Lo que se sabe

• La hipótesis preliminar de que la muerte violenta de la mujer no estaría vinculada con sus labores como funcionaria de la Agencia de Tránsito de Durán.
  
• En los registros de la Función Judicial y de la Fiscalía quedaron tres procesos en los cuales constaba la pareja. Sin embargo, las causas no prosperaron.
  
• En enero de 2024, la pareja fue indagada por estar presuntamente implicada en el delito de lesiones. Sin embargo, la causa finalmente fue archivada.

El feminicidio y posterior suicidio que firmaron el final de Solange Arellano y Ecuador Castro Vásquez estremecieron la ciudadanía. La acción violenta del servidor policial, quien acribilló a su esposa y luego se quitó la vida a tiros, continúa bajo investigaciones policiales, para determinar qué lo impulsó a tan cruentas acciones.

El caso ocurrió la mañana del lunes. El general Walter Villarroel, jefe policial de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), confirmó que Castro asesinó a la ciudadana en el puente de la Unidad Nacional y luego se dirigió hacia la vivienda de su madre, en la parroquia Pascuales, para acabar consigo mismo usando un arma.

La hipótesis preliminar de que la muerte violenta de la mujer no estaría vinculada con sus labores como funcionaria de la Agencia de Tránsito de Durán (ATD), así como la autoridad de su propio cónyuge en el hecho, dejan abierta la posibilidad de aparentes razones personales o sentimentales en este suceso.

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Lo que los unía a los fallecidos

La vida de la pareja estuvo marcada por coincidencias y procesos judiciales en común, según registros públicos. Además de la relación afectiva que mantenían, Castro y Arellano compartían una misma profesión.

El hombre, además de haber pertenecido a las filas de la Policía Nacional y alcanzar el grado de sargento segundo, se graduó como abogado de la República en el año 2021, en una universidad privada ubicada en Guayaquil.

Solange cursó la misma carrera en el mismo centro de estudios superiores, graduándose de abogada durante el siguiente año (2022).

Castro continuó su formación académica y profesional, obteniendo una maestría en Derecho Constitucional en 2023, en otra universidad. En tanto que Arellano contaba con una certificación en maquillaje válida desde el año 2024.

Procesos judiciales compartidos

En los registros de la Función Judicial y de la Fiscalía quedaron tres procesos en los cuales constaba la pareja . Sin embargo, las causas no prosperaron.

En enero de 2016, Arellano presentó una denuncia en la Fiscalía contra un inquilino por intimidación. La mujer señaló que ella y su cónyuge, el sargento Castro, fueron amenazados por el sujeto implicado.

En enero de 2024, la pareja fue indagada por estar presuntamente implicada en el delito de lesiones. Sin embargo, la causa finalmente fue archivada.

En cambio, en junio de 2024 una mujer denunció a Castro y Arellano por intimidación. El denunciante argumentó que ambos supuestamente fueron a buscarla a los exteriores de su vivienda, ubicada en una urbanización, ingresando al conjunto residencial sin autorización.

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La disposición del Ejecutivo se enmarca en un esquema de control que limita la circulación entre las 23:00 y las 05:00, pero mantiene habilitadas ciertas actividades consideradas esenciales, entre ellas el transporte aéreo.

(Lo invitamos a leer: ¿Qué puedes y qué no puedes hacer durante el nuevo toque de queda en las 9 provincias?) 

Apenas hace unos días, el ministro del Interior, John Reimberg, explicó que los usuarios con vuelos confirmados no tendrán impedimentos para llegar a las terminales aéreas, siempre que puedan justificar su viaje ante los controles policiales con el pase de abordar o la documentación correspondiente.

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“Los pasajeros deben poder llegar a los aeropuertos, pero con la debida justificación”, señaló el funcionario, al remarcar que estos casos están contemplados dentro de las excepciones operativas del toque de queda.

Sin salvoconductos durante el toque de queda

Cuando se decreta un toque de queda, uno de los mecanismos habituales para justificar la movilidad en Ecuador han sido los salvoconductos. Sin embargo, esta vez el Gobierno descartó su uso.

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Reimberg fue claro al señalar que no se emitirán permisos especiales para circular durante el horario restringido. “No se emitirán salvoconductos porque eso no sirve para nada y al final hace que todo el mundo salga a las calles”, afirmó en una entrevista radial.

La decisión, según ha argumentado el Gobierno, responde a la estrategia del Ejecutivo de evitar que las excepciones debiliten el control en territorio. Según el Ministerio del Interior, en experiencias anteriores estos permisos terminaron ampliando la circulación nocturna en lugar de reducirla.

(Le puede interesar leer: ¿Se podrá circular con salvoconducto durante el toque de queda? Esto dijo el ministro del Interior) 

El esquema de restricción fue dispuesto por el presidente Daniel Noboa como parte de las medidas de seguridad vigentes en el país.

