedimientos quirúrgicos de alargamiento óseo, una intervención compleja que busca aumentar la estatura mediante la separación gradual de los huesos para estimular la formación de nuevo tejido.

Sin embargo, aclara que se trata de un proceso largo, doloroso y que no sustituye los beneficios del tratamiento farmacológico administrado durante la etapa de crecimiento.

En Ecuador, el acceso al medicamento ha estado marcado por retrasos y obstáculos administrativos. Incluso después de procesos judiciales que reconocieron el derecho de los pacientes a recibir una atención integral y garantizaron el suministro del fármaco, las familias han denunciado interrupciones y demoras en su entrega, lo que ha dificultado la continuidad del tratamiento en la etapa en la que resulta más efectivo.

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Ese escenario, sostiene Guevara, ya pudo haberse evitado años atrás.

Entre 2007 y 2008, el endocrinólogo gestionó con la empresa fabricante de mecasermina (Increlex) la donación gratuita del medicamento durante tres años para alrededor de 30 niños ecuatorianos con síndrome de Laron. La iniciativa buscaba que los pacientes recibieran la terapia dentro de la ventana de crecimiento, cuando aún era posible mejorar significativamente su talla. Sin embargo, la propuesta no prosperó.

"No dejaron entrar el regalo y la compañía retiró la oferta", lamenta el investigador. Según explica, las autoridades de la época argumentaron que el Estado debía encargarse directamente de la adquisición del medicamento. No obstante, esas compras nunca se concretaron de manera sostenida y, con ello, se perdió la oportunidad de brindar un tratamiento oportuno a toda una generación de pacientes.

El legado que Guevara espera ver en vida

Pese a las dificultades que han enfrentado en el acceso al tratamiento, Guevara asegura que su mayor satisfacción no estaría en el reconocimiento académico ni en los artículos científicos publicados, sino en comprobar que los niños ecuatorianos con esta enfermedad pueden acceder oportunamente al tratamiento y desarrollar una vida con menos limitaciones.

"Lo único que espero es que estén recibiendo el tratamiento de la mejor manera posible. Ojalá lleguen a tener una estatura casi normal. Ese sería mi mayor triunfo", afirma el endocrinólogo. Recuerda que las investigaciones desarrolladas por su equipo aportaron cerca del 14 % de los datos utilizados para que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobara la mecasermina (Increlex) como tratamiento para el síndrome de Laron.

Pese a ello, señala que mientras hoy asesora a especialistas de Nueva York y Texas en el manejo de pacientes con esta enfermedad, en Ecuador nunca fue convocado para compartir esa experiencia con el sistema público de salud.

"No estoy resentido. Me parece triste y hasta patético, pero no por mí, sino por las personas que nunca me llamaron pudiendo aprovechar la experiencia acumulada durante tantos años de investigación", concluye.

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El siguiente desafío ya no está en los genes

Para Guevara, el síndrome de Laron sigue ofreciendo respuestas valiosas para la medicina, pero la investigación enfrenta ahora un nuevo escenario.

El reto, dice, ya no consiste únicamente en comprender una mutación genética, sino en analizar cómo factores como la alimentación, el entorno y el estilo de vida pueden modificar lo que durante años se creyó una protección natural frente a enfermedades de alta incidencia mundial.

Si esa tendencia se confirma, el investigador considera que el próximo gran descubrimiento sobre el síndrome de Laron no estará relacionado con la genética, sino con la forma en que el ambiente puede cambiar el curso de una enfermedad rara que convirtió a Ecuador en un referente para la ciencia.

Aveiga sostuvo que la decisión responde a presuntas irregularidades detectadas en la gestión de varios hospitales. Según afirmó, en algunos casos gerentes y directores habrían obtenido beneficios económicos a partir de los procesos de compras públicas, una práctica que, aseguró, ha causado un grave perjuicio al sistema nacional de salud.

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Intervención en hospitales y cambios de autoridades

Para ejecutar este proceso, Reimberg informó que el Ministerio del Interior trabajará de manera conjunta con el Ministerio de Salud en un plan de intervención masiva en los hospitales públicos. El objetivo, explicó, es respaldar la depuración de funcionarios y fortalecer los controles dentro de la red hospitalaria.

