Silvia Elena Buendía Silva fue una de las voces reconocidas del activismo por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI en Ecuador. Nacida en Guayaquil el 9 de octubre de 1967, desarrolló una trayectoria que atravesó el derecho, los medios de comunicación, la política y la defensa de los derechos humanos.

Hija de Elena Silva y Erwin Buendía, perdió a su madre y a su hermano mayor a temprana edad, por lo que su padre asumió su crianza. Estudió en el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil y posteriormente se graduó como abogada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Buendía comenzó su trabajo por los derechos de las mujeres en la década de 1990. Con el tiempo, el feminismo y la defensa de la diversidad sexual se convirtieron en dos de los principales ejes de su vida pública.

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“Te voy a extrañar mil vidas”: las emotivas despedidas a Silvia Buendía

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Silvia Buendía y su lucha por los derechos LGBTI

Como abogada patrocinó casos relacionados con la defensa de personas LGBTI. Entre ellos estuvo la denuncia por el secuestro de Zulema Constante.

También fue portavoz de la Red LGBTI Diversidad Ecuador, desde donde participó en la campaña por la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Ecuador.

Su activismo trascendió las fronteras nacionales. En 2016 integró una delegación de organizaciones civiles que viajó a Ginebra, Suiza, para participar en el sexto examen de Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En ese escenario expuso sobre la situación de las personas LGBTI en el país, particularmente sobre las denominadas clínicas de “deshomosexualización” y la lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario.

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Su defensa de los derechos de las mujeres

La lucha feminista ocupó otra parte fundamental de su trayectoria. Buendía consideraba que uno de los avances alcanzados en Ecuador había sido la incorporación del femicidio como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde 2014.

Sin embargo, advertía que incorporar un delito a la legislación no hacía desaparecer automáticamente la violencia.

“No es que cuando tú tipificas como delito una conducta esta desaparece”, explicaba. Para Buendía, reconocer el problema permitía generar políticas públicas y, principalmente, hacerlo visible para evitar que la sociedad terminara normalizándolo.

También alertó sobre lo que consideraba uno de los principales desafíos contemporáneos para el movimiento de mujeres: “hacerle frente a una campaña mundial de descrédito al feminismo”.

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Silvia Buendía: así será su último adiós este martes 25 de agosto

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De la televisión a la política

Buendía también tuvo una presencia importante en los medios de comunicación. Comenzó como columnista de El Telégrafo y colaboró posteriormente con otras publicaciones ecuatorianas.

Durante la década de 2010 alcanzó mayor exposición televisiva como parte de Así Somos, programa de Ecuavisa en el que participaba en debates sobre temas sociales y políticos. En 2014 condujo Ventana Ciudadana, de Ecuador TV.

Su actividad pública también llegó a la política. Militó en Ruptura de los 25 y en las elecciones de 2013 fue candidata a asambleísta provincial por Guayas, aunque no obtuvo un escaño. Posteriormente estuvo vinculada al Movimiento Construye y desde 2017 formó parte de la Comisión Nacional Anticorrupción.

En su vida personal estuvo casada con Carlos Lasso y fue madre de dos hijos, Carlos Javier y Adriana Elena.

Silvia Buendía murió el 24 de agosto de 2026, a los 58 años, después de enfrentar un cáncer. Su partida deja una trayectoria vinculada a debates que transformaron al Ecuador durante las últimas décadas. Antes de que varias de esas discusiones ocuparan un lugar central en la agenda pública, Buendía ya estaba dando la pelea.

Los familiares de Silvia Buendía Silva han convocado para este martes 25 a familiares, amigos y allegados a acompañarlos en los actos de despedida de la reconocida abogada y activista ecuatoriana, fallecida el lunes 24 de agosto tras enfrentar un cáncer. Su muerte ha provocado numerosos mensajes de pesar en redes sociales.

Bajo la frase “Acompáñanos a celebrar la vida de Silvia Elena Buendía Silva”, la familia difundió los detalles de las honras fúnebres. Los actos se desarrollarán en Parque de la Paz, en La Aurora, cantón Daule. La información sobre la velación en este camposanto también ha sido reportada públicamente.

Ecuador

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¿A qué hora será el sepelio de Silvia Buendía?

De acuerdo con la invitación compartida por sus familiares, la velación comenzará a las 10:00 de este martes 25 de agosto, en la sala 5 de Parque de la Paz.

A las 16:00 se celebrará la misa en su memoria y, una hora después, a las 17:00, se realizará la sepultura.

La despedida se produce horas después de que se conociera públicamente su fallecimiento. Buendía fue reconocida durante décadas por su defensa de los derechos humanos, particularmente de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI.

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Amigos y figuras públicas despiden a Silvia Buendía

Desde que trascendió la noticia, amigos, periodistas, activistas y figuras públicas han publicado mensajes recordando distintas facetas de Buendía. Su trayectoria estuvo vinculada al derecho, el feminismo, la defensa de la diversidad sexual, los medios de comunicación y la participación política.

Entre las despedidas estuvo la de la actriz Érika Vélez, amiga cercana de Buendía, quien expresó cuánto extrañará su presencia. Ecuavisa recogió también su mensaje: “Odio decir adiós porque para mí tú no te has ido”.

Buendía fue portavoz de la Red LGBTI Diversidad Ecuador y participó en la campaña por el reconocimiento del matrimonio igualitario. Además, ejerció como abogada, columnista y presentadora de televisión, y llevó la discusión sobre los derechos de las mujeres y de la población LGBTI a diferentes espacios públicos.

Ecuador

Muere Silvia Buendía: la activista ecuatoriana que hizo de los derechos humanos su lucha

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La partida de Silvia Buendía, fallecida el lunes 24 de agosto de 2026 tras enfrentar un cáncer, generó una ola de mensajes de despedida. Desde la noche del lunes y durante la mañana de este martes 25 de agosto, personas que compartieron con ella en distintos momentos de su vida comenzaron a recordar no solo a la activista, sino también a la amiga.

Buendía fue una de las voces visibles en Ecuador en la defensa de los derechos de las mujeres, las personas LGBTI y los derechos humanos. Su trayectoria pasó además por el derecho, los medios de comunicación y la política. Su fallecimiento fue confirmado por familiares y personas cercanas.

Entre los mensajes más personales estuvo el de la actriz Érika Vélez, quien compartió fotografías junto a Buendía y escribió: “Te voy a extrañar esta y mil vidas más”. También agradeció lo que dejó en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.

En otro mensaje difundido tras conocerse la noticia, Vélez expresó la dificultad de asumir su ausencia: “Odio decir adiós porque para mí tú no te has ido”, palabras que también fueron recogidas por medios nacionales.

“Hizo que Ecuador fuera un país mejor”

La periodista Sara España destacó el impacto público de Buendía y su defensa de las mujeres. “Silvia Buendía no solo era una reconocida activista por los derechos de las mujeres. No solo fue una voz. Hizo que Ecuador fuera un país mejor”, escribió.

España recordó además su disposición a confrontar cuando consideraba necesario hacerlo: “Se peleó donde hiciera falta con quien hiciera falta y cuando nadie daba la cara por las mujeres”.

La periodista Janet Hinostroza la definió como una “mujer valiente, inteligente y de argumentos fuertes” y resaltó su trabajo como defensora de los derechos humanos, de las mujeres y de la comunidad LGBTI.

La periodista Gabriela Panchana, en cambio, eligió despedirla con versos: “Se fue la princesa, se tornó en mariposa con alas ligeras”. Al final de su mensaje escribió: “Gracias por tu amistad verdadera, Silvita. Te voy a extrañar”.

Una huella en las luchas feministas y LGBTI

Los mensajes también pusieron énfasis en las causas que marcaron la trayectoria de Buendía. Isabel Hungría señaló que su trascendencia permanecerá “en cada vida LGBT que protegiste y en la libertad de las mujeres por las que luchaste”.

Buendía fue portavoz de la Red LGBTI Diversidad Ecuador y participó en la lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario. Su activismo por la igualdad y la diversidad sexual se extendió durante décadas y la convirtió en una figura reconocida dentro del debate público ecuatoriano.

La abogada constitucionalista Dolores 'Lolo' Miño también recordó los años en que ambas compartieron “la ilusión de que este país fuera uno más igualitario”. “Conocer a personas lindas es un privilegio que rara vez nos da la vida”, escribió.

“Ojalá su espíritu se multiplique”

También hubo reflexiones desde la política. Bernardo Gortaire Morejón sostuvo que la ausencia de Buendía debería convertirse en un llamado de atención para sectores de la izquierda y reivindicó su capacidad de construir coincidencias incluso en medio de diferencias políticas.

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“A Silvia siempre le agradeceré que en su entorno de privilegio optó por salir de su metro cuadrado y fue partícipe de la búsqueda de una sociedad mejor para todos”, escribió, antes de cerrar: “Ojalá su espíritu se multiplique”.

La despedida de Catrina Tala Mohanna fue más breve, pero personal: “Siempre maravillosa. Silvita maravilla. Descansa en paz, te extrañaremos para siempre”.

Los homenajes publicados en las horas posteriores a su muerte dibujan distintas facetas de una misma persona: la abogada que argumentaba, la feminista que confrontaba, la activista que defendía a la población LGBTI y la amiga a la que quienes estuvieron cerca de ella llaman, simplemente, Silvita.