Horario del toque de queda en Ecuador

La restricción de movilidad nocturna estará vigente entre las 23:00 y las 05:00, desde el 3 de mayo hasta el 18 de mayo de 2026.

El toque de queda se aplicará en nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

Lo que debes saber

• Designación unánime: El Consejo Provincial eligió a Carlos Encalada como viceprefecto; el 14 de mayo asumirá la Prefectura del Guayas tras la renuncia de Marcela Aguiñaga.
  
• Perfil técnico: Con trayectoria en el sector agroindustrial y gremial, Encalada se define como "apolítico" y centrará su gestión en vialidad, productividad y gestión de riesgos.
  
• Transición en marcha: El proceso administrativo inicia este 23 de abril, priorizando la presencia en territorio y el trabajo conjunto con las juntas parroquiales del sector rural.

El Consejo Provincial del Guayas designó a Carlos Encalada Villacís como nuevo viceprefecto este 22 de abril. La autoridad obtuvo el respaldo unánime de los alcaldes y representantes de las juntas parroquiales durante la sesión extraordinaria, mecanismo ejecutado para solventar la ausencia de autoridades tras la salida del exviceprefecto Carlos Serrano.

La actual titular, Marcela Aguiñaga, notificó que la transición administrativa iniciará este jueves 23 de abril. Encalada, quien registra más de dos décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, tomará las riendas definitivas de la Prefectura a partir del 14 de mayo, fecha en que se cristaliza la renuncia de Aguiñaga al organismo provincial.

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Primeras palabras de Encalada

En su primera intervención oficial desde el auditorio del Gobierno Provincial, Encalada delineó las áreas de intervención inmediata. El funcionario entrante detalló que su planificación se enfocará en el sostenimiento de las vías y la ejecución de proyectos en territorio. "La idea es trabajar en los ejes viales, el eje productivo. Revisar los temas de riesgo que tenemos; hay alertas de niños y problemas de dragados. Hay que empaparnos de los temas para irlos manejando y ejecutando", explicó.

Ante la consulta de EXPRESO sobre su presunta afinidad con el Gobierno Nacional y un eventual blindaje de asesoría estatal, Encalada tomó distancia de los bloques partidistas y justificó su presencia en el recinto. "Soy apolítico, vengo de una línea aparte, del gremio, del trabajo y a eso nos dictamos. Agradezco a Marcela Aguiñaga por haberme considerado en la terna", respondió.

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El funcionario agregó que el desarrollo de sus funciones demandará presencia en el campo para identificar los requerimientos del sector rural junto a los presidentes de las juntas parroquiales. Sobre el procedimiento normativo para conformar su propio equipo de trabajo, específicamente la terna para elegir a su respectivo reemplazo en la Viceprefectura una vez que asuma el despacho principal, indicó que el análisis del listado "tomará su tiempo".

Perfil del próximo prefecto del Guayas 

Encalada fundamenta su hoja de vida en la gestión privada y representación sectorial. Cuenta con el título en Ciencias Agrícolas y Manejo de Recursos Naturales por la Universidad EARTH de Costa Rica.

En el ámbito corporativo, ejerce como Gerente de Producción en Surgesa S.A., entidad responsable de la comercialización y exportación de banano orgánico. En materia gremial, lideró la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos en el periodo 2022-2026. Además, registra participación en la actual directiva del Club Sport Emelec.

Lo que debes saber

• Posible asilo: Gabriela Rivadeneira no descarta que Luisa González solicite asilo en México, ante lo que califican como una persecución política tras su salida a Uruguay.
  
• Proceso judicial: La excandidata es investigada por presunta delincuencia organizada y lavado de activos en el caso ‘Caja Chica’, que incluyó allanamientos en enero de 2026.
  
• Contexto partidista: Mientras González cumple agenda internacional, la dirigencia de la Revolución Ciudadana confirma que el asambleísta Raúl Chávez ya se encuentra en México.

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, no descartó que la excandidata presidencial Luisa González esté solicitando asilo político a México. Así lo manifestó durante una intervención en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

Frente al hemiciclo de La Rotonda, donde se erige el monumento a Simón Bolívar y José de San Martín, Rivadeneira señaló que la política actualmente se encuentra en Uruguay. Además, subrayó que González cumple funciones como secretaria de Relaciones Internacionales, en el marco de una agenda delegada por su organización.

Aunque evitó profundizar en el tema al señalar que “ella en su momento sabrá decir”, Rivadeneira insistió en que la excandidata ha sido objeto de persecución política. En esa línea, reiteró que cualquier decisión sobre un eventual asilo corresponde exclusivamente a la propia González.

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Investigación de la Fiscalía

Luisa González es investigada por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en un caso de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Este proceso ha sido denominado como el caso ‘Caja Chica’.

