Lo que se sabe

• El organismo de Naciones Unidas prevé que el fenómeno será muy fuerte y que persistirá hasta febrero del 2027
• La secretaria de la OMM pidió a los países tomar medidas preventivas
• La agricultura será uno de los sectores más golpeados por El Niño

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó, este jueves 3 de septiembre de 2026, que el fenómeno de El Niño se intensificará aún más hasta ser muy fuerte y que persistirá al menos hasta febrero del 2027, alterando las pautas de lluvias y temperaturas en todo el mundo.

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"El episodio de El Niño se ha consolidado y en los próximos meses se intensificará hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte", según coinciden los pronósticos de expertos y de los organismos más avanzados de todo el mundo que estudian este fenómeno.

Los cambios en la temperatura y patrones de lluvia aumentarán los riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo, reconoció Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, uno de los principales organismos científicos de Naciones Unidas.

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¿Cuáles son los primeros estragos de El Niño?

En regiones como Centroamérica, la alteración de las lluvias ha provocado una fuerte sequía y escasez de agua, lo que ha sido catastrófico para los cultivos de maíz. Miles de familias campesinas ya están afectadas.

En la India las lluvias del monzón han estado por debajo de lo normal en agosto y se espera que estas condiciones se mantengan en septiembre, lo que también tendrá efectos perjudiciales en la agricultura.

Desde una perspectiva social, el impacto más grave es la disminución de la producción agrícola, con lo cual las comunidades pierden su acceso a los alimentos y en el resto del mundo los precios aumentan.

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Menos temor y más acción para prevenir efectos de El Niño

Saulo sostuvo que "este episodio excepcional de El Niño exige medidas de preparación y respuesta excepcionales" y destacó la movilización sin precedentes de los servicios meteorológicos e hidrológicos de todos los países.

"He dicho esto antes y lo repetiré una vez más: El Niño no tiene por qué ser una receta para el desastre. Tenemos las previsiones y la capacidad de anticipación necesarias para salvar vidas y proteger los medios de subsistencia", dijo Saulo.

Insistió en que más allá de confirmar que El Niño se intensificará hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte, lo que ha querido transmitir hoy es un "llamado a la acción".

"La ciencia es clara. Tenemos los conocimientos y las herramientas necesarias para evitar que los peligros relacionados con El Niño se conviertan en una crisis", declaró.

En ese sentido, expuso ejemplos de lo que se hace en varios países:

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El jefe de Predicción Climática de la OMM, Wilfran Moufouma-Okia, señaló que las previsiones indican una probabilidad cercana a 100 % de que El Niño persistirá durante septiembre y noviembre y que seguirá activo hasta febrero del 2027, pero agregó que esto no significa automáticamente que se producirán los desastres naturales que tanto se temen.

"Esto no significa que exista una probabilidad del 100 % de que se produzca una inundación, una sequía o incluso una ola de calor en un país determinado", aseguró.

Por ello, Saulo defendió que es el momento para que los gobiernos tomen decisiones en materia de producción agrícola, eligiendo -por ejemplo- qué tipos de semilla es adecuado plantar, si se espera más lluvia o, por el contrario, si se prevé escasez de agua o se esperan temperaturas más elevadas.

Lo que debes saber

• El TCE ratificó que la inscripción de Hermosa no se completó dentro del plazo establecido.
• La candidatura enfrentó un inconveniente relacionado con la paridad de género.
• El Tribunal descartó que hubiera una falla técnica y rechazó reabrir el proceso electoral.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por la Alianza Política “Juntos por la Transformación”, Listas 70-17, y Mónica Anabel Hermosa Acosta, y ratificó la resolución de la Junta Provincial Electoral de Imbabura que impidió su inscripción para la Alcaldía de Otavalo. La decisión consta en la sentencia de la Causa Nro. 155-2026-TCE, dictada el 30 de agosto de 2026.

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La inscripción quedó inconclusa

Según el fallo, Hermosa ingresó como reemplazo de Nelson Enrique Velásquez Males, quien había sido proclamado inicialmente como precandidato a la Alcaldía de Otavalo por el Partido Socialista Ecuatoriano, Lista 17. Sin embargo, aunque el TCE reconoce que la sustitución permitió que Hermosa adquiriera la calidad de precandidata, aclara que ese registro no significaba que la solicitud de inscripción hubiera sido formalmente concluida.

La sentencia establece que la información de Hermosa fue ingresada en el Sistema Informático de Inscripción de Candidaturas, pero la postulación de Otavalo permaneció en estado “impresión formulario”. A diferencia de otras candidaturas de la misma alianza, que constaban como “finalizada la inscripción”, esta solicitud no llegó a completarse antes de las 18:00 del 17 de agosto de 2026, fecha límite para esa etapa.

Además, el TCE determinó que la dificultad no se originó en una falla técnica de la plataforma, sino en el incumplimiento de la regla de paridad de género. Al intentar completar el formulario correspondiente a Otavalo, el sistema emitió el mensaje de que la alianza “no cumple con la validación de porcentaje de listas encabezadas por mujeres”, debido a que no alcanzaba el 50 % exigido para las candidaturas a alcaldías a escala provincial.

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El Tribunal descartó una falla administrativa

Frente a ello, las demandante sostuvieron que la situación podía solucionarse con el procesamiento de la renuncia de Silvia Consuelo Terán Santacruz, precandidata a la Alcaldía de Urcuquí, pues su reemplazo habría modificado la conformación provincial de las candidaturas encabezadas por mujeres. No obstante, el Tribunal concluyó que no existía sustento jurídico para admitir una inscripción condicionada a que se tramitara posteriormente la renuncia de otra candidatura, ni para reabrir una etapa electoral cuyo plazo ya había concluido.

Asimismo, las demandantes atribuyeron a la administración electoral una supuesta falta de diligencia por no haber procesado oportunamente la renuncia de Terán Santacruz. El TCE descartó esa acusación y señaló que la renuncia fue presentada el 16 de agosto y reiterada el 17 de agosto a las 15:18, mientras que la Junta realizó las actuaciones correspondientes y emitió su resolución el 19 de agosto, por lo que no se configuró la alegada inacción administrativa.

Finalmente, el Tribunal enfatizó que las etapas del proceso electoral están sujetas al principio de preclusión y que sus plazos son fijos e improrrogables, por lo que el principio pro-participación no permite crear excepciones a las reglas establecidas. En consecuencia, al no haberse finalizado la inscripción dentro del plazo y al no cumplirse la exigencia de paridad provincial, el TCE negó el recurso y mantuvo la decisión que dejó fuera de la contienda a Hermosa, quien iba por la reelección.

EXPRESO intentó obtener la reacción de la actual alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, sobre la decisión del TCE y su exclusión de la contienda electoral. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:50:56, tuvo una magnitud de 3,4 y se registró a una profundidad de 73 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 20,58 kilómetros de Velasco Ibarra, en la provincia de Guayas, en las coordenadas 0,936° S y 79,782° O.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones relacionadas con este evento.

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Primer sismo

Cerca de las 09:10 de este jueves también se registró otro movimiento telúrico en Ecuador. El sismo tuvo una magnitud de 3,2 y se localizó cerca de Puyo, en Pastaza, a una profundidad de 162 kilómetros.

Zona de alta actividad sísmica

El evento forma parte de la actividad sísmica habitual que registra Ecuador debido a su ubicación en una zona de alta actividad tectónica.

Los puntos claves

• Gisella Bayona anunció este 2 de septiembre que deja el ejercicio periodístico, pero no ha revelado cuál será su siguiente paso profesional.
• La periodista tampoco ha aclarado si su salida del periodismo será definitiva o temporal.
• Fundamedios alertó sobre una campaña digital contra Bayona: entre el 28 y el 31 de agosto se registraron más de 1.300 publicaciones relacionadas con esa narrativa.
  
• Lupa Media identificó capturas manipuladas de documentos de la Fiscalía y afirmaciones sin sustento dentro de las publicaciones difundidas contra Bayona.

La despedida de Gisella Bayona del periodismo deja ahora otra pregunta: ¿qué viene después? La periodista anunció el pasado 2 de septiembre que se aleja del ejercicio periodístico, tras varios días en los que su nombre y el de su esposo, José Roberto Alvear, quedaron en medio de una campaña de señalamientos en redes sociales.

La polémica comenzó luego de unas declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien habló el 28 de agosto, durante una entrevista radial, de una comunicadora que sería proveedora del sistema de salud y cuya pareja tendría vínculos con las llamadas “mafias eléctricas”. Aunque no mencionó nombres, horas después varias cuentas identificaron a Bayona y a su esposo como los aludidos.

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Después vinieron publicaciones, acusaciones y documentos que, según verificó Lupa Media, incluían información manipulada, datos sacados de contexto y afirmaciones que no pudieron ser comprobadas.

En medio de ese escenario, Bayona decidió despedirse públicamente del periodismo.