Lo que debes saber

• Inamhi prevé lluvias este 25 de agosto en Quito y otras ciudades de Sierra y Amazonía.
• Imbabura y Loja tendrán radiación UV extrema; la alerta aplica entre las 10:00 y 15:00.
• Lluvias durante todo el día afectarían a Tena, El Coca, Macas y otras localidades amazónicas.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó que este martes 25 de agosto se registrarán lluvias en varias localidades de la Sierra y la Amazonía, mientras que en la Costa las precipitaciones se concentrarán en zonas puntuales. Además, se prevén niveles de radiación ultravioleta que podrían alcanzar rangos extremadamente altos en algunas provincias.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones climáticas estarán marcadas por cielos variables y precipitaciones en distintos puntos del país. 

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Costa

Las lluvias se esperan principalmente en Santo Domingo y Quevedo, con mayor incidencia durante la madrugada y la tarde.

Sierra

Sierra concentrará el mayor número de ciudades con precipitaciones. El Inamhi prevé lluvias: 

La Amazonía tendrá lluvias generalizadas

Según el organismo, la región Amazónica registrará las condiciones más inestables de la jornada. Se prevén precipitaciones durante todo el día en Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora.

Las temperaturas en esta región oscilarán entre los 18 °C y 27,5 °C, con niveles de radiación UV entre moderados y altos.

Radiación UV alcanzará niveles extremadamente altos

El informe meteorológico también advierte sobre índices de radiación ultravioleta que irán desde moderados hasta extremadamente altos, dependiendo de la zona del país. Los niveles más elevados se registrarían en las provincias de Imbabura y Loja.

Ante este escenario, el Inamhi recomienda limitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00, especialmente en las áreas donde la radiación alcanzará sus valores máximos.

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Galápagos también tendrá lluvias aisladas

En la región Insular se prevén cielos variables y precipitaciones matutinas en San Cristóbal e Isabela. Las temperaturas estarán entre los 23,5 °C y 32 °C, con niveles de radiación UV que oscilarán entre altos y muy altos.

Lo que debes saber

• Alias Charlotte fue aprehendido en Guayaquil por presuntos vínculos con Los Tiguerones.
• Un allanamiento en Lomas de la Florida permitió la captura de un menor investigado por delincuencia organizada.
• Durante el operativo en Guayaquil se incautaron un revólver, municiones y un celular para pericias.

Un adolescente identificado por las autoridades como alias Charlotte, señalado como presunto integrante de la organización criminal Los Tiguerones, fue aprehendido durante un operativo militar ejecutado la mañana de este 25 de agosto de 2026 en el sector Lomas de la Florida, en el noroeste de Guayaquil.

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Según información publicada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la intervención se realizó mediante un allanamiento dentro de una Operación Militar en el Ámbito Interno (OMAI), como parte de las acciones desplegadas para combatir a los grupos de delincuencia organizada en zonas consideradas prioritarias.

Las Fuerzas Armadas señalaron que el menor, identificado como Jeremy Joel Pincay Valarezo, sería presuntamente sicario y estaría vinculado a la estructura criminal Los Tiguerones, una de las organizaciones señaladas por las autoridades como responsables de varios hechos violentos en el país.

Hallazgo de arma y otros indicios durante el allanamiento

Durante el allanamiento, los uniformados encontraron un revólver Smith & Wesson, tres municiones y un teléfono celular. Los indicios fueron entregados a las autoridades competentes para las respectivas pericias e investigaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, el adolescente fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales, que definirán su situación jurídica conforme a la legislación vigente para menores de edad.

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Operativo se realizó en una zona priorizada de Guayaquil

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Las autoridades no informaron si el aprehendido registra antecedentes ni precisaron si existen procesos judiciales abiertos en su contra. Tampoco se detalló el alcance de las investigaciones sobre su presunta vinculación con Los Tiguerones.

La evidencia incautada será sometida a análisis periciales como parte de las diligencias que buscan determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos.

Lo que debes saber

• Las propuestas locales todavía tienen poca presencia en el escenario preelectoral.
• El rechazo político puede influir en la decisión de los electores.
• La falta de claridad sobre los planes podría afectar la futura gestión municipal y provincial.

A poco más de tres meses de la jornada electoral, los precandidatos ya buscan conectar con los ciudadanos, tanto en la esfera virtual como en la física, con la mira puesta en conquistar el voto. Expertos advierten del riesgo de que los discursos apelen a lo visceral y terminen desplazando el debate sobre las necesidades y propuestas que marcarán la elección.

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Andrés Lozano, director ejecutivo de la Fundación Gobernanza Participativa, sostiene que esperar un voto completamente racional no es realista, porque la política tiene un componente emocional inevitable. Sin embargo, considera que esto no debería estar solo relacionado con el rechazo a un candidato, sino también con la expectativa que genera una propuesta para una localidad.

No obstante, en esta etapa preelectoral, según Lozano, están ausentes las propuestas que permitan conocer qué visión tienen los precandidatos para las ciudades y provincias que buscan gobernar. Por ello, uno de los principales riesgos del proceso es que las elecciones locales terminen convertidas en una suerte de plebiscito sobre la política nacional.

"La (elevada) cantidad de candidatos dificultará contrastar las propuestas y hará que la información disponible en redes termine condicionada por el alcance que tengan".Santiago González, docente de la Universidad de Guayaquil

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El mensaje político apela a las emociones

María Fernanda Carvajal, catedrática y consultora en comunicación política, plantea que en el escenario preelectoral hay un predominio de la emoción sobre el contenido programático. Carvajal estima que actualmente los mensajes de los aspirantes podrían estar compuestos en un 80% por elementos emocionales y en un 20% por propuestas, además de identificar una creciente confrontación entre candidatos.

Según la catedrática, esa dinámica construye escenarios de tensión, incertidumbre, inseguridad y miedo, que pueden resultar más efectivos para captar atención que una explicación detallada de un plan de gobierno. A su criterio, los actores políticos conocen qué mensajes generan respuesta en la ciudadanía y recurren a ellos porque tienen mayor capacidad para conectar con el público.

Pero la apelación emocional no se limitaría solo al discurso. Carvajal advierte que una dádiva o un momento de cercanía (como bingos, rifas, jornadas deportivas o comidas) no puede sustituir la ejecución de proyectos capaces de atender los problemas de una comunidad.

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El voto puede quedar atrapado en el rechazo

Para Santiago González, politólogo y docente de la Universidad de Guayaquil, la emoción seguirá teniendo una ventaja porque permite establecer una conexión inmediata con el electorado, mientras que un discurso excesivamente técnico resulta distante. El problema, dice, aparece cuando esa conexión lleva al elector a votar en contra de sus propios intereses y necesidades, en lugar de valorar lo que cada postulante propone.

González identifica, además, un electorado que ya se mueve por posiciones de rechazo o respaldo hacia ciertos sectores políticos, aunque también observa segmentos más volátiles y, en especial entre los jóvenes, una demanda creciente de explicaciones claras. Ellos, según el docente, no necesariamente leen planes de gobierno extensos, pero sí consumen contenidos digitales y preguntan qué propone un candidato y cómo lo ejecutará.

"Los medios podrían ayudar a cambiar esta dinámica si contrastan lo que ofrece cada candidato y explican qué hará, en qué tiempo y cómo ejecutará sus propuestas".María Fernanda Carvajal, consultora en comunicación política

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El riesgo puede llegar a las alcaldías

El riesgo, según Lozano, trasciende la campaña y puede trasladarse a la gestión pública. Advierte que si los electores no llevan la discusión hacia las necesidades concretas de cada localidad, el resultado podría ser tener “alcaldías desconectadas” de los requerimientos de su gente, sin un norte claro durante los cuatro años de administración.

Carvajal alerta del riesgo de que las expectativas generadas en campaña no respondan a las necesidades reales. Además de que un voto dominado por las emociones llevaría a no priorizar lo que cada candidato afirma que hará, subraya González.

Silvia Buendía murió este lunes 24 de agosto de 2026, a los 58 años, luego de enfrentar un cáncer. Familiares, amigos y personas cercanas a la abogada y activista ecuatoriana confirmaron la noticia de su fallecimiento.

Buendía construyó durante décadas una trayectoria ligada a la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y de las personas LGBTI. Su voz estuvo presente tanto en el activismo como en medios de comunicación, espacios políticos y debates públicos.

Nacida en Guayaquil el 9 de octubre de 1967, Silvia Elena Buendía Silva estudió en el Colegio Alemán Humboldt y posteriormente se graduó como abogada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

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Una vida ligada al activismo

Su trabajo por los derechos de las mujeres comenzó en la década de los noventa. Con el paso de los años se convirtió en una figura reconocida del movimiento feminista ecuatoriano y de la lucha por los derechos de las diversidades sexuales.

Buendía fue portavoz de la Red LGBTI Diversidad Ecuador y participó activamente en la campaña que impulsó el reconocimiento del matrimonio igualitario en el país. También patrocinó jurídicamente casos relacionados con la defensa de personas LGBTI.

En 2016 integró una delegación de organizaciones de la sociedad civil que viajó a Ginebra, Suiza, para participar en el examen de Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí abordó la situación de los derechos de las personas LGBTI, las denominadas clínicas de “deshomosexualización” y la lucha por el matrimonio igualitario.

La defensa de los derechos de las mujeres fue otro de los ejes de su trayectoria. Buendía destacó públicamente la importancia de visibilizar la violencia de género y sostuvo que la tipificación del femicidio no bastaba por sí sola para acabar con el problema, sino que debía estar acompañada de políticas públicas, educación y cambios sociales.