En ese contexto, la vivienda de la exaspirante presidencial en Quito fue allanada el 28 de enero de 2026. En el mismo operativo, también fueron intervenidos los domicilios de los políticos Andrés Arauz y Patricio Chávez.

En diversas declaraciones, Luisa González ha sostenido que la investigación que ejecuta la Fiscalía responde a una persecución política. En ese contexto, ha insistido en que el proceso carece de sustento y tiene motivaciones ajenas al ámbito judicial.

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Chávez en México

Por su parte, Gabriela Rivadeneira informó que el asambleísta Raúl Chávez se encuentra actualmente en México. Según indicó, su permanencia en ese país responde a circunstancias vinculadas al escenario político actual.

Todo lo que debes saber

• Un adolescente de 17 años fue asesinado a tiros la noche del 21 de abril en el suburbio de Guayaquil, tras ser perseguido por dos sujetos en motocicleta.
  
• El ataque habría iniciado en otra calle cercana y terminó en la intersección de las calles 19 y Francisco de Marcos, donde la víctima recibió múltiples disparos.
  
• Según información policial, el menor ya había sido víctima de un atentado meses atrás, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el crimen.

La noche del martes 21 de abril de 2026, en las calles 19 y Francisco de Marcos, en el suburbio de Guayaquil, los residentes quedaron extremadamente atemorizados porque en los exteriores de sus casas, un chico de 17 años fue acribillado.

De acuerdo con información policial, el ataque violento habría iniciado antes, a una cuadra de distancia, en las calles 19 y Letamendi. En ese punto, dos sujetos a bordo de una moto interceptaron al adolescente y lo persiguieron hasta la 19 y Francisco de Marcos.

Posteriormente, los individuos propinaron varias detonaciones en contra del menor, provocándole una muerte inmediata.

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Moradores indicaron haber oído siete disparos

Quienes habitaban en la zona refirieron que, en el momento del crimen, escucharon aproximadamente siete disparos. Minutos después, vieron tendido al muchacho en esa esquina.

Según los datos policiales, un familiar indicó que la víctima habría sufrido un atentado hace cinco meses, en diciembre de 2025. Sin embargo, en aquella ocasión no perdió la vida.

Horas después, la mañana de este miércoles 22 de abril, el lugar en donde cayó la víctima fue limpiado por residentes, quienes aún se encontraron sorprendidos por lo ocurrido.

Lo que debes saber

• Descanso prolongado: Ecuador tendrá cuatro días de asueto no recuperable, del 30 de abril al 3 de mayo, para incentivar el turismo y la reactivación económica nacional.
  
• Toque de queda: La restricción de movilidad nocturna iniciará a las 23:00 del domingo 3 de mayo, con el objetivo de no afectar los desplazamientos ni las actividades del feriado.
• Zonas bajo control: La medida de seguridad regirá en nueve provincias y cuatro cantones específicos, donde se reforzará la vigilancia estatal hasta el 18 de mayo.

El feriado por el Día del Trabajo en Ecuador para este 2026 se perfila como un periodo de descanso prolongado. Tras el Decreto Ejecutivo 354, que dispuso la suspensión de la jornada laboral el jueves 30 de abril, el país contará con cuatro días consecutivos de asueto no recuperable. Esta medida, que suma el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, apunta directamente a dinamizar el turismo interno y el flujo económico en las distintas regiones.

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La movilidad nocturna se restringe al cierre del descanso

Pese a la vigencia de medidas de seguridad, las actividades turísticas y sociales se desarrollarán con normalidad durante las jornadas diurnas. No obstante, el Gobierno ha fijado un punto de inflexión: el inicio de la restricción de movilidad nocturna está programado para las 23:00 del domingo 3 de mayo. Es decir, el toque de queda entrará en vigor justo cuando concluya el último día del descanso, sin interferir con los desplazamientos previos.

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Vigencia y horarios de la nueva limitación estatal

La disposición establece que, a partir del cierre del feriado, la restricción de circulación operará diariamente entre las 23:00 y las 05:00. Esta medida se extenderá, en principio, hasta la madrugada del lunes 18 de mayo. La planificación oficial busca que el retorno de los viajeros no se vea interrumpido, aunque advierte a quienes opten por movilizaciones tardías en el último tramo del domingo.

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Provincias y cantones bajo control específico

El radio de aplicación de esta medida de seguridad comprende nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

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Adicionalmente, el decreto incluye a los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, donde las fuerzas del orden intensificarán los operativos de control en los horarios establecidos.

Estrategia de seguridad y servicios garantizados

Desde el Ejecutivo se informó que la decisión responde a una estrategia focalizada para combatir la criminalidad en zonas críticas, fundamentada en los operativos previos realizados por las fuerzas del orden. Pese a la suspensión de la jornada laboral, las autoridades confirmaron que la provisión de servicios básicos, salud y seguridad pública se mantendrá operativa y sin interrupciones en todo el territorio nacional.