“Hoy elijo a mi familia”

La comunicadora anunció su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales. Dijo que se alejaba para proteger a su familia.

“Señor presidente, usted ganó. Usted tiene el poder y los medios para implantar cualquier narrativa. Hoy elijo a mi familia”, expresó.

Bayona también rechazó las acusaciones que circularon en su contra y negó mantener negocios con el sistema de salud pública. Sobre su esposo, sostuvo que los procesos judiciales mencionados durante la polémica concluyeron a su favor y que él fue víctima y denunciante en un caso relacionado con un exsocio.

Pero su mensaje dejó una duda: ¿qué pasará ahora con Gisella Bayona?

La salida que no es como la de TC Televisión

Esta no es la primera vez que Bayona deja un espacio en los medios. En enero de 2026 salió de TC Televisión, como parte de una reestructuración interna que incluyó la desvinculación de varios talentos del canal.

Pero entonces no dejó el periodismo. Después de su salida de la televisora, Bayona continuó activa en redes sociales, donde siguió publicando contenidos y opiniones sobre la coyuntura nacional.

Esta vez, en cambio, fue ella quien anunció que se aparta del ejercicio periodístico. Hasta ahora, Bayona no ha dado más detalles sobre lo que viene después de esta decisión.

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Más de 1.300 publicaciones en cuatro días

El anuncio llegó después de varios días de una intensa campaña en redes sociales.

Fundamedios alertó sobre lo que calificó como una campaña digital contra la periodista y pidió a la Fiscalía investigar el origen de los contenidos y determinar si existió coordinación entre las cuentas que difundieron los señalamientos.

Según el análisis de Lupa Media citado por la organización, entre el 28 y el 31 de agosto se registraron más de 1.300 publicaciones relacionadas con esta narrativa.

El monitoreo identificó alrededor de 907 usuarios, más de 76.000 interacciones y una audiencia potencial superior a los 2 millones de personas.

Además, Lupa Media identificó capturas manipuladas de documentos de la Fiscalía y otras afirmaciones que no pudieron ser demostradas.

Fundamedios pidió también que las autoridades eviten declaraciones que puedan terminar identificando o estigmatizando a periodistas y que, posteriormente, deriven en campañas de desprestigio.

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¿Qué viene ahora?

Por ahora, Gisella Bayona no ha precisado si su despedida del periodismo es definitiva o si se trata de una decisión tomada en medio de la situación que atravesó durante los últimos días.

Lo último que dejó claro fue la razón de su decisión. “Hoy elijo a mi familia”, dijo. 

La propuesta intenta cubrir un vacío legal frente al crecimiento de estos medios de transporte en Ecuador. Actualmente, varios vehículos eléctricos circulan sin matrícula, placa o una licencia específica, debido a que sus características técnicas no siempre permiten ubicarlos dentro de las categorías tradicionales.

El informe para segundo debate, elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, incorpora un capítulo dedicado a estos vehículos. La regulación no será igual para todos: dependerá de la potencia, velocidad, peso, diseño y capacidad de desplazamiento de cada modelo.

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¿Qué vehículos eléctricos quedarían sujetos a regulación?

La propuesta considera como vehículos eléctricos a los ciclomotores, motocicletas, triciclos, tricimotos, cuadrones y cuadriciclos destinados a la circulación vial, cuya propulsión sea total o parcialmente eléctrica.

Para determinar a qué categoría pertenece cada uno, se tomarán como referencia sus características técnicas y la normativa del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN).

La clasificación definitiva será establecida por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que deberá considerar factores como:

Este punto será determinante, porque no todos los vehículos eléctricos serán tratados de la misma manera. Una moto capaz de alcanzar velocidades similares a las de una motocicleta de combustión no tendría las mismas condiciones que un scooter liviano diseñado para recorridos cortos.

La propuesta también diferencia a las motos eléctricas de los vehículos de micromovilidad. Estos últimos son definidos como medios de transporte unipersonales, livianos y de baja velocidad, impulsados por fuerza humana, eléctrica o mixta.

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¿Será obligatoria una licencia para conducir motos eléctricas?

El proyecto no ordena directamente que todos los usuarios de motos eléctricas deban obtener una licencia convencional. Tampoco dispone, de manera general, que estos vehículos tengan que matricularse bajo las mismas condiciones que una motocicleta de combustión.

Lo que sí establece es la obligación de contar con un título habilitante, de acuerdo con la clasificación y las reglas que posteriormente expida la ANT.

Por tanto, será esta institución la que determine si ciertos vehículos eléctricos requieren una licencia especial, matrícula, registro u otro documento para circular. La decisión dependerá principalmente de su potencia, peso y velocidad.

El asambleísta Sergio Peña, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó que el título habilitante estará vinculado con un registro nacional administrado por la ANT. También indicó que la entidad podría exigir una licencia especial si lo considera necesario al elaborar el reglamento.

En consecuencia, todavía no es posible afirmar que todas las motos eléctricas necesitarán licencia. Ese requisito deberá precisarse en la normativa secundaria, si la reforma es aprobada por el Pleno.

Casco homologado y tasa por accidentes de tránsito

Las motos eléctricas clasificadas como motocicletas deberán cumplir obligaciones de seguridad, entre ellas el uso de un casco homologado.

La clasificación que realice la ANT también determinará el equipamiento mínimo exigido para scooters, monopatines y otros vehículos de micromovilidad. Esto podría incluir luces, elementos reflectivos, dispositivos de frenado y otras protecciones, según las características de cada unidad.

El proyecto también establece que los vehículos eléctricos deberán cancelar la tasa correspondiente al Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT). El valor y las condiciones de este aporte deberán determinarse posteriormente.

La inclusión en el SPPAT permitiría que los siniestros relacionados con estos vehículos se incorporen al sistema de protección para víctimas de accidentes de tránsito.

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Registro y lugares por los que podrán circular

La ANT deberá implementar un registro nacional para identificar a los vehículos eléctricos y de micromovilidad. Este mecanismo permitiría conocer al propietario, las características técnicas de la unidad y la categoría bajo la cual está autorizada para circular.

La reforma también encarga a la ANT establecer los límites de velocidad, el equipamiento obligatorio y las condiciones generales de circulación. Los municipios, por su parte, deberán regular los espacios permitidos dentro de cada cantón.

De esta manera, las autoridades definirán si determinados vehículos pueden circular por ciclovías, calles, avenidas u otras zonas. También podrán establecer espacios restringidos debido a la velocidad o al riesgo que representa cada categoría.

El informe para segundo debate señala que los lugares permitidos y prohibidos dependerán de la clasificación técnica de los vehículos.

¿Qué sanciones recibirían los conductores?

El texto debatido no fija todavía un cuadro específico de multas para cada incumplimiento relacionado con motos eléctricas. Las sanciones dependerán de la regulación que emita la ANT y de las ordenanzas aprobadas por los municipios.

Entre las conductas que podrían ser controladas se encuentran circular sin el título habilitante correspondiente, incumplir los límites de velocidad, desplazarse por zonas prohibidas o no utilizar el equipamiento de seguridad exigido.

Por ello, las multas no entrarían en vigor automáticamente con la aprobación de la reforma. Primero deberán definirse las categorías, requisitos y prohibiciones aplicables a cada clase de vehículo.

La regulación parte del proyecto conocido como Scooter Seguro, que fue unificado en enero de 2026 con las reformas generales a la Ley de Tránsito. Su objetivo es reducir los riesgos para conductores y peatones ante el aumento de la micromovilidad eléctrica en el país.

Lo que debes saber

• Maestros de los distritos Ambato 2 y Taisha reportan impagos del salario de agosto en el arranque del año lectivo 2026-2027.
• La falta de pago compromete de forma directa a 2.309 educadores fiscales en Tungurahua y Morona Santiago.
• En Guayaquil, 1.653 docentes del Distrito Pascuales 1 afrontan cuatro años de mora patronal sin acceso regular al seguro social.

Alrededor de 2.309 profesores fiscales de la Sierra y la Amazonía registran retrasos en el pago de sus remuneraciones correspondientes a agosto, en coincidencia con el inicio del año lectivo 2026-2027. La alerta fue presentada este jueves 3 de septiembre por la Unión Nacional de Educadores (UNE), que denunció afectaciones económicas directas a los docentes del Distrito 18D02 Ambato 2, en Tungurahua, y del Distrito 14D05 Taisha, en Morona Santiago, a las que se suman deudas por mora patronal en Guayaquil.

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Retrasos salariales afectan a docentes de Tungurahua y Morona Santiago

El gremio magisterial detalló que los problemas en la acreditación de haberes coinciden con los gastos iniciales del ciclo escolar en ambas regiones del país. Conforme a las cifras de rendición de cuentas oficiales del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura citadas en el reclamo, el número de educadores perjudicados se distribuye de la siguiente manera:

La organización gremial expuso que la falta de liquidación mensual impide cubrir requerimientos familiares básicos como alimentación, servicios básicos, listas de útiles escolares, mochilas, uniformes y el costo de transporte diario hacia los planteles educativos.