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De los medios a la política

Además de ejercer como abogada, Buendía desarrolló una carrera en los medios de comunicación. Fue columnista y colaboró con medios ecuatorianos. En televisión alcanzó notoriedad como parte del programa Así Somos, de Ecuavisa, y posteriormente condujo Ventana Ciudadana, en Ecuador TV.

También incursionó en política. Militó en Ruptura de los 25 y fue candidata a la Asamblea Nacional. Años después estuvo vinculada a Movimiento Construye. Desde 2017 formó parte de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Su presencia en redes sociales amplificó además sus posiciones sobre feminismo, derechos humanos, política y diversidad sexual, convirtiéndola en una figura reconocible dentro del debate público ecuatoriano.

“El mayor desafío es hacerle frente a una campaña mundial de descrédito al feminismo”

Buendía mantuvo siempre una postura firme sobre los desafíos que enfrentaban las mujeres. “El mayor desafío que enfrentamos las mujeres hoy en día es hacerle frente a una campaña mundial de descrédito al feminismo”, sostuvo al referirse a los cuestionamientos contra las reivindicaciones feministas.

También defendía la importancia de visibilizar la violencia para combatir su normalización. Al hablar sobre la tipificación del femicidio en Ecuador, explicaba: “No es que cuando tú tipificas como delito una conducta esta desaparece”, pero consideraba que reconocerla legalmente permitía impulsar políticas públicas, educación y conciencia social para “poner el dedo en esa llaga”.

Buendía estaba casada con Carlos Lasso y era madre de Carlos Javier y Adriana Elena.

Su muerte cierra una trayectoria marcada por debates que atravesaron buena parte de las últimas décadas en Ecuador: los derechos de las mujeres, la violencia de género, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las personas LGBTI. En muchas de esas discusiones, Silvia Buendía no fue una espectadora: estuvo entre quienes las llevaron al espacio público.

Los puntos claves

• 1.150 cámaras han sido retiradas en Ecuador durante aproximadamente un año de operativos.
• Solo 82 equipos han sido devueltos a propietarios que lograron acreditar su pertenencia.
• Al menos 200 cámaras han sido retiradas en nueve operativos realizados en Guayaquil.
• 30 días tienen los propietarios de una cámara retirada para acreditar su propiedad ante el ECU 911.

La instalación de cámaras de videovigilancia se ha vuelto cada vez más común en Ecuador. Viviendas, urbanizaciones, negocios y barrios recurren a estos equipos como una herramienta de seguridad. Sin embargo, no todas las cámaras pueden colocarse en cualquier lugar.

El ECU 911 informó este lunes 24 de agosto que 1.150 cámaras instaladas de forma irregular han sido retiradas en el país durante aproximadamente un año de operativos. De ese total, apenas 82 han sido devueltas a personas que lograron acreditar que eran sus propietarias.

La cifra volvió a tomar fuerza tras un operativo realizado en el norte de Guayaquil, donde fueron desmontadas unas 40 cámaras ubicadas en las ciudadelas Acuarela del Río y Brisas del Río, además de sectores cercanos como Sauces y Guayacanes.

Pero ¿qué puede hacer una persona que quiere colocar una cámara para proteger su vivienda o negocio y cuándo esa instalación pasa a ser irregular?

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¿Se puede instalar una cámara en una propiedad privada?

Sí. Los ciudadanos pueden instalar sistemas de videovigilancia dentro de sus propiedades. El problema aparece cuando los equipos son colocados en espacios públicos o bienes que no pertenecen al propietario, como postes de alumbrado.

El Decreto Ejecutivo 214, emitido en marzo de 2024, amplió las competencias del ECU 911 y estableció que esta entidad regula la interoperabilidad de los sistemas y plataformas tecnológicas públicas y privadas que requieran conectarse con el servicio de seguridad.

Por eso, una cámara instalada dentro de una vivienda no tiene el mismo tratamiento que un equipo colocado en un poste público para vigilar una calle.

En los operativos realizados en Guayaquil, precisamente, una de las principales verificaciones consiste en determinar dónde está instalado el dispositivo y si cuenta con la autorización correspondiente.

¿Qué pasa con las cámaras colocadas en postes?

Es uno de los principales puntos de control de las autoridades.

En junio, por ejemplo, fueron retiradas 28 cámaras colocadas en postes de alumbrado público en La Florida, en el norte de Guayaquil. Ese mismo día se desmontaron otras 25 cámaras en la cooperativa Juan Montalvo. Las autoridades señalaron que algunos de estos equipos eran utilizados para vigilar zonas donde se realizaban operativos de seguridad.

El ECU 911 ha explicado que las cámaras instaladas en espacios públicos requieren autorización de la entidad.

La preocupación de las autoridades no se limita al lugar donde están instalados los equipos. También importa quién los controla, qué zonas están captando y para qué se utiliza la información obtenida.

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En algunos de los operativos, como lo ha venido publicando EXPRESO, se han encontrado cámaras con megáfonos, sistemas de reconocimiento facial e incluso equipos conectados a centros de monitoreo instalados dentro de viviendas.

¿Por qué el ECU 911 interviene estos sistemas?

El Decreto Ejecutivo 214 convirtió al ECU 911 en la entidad encargada de regular, coordinar y controlar el servicio de videovigilancia dentro de sus competencias. La norma también le asigna la regulación de la interoperabilidad de sistemas tecnológicos públicos y privados que requieran conectarse con el servicio.

A esto se suma el Decreto Ejecutivo 397, de septiembre de 2024, que dispuso que los sistemas de videovigilancia vinculados con la seguridad ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados y entidades creadas por estos interoperen y proporcionen acceso al ECU 911 bajo los parámetros establecidos.

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¿Qué ocurre si retiran una cámara que sí es mía?

El retiro de un equipo no significa necesariamente que el propietario lo pierda de forma definitiva.

Según el ECU 911, quienes consideren que una cámara retirada les pertenece pueden acudir a la entidad para acreditar la propiedad. Para ello pueden presentar la factura del equipo o una declaración juramentada.

El plazo establecido para realizar este trámite es de 30 días.

En los puntos intervenidos, además, los funcionarios dejan sellos para informar sobre el retiro y explicar el procedimiento que puede seguir el propietario.

La diferencia está, entonces, entre demostrar que el equipo pertenece a una persona y demostrar que su instalación en determinado lugar era legal.

Ecuador busca una regulación más amplia

La discusión sobre las cámaras también llegó a la Asamblea Nacional. En 2026 se tramita un proyecto de Ley Orgánica de Regulación de Sistemas de Videovigilancia que busca establecer un marco integral para la instalación, operación, interoperabilidad, acceso y control de estos sistemas.

La propuesta plantea, entre otros puntos, un Registro Nacional de Sistemas de Videovigilancia y reglas para los equipos instalados en espacios públicos y privados.

Mientras esa normativa avanza, el ECU 911 mantiene los operativos para identificar y retirar sistemas instalados de manera irregular.

En Guayaquil, nueve intervenciones ya han permitido retirar al menos 200 cámaras.  

El aviso fue emitido el 18 de agosto de 2026 por el Departamento de Estado y mantiene a Ecuador en el nivel 2, que aconseja extremar las precauciones al ingresar al país. Sin embargo, el organismo estableció advertencias más severas para determinados sectores de Guayaquil y varias provincias.

La actualización diferencia las zonas en las que recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia de aquellas donde sugiere reconsiderar el desplazamiento debido al aumento de los riesgos de seguridad.

De acuerdo con el historial publicado por el Departamento de Estado, el nivel general de Ecuador no cambió. La actualización incorporó una nueva zona de mayor riesgo y modificó las restricciones de viaje para los empleados de la Embajada estadounidense.

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Zonas de Ecuador a las que Estados Unidos recomienda no viajar

Dentro del nivel 4, correspondiente a la recomendación de “no viajar”, aparecen los distritos de Nueva Prosperina y Pascuales, en Guayaquil, además de todos los sectores ubicados al sur de la avenida Portete de Tarqui.

La misma advertencia se aplica a Huaquillas y Arenillas, en la provincia de El Oro; Quevedo, Quinsaloma y Pueblo Viejo, en Los Ríos; y el cantón Durán, perteneciente a Guayas.

El listado también incluye la ciudad de Esmeraldas, las áreas ubicadas al norte de esta localidad y el territorio que se extiende hasta la frontera con Colombia y hacia el este, en dirección a la provincia de Carchi.

El Departamento de Estado señaló que los empleados del Gobierno estadounidense tienen restricciones para trasladarse hacia esos sectores. También advirtió que su capacidad para brindar asistencia de emergencia a sus ciudadanos puede ser limitada debido a las condiciones de seguridad.

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En el nivel 3, correspondiente a la recomendación de “reconsiderar el viaje”, fueron incluidos todos los sectores de Guayaquil ubicados al norte de la avenida Portete de Tarqui.

La advertencia también abarca el resto de El Oro, con excepción de Huaquillas y Arenillas, que se encuentran en el nivel más alto; y el resto de Los Ríos, fuera de Quevedo, Quinsaloma y Pueblo Viejo.

Asimismo, Estados Unidos recomendó reconsiderar los desplazamientos hacia las zonas ubicadas al sur de la ciudad de Esmeraldas y hacia las provincias de Sucumbíos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo.