Ambos ministros revelaron que, en las últimas horas, han recibido llamadas y mensajes de personas que buscan gestionar reuniones o influir para mantener en sus cargos a funcionarios que actualmente laboran en los hospitales públicos.

Ante esta situación, Reimberg advirtió que hará públicos los nombres de quienes intenten ejercer presiones o realizar gestiones para frenar los cambios impulsados por la cartera de Salud.

"Hay mafias que están dentro del sistema hospitalario, que están bien agarradas ahí dentro y creen que nadie las podrá sacar. Esto se acabó. Dejen de mandar mensajes u ofertas. Eso no funciona en este Gobierno", afirmó el ministro del Interior.

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Compra de medicinas y controles en farmacias

Durante la rueda de prensa, Aveiga también se refirió al proceso para la eventual compra de medicamentos a la India. El ministro precisó que la iniciativa continúa en evaluación y que, por el momento, no existe una fecha definida para concretar la primera adquisición.

Según explicó, el proyecto sigue en revisión permanente y los avances se comunicarán cuando existan definiciones oficiales.

"Eso está todavía activo, estoy revisando constantemente todos los días. Estamos trabajando constantemente para hacer la primera compra de medicinas (a la India). Todavía no tengo una fecha. Estamos en investigaciones. Con la empresa pública de compra de medicamentos vamos a acabar el negocio donde el vendedor entra y sale, y se corroe el sistema", señaló Aveiga.

Por su parte, Reimberg anunció que el Gobierno también desplegará operativos en centros de salud y farmacias ubicadas en los alrededores de los hospitales públicos. La medida busca impedir que las presuntas redes de corrupción se trasladen a establecimientos cercanos como respuesta a la intervención estatal.

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Chevron busca ejecutar un laudo de $224,3 millones

La acción judicial pretende que los tribunales estadounidenses obliguen al Estado ecuatoriano a cumplir con las obligaciones económicas establecidas en ese fallo arbitral.

De acuerdo con los documentos presentados ante la corte, el monto reclamado asciende a $224,3 millones, cifra que comprende la indemnización determinada en el laudo, los intereses generados antes de la decisión arbitral y los recargos acumulados hasta el momento en que se presentó la demanda.

Chevron y TexPet sostienen que Ecuador no ha realizado ningún pago de las sumas ordenadas por el tribunal arbitral. Ante esa negativa, las empresas optaron por acudir a la justicia estadounidense para buscar la ejecución y el cobro del laudo.

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¿Cómo se originó la disputa entre Chevron y Ecuador?

El litigio tiene su origen en un arbitraje iniciado en 2009 bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, mediante el cual Chevron alegó que el Estado incumplió sus obligaciones internacionales al permitir que avanzara el denominado caso Lago Agrio, un proceso judicial en el que la petrolera fue condenada por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana.

En agosto de 2018, un tribunal arbitral administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya determinó que Ecuador incumplió el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos y concluyó que la sentencia del caso Lago Agrio fue obtenida mediante fraude y corrupción, por lo que ordenó al Estado adoptar medidas para impedir su ejecución.

Posteriormente, el 17 de noviembre de 2025, el mismo tribunal emitió un nuevo laudo que fijó una compensación económica a favor de Chevron y TexPet por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de esas obligaciones internacionales.

Ahora, con la demanda presentada en la Corte del Distrito de Columbia, la petrolera busca que la justicia estadounidense reconozca ese laudo arbitral y permita ejecutar el cobro de los $224,3 millones reclamados.

Lo que debes saber

• La ATM difundió un video de 40 segundos que se volvió viral.
• La entidad asegura que un ciudadano intentó sobornar a un agente durante un operativo de retención de motocicletas y denuncia agresiones contra su personal.

Un video de apenas 40 segundos, compartido por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), se volvió viral en redes sociales al mostrar parte de un operativo de control en Guayaquil. La entidad rechazó las agresiones contra sus agentes y denunció un presunto intento de soborno durante la retención de una motocicleta.

En el audiovisual se escucha el diálogo entre un agente de tránsito y un ciudadano mientras se desarrolla un procedimiento de retención de motocicletas. En las imágenes se observa a varias motos siendo retiradas durante el operativo.