Mora patronal deja sin seguro social a profesores en Pascuales

A la falta de remuneraciones en la Sierra y Amazonía se suma el incumplimiento en los aportes patronales en la Costa ecuatoriana. El caso crítico se focaliza en Guayas, donde los docentes del Distrito 09D07 Pascuales 1, en Guayaquil, registran cuatro años con obligaciones patronales pendientes ante la seguridad social.

La dirigencia de la UNE señaló que las retenciones mensuales a las planillas se ejecutaron puntualmente, por lo que exigió al MinEdec transparentar los montos de la deuda, precisar las fechas en las que inició el desfase y regularizar tanto la mora patronal como los pagos pendientes de agosto.

De esta manera, el Ejecutivo alista el reemplazo del fallido proyecto con la firma Healthbird, el cual pretendía conectar tecnológicamente al MSP y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Para este nuevo intento, el presupuesto referencial asciende a $240 millones y contemplará una prestación de servicios extendida por más de siete años (un plazo de 2.649 días).

Sin embargo, la estructura del proceso repite un esquema cuestionado: un convenio entre instituciones públicas donde el Ministerio contratará directamente a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para que esta, a su vez, actúe como intermediaria.

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Adjudicación exprés a la firma italiana Dedalus

De acuerdo con la información registrada en el portal de Compras Públicas, la cartera de Salud prevé adjudicar el contrato de forma expedita, teniendo como fecha límite el 9 de septiembre.

La documentación presentada tanto por el Ministerio como por CNT apunta a que la empresa seleccionada para la provisión tecnológica es la italiana Dedalus.

El propio presidente Daniel Noboa ratificó el avance del trámite el pasado 28 de agosto durante una entrevista radial, en la que sostuvo que "en las próximas dos o tres semanas ya termina de hacerse todo el proceso burocrático y se empieza a aplicar en el MSP".

El perfil y alcance del nuevo aliado tecnológico

Fundada en 1982, Dedalus es una compañía de origen italiano especializada en software clínico con presencia en más de 40 países, que se autonombra como uno de los referentes globales en salud digital.

En 2016, la firma de inversión de capital privado francesa Ardian adquirió el 60% de sus acciones, participación que hoy alcanza el 92% y que impulsó una acelerada expansión en Europa mediante la compra de competidores locales.

Actualmente, la empresa ostenta el liderazgo en el mercado europeo de Historias Clínicas Electrónicas (EHR) y en el sector global por volumen de hospitales y camas operadas.

Según la presentación remitida a CNT, su tecnología impacta a más de 540 millones de personas, respaldando a 380.000 médicos, un millón de enfermeros y 13.200 centros sanitarios.

En el marco del proyecto nacional, Dedalus confirmó la finalización favorable de la verificación de prerrequisitos para establecer una sede local en Ecuador, proceso que se formalizará en paralelo a la firma de los acuerdos contractuales.

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Un esquema de intermediación y confidencialidad

A semejanza de lo ocurrido con Healthbird, el contrato operativo será suscrito entre CNT y Dedalus, lo que implica que el Ministerio de Salud no mantendrá una relación contractual directa con el proveedor del software.

Esta triangulación provocará que la documentación definitiva quede amparada bajo el régimen de secreto empresarial de CNT, ingresando a la lista de contratos exentos de transparentarse.

La propuesta económica de Dedalus —bajo un modelo de software como servicio (SaaS)— asciende a $117 millones (sin IVA) por los siete años de prestación, abarcando suscripciones, implementación, actualizaciones y mantenimiento.

No obstante, la tecnológica enfatizó ante CNT que su oferta no contempla la infraestructura tecnológica requerida para el despliegue, la cual deberá ser garantizada y suministrada en su totalidad por la corporación estatal.

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El peso financiero de la intermediación de CNT

El presupuesto total de $240 millones fijado por el MSP resulta de sumar la oferta de Dedalus ($117 millones) y los costos operativos fijados por CNT.

La empresa pública justificó dicho monto argumentando que asumirá el despliegue de infraestructura (servidores y bases de datos), la conectividad de los centros hospitalarios y un costo de integración equivalente al 20% sobre la propuesta de la firma italiana.

A este escenario económico se añade un factor normativo: al tratarse de un proceso de régimen especial entre entidades públicas, CNT está exenta de presentar garantías de fiel cumplimiento (equivalentes al 5% del valor total) y de buen uso del anticipo, independientemente de la magnitud de los recursos asignados.

El sismo tuvo una magnitud de 3.2, alcanzó una profundidad de 162.0 kilómetros y fue localizado a 35.11 kilómetros de Puyo.

El evento tuvo una ubicación de 1.804° S de latitud y 78.063° W de longitud. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas heridas a causa del movimiento telúrico.

Zona de alta actividad sísmica

El evento forma parte de la actividad sísmica habitual que registra Ecuador debido a su ubicación en una zona de alta actividad tectónica.

Lo que debes saber

• Ecuador, Colombia y EE. UU. analizan base fronteriza tras avance del crimen organizado en Tumaco y San Lorenzo.
• Disidencias FARC y bandas ecuatorianas controlan rutas entre Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos para mover droga.
• Expertos alertan que tensiones comerciales reactivan trochas usadas por narcotráfico, armas y contrabando.

La línea que divide a Ecuador y Colombia sigue apareciendo en los mapas. En el terreno, sin embargo, hace tiempo que dejó de ser una barrera para las organizaciones criminales. Disidencias de las FARC, bandas ecuatorianas, traficantes de armas, redes de contrabando y estructuras dedicadas a la minería ilegal operan hoy bajo una misma lógica: aprovechar una frontera porosa que les permite mover cocaína, explosivos, dinero y personas de un lado a otro con rapidez.

Ese escenario explica por qué Ecuador, Colombia y Estados Unidos analizan la creación de una base binacional en la frontera norte. La propuesta surgió durante reuniones realizadas en Tumaco y San Lorenzo, con la participación de autoridades de los tres países, dentro de la denominada Coalición de las Américas contra los Carteles del narcotráfico.

Aunque todavía no existe una decisión definitiva ni una ubicación establecida, el objetivo es fortalecer el intercambio de inteligencia y las operaciones coordinadas contra estructuras criminales transnacionales. La iniciativa responde a una realidad cada vez más evidente: los grupos ilegales ya no respetan límites territoriales.

El corredor criminal que conecta a grupos de Ecuador y Colombia

La frontera norte ecuatoriana se ha transformado en un corredor estratégico donde convergen disidencias de las FARC, como el Frente Oliver Sinisterra y Comandos de la Frontera, con organizaciones ecuatorianas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones. Estas alianzas buscan controlar puertos, rutas fluviales y pasos irregulares utilizados para exportar droga hacia Centroamérica y Europa.

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Los efectos de esa disputa son visibles en los indicadores de violencia. Durante los últimos tres años, Esmeraldas se ha mantenido como uno de los principales epicentros de homicidios del país y una de las provincias más golpeadas por las economías criminales.

Sucumbíos también ha registrado un crecimiento sostenido de asesinatos vinculados al narcotráfico. Mientras que Carchi, pese a presentar cifras menores, se ha consolidado como un territorio clave para el tránsito de estupefacientes y armas hacia el interior del Ecuador. La violencia no se expresa únicamente en homicidios. Las autoridades han reportado un aumento de extorsiones, secuestros, tráfico de armas, desplazamientos internos y enfrentamientos entre grupos rivales.

En varias zonas fronterizas también se han detectado campamentos clandestinos, laboratorios de procesamiento de droga y actividades de minería ilegal vinculadas a grupos armados. Las preocupaciones aumentaron este año debido a las tensiones comerciales entre Quito y Bogotá durante el mandato de Gustavo Petro.

Expertos alertan sobre el impacto de las tensiones bilaterales

Para el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia y actual director para América Latina del Security College, cuando el comercio legal se encarece, los mercados ilegales llenan ese vacío.

“El conflicto arancelario que tuvo Ecuador y Colombia no benefició a ninguno de los dos países. El más perjudicado siempre será Ecuador, que hoy enfrenta directamente al crimen organizado. Esta disputa va a reactivar trochas, pasos ilegales y corredores logísticos para droga, armas, minería ilegal y contrabando”, advierte.

Pazmiño recuerda además que Colombia concentra más de 270.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción superior a las 3.000 toneladas anuales. Según su análisis, cerca del 75 % de esa producción termina atravesando territorio ecuatoriano antes de dirigirse hacia mercados internacionales. Menciona que una eventual reducción de la cooperación binacional aceleraría el crecimiento del ecosistema criminal en la frontera norte.

Desde una perspectiva operativa, Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública, coincide en que el contrabando forma parte de la dinámica histórica de las zonas limítrofes. Sin embargo, alerta que las restricciones al tránsito formal amplían el espacio de acción de las organizaciones ilegales.