Según el aviso, en estas provincias han operado organizaciones criminales y otros grupos involucrados en hechos violentos. Por ello, el personal del Gobierno estadounidense debe mantener precauciones adicionales durante sus desplazamientos.

Delincuencia, terrorismo y secuestros motivaron la alerta

El Departamento de Estado identificó a la delincuencia como un problema extendido en Ecuador. El documento advirtió sobre delitos violentos relacionados con el narcotráfico, entre ellos homicidios, agresiones, secuestros y robos a mano armada.

Las zonas con presencia de organizaciones criminales transnacionales, agregó el organismo, registran índices de violencia considerablemente más altos. Ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes de ese país también han sido víctimas de secuestros y extorsiones en Ecuador.

El aviso incluyó además el riesgo de violencia terrorista, con posibles ataques y otras actividades delictivas. La advertencia no significa que todo el territorio ecuatoriano se encuentre en el mismo nivel, pues las restricciones varían según la ciudad o provincia.

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Protestas pueden afectar carreteras y servicios

La alerta también se refirió a las manifestaciones motivadas por situaciones políticas o económicas. Según el Departamento de Estado, estas movilizaciones pueden producirse en diferentes puntos del país y ocasionar cierres de carreteras locales o autopistas sin previo aviso.

Los bloqueos pueden interrumpir el transporte y afectar otros servicios esenciales. Por esa razón, el organismo aconsejó evitar protestas, concentraciones y aglomeraciones.

Washington también señaló que una parte considerable del territorio ecuatoriano es remota y poco habitada, especialmente fuera de las principales ciudades. Esta condición puede retrasar la asistencia de las autoridades locales y del Gobierno estadounidense ante una emergencia.

Lo que debes saber

• 42.000 hectáreas: son parte de las áreas de conservación vinculadas al trabajo del Fondo de Páramo de Tungurahua. 
  
• USD 8,7 millones: se han movilizado durante 18 años para iniciativas de conservación y desarrollo comunitario.
• 600.000 habitantes: según el Fondo de Páramo, las zonas conservadas contribuyen a garantizar agua para consumo humano y riego en Tungurahua.

En Tungurahua, cuidar el páramo también significa encontrar cómo vivir de él sin destruirlo. En Pilahuín, Yatzaputzán y otras comunidades rurales, las familias buscan mantener la producción de leche, la crianza de animales y otras actividades económicas sin extender la frontera agrícola hacia las zonas de conservación.

La idea se sostiene desde hace 18 años a través del Fondo de Páramo de Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, un fideicomiso que desde su creación ha movilizado 8,7 millones de dólares para proyectos de conservación y desarrollo comunitario. El modelo busca que proteger las fuentes de agua no signifique dejar de producir.

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Juan José Carrillo, secretario técnico del fondo, explica que la iniciativa nació con la participación del Movimiento Indígena, el Gobierno Provincial, la Empresa Municipal de Agua Potable, la Empresa Eléctrica Ambato y la empresa de generación eléctrica Hidroagoyán. Hoy el trabajo alcanza a ocho organizaciones de segundo grado, 10 gobiernos parroquiales y una mancomunidad, que manejan 19 planes de manejo de páramo.

Producir sin avanzar
sobre el páramo

En las comunidades, los recursos se convierten en proyectos que buscan mejorar la producción sin ampliar las zonas intervenidas. Hay iniciativas para mejorar la producción de leche, criar ovinos y porcinos, impulsar una agricultura sostenible, desarrollar el ecoturismo y crear bioemprendimientos.

En Yatzaputzán, por ejemplo, una organización de indígenas y campesinos de segundo grado cuenta con una planta de acopio y enfriamiento de leche. También mantiene un convenio con la empresa El Ordeño para avanzar en la industrialización del producto.

El acompañamiento no termina con la entrega de recursos. También se vigila qué ocurre con el territorio: la calidad de las vertientes, el estado de las áreas de conservación y la presencia de fauna y flora. El objetivo es reducir la presión de las actividades pecuarias y evitar que las familias necesiten ocupar nuevas áreas del páramo para producir.

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En Pilahuín, ese cambio se refleja en la producción de leche. Luis Humberto Matia, dirigente de la comunidad El Lindero, de la Corporación de Organizaciones Campesinas de Segundo Grado, cuenta que antes las familias producían menos. Los proyectos permitieron mejorar los pastos, las razas de ganado y los sistemas de riego.

Su organización reúne a 15 comunidades filiales. Matia insiste en que el cuidado del páramo no puede separarse del agua. “Del páramo nace el líquido vital que es el agua”, sostiene. Por eso, dentro de las comunidades también se busca que los comuneros respeten los límites establecidos y entiendan que ampliar las áreas productivas puede terminar afectando las fuentes.

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42.000 hectáreas que
sostienen el agua

El esfuerzo supera a las comunidades y alcanza unas 42.000 hectáreas ubicadas dentro de áreas de conservación que aportan a la protección de las cuencas de los ríos Ambato y Pastaza.

Según el Fondo de Páramo, estas zonas contribuyen a garantizar agua para el consumo humano y el riego de una población cercana a 600.000 habitantes de Tungurahua. El páramo funciona como una reserva natural: almacena agua y ayuda a mantener los caudales durante los períodos secos.

Para Manuela Ainaguano, habitante de Pilahuín, los proyectos han dejado algo más que infraestructura o mejoras en la producción. También han cambiado la forma en que las comunidades entienden el territorio. Cuenta que ahora existe mayor conocimiento sobre el cuidado ambiental y una idea que se repite entre los habitantes: si el páramo se deteriora, el agua también está en riesgo. 

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Lo que debes saber

• Familiares de reclusos exigen que se habilite el régimen de visitas en la Cárcel del Encuentro.
• Con apoyo del CDH, presentaron una acción de protección en el Complejo Judicial de Santa Elena.
• Denuncian falta de información sobre la salud de los internos tras reportes de supuestos decesos.

Familiares de personas privadas de libertad provenientes de distintas provincias del país se concentraron este 24 de agosto de 2026 en los exteriores del Complejo Judicial de Santa Elena para interponer una acción de protección. Los manifestantes protestaron con carteles y banderas nacionales para exigir que las autoridades penitenciarias establezcan un régimen de visitas y transparenten las condiciones de salud y reclusión de sus allegados en la Cárcel del Encuentro, tras permanecer incomunicados desde sus traslados al centro penitenciario de máxima seguridad.

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Familiares de reclusos exigen régimen de visitas en Santa Elena

Un grupo de ciudadanos procedentes de varias provincias llegó hasta la sede judicial provincial para reclamar información sobre el estado de sus parientes trasladados a la Cárcel del Encuentro. Los manifestantes afirmaron que, desde el ingreso de los reclusos a esta prisión de máxima seguridad, no han podido acceder a visitas ni mantener contacto con ellos.

“Desde que mi hijo fue llevado a la Cárcel del Encuentro no sé nada de él. No quiero que lo liberen, debe pagar su error, pero tienen que permitir las visitas. Él tiene un niño pequeño que necesita ver a su padre”, expresó una de las ciudadanas que participó en el plantón.

La incertidumbre de las familias se intensificó luego de que trascendieran alertas de que algunos internos habrían fallecido a causa de enfermedades dentro del reclusorio.

El Comité de Derechos Humanos respalda el reclamo judicial

La medida de hecho contó con el acompañamiento de Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), quien explicó que el objetivo central del plantón fue ingresar una acción de protección ante la justicia ecuatoriana por la vulneración de derechos que genera la incomunicación.

“Sabemos que es un centro de máxima seguridad, pero debe existir un régimen de visitas. Al no haberlo, se vulnera el derecho de estas familias. Ellos no piden la libertad de sus parientes, solo exigen poder visitarlos”, afirmó Bastias.

Tras la entrega formal de la demanda, se prevé que en las próximas horas se convoque a la audiencia correspondiente, donde un juez resolverá la solicitud de los demandantes.

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Antecedentes y pedidos de los manifestantes

El reclamo en el Complejo Judicial sucede a otra jornada de manifestaciones efectuada días atrás en el acceso al centro carcelario.

Demandas principales de los familiares

Las familias que se han movilizado en buses desde diferentes puntos del país exigen el cumplimiento de la normativa nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, centrando sus solicitudes en los siguientes puntos:

Restricciones de acceso y medidas de seguridad en Juntas del Pacífico

Durante la jornada del 19 de agosto, los manifestantes avanzaron por la vía principal hasta topar con la primera barricada de seguridad, donde personal militar les impidió el paso hacia el perímetro de la penitenciaría de máxima seguridad.

En este sector rigen estrictas medidas de control:

Ambas fueron trasladadas de emergencia al HCA Florida Poinciana Hospital para recibir atención médica. Grace sufrió lesiones cervicales y necesitó un collarín, mientras que Giulianna atravesó una crisis nerviosa después del impacto, según relató su familia.

Sin embargo, mientras todavía permanecían en el centro hospitalario, agentes migratorios llegaron para detenerlas. En un video del procedimiento se escuchan sus pedidos de auxilio y los reclamos de sus familiares, quienes exigían conocer la orden que respaldaba la intervención.

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Así quedó el vehículo tras el accidente

Las imágenes compartidas por la familia muestran la magnitud del choque. El automóvil quedó detenido a un costado de la carretera, con graves daños en la parte posterior izquierda y varias piezas desprendidas sobre la calzada.