Según la ATM, el hecho ocurrió la tarde del lunes 20 de julio, cuando agentes ejecutaban un control del uso del espacio público. La institución aseguró que, durante el procedimiento, un ciudadano intentó ofrecer dinero al uniformado para evitar la retención de su motocicleta.

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La entidad señaló que, tras el presunto intento de soborno, se registraron agresiones contra el personal operativo que participaba en el control.

"Nuestros agentes continuarán realizando controles en toda la ciudad, actuando con estricto apego a los principios de legalidad, ética y transparencia. La ATM no tolerará intentos de soborno ni actos de violencia contra sus servidores y mantendrá firmemente su compromiso de hacer cumplir la ley en beneficio de la seguridad vial y el orden en el espacio público", indicó la institución.

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La ATM, dirigida actualmente por Édgar Lupera, difundió el video como parte de un pronunciamiento institucional para rechazar cualquier acto de violencia contra sus funcionarios durante los operativos.

Contexto de polémicas recientes

La difusión del video ocurre en un contexto en el que la ATM ha enfrentado cuestionamientos por otros casos en los que agentes de tránsito han sido señalados por presuntos actos irregulares, hechos que han generado debate ciudadano y amplia repercusión en redes sociales.

Según explicó, Lizeth vivía con sus padres en El Tingo, en el valle de Los Chillos. La noche del sábado salió de la vivienda junto a su novio y tenía previsto regresar cerca de las 22:30, pero nunca volvió.

Ante su ausencia, su padre comenzó a contactarla por mensajes para saber dónde se encontraba. Jorge contó que Lizeth respondió en varias ocasiones indicando que estaba bien y que regresaría pronto. El último mensaje, según su versión, habría llegado cerca de las 17:30 del domingo.

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El hermano de la víctima señaló que, de acuerdo con la información que la familia ha recopilado, Lizeth salió con su pareja y luego ambos se encontraron con amigos del novio. Posteriormente, habría ocurrido una discusión entre la pareja y la mujer se habría quedado con uno de los acompañantes.

“Ella sale el sábado con el novio y ahí se reúne con esos amigos. Supuestamente el novio se molesta y ella termina quedándose con el amigo del novio. Ahí desaparece y ya no sabemos más”, relató.

Jorge aseguró que, según los registros de cámaras revisados por las autoridades, el hombre habría salido solo del lugar durante la madrugada, aproximadamente a las 05:00.

Uno de los puntos que genera cuestionamientos para la familia es el tiempo que pasó antes de que se reportara la situación a la Policía. Según el hermano, el hombre habría regresado a su vivienda, cambiado de ropa y realizado la llamada a las autoridades entre las 20:10 y 20:30 del domingo. La familia, afirmó, fue informada cerca de la medianoche.

El familiar indicó que la versión entregada a la Policía fue que “la amiga se le cayó”, explicación que, según dijo, no resulta clara para sus allegados.

Jorge también cuestionó las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo de Lizeth y aseguró que, según conversaciones con personal del Cuerpo de Bomberos, existen aspectos que todavía deben ser analizados dentro de la investigación.

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“Ella vivía con mis padres y cuidaba a mi mamá”

Además de pedir respuestas sobre el caso, Jorge recordó la vida de su hermana. Contó que Lizeth tenía un hijo de nueve años, estaba separada de su esposo y residía junto a sus padres en El Tingo, donde se dedicaba principalmente al cuidado de su madre.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares de Lizeth Bunshi acudieron al lugar donde se realizaron las labores de búsqueda, con la participación de equipos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Lo que debes saber

• HRW pidió el 21 de julio investigar cooperación EE. UU.-Ecuador por presuntos abusos.
• Informe documenta torturas y detenciones en San Martín, frontera con Colombia, en marzo
• HRW analiza ataques a pescadores cerca de Galápagos y desaparición del barco Fiorella.

Human Rights Watch (HRW) solicitó al Congreso de Estados Unidos revisar de forma urgente la cooperación en seguridad que mantiene con Ecuador, al considerar que esta se desarrolla en un contexto marcado por denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. El pedido forma parte de un informe de 105 páginas publicado este 21 de julio de 2026.

La organización presentó el documento titulado "Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador", en el que recoge testimonios, documentos e información relacionada con operaciones de seguridad desarrolladas durante los primeros meses de 2026.