“Cuando se cierran pasos legales, incluso quienes operaban dentro de la legalidad empiezan a buscar rutas clandestinas. Eso fortalece a grupos irregulares”, sostiene.

También alerta sobre la paralización de las llamadas “operaciones espejo”, mecanismos mediante los cuales fuerzas de ambos países ejecutan acciones coordinadas a cada lado de la frontera. Sin esa coordinación aparece un “limbo operativo” que favorece la aparición de nuevas estructuras criminales.

Tumaco y San Lorenzo, puntos clave de la ruta del narcotráfico

La importancia de Tumaco y San Lorenzo dentro del tablero del narcotráfico explica buena parte del interés por una mayor cooperación. Tumaco, en el departamento colombiano de Nariño, es reconocido como uno de los principales puntos de salida de cocaína hacia el Pacífico.

Por su parte, San Lorenzo, en Esmeraldas, se conecta mediante esteros, manglares y rutas marítimas que facilitan el flujo de cargamentos hacia aguas internacionales. Ambos territorios funcionan como puertas complementarias de una misma cadena logística criminal.

La profesionalización de los servicios criminales

A ello se suma un fenómeno menos visible: la profesionalización del crimen. Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central de Colombia, señala que en el vecino país existe una especie de mercado de servicios criminales.

“Los delincuentes se han especializado en ofrecer servicios a distintas bandas, bajo un modelo de ‘outsourcing’ (subcontratación) delincuencial. Aquí se puede contratar cualquier tipo de servicio criminal, con altos niveles de profesionalización y a costos muy competitivos”, indica. Según el experto, migrantes haitianos y venezolanos terminan siendo captados por estos grupos debido a la vulnerabilidad económica.

Lo que debes saber

• El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que, en coordinación con el Gobierno de Ecuador, ejecutó una operación antidrogas en aguas internacionales del Pacífico Oriental.
• El operativo culminó con la interdicción y posterior hundimiento de una embarcación utilizada, según la inteligencia norteamericana, como plataforma de apoyo para el tráfico de drogas de la organización delictiva Los Choneros.
• Según Estados Unidos, la nave funcionaba como una estación flotante de reabastecimiento, destinada a abastecer a embarcaciones involucradas en actividades ilícitas en alta mar.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que, en coordinación con el Gobierno de Ecuador, ejecutó una operación antidrogas en aguas internacionales del Pacífico Oriental que culminó con la interdicción y posterior hundimiento de una embarcación utilizada, según la inteligencia norteamericana, como plataforma de apoyo para el tráfico de drogas.

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La operación se realizó este miércoles 2 de septiembre por la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), bajo las órdenes del comandante del Southcom, Francis L. Donovan.

Según el comunicado oficial, la nave funcionaba como una estación flotante de reabastecimiento, destinada a abastecer a embarcaciones involucradas en actividades ilícitas en alta mar.

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Embarcación interceptada brindaba apoyo logístico a Los Choneros, según Estados Unidos

El organismo estadounidense aseguró que la inteligencia confirmó que la embarcación operaba en apoyo de Los Choneros, organización a la que calificó como “narco-terrorista violenta”.

Marines y marineros de Estados Unidos, desplegados desde el buque anfibio USS San Antonio (LPD 17), abordaron, registraron y aseguraron la embarcación sin que se produjeran incidentes.

Los ocupantes fueron retirados del barco y están siendo transferidos de forma segura a las autoridades ecuatorianas, según el comunicado.

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Una vez concluido el registro, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundir la nave para impedir que continuara siendo utilizada por las redes del narcotráfico.

El Comando Sur sostuvo que la acción permitió desarticular un punto clave dentro de la cadena logística de los traficantes en el Pacífico Oriental.

Nuevo hundimiento de una embarcación vinculada a Los Choneros en una semana

El jueves 27 de agosto, Estados Unidos ejecutó una operación marítima -en coordinación con Ecuador- para interceptar y hundir una embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

Según las autoridades norteamericanas, la nave también era utilizada como una estación flotante de reabastecimiento para operaciones de tráfico de drogas presuntamente vinculada con Los Choneros.

Lo que se sabe

• 20.800 pacientes renales requieren terapia de reemplazo renal en Ecuador, según el MSP y el Frente de Pacientes Renales.
• 9 de cada 10 pacientes en diálisis dependen de la hemodiálisis, que requiere sesiones periódicas.
• La deuda del Estado con centros de diálisis bordea los $ 400 millones, según representantes del sector.

Con sillas negras y nombres escritos sobre ellas, pacientes y familiares buscaron visibilizar, este miércoles 2 de septiembre de 2026, la situación de quienes dependen de tratamientos de diálisis en Ecuador. La jornada fue convocada por el Frente de Pacientes Renales y se realizó de manera simultánea en cuatro ciudades del país.

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Las sillas representaron a personas que actualmente necesitan diálisis, a quienes podrían requerir este tratamiento en el futuro y a pacientes que han perdido la vida en medio de las dificultades del sistema sanitario. Los asistentes también llevaron carteles y globos para expresar sus pedidos y reclamar una atención que permita mantener sus tratamientos de forma continua.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la deuda del Estado con las clínicas y centros que brindan servicios de diálisis, que, según representantes del sector, bordea los 400 millones de dólares. 

Los prestadores advierten que los pagos pendientes generan presión sobre su capacidad para mantener los servicios, mientras los pacientes temen que la situación termine afectando sus tratamientos.

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Política integral de salud renal

En Ecuador, la diálisis está cubierta por el Estado desde 2008, pero el sistema público no alcanza para atender a todos los pacientes y depende de prestadores externos. Los pacientes piden una política integral de salud renal que garantice diálisis, medicamentos, atención especializada y trasplantes.

Mike Antamba estuvo allí cuando nació su hija. Era 19 de agosto de 2026 y su esposa, Lizbeth Salta, había ingresado al hospital de Riobamba para dar a luz mediante cesárea.

El padre asegura que pudo observar a la recién nacida desde sus primeros minutos de vida. Hay un detalle de ese momento que ahora considera fundamental: según su testimonio, la bebé nació sin ampollas, heridas ni alteraciones visibles en la piel. Horas después, la escena era distinta.

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Cuando volvió a tener contacto con su hija, asegura que encontró lesiones en su cuerpo y desprendimiento de piel. “Es algo que realmente no voy a olvidar”, recuerda

Desde entonces han pasado dos semanas de curaciones, exámenes, cuestionamientos y versiones contrapuestas. Lo que comenzó como el reclamo de dos padres que buscaban saber qué había ocurrido dentro del hospital ahora forma parte de una investigación de Fiscalía por presuntas lesiones relacionadas con el incumplimiento del deber objetivo de cuidado.

Esta es la cronología del caso

19 de agosto: nace la bebé y aparecen las lesiones

Según el relato de la familia, después del nacimiento la niña fue llevada para ser vestida y posteriormente permaneció en una cuna de calor radiante.

Los padres sostienen que fue después de ese momento cuando observaron las primeras lesiones.

La niña presentó ampollas y afectaciones en distintas zonas del cuerpo, entre ellas el rostro, brazos y manos. Una de las heridas se encuentra cerca de uno de sus ojos, situación que desde el inicio provocó preocupación en la familia por posibles secuelas.

Durante los siguientes días, los padres aseguran que recibieron diferentes explicaciones sobre lo que podía estar ocurriendo.

La familia cuestionó esas respuestas y empezó a buscar que se esclareciera si las lesiones estaban relacionadas con la atención recibida dentro del hospital.

Hasta ahora, sin embargo, no existe una conclusión técnica definitiva sobre qué las provocó.

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24 de agosto: la bebé recibe el alta

Cinco días después de su nacimiento, la recién nacida salió del hospital.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) sostiene que, una vez identificadas las lesiones, la niña recibió atención inmediata y multidisciplinaria.

Fue valorada por especialistas de Neonatología, Dermatología, Cirugía Plástica y Oftalmología y posteriormente recibió el alta.

Pero salir del hospital no significó, según sus padres, que el problema hubiera terminado.

La familia continuó realizando curaciones en casa. El padre asegura que algunas heridas han empezado a cicatrizar, aunque otras lesiones en el rostro y los brazos todavía requieren limpieza y cuidados diarios.

La denuncia presentada por Mike Antamba abrió una nueva etapa.

Dentro del proceso se practicó un reconocimiento médico-legal a la recién nacida. El examen, realizado por el médico Edison Ortega, fue incorporado al expediente y estableció 35 días de incapacidad.

A partir de la denuncia y de los elementos recopilados, Fiscalía investiga la presunta comisión de un delito relacionado con lesiones por infringir el deber objetivo de cuidado. Esto no determina todavía una responsabilidad.

Las diligencias deberán establecer cómo se produjeron las lesiones, qué ocurrió durante la atención de la niña y si alguna persona incumplió los cuidados que debía observar.

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31 de agosto: Fiscalía vuelve al hospital

Doce días después del nacimiento, la investigación regresó al lugar donde comenzó todo.

El lunes 31 de agosto se realizó un reconocimiento en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba.