La colisión deformó la carrocería alrededor de la llanta trasera, rompió una de las ventanas laterales y afectó la compuerta posterior. Las puertas quedaron abiertas mientras unidades de emergencia y agentes permanecían en el lugar.

En la parte delantera también se observan las bolsas de aire activadas. Aunque las fotografías permiten dimensionar las consecuencias del impacto, todavía falta acceder al reporte oficial del accidente para establecer las circunstancias en las que el otro conductor perdió el control, la velocidad de los vehículos y las responsabilidades derivadas del choque.

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La situación migratoria de las dos ecuatorianas

La detención generó preocupación entre organizaciones sociales y grupos de defensa de los migrantes, que solicitaron la liberación de madre e hija y pidieron que se revise el procedimiento ejecutado dentro del hospital.

De acuerdo con sus familiares, Grace había presentado una solicitud de asilo en Estados Unidos y esperaba una resolución. La mujer también contaba con un permiso de trabajo vinculado a su trámite migratorio.

Giulianna, por su parte, tendría una visa de turismo vigente hasta 2030, según la documentación mencionada por la familia. No obstante, las autoridades estadounidenses todavía no han explicado públicamente qué irregularidad migratoria habría motivado la detención de las dos ecuatorianas.

Agentes llegaron mientras recibían atención médica

Grace y Giulianna permanecían en el área de traumatología cuando las autoridades ingresaron al establecimiento para interrogarlas y ejecutar el procedimiento migratorio.

En la intervención participaron funcionarios de la Oficina del Sheriff del condado de Polk, una entidad que mantiene cooperación con las autoridades federales de inmigración. El condado figura entre las jurisdicciones que colaboran con ICE mediante el programa 287(g), que permite a determinados agentes locales ejercer funciones migratorias bajo supervisión federal.

ICE ha identificado oficialmente a la Oficina del Sheriff de Polk como uno de sus colaboradores en Florida. Sin embargo, la propia agencia establece que los oficiales locales autorizados bajo el programa deben obtener su aprobación antes de emitir una retención migratoria. Por ello, todavía debe aclararse qué institución ordenó la detención y qué agentes trasladaron finalmente a las mujeres.

También está pendiente confirmar si las dos pacientes habían recibido el alta médica, si fueron examinadas antes de abandonar el establecimiento y qué tratamiento necesitaban después del accidente.

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“Me duele demasiado”, se escucha durante la detención

El procedimiento quedó registrado en un video grabado dentro del hospital. “Me duele demasiado”, repite una de las ecuatorianas mientras sus familiares piden explicaciones, preguntan por los documentos que respaldarían la detención y solicitan a los agentes que no la maltraten.

“¿Dónde está la orden?” y “no nos han enseñado nada” son algunos de los reclamos que se escuchan durante la intervención. Los allegados también aseguran que no recibieron información inmediata sobre el lugar al que serían trasladadas.

En las imágenes proporcionadas por la familia, Grace aparece recostada en una camilla, con un collarín alrededor del cuello y aparentes manchas de sangre en su vestimenta. Giulianna, quien tiene un trastorno de ansiedad diagnosticado, habría presentado una crisis nerviosa debido al accidente y a la posterior detención.

La grabación no permite determinar si el hospital autorizó su salida ni si existía una orden específica contra ellas. Esos elementos deberán ser esclarecidos con las versiones del centro médico, la Oficina del Sheriff del condado de Polk e ICE.

Grace había solicitado asilo en Estados Unidos

Grace salió de Ecuador después de haber sido víctima de un intento de secuestro, según la versión de sus familiares. Al llegar a Estados Unidos presentó una solicitud de asilo, cuyo trámite se encontraba pendiente cuando ocurrió la detención.

William Murillo, representante de la organización 1-800 Migrante, explicó a Ecuavisa que las personas que solicitan asilo pueden recibir documentos y permisos mientras esperan una respuesta. Sin embargo, aclaró que encontrarse dentro de ese proceso no equivale a tener residencia permanente ni impide automáticamente una actuación de las autoridades migratorias.

Murillo señaló que un abogado deberá revisar el expediente de ambas mujeres para establecer la situación de sus documentos, la razón de la detención y las alternativas legales disponibles. También deberá comprobar si Grace tenía programadas audiencias o citas ante las autoridades migratorias.

Madre e hija fueron trasladadas a un centro de detención

Después de ser retiradas del hospital, Grace y Giulianna fueron trasladadas a un centro de detención en Florida. Sus familiares comenzaron a buscar asistencia jurídica para localizarlas, revisar sus expedientes y determinar si pueden solicitar su liberación mientras se resuelve el caso.

Hasta este lunes 24 de agosto de 2026, ICE no había difundido un comunicado público que explicara el motivo de la detención, el estado migratorio atribuido a las ecuatorianas o las condiciones en las que fueron retiradas del hospital.

La familia también espera conocer si ambas continúan juntas, si han recibido atención médica después del traslado y cuándo podrán comparecer ante una autoridad migratoria.

Lo que debes saber

• EE. UU. pidió reconsiderar viajes a Manabí y Santa Elena por criminalidad y secuestros.
• Departamento de Estado actualizó la alerta para Ecuador el 18 de agosto.
• Manabí y Santa Elena quedaron bajo observación por riesgos de seguridad para viajeros.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Ecuador y recomendó a sus ciudadanos reconsiderar los desplazamientos hacia varias zonas del país, entre ellas las provincias de Manabí y Santa Elena, debido al aumento de riesgos asociados con la criminalidad, el terrorismo y los secuestros.

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La actualización, emitida el 18 de agosto de 2026, mantiene a Ecuador bajo una alerta de nivel 2, que implica ejercer mayores precauciones al viajar. Sin embargo, identifica provincias y ciudades con niveles de riesgo superiores, donde las autoridades estadounidenses consideran necesaria una evaluación más cuidadosa antes de realizar visitas.

Manabí y Santa Elena entre las zonas bajo observación

Dentro de las áreas para las que Washington recomienda reconsiderar los viajes se encuentran las provincias de Manabí, Santa Elena, Sucumbíos y Santo Domingo. También figuran sectores de Guayaquil, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas afectados por problemas de seguridad vinculados a organizaciones criminales.

La advertencia no constituye una prohibición general para turistas estadounidenses, sino una recomendación oficial para evaluar los riesgos antes de viajar a esos territorios. En otras zonas del país, el Departamento de Estado llega incluso a recomendar no viajar debido a amenazas relacionadas con delincuencia organizada y terrorismo.

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La violencia criminal figura entre las principales preocupaciones

Según el informe, la expansión de organizaciones vinculadas al narcotráfico ha incrementado delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos armados y robos violentos en distintas regiones del país. El documento señala que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestro y extorsión en Ecuador.

La evaluación estadounidense también menciona riesgos relacionados con posibles actos de terrorismo, disturbios y toma de rehenes, factores que forman parte de los criterios utilizados para elaborar las alertas de viaje.

Restricciones para funcionarios estadounidenses

La actualización también establece limitaciones para empleados del Gobierno de Estados Unidos que trabajan en Ecuador. El Departamento de Estado reconoce que en determinadas zonas del país su capacidad para brindar asistencia consular o servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses es reducida debido a las condiciones de seguridad.

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Aunque Manabí y Santa Elena no forman parte de las áreas catalogadas bajo la advertencia más alta, su inclusión dentro de las provincias para las que se recomienda reconsiderar los viajes refleja la preocupación de Washington por el impacto de la violencia criminal en territorios que además concentran una importante actividad turística.

La actualización ocurre en medio de una creciente atención internacional sobre la situación de seguridad en Ecuador, especialmente en provincias costeras donde las disputas entre organizaciones criminales han incrementado los niveles de violencia durante los últimos años.

Lo que debes saber

• Tres personas fueron asesinadas la noche del domingo 23 de agosto en el polideportivo del barrio 16 de Noviembre, en La Iberia, El Guabo.
  
• Los hermanos Javier y Jhonny Pillacela estaban comiendo un chuzo cuando llegaron los atacantes y dispararon contra quienes estaban en el lugar.
  
• La Policía encontró 18 indicios balísticos y señaló que se habría utilizado un arma calibre 9 milímetros.

Un campeonato deportivo terminó en tragedia la noche del domingo 23 de agosto, cuando hombres armados irrumpieron en un polideportivo de la parroquia La Iberia, en El Guabo, provincia de El Oro, y desataron una balacera que dejó tres personas asesinadas y varios heridos.

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Las víctimas fueron identificadas como Javier Fernando y Jhonny Arnaldo Pillacela Espinoza, dos hermanos que se encontraban en el escenario deportivo, y Darío Javier Rivas Villalta, quien trabajaba en el lugar como vendedor de chuzos.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 21:20, cuando varias personas permanecían en el polideportivo del barrio 16 de Noviembre observando un campeonato. De acuerdo con testigos, los hermanos Pillacela estaban sentados comiendo cuando fueron sorprendidos por los atacantes.

Según las primeras versiones, dos sujetos llegaron a bordo de un vehículo. Ambos tenían sus rostros cubiertos con pasamontañas. Descendieron del automotor y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el complejo deportivo.

¿Cómo ocurrió la balacera?

Los disparos alcanzaron a Javier y Jhonny Pillacela, quienes quedaron sin vida en la cancha. Rivas también recibió varios impactos durante el ataque y murió en el sitio.