Denuncias en operativo fronterizo

Según HRW, entre el 1 y el 6 de marzo de 2026 se ejecutó una operación en la comunidad de San Martín, ubicada en la frontera entre Ecuador y Colombia, en la que participaron militares ecuatorianos junto con personal estadounidense.

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El informe sostiene que durante el operativo fueron incendiadas tres propiedades, dos de ellas afectadas por bombardeos aéreos. Además, cuatro trabajadores de una finca lechera habrían sido detenidos arbitrariamente y sometidos a actos de tortura durante su permanencia bajo custodia.

Las autoridades señalaron que la intervención estaba dirigida contra el grupo armado Comandos de la Frontera. Sin embargo, Human Rights Watch afirma que no encontró evidencia que vincule a los detenidos o a las propiedades intervenidas con estructuras criminales.

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Ataques a embarcaciones y pescadores desaparecidos

La investigación también analiza incidentes ocurridos en aguas cercanas a Ecuador. Entre ellos se encuentran los ataques contra las embarcaciones pesqueras La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, registrados el 17 y el 26 de marzo de 2026.

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Asimismo, el informe menciona la desaparición de la embarcación Fiorella, ocurrida el 20 de enero de 2026 con ocho tripulantes a bordo.

De acuerdo con testimonios recopilados por la organización, algunos sobrevivientes indicaron que, tras ataques realizados con drones, fueron interceptados por individuos que portaban uniformes con insignias de la bandera estadounidense y posteriormente entregados a la Guardia Costera de El Salvador.

Respuesta de autoridades estadounidenses

Según el informe, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos rechazaron cualquier responsabilidad en los hechos denunciados. Sin embargo, Human Rights Watch concluyó que es probable que autoridades estadounidenses hayan tenido algún grado de participación o conocimiento de los incidentes investigados. 

La organización señaló además que solicitó información al Gobierno de Daniel Noboa y a la administración estadounidense, sin recibir respuestas hasta la publicación del documento.

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Recomendaciones de Human Rights Watch

Para la elaboración del informe, HRW informó que entrevistó a 62 personas entre marzo y junio de 2026, además de revisar más de 100 fotografías, videos, imágenes satelitales, documentos médicos, expedientes judiciales y registros de monitoreo de embarcaciones.

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Además de solicitar una investigación legislativa en Estados Unidos, la organización instó al Gobierno ecuatoriano a reconsiderar la declaratoria de conflicto armado interno y fortalecer las capacidades del sistema judicial para enfrentar al crimen organizado. 

Human Rights Watch sostiene que las operaciones de seguridad y la cooperación internacional deben estar acompañadas por mecanismos de control y rendición de cuentas que permitan esclarecer los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades.

Los puntos claves

• El Inamhi prevé lluvias de moderada y fuerte intensidad hasta el 24 de julio, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.
• El norte del Litoral y gran parte de la Amazonía concentrarán las precipitaciones más intensas, según la advertencia meteorológica vigente. 
• 
  El pronóstico coincide con la declaratoria de alerta naranja del COE Nacional por el avance del fenómeno de El Niño en 17 provincias del Ecuador.

La alerta por las lluvias ya no llega sola. Horas después de que el COE Nacional declarara la alerta naranja por el avance del fenómeno de El Niño, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia que anticipa varios días de precipitaciones de moderada y fuerte intensidad en el norte del Litoral y la Amazonía. El escenario, vigente hasta el 24 de julio, incrementa el riesgo de inundaciones, crecida de ríos y movimientos de tierra en las zonas más vulnerables del país.

Además de las lluvias, el Inamhi prevé tormentas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines oficiales y extremar precauciones en las zonas propensas a inundaciones y deslizamientos.

¿Qué provincias tendrán las lluvias más fuertes?

De acuerdo con la advertencia meteorológica, las condiciones más intensas se concentrarán en las siguientes provincias:

Litoral

Amazonía

En estas zonas se esperan los mayores acumulados de lluvia durante los próximos días, especialmente en horas de la tarde y la noche, cuando las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de tormentas.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Inamhi señala que la intensidad de las lluvias podría generar diversos efectos, especialmente en zonas donde los suelos ya presentan saturación de agua.