Rosero explicó que los tanqueros que transportan el diésel se han quejado de que les despachan más gasolina extra que diésel. "El problema viene de la Refinería de Esmeraldas, que está trabajando a medias desde el incendio".

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"No se puede hablar de escasez"

Rosero precisó que no se puede hablar de una escasez total, porque algunas gasolineras cuentan con el producto.

Se puede hablar de un desfase en la distribución del diésel, porque la Refinería de Esmeraldas no está produciendo lo suficiente y no se puede importar con la rapidez que la situación exige.

"Una gasolinera que no tiene diésel en la mañana ya en la noche ya cuenta con ese tipo de combustible, por eso se puede decir que hay atraso en la distribución, dado que los tanqueros no reciben la cantidad total que se requiere, por ejemplo en lugar de despachar en un día 140.000 galones entregan solo 100. 000 galones", detalló Rosero.

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Los incendios de la refinerías

La refinería Esmeraldas suma 3 incendios en menos de un año: hay 13 unidades afectadas.

Tras el incendio la capacidad operativa de la Refinería Esmeraldas bajó al 33,39 %, según reporte de la ARCH en marzo de 2026.

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El último incendio fue el 1 de marzo de 2026, su tercer incendio en menos de un año. El último siniestro ocurrió en las bombas de carga de la Unidad Sevia -que produce fuel oil-, informó la empresa pública Petroecuadory resaltó que la situación estaba “controlada" y no existía "riesgo”. Sin embargo, este evento redujo la capacidad operativa de este complejo industrial.

Lo que debes saber

• Reimberg descarta la libre circulación durante el toque de queda para golpear economías criminales.
• Tras protestas en Latacunga, el Gobierno responde a taxistas antes del toque de queda.
• En Quito y Guayaquil, el toque de queda se mantiene pese a pedidos del comercio y turismo.

El Gobierno sostiene que, previo y durante la aplicación del toque de queda, se han implementado acciones para atender reclamos ciudadanos y sectoriales, aunque descarta permitir la libre circulación de vehículos y cargas, al considerar que la prioridad es afectar las economías del crimen organizado.

Así lo señaló John Reimberg en una entrevista en Teleamazonas, en la que abordó protestas de taxistas, pedidos del sector productivo y turístico, y dudas ciudadanas sobre la movilidad durante la restricción nocturna.

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Reclamos de taxistas y falta de seguridad en Cotopaxi

Reimberg se refirió a la marcha de taxistas realizada en Latacunga, provincia de Cotopaxi, donde el gremio advirtió que cerca del 70 % no cuenta con botón de pánico ni cámaras de seguridad y se siente desprotegido.

El funcionario consideró positivo que el sector exprese sus demandas y señaló que estas coinciden con la implementación de nuevos mecanismos de contacto ciudadano con la Policía. 

Entre ellos mencionó el uso de la cédula como herramienta de identificación, que —según dijo— ya ha permitido ejecutar operaciones y atacar grupos delictivos.

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Tecnología y decisiones para atacar economías criminales

Reimberg aseguró que el Estado continuará implementando todas las acciones necesarias en territorio. Indicó que el ECU 911 atraviesa un proceso de mejora y que durante este año se incorporará más tecnología a nivel nacional.

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También recordó decisiones adoptadas en meses anteriores, como intervenciones en el sistema de seguros, en la Agencia de Tránsito y en determinadas ciudades, con el objetivo de afectar las economías criminales. Afirmó que estas acciones no han terminado.

Sectores productivo y turístico alertan pérdidas económicas

Durante la entrevista se abordaron las críticas del sector productivo y turístico, que respaldó la medida en una primera etapa, pero que ahora advierte pérdidas económicas considerables por la nueva restricción.

Reimberg confirmó que se han recibido solicitudes para flexibilizar la medida, especialmente ante eventos programados como conciertos internacionales en Quito y Guayaquil. 

Sin embargo, señaló que los pedidos son similares a los del toque de queda anterior y se centran en permitir la circulación de vehículos y cargas.

Comercio, servicios básicos y límites a la flexibilidad

Ante la pregunta de por qué no permitir el comercio, Reimberg indicó que este se mantiene habilitado, ya que la población puede adquirir alimentos, consumir y desplazarse para actividades comerciales dentro del marco permitido.

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No obstante, explicó que se analizan casos puntuales, como la recolección de basura, especialmente en Guayaquil, donde se registraron problemas durante la medida anterior. Para ello, se coordinan trabajos con gobiernos locales, procurando que los servicios básicos no coincidan con operativos de seguridad.