El comandante de la Policía en El Oro, Remigio Albiño, confirmó que los atacantes ingresaron al complejo deportivo y realizaron múltiples detonaciones.

“Repentinamente ingresa un vehículo con dos ocupantes cubiertos del rostro con pasamontañas y realizan varios disparos; desafortunadamente, hay tres personas fallecidas”, señaló el oficial.

En la escena, los investigadores localizaron 18 indicios balísticos. Las primeras pericias establecieron que se habría utilizado un arma de fuego calibre 9 milímetros, según explicó Albiño.

La Policía todavía no determina con certeza quién era el objetivo del ataque. El comandante indicó que una de las víctimas tendría antecedentes y que las investigaciones deberán establecer si la balacera estaba dirigida contra alguno de los tres fallecidos.

¿Hubo una víctima colateral?

La situación de Rivas es uno de los puntos que los investigadores buscan esclarecer. Inicialmente, se manejó la versión de que el vendedor de chuzos habría sido alcanzado de manera colateral mientras trabajaba en el polideportivo.

Sin embargo, Albiño señaló que todavía no existe certeza sobre el objetivo de los sicarios.

“Eso ya las investigaciones determinarán contra quién estuvo dirigido el ataque, probablemente contra una de las tres personas fallecidas”, manifestó.

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El comandante también reconoció la posibilidad de que una de las víctimas haya sido alcanzada sin ser el blanco de los atacantes.

“Todavía no tenemos la certeza contra quién estaba dirigido el ataque, pero probablemente pueda que haya una víctima colateral”, indicó.

La balacera generó momentos de pánico entre los asistentes al campeonato. Al escuchar las detonaciones, varias personas buscaron refugio y abandonaron rápidamente el escenario deportivo.

Hubo personas heridas

Además de los tres fallecidos, varias personas resultaron heridas durante el ataque. Los afectados fueron trasladados a diferentes casas de salud, entre ellas el Hospital de El Guabo y el Hospital Teófilo Dávila, en Machala.

La Policía informó que los heridos se encontraban estables. Mientras tanto, familiares de las víctimas llegaron hasta el polideportivo, donde se desarrollaron las primeras diligencias investigativas.

El ataque ocurrió en medio de un fin de semana marcado por hechos violentos en la provincia de El Oro. Albiño reconoció la gravedad del escenario y señaló que también se registró un evento relacionado con artefactos explosivos.

“Hemos tenido un fin de semana bastante violento, inclusive un evento con artefactos explosivos también”, expresó el comandante.

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¿Cuántas muertes violentas registra El Oro?

De acuerdo con los registros policiales citados por Albiño, El Oro acumula 660 muertes violentas entre enero y agosto de 2026.

El comandante atribuyó buena parte de esta violencia a disputas entre organizaciones delictivas por el control de territorios y actividades ilícitas.

“Generalmente, las muertes están atribuidas acá a la disputa por territorio, por temas de microtráfico acá; hay dos facciones muy identificadas que son Lobos y Sao Box”, explicó.

La investigación sobre el triple asesinato continúa para determinar quién ordenó el ataque, cuál era el objetivo de los sicarios y si el vendedor de chuzos fue una víctima colateral.

Lo que debes saber

• Alias Manaba fue capturado el 23 de agosto en Pueblo Viejo durante un operativo.
• En Los Ríos decomisaron explosivos, droga y un arma tras la detención.
• Investigan a alias 'Manaba' por presuntos vínculos con Los Lobos en cinco cantones.

Francisco Leodan Aveiga Valarezo, conocido como alias Manaba y señalado por organismos de inteligencia como uno de los presuntos cabecillas del grupo armado organizado Los Lobos en la provincia de Los Ríos, fue aprehendido durante un operativo ejecutado en el cantón Pueblo Viejo.

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La intervención se realizó el 23 de agosto en el sector Los Troncos, como parte de una operación denominada 'Impacto Letal'. De acuerdo con la información oficial, el detenido era considerado un objetivo de alto valor dentro de las investigaciones relacionadas con la estructura criminal.

Durante el allanamiento de un inmueble, los agentes encontraron:

Armas, explosivos y droga entre los indicios

Según el reporte del operativo, entre las evidencias incautadas constan 70 gramos de marihuana, 50 gramos de una sustancia identificada preliminarmente como 'creepy' y 300 gramos de pasta base de cocaína.

Las autoridades también informaron que los seis artefactos explosivos estaban armados al momento del hallazgo, por lo que fueron incorporados a la cadena de custodia junto con el resto de los indicios encontrados en la vivienda.

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Señalamientos por actividades criminales en varios cantones

Información de inteligencia militar ubica a alias "Manaba" como uno de los presuntos responsables de coordinar actividades de Los Lobos en los cantones Ventanas, Pueblo Viejo, Baba, Babahoyo y Vinces.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura estaría vinculada con delitos como sicariato, extorsión, secuestro, robo, tenencia y porte de armas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y asaltos a buses y camiones.

Registra antecedentes judiciales

El reporte señala que el aprehendido registra antecedentes por tenencia y porte de armas en 2017. Además, constan investigaciones relacionadas con presuntos casos de asesinato ocurridos en 2019, 2021 y 2024.

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Tras la operación, el detenido y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades atribuidas al sospechoso y la posible participación de otras personas vinculadas a esta organización delictiva.

Los datos claves

• Sujetos armados ingresaron de madrugada a La Joya fingiendo realizar un allanamiento. Los delincuentes se llevaron los celulares de los guardias y dañaron el sistema de vigilancia.
• Las urbanizaciones preparan nuevos controles para visitantes, vehículos y personas que alquilan viviendas.
• Autoridades y residentes piden más operativos de seguridad en los sectores residenciales de La Aurora.

El domingo 16 de agosto, sujetos vestidos como policías y militares ingresaron a la fuerza a una urbanización ubicada en La Aurora. Al día siguiente, agentes, personal de las Fuerzas Armadas y uniformados de tránsito realizaron un operativo de control en las vías aledañas.

Eso pasa dentro y fuera de los conjuntos residenciales en aquella parroquia de Daule: acciones criminales que preocupan y operaciones que calman la inseguridad de momento.

La irrupción de los presuntos uniformados se produjo en la madrugada, a las 02:30, en la etapa Turquesa de la urbanización La Joya. Se movilizaban en dos camionetas y estaban armados.

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Fingieron un allanamiento

A través de un comunicado, la administración de ese complejo de viviendas indicó que los implicados, para poder entrar, simularon realizar un allanamiento. Pero enseguida quedaron al descubierto sus intenciones.

“Los antisociales sustrajeron los teléfonos celulares del personal de garita y causaron daños en el sistema de vigilancia”, se indicó. La intención de los criminales habría sido llevarse a uno de los habitantes, pero esa acción no se habría concretado.

Una residente comentó que, durante el acto violento, las luces de la garita estaban apagadas. Además, la pluma que da paso a los vehículos estaba levantada y en el portón había sujetos que lucían como policías.

“Estaban los guardias maniatados con amarras. En ese momento se procedió a llamar al 911”, contó. Posteriormente, arribaron verdaderos agentes policiales en atención a esa inquietante alerta.

Tomaron recaudos

Guadalupe (nombre protegido), quien reside en otra etapa de la misma urbanización, mencionó que la directiva pasó un comunicado en el que detallaba acciones que se aplicarán para prevenir situaciones similares a la que ocurrió en Turquesa.

Entre las disposiciones principales consta que todo visitante debe portar cédula de identidad y no puede hacerlo en un carro sin placa, “salvo que el residente autorice excepcionalmente su ingreso, mediante un acta de responsabilidad debidamente firmada en la garita”.

Guadalupe afirma que en donde vive anteriormente se colocó un cerco eléctrico y también se instalaron cámaras, además de controles en los accesos y áreas internas. Y cuando ocurre algo en una etapa vecina, se refuerzan las medidas de seguridad.

Sin embargo, hay propietarios que reniegan por el tiempo que a veces tardan las revisiones y los protocolos.

“Una de las preocupaciones en el chat de la etapa es que quienes alquilen casas exijan un historial de antecedentes penales, sus fotos y qué vehículos tienen para permitir el ingreso”, dijo.

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Habrá reunión con administradores

En el operativo que se realizó al día siguiente del incidente, los uniformados revisaron vehículos en la vía para constatar si se transportaba algún objeto peligroso para la integridad ciudadana. También se verificó si había alguna persona requerida por la justicia.

Como resultado, se retuvieron varios coches sin placa y se retiraron películas antisolares.

El gobernador del Guayas, José Arévalo, quien estuvo presente en la actividad de seguridad, informó que está previsto tener una reunión “con todos los administradores de las urbanizaciones, para tener un mapeo extremadamente amplio de todo lo que tiene que ver con el alquiler, y sobre todo capacitación permanente a los guardias de las compañías de seguridad”.

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Rentas y controles, los retos

Evitar que las viviendas sean alquiladas a personas ligadas a grupos criminales es uno de los desafíos más importantes para paliar la inseguridad en los conjuntos residenciales.

Para el abogado penalista Steven Reyes, revisar si el interesado en rentar un inmueble tiene o no antecedentes penales es un paso fundamental. Pero hay otro punto igual de importante: que luego esta persona no alquile la propiedad a espaldas del dueño, para cometer actividades ilícitas o acoger a ciudadanos en conflicto con la ley.