En la diligencia participaron representantes de Fiscalía, los padres de la bebé y sus abogados. Los medios de comunicación no tuvieron acceso al procedimiento.

Javier Daqui, abogado de la familia, explicó que la investigación tiene carácter reservado, por lo que no puede revelar todos los elementos encontrados durante las diligencias.

La defensa ha solicitado al hospital información sobre médicos, internos, enfermeras y demás personas que estuvieron en el área de partos durante la jornada del nacimiento. Además, se han convocado versiones dentro de la investigación.

El objetivo es reconstruir qué pasó entre dos momentos: cuando los padres aseguran haber visto a su hija recién nacida sin lesiones y cuando volvieron a encontrarla con afectaciones en la piel.

MSP: todavía no se puede señalar a la cuna de calor

Mientras la investigación avanza, el Ministerio de Salud Pública ha pedido cautela respecto al origen de las lesiones.

La institución informó que todavía se analizan distintas posibilidades médicas y señaló que no corresponde atribuir anticipadamente las heridas al funcionamiento de la cuna de calor radiante mientras no existan resultados técnicos concluyentes.

Como parte de las verificaciones se revisan la historia clínica, los protocolos aplicados, las valoraciones de los especialistas, los informes del personal y el funcionamiento de los equipos utilizados.

El MSP añadió otro elemento: otros 11 recién nacidos fueron atendidos en la misma cuna de calor radiante durante esa jornada y no se registraron eventos similares.

Ese antecedente también deberá ser considerado dentro de la investigación.

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La posibilidad de llevarla al Baca Ortiz

El Ministerio también informó que coordinó la posibilidad de trasladar a la niña al Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en Quito, para una evaluación de mayor complejidad.

Según el comunicado oficial, al momento de informar sobre esta alternativa todavía estaba pendiente el consentimiento de los padres.

La defensa de la familia ha señalado que un eventual traslado representa dificultades adicionales. Los padres no son oriundos de Riobamba, permanecen allí mientras cuidan a la recién nacida y la madre todavía se recupera de la cesárea.

También analizan la posibilidad de obtener valoraciones médicas particulares.

2 de septiembre: dos versiones y una pregunta todavía sin respuesta

Han pasado 14 días desde el nacimiento.

Por un lado, el MSP señala que la niña fue dada de alta en buen estado de salud, recibió atención de varias especialidades y que todavía no existen resultados técnicos que permitan establecer qué produjo las lesiones.

Por otro, sus padres sostienen que la recuperación continúa, que deben realizar curaciones diariamente y que quieren saber qué ocurrió durante el tiempo en que su hija permaneció bajo atención hospitalaria.

Entre ambas versiones está la investigación fiscal.

Las pericias médicas, la revisión de los equipos, la historia clínica, las versiones del personal y las demás diligencias deberán determinar qué ocurrió durante aquellas primeras horas.

Para Mike y Lizbeth, la pregunta sigue siendo la misma que apareció después del nacimiento de su hija: ¿cómo una bebé que, según ellos, nació sin lesiones terminó horas después con heridas en varias partes de su cuerpo?

“Nosotros lo único que solicitamos es justicia”, sostiene el padre.

Lo que debes saber

• 66.262 ciudadanos fueron seleccionados para integrar las Juntas Receptoras del Voto en Guayas.
• La capacitación a los designados comenzará el 7 de septiembre.
• Los estudiantes universitarios representan el 92,21 % de los seleccionados.

La Delegación del Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el sorteo electrónico para seleccionar a los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), el miércoles 2 de septiembre, de cara al próximo proceso electoral. En total, 66.262 ciudadanos fueron escogidos para cumplir esta función.

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Capacitación empezará el 7 de septiembre

Rosa Tapia, directora de la Delegación Electoral del Guayas, informó que los seleccionados serán notificados entre el 4 de septiembre y el 14 de noviembre de 2026. No obstante, las jornadas de capacitación comenzarán desde el 7 de septiembre.

Universitarios son mayoría

Del total de integrantes escogidos, el 92,21 % corresponde a estudiantes universitarios, es decir, 61.100 personas. El segundo grupo más numeroso está conformado por empleados privados, que representan el 4,94 %, con 3.270 ciudadanos.

Los funcionarios públicos constituyen el 1,81 % de la nómina, equivalente a 1.196 personas. A ellos se suman 100 residentes de zonas rurales, que representan el 0,17 % y pertenecen a asociaciones comunitarias, comités pro mejoras, juntas de agua y otras organizaciones de carácter comunitario y rural.

Además, 586 ciudadanos, equivalentes al 0,88 %, fueron considerados dentro del padrón electoral para completar la nómina. La selección se realizó mediante un sorteo electrónico, con la presencia de la notaria pública Mariana Salcedo.

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Autoridades participaron en el sorteo

En la jornada también estuvieron presentes los integrantes de la Delegación Provincial Electoral, encabezados por Rosa Tapia, presidenta del organismo, junto con los vocales Abraham Hanna, Daniel Veintimilla y Ángela Barragán. Asimismo, participaron Maite Correa, presidenta de la Junta Provincial Electoral del Guayas, y Pedro Gómez, vicepresidente de esa instancia.

Guayas tendrá 9.466 juntas

De acuerdo con información proporcionada por la Delegación Electoral Provincial, en Guayas funcionarán 9.466 Juntas Receptoras del Voto distribuidas en 584 recintos electorales. Estas estructuras estarán habilitadas para recibir a los electores durante la jornada correspondiente.

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Candidaturas pasan a fase de impugnación

En cuanto a la oficialización de las candidaturas para la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, Pedro Gómez, vicepresidente de la Junta Provincial Electoral del Guayas, señaló que las postulaciones ya fueron aprobadas por el organismo electoral provincial. No obstante, todavía pueden ingresar a una nueva etapa de impugnación ante el CNE, en Quito, y posteriormente ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Gómez aseguró que ninguna de las candidaturas a la Alcaldía de Guayaquil ha sido objetada hasta el momento en la sede provincial. Sin embargo, no precisó hasta qué fecha podrán presentarse impugnaciones en las siguientes instancias.

Presidenta evitó declaraciones

Sobre este asunto, Maite Correa, presidenta de la Junta Provincial Electoral del Guayas, prefirió no emitir declaraciones ante los medios de comunicación. Al finalizar el sorteo electrónico de los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto, abandonó rápidamente el Salón de la Democracia, donde se desarrollaba el evento, pese a la solicitud de la prensa para dialogar con ella.

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria aprobó el 20 de agosto de 2026 la Resolución JPRFM-2026-033-F, que modificó las reglas del Registro de Datos Crediticios y de los burós. La información podrá conservarse durante cuatro años, en lugar de seis, mientras los reportes crediticios considerarán las operaciones de los últimos dos años y no de los tres anteriores.

Sin embargo, la medida regula el tratamiento y la permanencia de los datos crediticios, pero no establece la prescripción automática de las obligaciones. Por eso, una deuda puede dejar de aparecer en un reporte y continuar vigente jurídicamente. 

El abogado Carlos Salmón Alvear, especializado en derecho municipal, constitucional y laboral, explica que primero debe existir una obligación determinada y exigible. Es decir, debe conocerse con claridad cuánto se adeuda y desde qué momento corresponde realizar el pago.

“Cuando nosotros hablamos de deuda es hablar de algo en firme, que está claro, que conozco con exactitud cuánto es lo que realmente debo”, precisa.

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Salir del historial crediticio no extingue la deuda

Uno de los principales efectos de la resolución es limitar el tiempo durante el cual la información puede permanecer en el historial crediticio. Esto busca proteger los datos y la imagen financiera de las personas, pero no elimina el origen de la obligación.

“Que una deuda aparezca en el historial crediticio no significa necesariamente que yo la deba. Y que una deuda desaparezca del historial crediticio no significa que, obviamente, no se deba”, sostiene Salmón.

La obligación puede originarse en un préstamo, cheque, letra de cambio, contrato o servicio recibido. Su aparición en un buró depende, entre otros aspectos, de que el acreedor reporte la operación. Por ello, no todas las deudas necesariamente constan en esos registros.

El abogado resume la diferencia de esta manera: “El que se reporte no significa que la obligación legalmente existe. El que se la borre no significa que la obligación deje de existir o esté pagada”.

De esta forma, la eliminación de un dato del reporte crediticio y la prescripción son procesos distintos. El primero se relaciona con la conservación de información personal; el segundo, con la posibilidad jurídica de exigir el pago.

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¿Cuándo puede prescribir una deuda?

Según Salmón, la prescripción puede presentarse cuando el acreedor no ejerció la acción correspondiente dentro del plazo establecido por la ley y, durante ese periodo, el deudor tampoco reconoció la obligación.

“Prescribe lo que no se toque, lo que no se intente cobrar y, por otro lado, lo que no se reconozca como una deuda”, explica.