Pese a estos ajustes, fue enfático en señalar que no se permitirá la libre circulación general de sectores que requieran movilizar cargas durante el toque de queda.

Pedido de semaforización y revisión de propuestas

Sobre la propuesta de la Cámara de Comercio de Quito, que plantea una semaforización por niveles de inseguridad en cada ciudad, Reimberg evitó adelantar una respuesta definitiva.

Indicó que revisará todos los documentos enviados por los sectores y analizará qué propuestas son viables, aunque reiteró que la operación de seguridad es prioritaria y debe ejecutarse de forma similar a la del toque de queda anterior.

Finalmente, Reimberg respondió a inquietudes ciudadanas sobre los viajes programados en horario nocturno. Confirmó que, al igual que en la medida anterior, se permitirá la circulación de pasajeros hacia los aeropuertos y el retorno de los familiares que los acompañen, siempre que porten el pasaje correspondiente.

Reconoció que durante la aplicación pasada hubo taxis que intentaron circular sin autorización y fueron detenidos en operativos, pero aseguró que el esquema se mantendrá sin cambios.

Lo que debes saber

• Reimberg afirma que el toque de queda busca frenar la economía criminal, no solo bajar homicidios.
• John Reimberg explicó que la estrategia estaba definida antes del primer toque de queda, aplicado este año.
• El Gobierno amplía el toque de queda en provincias para evitar que mafias se reorganicen y financien violencia.

El Gobierno sostiene que el nuevo toque de queda implementado en nueve provincias del país y cuatro cantones responde a una estrategia de seguridad previamente planificada, cuyo objetivo principal es debilitar las estructuras económicas de los grupos criminales, más allá de una reducción coyuntural de las muertes violentas.

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Así lo explicó John Reimberg en una entrevista en Teleamazonas, en la que señaló que la medida forma parte de una hoja de ruta definida desde antes del primer toque de queda y que contempla la ampliación territorial como un elemento clave para aumentar la capacidad operativa del Estado.

Según Reimberg, el bloque de seguridad ha trabajado en la identificación de objetivos tanto en la economía criminal como en personas vinculadas a grupos delictivos. De acuerdo con su explicación, cuando se aplicó el primer toque de queda ya estaba delineada la estrategia para el segundo, aunque no se la hizo pública en ese momento.

Tras la primera fase, las autoridades continuaron afinando los objetivos, con apoyo de cooperación internacional, y decidieron incorporar a más provincias. 

El argumento central es que una cobertura territorial más amplia permite articular mejor los esfuerzos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, incrementando la presión sobre las organizaciones criminales durante el período de vigencia de la medida.

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Reducción de muertes violentas: contexto y alcance

Durante el primer toque de queda, las cifras oficiales reportaron una reducción del 34 % en las muertes violentas. Sin embargo, Reimberg enfatizó que esa disminución no constituye el objetivo central de la política de seguridad.

Explicó que la tendencia a la baja comenzó antes de la aplicación de la medida. Según los datos expuestos, enero y febrero ya mostraban una reducción de los homicidios, y marzo inició con una caída cercana al 30 %, tendencia que se mantuvo durante el toque de queda.

Desde su perspectiva, la reducción de homicidios es una consecuencia esperada, pero no el fin principal. El foco, insistió, está en afectar las economías ilegales que sostienen actividades como extorsiones, secuestros y delitos comunes.

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Percepción de repunte y disputas entre grupos criminales

Ante la percepción ciudadana de un repunte de la violencia tras el levantamiento del primer toque de queda, Reimberg sostuvo que ese fenómeno está vinculado a los golpes propinados a las estructuras criminales.

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Según explicó, durante ese período hubo delincuentes abatidos y afectaciones directas a las economías ilegales, lo que habría provocado disputas internas entre grupos delictivos por el control de recursos y territorios.

En ese contexto, mencionó la muerte de un cabecilla identificado como Frenillo, ligado a Mafia 18, hecho que —según su análisis— dejó vacante un liderazgo y desencadenó enfrentamientos entre facciones por la economía criminal que administraba.

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Resultados por provincias y cifras acumuladas del año

Reimberg afirmó que, de acuerdo con los reportes revisados en ese mes, varias provincias muestran descensos significativos en los índices de criminalidad. Entre ellas mencionó a Manabí, Los Ríos, Guayas y distritos, que aparecen en indicadores “en verde”.

Frente a la interrogante de si la mejora está relacionada con la reciente inclusión de algunas de estas provincias en el toque de queda, precisó que los datos presentados corresponden al período acumulado desde el 1 de enero y no únicamente al mes en curso.

En el caso de Manabí, por ejemplo, señaló que la provincia registra una reducción cercana al 20 % desde enero, pese a que no formó parte del primer toque de queda. A su criterio, estas cifras reflejan un trabajo sostenido a lo largo del año.