“Eso puede ir en el contrato de arrendamiento, que se prohíbe subarrendar, para garantizar que el alquiler solo se cumpla con las personas que firman el contrato”, explicó.

También apuntó a que esta medida podría reforzarse a través de reformas legales, para que se sancione a los propietarios que no establezcan esa prohibición en los contratos; de igual manera, para que se sancione a quien subalquila.

El clamor de residentes: más operativos

Quienes habitan en los complejos residenciales privados en La Aurora también hacen hincapié en la necesidad de reforzar los controles y operativos por parte de las fuerzas del orden.

Elizabeth (nombre protegido), una ciudadana que reside en una etapa de la urbanización Villa del Rey, comentó que en una casa se solía ver ingresando y saliendo a personas sospechosas. Pensó que iban a detener a alguien de allí, pero no ocurrió.

“Hace poco entró la Policía y un camión con puros militares. Dieron vueltas adentro de la urbanización, en los alrededores y de ahí se fueron”, explicó.

Sin embargo, considera vital que este tipo de acciones se continúen efectuando, para incentivar a que la ciudadanía comunique las situaciones extrañas que ocurren en estos sectores.

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Ventas empiezan a afectarse

Madeleine Rodríguez, quien labora para una empresa que presta el servicio de publicidad, oferta y comercialización de casas a dueños interesados en vender sus propiedades, refirió que, aunque sí existe interés en compradores por inmuebles ubicados en La Aurora, las negociaciones se han vuelto complejas desde hace más de un año.

“Las viviendas ahí están saliendo vendidas, pero por menos del valor que quieren sus dueños. Les toca poner un precio más accesible para poderlas negociar, principalmente aquellos que tienen más apuro en venderlas”, reveló.

Otra ciudadana que se dedica al mismo tipo de actividad dijo que esa situación también influye en el valor de la comisión que se debe cobrar por la venta.

En la compañía donde labora se suele pedir el 6 % del monto por el que se comercializa la casa. Pero hay propietarios que no están dispuestos a que la comisión exceda el 4 %

Lo que debes de saber

• Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda del barrio Narcisa de Jesús, en Santa Elena.
• La Policía aprehendió a cinco personas, entre ellas una mujer y un adolescente, por su presunta relación.
• Un segundo allanamiento permitió decomisar armas de fuego, municiones, sustancias sujetas a fiscalización, celulares y una motocicleta.

Un violento hecho conmocionó a los habitantes del barrio Narcisa de Jesús, en la ciudad de Santa Elena, durante la madrugada de este domingo. Un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda, luego de que agentes de la Policía recibieran información sobre un posible hecho delictivo que se estaría registrando en el inmueble. Las víctimas se encontraban envueltas en fundas de color negro.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los responsables del crimen presuntamente pretendían sacar los cuerpos de la vivienda y abandonarlos en alguna vía desolada de la península. Sin embargo, la intervención policial permitió localizar el inmueble antes de que los sospechosos pudieran concretar ese propósito.

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Agentes de inteligencia de DINASED de la Policía Nacional fueron alertados sobre los posibles involucrados y, con la información proporcionada, desplegaron un operativo en diferentes sectores de la ciudad. Durante el procedimiento fueron localizados y aprehendidos tres individuos que, según las características entregadas a los uniformados, estarían relacionados con el hecho. Los sospechosos fueron encontrados mientras se movilizaban por la zona céntrica de Santa Elena.

Tras las detenciones, los investigadores obtuvieron información que permitió establecer el sitio donde se encontraban las víctimas. Los agentes se trasladaron hasta una vivienda tipo villa ubicada en el barrio Narcisa de Jesús y, al ingresar al inmueble, encontraron los cuerpos de las dos personas, que habían sido preparados para ser trasladados fuera del lugar.

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Una moradora del sector manifestó que desde hace algún tiempo observaba movimientos inusuales en el inmueble. Según relató, era frecuente observar vehículos cuyos ocupantes ingresaban a la vivienda, situación que había generado inquietud entre los habitantes. La mujer señaló que los propietarios del inmueble lo habían alquilado y que desconocían las actividades que presuntamente se desarrollaban en su interior.

Como parte de las investigaciones también se ejecutó un segundo allanamiento en otro inmueble. Durante este procedimiento, los uniformados localizaron varias armas de fuego, entre ellas un subfusil, un revólver y tres pistolas calibre 9 milímetros. Además, se encontró un cartón con municiones, sustancias sujetas a fiscalización, teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que fueron incorporados a las investigaciones.

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Con estos procedimientos, el número de personas aprehendidas ascendió a cinco. Entre los detenidos consta una mujer y un adolescente, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su presunta participación en los hechos. Los investigadores continúan recopilando información y evidencias que permitan establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Las primeras hipótesis manejadas por los investigadores apuntan a una posible retaliación entre organizaciones delictivas. De manera preliminar, se presume que los detenidos formarían parte de una estructura criminal y que las víctimas podrían haber tenido algún tipo de relación con un grupo considerado rival. No obstante, estas hipótesis deberán ser confirmadas o descartadas conforme avancen las investigaciones.

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La identidad de las víctimas todavía no había sido establecida hasta el cierre de esta edición. En el lugar no se encontraron documentos que permitieran conocer sus nombres, por lo que los cuerpos fueron trasladados al centro forense de la provincia para los procedimientos correspondientes. De acuerdo con las primeras estimaciones, tanto el hombre como la mujer serían adultos jóvenes.

Mientras las investigaciones avanzan, familiares y otras personas se han acercado hasta el centro forense con la intención de obtener información que permita identificar a las víctimas. El caso ha generado preocupación entre los habitantes de Santa Elena, mientras que los detenidos fueron trasladados al comando provincial de la Policía y quedaron a la espera de la audiencia de flagrancia, en la que se determinará su situación jurídica.

Dos vehículos fueron incinerados en Monteverde

En otro hecho ocurrido en la provincia de Santa Elena, la Policía también busca establecer las circunstancias en las que dos vehículos fueron encontrados incinerados en la comuna Monteverde. Se trata de un camión y una camioneta que quedaron afectados por el fuego.

Esto debes saber

• El pasaje urbano en Portoviejo pasará de $0,40 a $0,50, un incremento del 25 %.
• La nueva tarifa será cobrada desde el lunes 24 de agosto de 2026, según el pedido del alcalde Javier Pincay.
• Con el aumento, Portoviejo iguala la tarifa del transporte urbano de Manta, donde el pasaje subió $0,10 desde junio.

El pasaje del transporte urbano en Portoviejo aumentará  0,10 centavos a partir del lunes 24 de agosto de 2026. La tarifa pasará de $0,40 a $0,50, lo que representa un incremento del 25 % y coloca a la capital manabita al mismo nivel tarifario que Manta.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, anunció que el pasado viernes 22 de agosto la normativa que establece el nuevo valor. Sin embargo, solicitó a los transportistas que comiencen a cobrar la tarifa de  $0,50 desde el lunes 24 de agosto, con el objetivo de permitir que los usuarios sean informados previamente sobre el cambio.

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Un valor menor al establecido en los estudios técnicos

Pincay explicó en medios locales que la decisión fue adoptada luego de analizar los informes técnicos elaborados por el Municipio y los representantes del transporte urbano, además de mantener conversaciones con el sector.

Según el alcalde, ambos estudios establecían que la tarifa técnicamente debía ubicarse en  $0,61 centavos. No obstante, aseguró que el diálogo permitió alcanzar un acuerdo por un valor inferior.

“Ambos estudios decían $0.61 centavos, pero con diálogo, evitando que se paralicen, llegamos a un punto de equilibrio de $0.10 centavos más”, manifestó Pincay durante una entrevista.

De esta manera, el valor aprobado quedó  $0,11 centavos por debajo de la tarifa señalada por los estudios técnicos. El alcalde sostuvo que el incremento busca compensar el aumento de los costos que afrontan los transportistas, sin trasladar completamente ese impacto a los usuarios.

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Con este incremento, Portoviejo iguala la tarifa del transporte urbano de Manta, donde el pasaje también aumentó $0,10 y pasó a costar $0,50 desde junio de 2026.

Así, ambos de los principales cantones de la provincia de Manabí tendrán una tarifa urbana de  $0,50 centavos por pasajero, luego de los respectivos procesos de revisión, análisis y aprobación de sus valores bajo ordenanzas.

Lo que debes saber

• Seguridad y movilidad están entre las principales preocupaciones en las tres ciudades.
• Las necesidades de las capitales provinciales son distintas y requieren respuestas territoriales.
• La coordinación entre autoridades locales y el Gobierno central será determinante.

Quito, Guayaquil y Cuenca no esperan únicamente un nombre nuevo en el poder local, sino autoridades capaces de convertir las demandas cotidianas en una hoja de ruta para sus territorios. Expertos y ciudadanos consultados por EXPRESO coinciden en que el próximo alcalde o prefecto deberá combinar liderazgo, preparación, transparencia y capacidad de ejecución, pero también saber construir acuerdos.

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La seguridad aparece como una preocupación transversal, aunque cada ciudad y provincia enfrenta desafíos propios que exigen respuestas diferenciadas. Mientras Quito demanda soluciones para la violencia, el desempleo y la movilidad, Cuenca mira hacia el ordenamiento y la sostenibilidad, y Guayaquil reclama planificación, obras y una relación funcional con el Gobierno.