Entre los principales riesgos constan:

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

Aunque el mayor impacto se concentrará en la Costa norte y la Amazonía, el pronóstico también contempla lluvias dispersas en otras zonas del país.

En la Sierra podrían registrarse precipitaciones aisladas durante las tardes y noches, mientras que en otras provincias del Litoral se prevén lluvias ocasionales, especialmente hacia el interior de la región.

Estas condiciones responden al ingreso de humedad desde la cuenca amazónica y el océano Pacífico, además de otros factores atmosféricos que favorecen la formación de nubosidad y tormentas.

La alerta coincide con el avance del fenómeno de El Niño

El pronóstico del Inamhi llega apenas un día después de que el COE Nacional resolviera elevar de amarilla a naranja la alerta por el avance del fenómeno de El Niño.

La decisión abarca 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias identificados como altamente expuestos a los efectos de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

Como parte de esa resolución, el COE dispuso fortalecer el monitoreo permanente de las condiciones climáticas, intensificar la coordinación entre las instituciones de respuesta y acelerar las acciones preventivas en los territorios considerados de mayor vulnerabilidad.

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Entre las medidas anunciadas también consta la actualización de los planes de contingencia, la revisión de albergues temporales y el fortalecimiento de la difusión de información hacia la ciudadanía para reducir riesgos antes de que las condiciones climáticas se intensifiquen.

¿Qué implica el fenómeno de El Niño?

El fenómeno de El Niño se produce cuando la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial registra un calentamiento sostenido por encima de sus valores normales. En Ecuador, este comportamiento suele modificar los patrones habituales del clima, favoreciendo lluvias más frecuentes e intensas en buena parte del Litoral y generando impactos que pueden extenderse durante varios meses.

Sin embargo, los expertos recuerdan que un episodio de lluvias no significa, por sí solo, que el fenómeno haya alcanzado su mayor intensidad. Su evolución depende de diversos factores oceánicos y atmosféricos que son evaluados de manera permanente por organismos nacionales e internacionales.

Por ello, el Inamhi mantiene un seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas y actualiza sus advertencias conforme evolucionan los sistemas atmosféricos.

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Recomendaciones para la ciudadanía

Ante el pronóstico vigente hasta el 24 de julio, las autoridades recomiendan a la población:

Aunque el mayor impacto se prevé en el norte del Litoral y la Amazonía, el Inamhi insiste en que las condiciones atmosféricas pueden cambiar rápidamente. Por ello, recomienda seguir las actualizaciones de sus boletines durante los próximos días, especialmente en las zonas donde existe mayor riesgo de inundaciones o deslizamientos.

Las claves del caso

• El COE Nacional declaró la alerta naranja en 17 provincias tras confirmarse la activación del fenómeno de El Niño en Ecuador.
• Las autoridades aprobaron un plan nacional de respuesta y ordenaron informes técnicos quincenales para monitorear la evolución del evento.
• Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y otras provincias concentran decenas de cantones considerados vulnerables ante lluvias intensas.

La preocupación por la llegada del fenómeno de El Niño vuelve a crecer en Ecuador. Tras varios meses de monitoreo, las autoridades confirmaron que el evento climático ya se encuentra activo, lo que incrementa el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y abruptas en distintos puntos del país.

Con este panorama, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional mantuvo una reunión en la sede del ECU 911 de Samborondón, donde se analizaron las condiciones actuales del fenómeno y las acciones que deberán ejecutarse en los próximos meses.

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COE declara alerta naranja en 17 provincias

La sesión fue presidida por Roberto Luque, presidente del COE Nacional, junto con representantes del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN).

Como resultado del encuentro, las autoridades confirmaron que 17 provincias del Ecuador fueron declaradas en alerta naranja, debido al incremento de la probabilidad de impactos asociados al fenómeno.

Dentro de estas jurisdicciones existen 143 cantones considerados vulnerables.

Tres resoluciones para enfrentar el fenómeno

Durante la reunión también se adoptarán varias medidas para fortalecer la respuesta del Estado frente al fenómeno climático. La primera resolución consiste en aprobar el Plan de Acción Nacional frente al Fenómeno de El Niño , el cual deberá ejecutarse como una prioridad para todas las instituciones involucradas en la gestión del riesgo. 