Restricciones, economía y lógica preventiva

El funcionario reconoció que el toque de queda implica restricciones para la ciudadanía y efectos sobre la actividad económica. No obstante, defendió la medida como necesaria para evitar que los grupos criminales se reorganicen o recuperen su capacidad financiera.

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En ese sentido, explicó que la inclusión de provincias como Pichincha responde a una lógica preventiva. Según dijo, la decisión busca impedir que la economía criminal crezca antes de que se produzca un repunte significativo de la violencia.

La estrategia, concluyó, apunta a cortar de forma anticipada las fuentes de financiamiento de los grupos delictivos, intervenir zonas consideradas estratégicas y actuar contra los responsables, con el objetivo de contener y debilitar estructuras criminales a mediano plazo.

Lo que debes saber

• Toque de queda reduce homicidios nocturnos en Ecuador, pero crimen se desplaza a otros horarios y zonas.
  
  
• En 2026, Ecuador mantiene alta violencia pese a restricciones; bandas adaptan estrategias para sostener asesinatos.
  
  
• Expertos explican que sin atacar causas estructurales, toque de queda no baja homicidios en el país.

El toque de queda aplicado en Ecuador como parte de la "segunda fase" de la estrategia de seguridad del Gobierno ha mostrado resultados parciales, pero insuficientes para reducir de forma sostenida los homicidios. Aunque las cifras evidencian caídas en determinados horarios y territorios, expertos coinciden en que la violencia no desaparece: se transforma.

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Durante la vigencia de la medida, los asesinatos en horas de restricción —entre las 23:00 y las 05:00— registraron una reducción significativa, con caídas de hasta el 77 % en provincias intervenidas. Sin embargo, ese descenso no se traduce en una baja estructural del crimen, sino en su desplazamiento hacia otros momentos del día o zonas geográficas.

En términos generales, el país sigue enfrentando cifras críticas. Solo en el primer trimestre de 2026 se contabilizaron más de 2.000 muertes violentas, consolidando uno de los periodos más violentos de los últimos años, pese a los estados de excepción y restricciones de movilidad.

Desplazamiento del crimen, no reducción

El principal efecto identificado por analistas es el reacomodo de las dinámicas criminales. La presión policial y militar en determinadas franjas horarias obliga a las organizaciones delictivas a modificar sus patrones: adelantan o postergan sus acciones, o migran a territorios con menor control estatal

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Este fenómeno explica por qué, aunque en ciertos espacios se percibe una mejora temporal, el problema persiste a nivel nacional. Incluso durante periodos de toque de queda, se han registrado picos de violencia en días específicos, evidenciando la capacidad de adaptación de las redes criminales.

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Factores estructurales sin resolver

El balance general muestra una dualidad: por un lado, el toque de queda genera una percepción inmediata de control y orden en espacios intervenidos; por otro, su impacto real es limitado si no se acompaña de políticas sostenidas de seguridad, prevención e inteligencia.

Lo que debes saber

• La Corte Constitucional (CC) aprobó, el 7 de febrero de 2024, el acceso a la muerte digna, tras la demanda de Paola Roldán.
• Hasta la fecha, el Ministerio de Salud Pública ha recibido 13 solicitudes de eutanasia en el país; desde 2024, solo una ha sido aprobada. Además, se registran tres pedidos de información.
• En la sesión No. 080-AN-2025-2029, del 24 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional realizó el primer debate del informe del proyecto de ‘Ley Orgánica de la Eutanasia '.

Aunque para algunas voces de la sociedad civil la despenalización de la eutanasia en Ecuador deja “un sabor amargo”, consideran que su aplicación debería darse únicamente cuando se hayan agotado todos los tratamientos disponibles. En paralelo, la Asamblea Nacional avanza en la depuración de la normativa que dará forma a la futura Ley Orgánica de la Eutanasia.

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Cuestionamientos al origen de la ley

En esa misma línea, Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de la Fundación Familia Ecuador, cuestionó el origen del proceso y fue enfática en su rechazo a la normativa. A su criterio, “esta ley no debería existir”, pues considera que responde a una sentencia que, según dijo, se originó a partir de un caso particular y no de una realidad general del país.

Con esa postura coincide Diego Jimbo, médico y fundador de la organización sin fines de lucro Familias Unidas por las Enfermedades Catastróficas. El especialista señala que cada año en Ecuador se diagnostican alrededor de 30.000 casos de cáncer y que, en la mayoría de las situaciones, los pacientes no quieren morir, sino detener el sufrimiento de la enfermedad.