No existe un único plazo aplicable a todas las obligaciones. Su duración depende de la naturaleza de la deuda, debido a que las obligaciones civiles, tributarias y de otras clases están sometidas a reglas diferentes.

El plazo empieza a contarse cuando la obligación se vuelve exigible. Por ejemplo, si una persona recibe un préstamo que debe pagar dentro de un año, el acreedor no puede exigirlo antes de la fecha acordada. El cómputo aplicable comenzaría cuando se cumpla ese periodo y el deudor no pague.

Las circunstancias personales tampoco eliminan la obligación. Problemas económicos, enfermedades familiares, desempleo o una quiebra pueden explicar el incumplimiento, pero no producen por sí solos la prescripción.

Reconocer o pagar una parte puede interrumpir el plazo

Una comunicación también puede tener consecuencias. Si el deudor responde un correo de cobranza, solicita más tiempo, acepta que debe el dinero o propone una fórmula de pago, estaría reconociendo la obligación.

“El reconocimiento de la deuda por parte del deudor y, por otro lado, el ejercicio de alguna acción judicial de cobro” pueden interrumpir el plazo, señala Salmón.

Lo mismo puede ocurrir cuando se realiza un abono parcial o se firma un refinanciamiento. “Si yo pago parcial, estoy reconociendo que debo 100, pero solamente puedo pagar 50. Un refinanciamiento es reconocer la deuda, reconocer la obligación”, ejemplifica.

Por esta razón, antes de responder una gestión de cobranza relacionada con una obligación antigua, la persona debe conocer las posibles consecuencias jurídicas de sus actuaciones.

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La prescripción debe ser reconocida judicialmente

Aunque haya transcurrido el plazo correspondiente, el deudor no debería asumir que la deuda está formalmente prescrita. Para que produzca efectos dentro de una controversia, la prescripción debe ser alegada y reconocida por un juez.

“Las deudas no prescriben jurídicamente simplemente por el paso del tiempo. Necesitan un reconocimiento”, afirma el abogado.

Una de las posibilidades aparece cuando el acreedor presenta una demanda. En ese escenario, el deudor puede alegar la prescripción como excepción y demostrar que el cobro no fue iniciado en el periodo permitido.

“La prescripción lo que hace es tener la posibilidad de decir judicialmente en un juicio: ‘No me puedes cobrar’. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo que marca la ley para esta clase de obligaciones”, señala Salmón.

Cuando se declara la prescripción, el cobro judicial deja de ser eficaz. Sin embargo, la obligación puede convertirse en natural: ya no puede exigirse judicialmente con resultados efectivos, pero el deudor conserva la posibilidad de pagarla voluntariamente.

La consecuencia cambia si se trata de recursos públicos

Para el acreedor privado, la declaración judicial implica retirar de sus previsiones un crédito que ya no podrá recuperar por la vía coercitiva. Sin embargo, el escenario cambia cuando la obligación corresponde a una institución pública.

En estos casos, la deuda involucra recursos públicos y puede generar responsabilidades para el funcionario que debía efectuar el cobro dentro del plazo correspondiente.

“En el sector privado, como es su patrimonio, no pasa nada; pero en el sector público, como es un recurso público, es distinto. Ahí tiene que haber un responsable”, explica Salmón.

La nueva resolución, por tanto, no representa una eliminación general de las deudas ni un mecanismo automático para dejar de pagarlas. Su efecto principal está en el tiempo de conservación de los datos crediticios. La existencia, exigibilidad y prescripción de cada obligación deberá revisarse según su naturaleza, sus plazos y las actuaciones realizadas tanto por el acreedor como por el deudor.

Los puntos claves

• El Plan Nacional de Primera Infancia 2026-2030 está dirigido a más de 1,5 millones de niños y niñas de hasta seis años en Ecuador.
• 
  El plan establece cinco ejes principales: salud, nutrición, atención receptiva, aprendizaje temprano y protección.
• 
  La aprobación del documento busca avanzar en la aplicación de la Ley de Primera Infancia, vigente desde 2025.
• 
  El reto ahora es llevar las medidas del plan a servicios y atención concreta para los niños y sus familias.

Más de 1,5 millones de niños de hasta seis años están contemplados en el nuevo Plan Nacional de Primera Infancia 2026-2030, aprobado la semana pasada en Ecuador. El documento plantea que el Estado concentre sus esfuerzos en cinco áreas: salud, nutrición, cuidado, aprendizaje temprano y protección. 

La propuesta busca atender las necesidades de los niños desde el embarazo y durante sus primeros seis años de vida. Una atención que las familias han reclamado durante años en el país.

Según informó la agencia de noticias EFE, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó la aprobación del documento y la consideró un paso importante para aplicar la Ley de Primera Infancia, vigente desde el año pasado.

“Ecuador da un paso que puede cambiar la historia de sus niños y niñas”, señaló Arturo Romboli, representante de Unicef en Ecuador. Según el organismo, lo que ocurre durante el embarazo y los primeros años puede influir en la salud, el aprendizaje y el bienestar de una persona durante toda su vida.

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¿Qué plantea el plan?

El documento establece cinco ejes principales: buena salud, nutrición adecuada, atención receptiva, oportunidades para el aprendizaje temprano y protección y seguridad.

También contempla cuatro áreas que servirán de soporte: coordinación entre instituciones, seguimiento e información, fortalecimiento de las capacidades del Estado y financiamiento.

La intención es que estas acciones no dependan de una sola institución. El plan fue elaborado por la Vicepresidencia, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, representantes de la sociedad civil y la academia, con apoyo técnico de Unicef, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF.

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La parte más difícil empieza ahora

La aprobación del plan es apenas el primer paso. Ahora toca llevar lo que está escrito en el documento a los servicios que reciben los niños y sus familias. 

Unicef sostiene que una mayor atención a la primera infancia puede ayudar a reducir desigualdades y mejorar las condiciones de desarrollo del país.

Romboli señaló que el siguiente paso será lograr que el plan se cumpla en la práctica. Hasta 2030, el desafío será saber cuánto de lo planteado termina llegando a los niños más pequeños.

Lo que debes saber

• 212 municipios entregaron planes ante el Niño en Ecuador durante la alerta roja.
• Esmeraldas enfrenta riesgo en sus siete cantones por lluvias y efectos del Niño.
• AME reporta 1.800 maquinarias listas para emergencias por inundaciones y deslizamientos.

La alcaldesa de Muisne y presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Yuri Colorado, aseguró que los municipios han incrementado los esfuerzos para cumplir con los requerimientos establecidos por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entidad que recientemente cuestionó que varios gobiernos locales aún no hayan completado la totalidad de sus planes de acción.

Según Colorado, cuando se emitió la alerta naranja fueron convocados 143 municipios considerados de mayor exposición al riesgo. De acuerdo con la dirigente, los 143 gobiernos locales presentaron sus planes de contingencia. Posteriormente, con la declaratoria de alerta roja, la exigencia se extendió a los 222 municipios del país.

"Con corte al día de ayer, 212 municipios ya habían entregado sus planes, lo que representa más del 96 %", señaló Colorado. Agregó que la AME mantiene acompañamiento técnico a los cantones que aún están pendientes de presentar documentación antes de que concluya el plazo fijado para esta semana.

Riesgo pide más que la entrega de documentos

La discusión, sin embargo, no se limita a la presentación de los planes. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha señalado que una cosa es la entrega formal de los documentos y otra que estos cumplan con los estándares técnicos requeridos para enfrentar una emergencia de gran magnitud.

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Los protocolos deben incluir la identificación de zonas vulnerables, población expuesta, mapas de amenaza, sistemas de alerta temprana, rutas de evacuación, alojamientos temporales y mecanismos de respuesta inmediata.

Para los municipios, estas herramientas constituyen la base de actuación ante eventuales inundaciones, deslizamientos o afectaciones derivadas de lluvias intensas. "Un plan de contingencia es una hoja de ruta para proteger vidas, infraestructura y medios de subsistencia", sostuvo Colorado.

Prevención bajo la lupa

Uno de los principales desafíos señalados por especialistas en gestión de riesgos ha sido la capacidad de prevención de los gobiernos locales, especialmente en tareas como la limpieza de alcantarillas, quebradas, drenajes y cauces de ríos.

En los últimos años, varias emergencias registradas en distintas ciudades del país han estado relacionadas con el colapso de sistemas de drenaje o la acumulación de desechos que impiden la evacuación del agua lluvia.

Frente a ello, la presidenta de la AME afirmó que los municipios mantienen labores permanentes de limpieza de cunetas, desazolve de ríos y monitoreo de zonas vulnerables. No obstante, insistió en que la prevención también requiere del apoyo ciudadano para evitar el depósito de basura en alcantarillas, quebradas y canales. "La corresponsabilidad es fundamental. No es una tarea exclusiva de los municipios", indicó.

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Recursos y asistencia humanitaria

Durante una asamblea extraordinaria realizada por la AME, los alcaldes aprobaron una reforma estatutaria que permitirá liberar recursos para fortalecer la asistencia humanitaria ante posibles emergencias.