Asimismo, se dispuso que los organismos que integran el Comité Erfen presentan informes de actualización cada 15 días, con el objetivo de mantener un monitoreo permanente sobre la evolución del evento y sus posibles efectos en el territorio nacional.

Finalmente, el COE encargó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en coordinación con la Secretaría Nacional de Comunicación, desarrollar una estrategia informativa para mantener a la población al tanto de los riesgos, recomendaciones y preventivas.

Crece la preocupación entre la ciudadanía

La activación oficial del fenómeno ha despertado preocupación entre millas de ecuatorianos, especialmente en ciudades como Guayaquil, donde durante eventos anteriores de El Niño se registraron inundaciones, daños en viviendas, colapso de vías y problemas en los sistemas de drenaje.

Lo que debes saber

• Noboa propone tribunales militares en 2026 para policías y militares en Ecuador.
  
  
• Plan de Seguridad reabre debate sobre justicia militar eliminada en Ecuador desde 2008.
  
  
• Gobierno busca salas especializadas por operaciones de seguridad y crimen organizado.

La propuesta del Gobierno de Daniel Noboa de crear tribunales o salas especializadas para procesar casos relacionados con integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la justicia militar en Ecuador, una figura que desapareció con la entrada en vigencia de la Constitución de 2008.

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La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, oficializado mediante el Decreto Ejecutivo 448. Dentro de la denominada Estrategia de Seguridad 4.7, el documento plantea impulsar la instauración de tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de que los procesos relacionados con personal de las fuerzas de seguridad sean tramitados por instancias con conocimiento específico de la actividad operativa militar y policial.

Aunque la propuesta ha generado atención, el plan no detalla cómo funcionaría este sistema ni cuál sería el alcance de sus competencias. Tampoco se ha presentado hasta el momento un proyecto normativo que explique si se trataría de una jurisdicción separada o de salas especializadas integradas al sistema judicial ordinario.

Un modelo que existió en el país

La justicia militar formó parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano durante décadas. Bajo la Constitución de 1998, los miembros de la fuerza pública eran juzgados mediante procedimientos especiales. 

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El sistema incluía una Corte de Justicia Militar y consejos de guerra encargados de conocer infracciones vinculadas a la actividad castrense, como deserción, traición o sedición.

En ese esquema, oficiales de alto rango ejercían funciones judiciales y los procesos se desarrollaban bajo una estructura distinta a la de la justicia civil. Sus defensores sostenían que estas instancias respondían a las particularidades de la función militar, mientras que sus críticos cuestionaban que constituyeran una excepción al principio de igualdad ante la ley.

El cambio constitucional de 2008

La situación cambió con la Constitución aprobada en Montecristi. El nuevo texto incorporó el principio de unidad jurisdiccional, estableciendo que los integrantes de la fuerza pública debían ser juzgados dentro del sistema ordinario. Posteriormente, una resolución del Consejo de la Judicatura dispuso el cierre de las cortes militares y policiales.

Sin embargo, la propia Constitución contempló la creación de salas especializadas para conocer este tipo de materias. Según investigaciones, ese mandato nunca llegó a desarrollarse plenamente, por lo que actualmente estas causas son conocidas por jueces y tribunales penales ordinarios.

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Debate jurídico y operativo

La propuesta del Gobierno surge en un contexto marcado por la participación activa de militares y policías en la lucha contra el crimen organizado y el conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo.

Otros sectores han advertido históricamente que cualquier reforma debe garantizar la independencia judicial y evitar la reaparición de fueros especiales que puedan generar privilegios procesales. 

Lo que debes saber

• MSP convoca a médicos y profesionales de salud para el Año Rural 2026-2027.
• Registro de postulantes será del 1 al 7 de agosto mediante el sistema SGR.
• Plazas disponibles se publicarán el 9 de agosto antes del inicio del servicio rural.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó el proceso de postulación para el Año de Salud Rural y Servicio Social 2026-2027, dirigido a profesionales de la salud que iniciarán actividades entre septiembre de 2026 y agosto de 2027.

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La convocatoria está dirigida a

que cumplan con los requisitos establecidos por la institución para acceder a una plaza de servicio rural en el sistema público de salud.