La eutanasia evidencia que todos hemos fallado. ¿Cómo hablar de ella con tanta ligereza en un país donde ni siquiera se garantizan medicamentos básicos? Tengo 14 años en cuidados paliativos y la mayoría de pacientes no quiere morir, sino dejar de sufrir. Con esta ley, el Estado podría reducir costos al dejar de atender ciertos casos.Diego Jimbo, fundador de Familias Unidas por las Enfermedades Catastróficas

Una historia personal que marca el debate

Por su parte, Edwin Gavilanes relata su propia experiencia como paciente oncológico para dimensionar el debate. Él es director general de la Fundación Ariel Chicho Gavilanes y presidente ejecutivo de la Organización Latinoamericana para Personas con Discapacidad y Enfermedades Huérfanas.

Cuenta que en 2023 fue diagnosticado con un cáncer avanzado y, en medio del dolor, aceptó ser inducido al coma, convencido de que no podía seguir resistiendo. Sin embargo, recuerda que no quería morir, sino encontrar una forma de aliviar el sufrimiento que su cuerpo ya no soportaba.

En ese proceso, una conversación previa al procedimiento con su hijo Ariel (quien también enfrenta una enfermedad grave) marcó el punto de quiebre. “Papá, hasta el día de hoy sigo luchando”, rememora Gavilanes que le dijo su hijo; una frase que, según afirma, se convirtió en el impulso para aferrarse a la vida y que, 20 días después, lo llevó a despertar. Desde entonces, sostiene que su experiencia evidencia que, incluso en escenarios límite, el deseo de vivir puede prevalecer cuando existe acompañamiento y propósito.

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Déficit en cuidados paliativos

Además, añade Jimbo, es indispensable que el Estado garantice la aplicación efectiva de la Ley Orgánica de Cuidados Paliativos, vigente desde marzo de 2025. El especialista afirma que de cada 100 pacientes que requieren este tipo de atención, apenas el 3,5 % la recibe, principalmente en centros privados, mientras que en el sistema público el acceso es aún más limitado o prácticamente inexistente para la mayoría, lo que evidencia una brecha crítica en la atención integral del dolor y el acompañamiento al final de la vida.

En esa línea, María Cecilia Villafuerte asevera que el país no ha fortalecido los cuidados paliativos, pese a su relevancia. Dice que la normativa resulta insuficiente y que persisten fallas estructurales en el sistema de salud, especialmente por la falta de medicamentos y de atención oportuna, lo que limita las alternativas reales para pacientes con enfermedades graves, advierte.

Lo que estamos viendo es falta de coherencia jurídica y legislativa. Los asambleístas terminan siguiendo agendas impuestas, en lugar de asumir una postura firme en la defensa de derechos fundamentales. Se ha desviado la atención hacia debates secundarios, cuando lo urgente es garantizar atención en salud, medicamentos y cuidados paliativos.Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de Familia Ecuador

La vida como prioridad del Estado

En ese contexto, Gavilanes insiste en que el Estado debe priorizar la defensa de la vida mediante el acceso efectivo a tratamientos, acompañamiento integral y condiciones dignas de atención para los pacientes.

A esta postura se suma Jimbo, quien menciona que casos como el de Noelia Castillo, de España, evidencian riesgos cuando confluyen múltiples factores de vulnerabilidad, como la pobreza, el abandono familiar y problemas de salud mental; elementos que, según explica, pueden empujar a una persona a considerar la eutanasia no como una elección libre, sino como una salida ante la falta de soporte adecuado.

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Coincidencias en condiciones para su aplicación

Aunque mantienen posturas críticas frente al proceso, los tres entrevistados por EXPRESO coinciden en que la eutanasia solo debería contemplarse como una opción extrema, una vez que se hayan agotado todos los procedimientos sanitarios disponibles. Para ellos, el foco debe estar en garantizar previamente condiciones dignas de atención, acceso a tratamientos y acompañamiento integral, antes de abrir paso a una decisión de este tipo.

Jimbo detalla que la normativa debería establecer requisitos técnicos estrictos. Señala que el paciente debe haber sido atendido por un equipo multidisciplinario de cuidados paliativos durante un periodo de al menos tres meses y contar con un médico tratante especialista en su enfermedad.

Asimismo, señala que debe verificarse un adecuado manejo del dolor y de cuidados paliativos antes de considerar esta opción. E incluir la sedación paliativa como alternativa para aliviar el sufrimiento sin acortar la vida.

Antes de tomar decisiones de esta magnitud, el Estado ecuatoriano debe garantizar el acceso a tratamientos, cuidados paliativos y un sistema de salud oportuno y humano. No se puede hablar de eutanasia sin asegurar primero condiciones dignas de atención médica. Nosotros luchamos por la vida de nuestros hijos.Edwin Gavilanes, fundador de la organización Ariel Chicho Gavilanes

Dudas sobre la efectividad de los controles

Villafuerte advierte que, aunque se impongan restricciones, estas podrían diluirse con el tiempo. “No sirve de nada poner muchos candados, si después se eliminan”. Y cuestiona que se releguen temas urgentes, como el acceso a fármacos, la atención médica oportuna y los cuidados paliativos.