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La medida contempla aproximadamente dos millones de dólares para la adquisición de raciones alimenticias y ayuda destinada a poblaciones afectadas en caso de eventos adversos.

A esto se suma el anuncio del Gobierno sobre la disponibilidad de recursos para enfrentar la emergencia climática. Según Colorado, los municipios también han recibido transferencias que buscan fortalecer su capacidad de respuesta y financiar acciones preventivas dentro de sus territorios.

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En el caso de Muisne, la alcaldesa señaló que la experiencia acumulada tras anteriores eventos naturales ha permitido fortalecer los protocolos de actuación y capacitar al personal técnico encargado de responder ante emergencias.

Además, la AME realizó un catastro nacional de equipos disponibles para enfrentar posibles afectaciones. Según Colorado, los municipios ubicados en zonas de riesgo cuentan con cerca de 1.800 maquinarias inventariadas para labores de respuesta y atención.

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En Muisne, uno de los más afectados ha sido el sector pesquero. La alcaldesa señaló que problemas como la proliferación de la denominada jaiba mora han generado daños en la pesca y afectado la actividad de numerosas familias que dependen de esta actividad.

Frente a este escenario, las autoridades locales han activado medidas de apoyo que incluyen bonos y asistencia alimentaria para los pescadores perjudicados.

Lo que se sabe 

• El Consejo Provincial del Guayas aprobó un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) para ejecutar dos proyectos hídricos enfocados en prevención y mitigación ante El Niño.
  
• Las obras de la cuenca del río Pedro Carbo alcanzarán a Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Nobol y Daule; mientras que el segundo proyecto se ejecutará en Naranjal, con trabajos de riego y drenaje.
• La provincia mantiene acciones preventivas mientras Ecuador enfrenta un escenario de alerta por el fenómeno.

La preocupación por los posibles efectos del fenómeno de El Niño ha aumentado en Ecuador ante el escenario climático previsto para los próximos meses.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró el pasado 29 de agosto la alerta roja en todo el país, mientras los organismos de monitoreo advierten sobre posibles impactos principalmente en la Costa. Guayas es una de las provincias consideradas más vulnerables: el Plan de Acción Nacional identifica a sus 25 cantones dentro del área de influencia del evento.

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En este contexto, el Consejo Provincial del Guayas aprobó por unanimidad una inversión de $66 millones para dos proyectos hídricos, destinados a mitigar posibles impactos de El Niño y otros riesgos asociados a la variabilidad climática.

¿Cuándo se tomó la decisión? 

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria del organismo, realizada este 1 de septiembre y encabezada por el prefecto Carlos Encalada. La provincia ya ha registrado inundaciones durante 2026, mientras las autoridades preparan obras de prevención ante un escenario de mayores precipitaciones.

Zonas beneficiadas 

El primero de los proyectos se ejecutará en la cuenca del río Pedro Carbo e incluirá trabajos de mejoramiento de la sección hidráulica, limpieza y desazolve de los cuerpos hídricos que forman parte de esta cuenca. Las obras buscan reducir el riesgo de inundaciones y beneficiarán a los cantones de Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Nobol y Daule. 

La necesidad de reforzar este tipo de infraestructura toma relevancia en una provincia donde históricamente las lluvias intensas y el desbordamiento de ríos han generado afectaciones a poblaciones y zonas productivas

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El segundo proyecto corresponde al sistema de molienda de Paují, en Naranjal, donde se contempla la construcción y rehabilitación integral de infraestructura de riego y drenaje en la parroquia y el cantón. El financiamiento para ambos proyectos será posible mediante un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), cuya viabilidad técnica, financiera y jurídica fue aprobada por el Consejo Provincial.

Plan de prevención

Durante la sesión también se presentó la actualización del Plan Provincial de Riego y Drenaje de Guayas con Visión 2030, desarrollado junto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con una cartera cercana a $5 millones para modernizar la gestión del agua y fortalecer los sistemas de riego y drenaje. 

El plan contempla trabajar con 144 juntas de riego y drenaje y priorizar la participación de 4.153 mujeres titulares. A esto se suma el plan emergente Guayas en Acción, que cuenta con $56 millones, de los cuales $12 millones ya se destinan a trabajos preventivos. Como parte de esta estrategia, para octubre está previsto un simulacro para evaluar la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones y reducir los riesgos para la población, la infraestructura y el sector agrícola de la provincia.

Lo que debes saber 

• La exposición de datos sin consentimiento puede generar sanciones administrativas, incluso si el afectado no sufrió una pérdida económica.
  
• Si los datos se utilizan para estafas, extorsiones o suplantación de identidad, el caso puede derivar en acciones civiles o penales.
  
• El afectado puede pedir la eliminación o rectificación de sus datos y denunciar el caso ante la Superintendencia de Protección de Datos.

La información personal de miles de ecuatorianos permanece almacenada en instituciones públicas, empresas privadas y plataformas digitales. Nombres, números de cédula, direcciones, correos electrónicos, datos financieros e información médica pueden quedar expuestos por ataques informáticos, fallas de seguridad o un manejo inadecuado.

El debate también alcanza a los portales públicos que permiten consultar información sobre accionistas, representantes legales, balances o declaraciones patrimoniales. Aunque algunos de estos documentos responden al principio de transparencia, su difusión abre una discusión sobre qué información debe estar disponible y qué datos deberían protegerse.

En un país atravesado por extorsiones, secuestros y suplantaciones de identidad, esta exposición no representa únicamente una afectación a la privacidad. Los datos también pueden ser utilizados para identificar a una persona, conocer su patrimonio o ubicarla.

Felipe Dueñas, abogado especializado en protección de datos, explica que el uso no autorizado de esta información puede generar responsabilidades administrativas y, dependiendo de sus consecuencias, derivar en acciones civiles o penales.

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¿Qué información está protegida en Ecuador?

Un dato personal es cualquier información que permita identificar directa o indirectamente a una persona. Dentro de esta categoría pueden encontrarse el nombre, la dirección, el tipo de sangre, la información genética y otros elementos relacionados con la identidad.

La legislación establece una protección reforzada para determinados datos, como aquellos correspondientes a niñas, niños y adolescentes, así como la información relacionada con la salud, las opiniones políticas y otros aspectos sensibles de la vida de una persona.

“Nadie tiene por qué conocer si una persona tiene una enfermedad o una condición”, señala Dueñas al explicar por qué esta información exige mayores cuidados durante su recopilación, almacenamiento y utilización.

Aunque considera que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ofrece herramientas suficientes, advierte que Ecuador todavía atraviesa un proceso de adaptación. Empresas, instituciones y ciudadanos deben desarrollar una cultura que permita manejar la información ajena conforme a la normativa.

Dueñas recuerda que la afectación no ocurre únicamente durante filtraciones masivas. También puede presentarse cuando una empresa utiliza los datos de sus clientes para finalidades que no fueron autorizadas o cuando una persona comienza a recibir llamadas y ofertas comerciales que nunca solicitó.

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¿Cuándo la exposición de datos se vuelve ilegal?

La utilización de datos personales debe estar respaldada por una base legal. Esta puede derivarse del consentimiento del titular, de una obligación contractual, de una disposición legal o de una orden judicial, según cada caso.

Cuando se solicita el consentimiento, la persona debe conocer qué información será recopilada, con qué finalidad será utilizada, durante cuánto tiempo permanecerá almacenada y si puede revocar la autorización posteriormente.

“Si no se cumple con esos requisitos, sería técnicamente ilegal”, sostiene Dueñas.

Para presentar una denuncia no es indispensable que la exposición haya provocado una pérdida económica. El titular puede reclamar si sus datos fueron utilizados sin autorización, si contienen errores o si la información difundida es incompleta.

En esos casos, la persona puede acudir primero ante la institución, empresa o página responsable para solicitar la eliminación, rectificación o actualización de los datos. También puede presentar directamente una denuncia ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales.

Una filtración puede generar responsabilidades administrativas, civiles y penales

Cuando una institución pública o privada permite la exposición de información que estaba bajo su custodia, puede enfrentar una responsabilidad administrativa y las sanciones previstas en la legislación de protección de datos.

La gravedad de las consecuencias dependerá de la información comprometida, la magnitud de la exposición y las medidas preventivas que hubiera aplicado la entidad.

Dueñas señala que debe diferenciarse entre un ataque informático que logra superar los controles de seguridad y una filtración facilitada por negligencia. Una organización podría demostrar que mantenía sus sistemas actualizados, realizaba auditorías, limitaba los accesos internos y cumplía los protocolos exigidos. El escenario cambia cuando no existían esas precauciones.

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“No es lo mismo que una institución demuestre que cumplió con todos los protocolos a que no haya hecho nada”, explica. La falta de controles o el incumplimiento de las obligaciones correspondientes podría influir en la severidad de la sanción.

Además, la institución debe informar el incidente a la Superintendencia y al titular de los datos, junto con las acciones adoptadas para contenerlo.