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Requisitos para postular al Año de Salud Rural 2026

Los profesionales interesados deberán contar con la siguiente documentación:

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Los postulantes deberán ingresar al Sistema de Gestión de Rurales (SGR) del MSP para completar su inscripción, de acuerdo con el último dígito de su cédula o documento de identidad.

El registro estará habilitado desde el 1 hasta el 7 de agosto de 2026, en horario de 08:00 a 17:00, según el siguiente calendario:

Último dígito de cédula Fecha de registro

El trámite se realizará a través del portal del Sistema de Gestión de Rurales (SGR): https://sgr.msp.gob.ec/sgr.

Publicación de postulantes y plazas disponibles

El MSP informó que la lista de profesionales registrados será publicada el sábado 8 de agosto de 2026 en la página institucional del Ministerio de Salud Pública.

Posteriormente, el domingo 9 de agosto de 2026 se difundirá la información sobre las plazas disponibles para la elección de los profesionales. Los datos incluirán el establecimiento de salud, unidad operativa, provincia, nivel de atención y otros detalles necesarios para el proceso.

El Año de Salud Rural y Servicio Social comenzará el 2 de septiembre de 2026.

El Ministerio de Salud Pública recomendó a los postulantes mantenerse informados mediante sus canales oficiales para conocer actualizaciones, requisitos adicionales o novedades del proceso.

Lo que debe saber

• Gobierno activa un nuevo nivel de prevención en 17 provincias tras confirmar una de las condiciones que anticipan lluvias intensas.
• El aumento de entre tres y cuatro grados en la temperatura del océano acelera las medidas de preparación frente al fenómeno.
• El Ejecutivo pide a municipios y prefecturas ejecutar obras urgentes en sistemas de agua y ríos para reducir el impacto de posibles inundaciones.

El Gobierno Nacional decidió elevar de alerta amarilla a naranja el nivel de alerta por el fenómeno de El Niño. La mañana de este 21 de julio de 2026, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, señaló que ya se cumple una de las condiciones para prever la llegada del fenómeno natural.

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Luque explicó que, tras el seguimiento realizado por el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) y con base en la situación de los países donde ya se ha declarado la presencia del fenómeno, se determinó que la temperatura del océano aumentó entre tres y cuatro grados con respecto al promedio de años anteriores en la zona Litoral.

“Este es el primer componente importante que se tiene dar para uno de los efectos del Fenómeno del Niño, como son las intensas lluvias. Podemos decir que la primera condición está dada”, aseguró el ministro.

También se refirió a las medidas adoptadas por el Gobierno como parte de la etapa de prevención. Indicó que, desde el año pasado, se han invertido cerca de 600 millones de dólares en infraestructura educativa, compra de maquinaria y fortalecimiento de centros de salud.

Coordinación con los GAD

Un elemento clave del plan para enfrentar las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño en Ecuador es el trabajo conjunto entre el Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Sobre ese punto, Luque señaló que se esperan varias acciones tanto de los municipios como de las prefecturas. Mencionó la necesidad de que los cabildos responsables de los sistemas de agua potable inicien el mantenimiento de las captaciones de agua. En cuanto a las prefecturas, indicó que será indispensable intervenir en los ríos para reducir el riesgo de inundaciones.

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Luque recordó que, si el fenómeno de El Niño alcanza la intensidad prevista por los analistas, habrá inundaciones y, por ende, daños en la infraestructura. Insistió en que el reto es ejecutar todas las acciones necesarias antes de que se produzca la emergencia.

¿Qué determinó el COE Nacional?

La noche del 20 de julio de 2026, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional se reunió en el cantón Samborondón, provincia del Guayas. Roberto Luque, presidente del COE Nacional, y Carolina Lozano, secretaria de Gestión de Riesgos, encabezaron la reunión. 

En la cita participaron representantes del Comité ERFEN, del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) y del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

"Vamos a pasar el día de hoy, a través de resolución de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, de alerta amarilla a alerta naranja para las 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias", manifestó Lozano.

En mayo pasado, el COE Nacional declaró la alerta amarilla en 17 provincias para fortalecer las acciones de prevención ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Las provincias que pasarán a alerta naranja son:

Ecuador

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Una investigación iniciada en Guayaquil, a la que Diario EXPRESO tuvo acceso, muestra cómo funciona esta modalidad. 