Quito - Pichincha

Fernando Carrión, arquitecto y docente de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, sostiene que las próximas autoridades deben partir de tres condiciones básicas: honestidad, capacidad y un proyecto definido para la ciudad y la provincia. A su criterio, “no basta con ejecutar obras aisladas, porque Quito necesita una visión que dé sentido a las decisiones de los próximos cuatro años”.

En esa misma línea, Carrión considera que no es indispensable que la persona haya ocupado antes un cargo público, pero sí comprender las diferencias entre administrar el Estado y desenvolverse en el sector privado, académico o social. El futuro alcalde o prefecto, agrega, debe entender que el sector público es un espacio para diseñar políticas y no solamente para administrar recursos.

A la par, Carrión identifica una crisis de liderazgo tanto en Quito como en Pichincha, marcada por la falta de figuras con carisma, conocimiento y objetivos claros. Para el académico, recuperar esa capacidad de conducción será crucial para que las autoridades puedan orientar a sus instituciones.

“La próxima autoridad debe comprender que el Municipio de la capital del Ecuador tiene una estructura compleja, con empresas, secretarías y entidades que pueden duplicar funciones y dificultar la gestión”.Fernando Carrión, arquitecto

Para Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, otro requisito es el liderazgo político acompañado de capacidad técnica. También considera indispensable que los futuros funcionarios sepan construir acuerdos, especialmente cuando sus posiciones políticas no coincidan con las del régimen.

A juicio de Quinga, Quito tampoco puede ser administrado con una mirada exclusivamente municipal, porque su dinámica está vinculada con los valles y otros cantones. Por lo que, la movilidad entre Quito y Rumiñahui, explica, demuestra que los problemas territoriales requieren coordinación entre alcaldía y prefectura.

"La autoridad local deberá explicar a la ciudadanía, tanto de Quito, como de Pichincha, cómo ejecutará sus planes y si creará mecanismos propios de rendición de cuentas, más allá de los que establece la ley".Tatiana Quinga, politóloga

Desde la ciudadanía, Janeth Castelo resume el perfil esperado en compromiso y cercanía con la población, pero también en un plan de trabajo aterrizado a las necesidades reales. Para ella, la seguridad debe ocupar el primer lugar porque permitiría recuperar la tranquilidad para trabajar y desplazarse.

María José Pillajo, en cambio, lleva la demanda a mirar las calles. La ciudadana pide que el próximo alcalde tenga capacidad para ejecutar obra vial, reparar los baches y evitar que trabajos prolongados terminen afectando los desplazamientos de las familias.

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Cuenca - Azuay

En Cuenca, la discusión parte de una realidad distinta, según Caroline Ávila, analista política y catedrática: buena parte de las necesidades básicas están cubiertas y la ciudad mantiene niveles importantes de bienestar. Por eso, explica, que el siguiente paso está relacionado con movilidad, ambiente y ordenamiento territorial, además de la continuidad de las obras.

La experta identifica, sin embargo, un elemento que atraviesa el perfil de la próxima autoridad: la dignidad de Cuenca y el respeto a su voz en las decisiones nacionales. A su juicio, el alcalde y el prefecto deberán tener capacidad técnica, pero también defender las posiciones de la ciudad frente a asuntos como el extractivismo y la protección ambiental.

La conectividad es otro de los reclamos que Ávila considera clave para Cuenca. Pone como ejemplo el ferrocarril y señala que la ciudad no necesita solo una locomotora, sino recuperar la conexión con Azogues y el centro del país.

“Cuenca no busca solo recuperar una pieza, un ferrocarril, sino volver a conectarse con Azogues y el centro del país; la demanda ciudadana revela que hay una necesidad mayor de integración territorial”.Caroline Ávila, politóloga

Sebastián Vanegas, arquitecto, consultor independiente y profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, propone que las próximas autoridades trabajen como una dupla territorial, porque los problemas de Cuenca y Azuay no terminan en los límites administrativos. Esa coordinación debería incorporar asuntos como productividad, sostenibilidad, pobreza rural y futuro económico de la provincia.

En el ámbito urbano, Vanegas pone especial atención en el centro histórico y en la planificación de nuevas centralidades hacia el norte y el sur de Cuenca. Advierte que decisiones deficientes alrededor de estas zonas podrían modificar la estructura futura de la ciudad y generar problemas difíciles de corregir sobre todo alrededor del nuevo terminal terrestre.

A esto se suma la planificación del crecimiento urbano, advierte Vanegas, quien pide definir qué ocurrirá con los cerros y otras zonas de expansión. El objetivo, explica, es evitar conflictos futuros mediante una planificación detallada que anticipe el crecimiento de la urbe y su conexión con Azogues.

“El próximo alcalde y prefecto deberán actuar sobre una misma escala territorial, en la que tienen que incorporar productividad, sostenibilidad y erradicación de la pobreza rural en una visión conjunta para Azuay”.Sebastián Vanegas, arquitecto

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La ciudadanía, entretanto, plantea problemas más inmediatos. Patricia Pérez considera que el alcalde debe ser una persona decidida y recuperar los espacios públicos, especialmente en sectores donde percibe desorden e inseguridad.

Pérez también pide una acción coordinada para reforzar la seguridad en los alrededores de los centros educativos durante la noche. Para la prefectura de Azuay, reclama igualmente decisión, pero la vincula sobre todo con la recuperación de las vías secundarias que mantienen incomunicadas a comunidades rurales.

Por su parte, Leslei Pérez exige que la palabra de los políticos tenga valor, que cumplan sus promesas. También, que la vía Cuenca-Molleturo sea prioridad entre las obras.

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Guayaquil - Guayas

En cambio, en Guayaquil, Eduardo Sánchez, abogado y catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), considera necesario separar la discusión política de la administrativa. A su criterio, las candidaturas deberían responder con claridad qué harán frente a las obras inconclusas, la seguridad, la movilidad y las necesidades que permanecen sin atención en la urbe porteña.

Sánchez señala que la ciudad requiere una agenda concreta sobre planificación urbana, actividad comercial, tráfico y transporte público. También menciona la necesidad de definir el futuro del llamado Quinto Puente y de establecer una coordinación clara con el Gobierno central para seguridad, recursos y obra pública.

Para Sánchez, el prefecto del Guayas enfrenta una obligación distinta, porque su principal ámbito de acción está en la zona rural de la provincia. Allí identifica necesidades relacionadas con caminos vecinales, acceso, zonas inundables y apoyo al sector agrícola.

“Es clave que las próximas autoridades, tanto local como provincial, lleguen con una transición preparada; los seis meses entre la elección y la posesión deberían servir para organizar equipos y atender urgencias”.Eduardo Sánchez, abogado

Por otro lado, Ricardo Pozo, coordinador del Observatorio Urbano y Territorial de la UCSG, añade que ambas autoridades deberían llegar con preparación y conocimiento de administración pública. Para él, el liderazgo debe estar acompañado de equipos técnicos capaces de convertir las propuestas electorales en planes viables.

Pozo plantea para la ciudad una revisión profunda de la planificación territorial, debido a los problemas de pobreza, desigualdad e inseguridad. El próximo alcalde, sostiene, deberá pensar no solo en el área urbana, sino también en todo el cantón y sus asentamientos como Posorja y Puná.

La relación con el Ejecutivo será otro componente del perfil del político, según los académicos, quienes consideran que la autoridad deberá ser firme, pero, a su vez, capaz de conciliar. El objetivo, dicen, no debería ser prolongar enfrentamientos políticos, sino conseguir acuerdos que se traduzcan en obras.

“Guayas necesita proyectarse como un territorio competitivo, con infraestructura estratégica, logística y manejo de cuencas para atraer inversión que genere empleo y responsabilidad social”.Ricardo Pozo, arquitecto

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Desde la ciudadanía, Francisco Pincay considera que el cargo también debería exigir preparación académica y conocimiento de ciencia política. El ciudadano sostiene que la autoridad debe demostrar compromiso, actitud y conocimiento suficiente para comprender la responsabilidad que asume.

Andrea Domínguez coincide en que la transparencia, la honestidad y el manejo responsable del presupuesto deben formar parte del perfil. Reclama que tengan un liderazgo con convicciones firmes para enfrentar eventuales problemas de corrupción en sus gestiones.

Lo que se sabe

• La Secretaría de Gestión de Riesgos emitió alerta para 41 playas
• En 10 de ellas habrá alta amenaza de mar agitado
• Se pide extremar precauciones ante oleaje fuerte y corrientes de resaca

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió, este sábado 22 de agosto de 2026, una alerta para 41 playas de Ecuador donde habrá oleaje este domingo 23 y lunes 24.

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En 10 de estos lugares el nivel de alerta es alto, indicó la entidad en una publicación realizada en su cuenta de la red social X. Se trata de playas con incidencia turística.

"El color de bandera (amarilla o roja) son las previsiones con base a los índices de amenazas, emitido por el Inocar (Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada). Sin embargo, las Capitanías de Puerto pueden cambiar el color de bandera conforme a la identificación del incremento de la amenaza en territorio", explicó la Secretaría.

Playas con alerta roja por oleaje en Ecuador

Las 10 playas en las que hay alta amenaza de oleaje fuerte y corrientes de resaca, son:

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¿En qué playas de Ecuador hay alerta amarilla por oleaje?

Las playas con un nivel inferior de alerta, pero que también exige precaución, son:

Las unidades de gestión de riesgos, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), deberán informar a la ciudadanía sobre estos niveles de alerta, aclaró la entidad.

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