Si la información expuesta termina siendo utilizada para estafar, falsificar documentos o suplantar una identidad, el caso puede pasar del ámbito administrativo al penal. Asimismo, cuando existe un daño demostrable, el afectado podría reclamar una indemnización por los perjuicios ocasionados.

Un dato público no puede utilizarse sin límites

La presencia de información en un registro de acceso público no significa necesariamente que cualquier persona pueda descargarla, almacenarla y difundirla con una finalidad diferente.

Esta discusión alcanza a portales como el de la Superintendencia de Compañías, donde se puede consultar información sobre representantes legales y accionistas. 

Dueñas reconoce que en este ámbito existe una “línea gris”: la ciudadanía puede tener un interés legítimo en conocer quién controla una compañía, especialmente cuando mantiene relaciones contractuales con el Estado, pero los accionistas también conservan derechos sobre sus datos personales.

El análisis debe considerar la finalidad de la publicación y su relevancia para el interés público. También debe distinguir entre los datos necesarios para transparentar las actividades de una empresa y aquellos cuya exposición podría afectar injustificadamente a una persona.

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Transparencia y privacidad de los funcionarios públicos

La protección de datos tampoco debe utilizarse para impedir la fiscalización de quienes ejercen cargos públicos. Dueñas sostiene que los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio cuando la información se relaciona con sus funciones o con la administración de recursos estatales.

Sin embargo, eso no implica que todos los aspectos de su vida deban quedar expuestos. La información familiar, médica, genética o relacionada con sus hijos debe conservarse como privada cuando no tenga incidencia en la gestión pública.

En el caso de una declaración patrimonial, el desafío consiste en garantizar el control sobre los bienes y posibles variaciones patrimoniales del funcionario sin divulgar información innecesaria que pueda aumentar sus riesgos de seguridad.

Para Dueñas, la normativa ecuatoriana brinda actualmente una protección adecuada, aunque su aplicación debe evolucionar conforme avanza la tecnología. También considera necesario evaluar las capacidades de cada organización, pues una empresa grande no dispone de los mismos recursos que un pequeño negocio.

El reto para las autoridades será encontrar un equilibrio: exigir controles suficientes sin imponer cargas desproporcionadas y actuar con firmeza cuando la exposición de información coloque a los ciudadanos frente a amenazas reales. En medio del incremento de extorsiones y secuestros, proteger los datos ya no constituye solamente una discusión sobre privacidad, sino también sobre seguridad personal.

Lo que debes saber

• Petro y Correa propusieron en México una alianza antinarcotráfico el 1 de septiembre.
• La iniciativa busca cooperación regional con justicia social y democracia.
• Petro no detalló cómo operará la alianza ni qué países participarán.

La reunión que mantuvieron en Ciudad de México los expresidentes Rafael Correa y Gustavo Petro volvió a colocar en la agenda regional uno de los temas más sensibles para América Latina: la lucha contra el narcotráfico. 

Tras el encuentro, Petro anunció que ambos conversaron sobre la necesidad de construir una “verdadera alianza antinarcotráfico”, una iniciativa que, según explicó, debería estar basada en la justicia social, el fortalecimiento de la democracia y una mayor integración entre los países de la región.

La declaración, difundida a través de las redes sociales del exmandatario colombiano, no estuvo acompañada de una propuesta formal ni de mecanismos concretos de cooperación. Tampoco se detalló qué países podrían formar parte de la iniciativa, cuáles serían sus fuentes de financiamiento o cómo se articularía con los esquemas de seguridad ya existentes en la región.

Un enfoque distinto al modelo tradicional

Para Gabriel Pérez, experto en seguridad, el planteamiento de Petro sugiere una visión diferente a la estrategia de "guerra contra las drogas" que durante décadas ha predominado en América Latina. "En sus declaraciones, el exgobernante vinculó el combate al narcotráfico con factores sociales y económicos, argumentando que el problema no puede resolverse únicamente mediante acciones policiales o militares".

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Esta postura no es nueva. Durante su mandato en Colombia, Petro cuestionó reiteradamente la eficacia de las políticas enfocadas exclusivamente en la erradicación de cultivos ilícitos y en la persecución de las organizaciones criminales, defendiendo en cambio estrategias dirigidas a reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades económicas en territorios afectados por la violencia.

La referencia a una alianza basada en la justicia social apunta precisamente a esa línea de pensamiento: atacar las condiciones que facilitan el reclutamiento de personas por parte de redes criminales y fortalecer la presencia del Estado en zonas históricamente abandonadas.

¿Qué significa para Ecuador?

La propuesta adquiere relevancia para Ecuador en un contexto de creciente violencia vinculada al narcotráfico. El país se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de salida de cocaína hacia Europa y Norteamérica, debido a su ubicación estratégica, la cercanía con Colombia y Perú, y la infraestructura portuaria del Pacífico.

Las organizaciones criminales que operan en Ecuador mantienen vínculos con carteles internacionales, estructuras colombianas y mafias europeas, lo que dificulta una respuesta aislada. En ese escenario, una eventual alianza regional podría traducirse en mayores niveles de intercambio de inteligencia, control fronterizo y coordinación judicial.

Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia de que la iniciativa anunciada por Petro y Correa contemple ese tipo de mecanismos operativos.

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El componente político

Más allá de la seguridad, el encuentro tuvo una marcada dimensión política. Petro afirmó que la reunión también buscó fortalecer los espacios de comunicación e integración del progresismo latinoamericano. Además, durante su visita a México se reunió con el excandidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz y abordó temas relacionados con la integración política del progresismo andino y caribeño.

Según Pérez, el anuncio mezcla objetivos de seguridad con una visión política regional compartida por ambos exmandatarios. "En ese sentido, la denominada “alianza antinarcotráfico” aparece asociada a una agenda más amplia de integración latinoamericana impulsada por sectores de izquierda en la región", agrega. 

Lo que debes saber

• Pichincha lidera los cambios de nombre en Ecuador con 4.996 trámites registrados hasta agosto de 2026.
• El Registro Civil contabilizó 113.849 cambios y rectificaciones de nombre entre 2024 y agosto de 2026.
• Cambiar el nombre cuesta $12 y rectificarlo $4; el trámite puede demorar hasta ocho días laborables.

Cambiar o corregir un nombre es un trámite al que cada vez más ciudadanos recurren en Ecuador. Las cifras del Registro Civil muestran que, entre 2024 y agosto de 2026, 113.849 personas realizaron procesos de cambio o rectificación de nombre a escala nacional.

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Solo en 2026 se han registrado 26.053 trámites. La provincia de Pichincha encabeza la lista con el mayor número de solicitudes alcanzando 4.996 rectificaciones o cambios de nombre. Le siguen Guayas con 4.866 y Manabí con 2.431.

El comportamiento de los últimos años también evidencia un número importante de estos procedimientos. En 2024 se contabilizaron 47.482 cambios o rectificaciones de nombre, mientras que en 2025 fueron 40.314.

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¿Cuál es la diferencia entre cambiar y rectificar un nombre?

Aunque suelen mencionarse como un mismo procedimiento, el cambio de nombre y la rectificación de nombre tienen objetivos diferentes.

El cambio de nombre es un derecho voluntario que permite a una persona mayor de edad modificar, alterar u ordenar sus nombres propios.

La rectificación, en cambio, está destinada a corregir errores tipográficos o de escritura presentes en los nombres originales. Esto puede incluir faltas de ortografía o letras incorrectamente registradas, siempre que no se modifique la estructura morfológica básica del nombre ni su sonido principal.

Estos procedimientos están contemplados en los artículos 10, 78 y 78.1 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, además de los artículos 25, 26 y 27 de su reglamento.

¿Cuánto cuesta cambiar o rectificar el nombre en Ecuador?

Para realizar el trámite, el ciudadano debe acudir a una agencia del Registro Civil a escala nacional y presentar su cédula de identidad.

También debe solicitar el servicio correspondiente, presentar el comprobante de pago y llenar el formulario oficial.

Los valores establecidos son:

Una vez realizado el procedimiento, la entrega del acta registral con los datos actualizados puede tomar hasta ocho días laborables.

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El cambio no se refleja automáticamente en otros registros

Un aspecto que deben considerar quienes modifican sus nombres es que la actualización realizada en el Registro Civil no necesariamente se replica de manera automática en los sistemas de otras instituciones.

Por ello, después de completar el trámite, cada ciudadano debe gestionar la actualización de sus nuevos datos ante entidades financieras, instituciones educativas, establecimientos de salud y otras organizaciones en las que conste su información personal.

El director general del Registro Civil, Jorge Osorio, señaló que la institución busca garantizar el derecho a la identidad mediante servicios que respondan a las necesidades de los ciudadanos.

El cambio y la rectificación de nombre, explicó, constituyen herramientas jurídicas que permiten ejercer el derecho a la identidad y respaldan la autonomía de las personas dentro del marco establecido por la legislación ecuatoriana.