Dos empleados de un comerciante de línea blanca, con un local en el centro de la ciudad, lo habrían ‘vendido’, al proporcionar información para extorsionarlo e, incluso, retirar el dinero obtenido mediante amenazas.

¿Cómo funciona?

Para Nelson Yépez, experto en seguridad, una de las formas más frecuentes de obtener información para cometer este delito es precisamente a través de personas cercanas a la víctima.

“En el caso de los empleados, es posible que en algún momento tengan contacto con integrantes de grupos de delincuencia organizada, ya sea por el entorno donde viven o por los lugares que frecuentan. A partir de ese acercamiento comienzan a facilitar información que luego es utilizada para cometer la extorsión”, alerta Yépez.

Conocían sus movimientos

Según la investigación, el comerciante comenzó a recibir mensajes extorsivos desde el 8 de julio de 2026. Los textos exigían el pago de 30.000 dólares para no atentar contra su vida ni la de su familia. Los presuntos extorsionadores demostraban conocer información reservada sobre la víctima.

El jueves 9 de julio, el comerciante realizó un primer pago mediante la modalidad de Efectivo Móvil, que consiste en un retiro sin tarjeta a través de un cajero automático. “Manda la foto. No estés jugando”, decía uno de los mensajes, en el que los extorsionadores exigían la captura de pantalla con el código para retirar el dinero.

Sin embargo, las intimidaciones continuaron y los sospechosos fijaron como nueva fecha límite el 13 de julio. La víctima relató en su testimonio que los criminales en sus mensajes lo amenazaban con hacer “volar” (explotar) su local.

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Ante el temor, alertó al ECU-911, lo que permitió el inicio de las investigaciones.

La pista salió de adentro

Las diligencias condujeron a la ubicación de Jefferson Curillo, propietario de una de las líneas telefónicas utilizadas para la presunta extorsión, en el sector Juan Montalvo, del noroeste porteño.

El sospechoso fue aprehendido y, según el parte policial, reconoció que enviaba los mensajes extorsivos junto con su amigo Andrés Chilán. Al momento de su captura, Chilán habría intentado huir, pero fue interceptado por los agentes.

Durante su versión, Chilán presuntamente reveló que Juan Morán y Anthony Zambrano eran quienes proporcionaban información sobre la víctima. Ambos fueron detenidos y posteriormente identificados por el comerciante como trabajadores de su negocio.

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El dato permite observar uno de los puntos más vulnerables frente a este delito: la información que se comparte o queda al alcance de quienes conocen de cerca las actividades de una persona.

Por eso, el especialista en seguridad John Garaycoa recomienda que, al recibir mensajes extorsivos, las investigaciones comiencen por el círculo más cercano de la víctima.

“El principal eslabón de la cadena de seguridad es la persona. Con cualquier pretexto, los delincuentes buscan acercarse a la víctima para ganar su confianza y obtener información”, señala.

Una vez descartadas posibles filtraciones dentro del entorno cercano, Garaycoa aconseja recurrir a profesionales especializados para manejar este tipo de casos.

Como parte de las evidencias dentro de este proceso, los agentes policiales incautaron cinco teléfonos celulares. Un juez dictó prisión preventiva para los cuatro procesados por el presunto delito de extorsión, mientras continúan las investigaciones.

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Operación a distancia

El fiscal César Peña explica que las organizaciones dedicadas a la extorsión suelen operar mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o visitas a los lugares de trabajo de las víctimas. En algunos casos, también dejan panfletos con amenazas y exigencias de pago.

Aunque las amenazas pueden realizarse desde números extranjeros o desde lugares alejados, su precisión suele depender de información obtenida previamente sobre la víctima, sus familiares, sus propiedades o sus rutinas.

La extorsión consiste en obligar a una persona, mediante violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto con el fin de obtener un beneficio económico, en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

Peña indica que la pena máxima para este delito puede alcanzar los 21 años y cinco meses de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes. “Las personas deben evitar responder mensajes o llamadas sospechosas y ser muy cuidadosas con la información que comparten, incluso con amigos, conocidos, vecinos o, en ciertos casos, con miembros de su propia familia”, aconseja el fiscal. AR