Lo que debes saber

• Noboa aplica toque de queda en marzo 2026 en la Costa; bajan homicidios nocturnos por restricción de movilidad
• Expertos dicen que el crimen se desplaza tras la medida en Ecuador; no cae por falta de control territorial
• Tras fin del toque de queda en Manabí y El Oro, vuelven ataques por reacomodo de bandas criminales

El toque de queda impulsado por el presidente Daniel Noboa logró reducir homicidios en horarios nocturnos, pero expertos advierten que no disminuye el crimen de forma estructural, sino que lo desplaza hacia otros territorios y momentos. Mientras el Gobierno destaca capturas y control temporal, analistas señalan que, sin inteligencia sostenida y políticas integrales, la medida puede generar solo una sensación momentánea de seguridad.

El presidente Daniel Noboa volvió a apostar por el toque de queda como eje de la “segunda fase de seguridad”. La medida se presenta como respuesta a los resultados obtenidos entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, cuando el Gobierno reportó descensos en indicadores de violencia, especialmente en zonas de la Costa bajo estado de excepción.

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Durante ese periodo, datos oficiales mostraron una reducción de homicidios en horarios nocturnos y una aparente recuperación del control territorial. Sin embargo, el levantamiento de la medida fue seguido por una serie de hechos violentos de alto impacto que pusieron en duda esos resultados.

Para Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia, el problema es metodológico. Asegura que el toque de queda no desarticuló estructuras criminales, sino que provocó su desplazamiento hacia otras zonas del país.

Según su análisis, la reducción de violencia en la Costa responde a la ausencia temporal de los delincuentes, no a una disminución estructural del delito.

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Violencia tras el fin de la medida

Pazmiño advierte que, tras el levantamiento del toque de queda, se registraron nuevas masacres en provincias como Manabí y El Oro. Esto evidenciaría el retorno de organizaciones criminales a territorios previamente controlados, lo que cuestiona la efectividad real de la medida en el mediano plazo.

El experto en seguridad Daniel Pontón ofrece una lectura distinta. Reconoce que en Guayaquil hubo una caída de hasta el 70 % en homicidios durante las horas restringidas.

No obstante, señala que esa reducción se compensó con incrementos en otros horarios, lo que impide una disminución sostenida en la cifra total de muertes violentas.

¿Éxito político más que resultado en seguridad?

Pontón plantea que el Gobierno podría estar midiendo el éxito del toque de queda en función de indicadores políticos, como la credibilidad o el respaldo ciudadano, más que en la reducción efectiva del crimen.

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Desde la academia, Diego Pérez cuestiona la vigencia de la medida. Sostiene que el toque de queda ha perdido su capacidad disuasiva por su uso reiterado y que ya no resulta efectivo en el contexto actual.

Las estadísticas actuales no son reales y una evaluación seria solo podría hacerse entre 6 y 8 meses después de aplicada la medida, cuando se sostenga el control del territorio.Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College

Pérez advierte que anunciar con anticipación estas medidas permite a las economías criminales adaptarse, reorganizarse y moverse antes de su aplicación, reduciendo aún más su impacto.

Resultados operativos: capturas clave

Entre los resultados reportados por el Gobierno se encuentra la captura de un objetivo de alto valor, alias Wiwi o Teniente, así como la detención de integrantes de Los Choneros, incluidos alias Pelado Kevin, Picoaza, Chucho, Abogado, Manteco, Barbie y Muñeca.

Tal vez (para el Gobierno) la valoración no sea solo en reducción del crimen, sino en indicadores como credibilidad o aceptación presidencial y mejorar la imagen.Daniel Pontón, experto en seguridad

Lo ocurrido sugiere que, sin control territorial sostenido, inteligencia operativa y políticas complementarias, el toque de queda puede generar solo una sensación temporal de calma, mientras el crimen se reorganiza y reaparece en otros espacios o momentos.

Los puntos claves

• En entrevista con EXPRESO, César Cárdenas cuestiona a la ATM y plantea que todos quienes la integran deben renunciar, en medio de críticas a la gestión del transporte en Guayaquil.
• El especialista también asegura que en Monte Sinaí,  el Municipio no está presente y, por ello, servicios básicos como el agua son controlados por bandas criminales.
• Advierte que el sistema de transporte en Guayaquil está colapsado, califica a la Metrovía como “terrible” y señala que la Aerovía es un mal negocio que, sin cambios urgentes, se volverá insostenible.

En entrevista con EXPRESO, César Cárdenas describe un escenario crítico en Guayaquil y apunta a problemas en la administración municipal, la gestión de la ATM y el rol de la alcaldesa subrogante, además de fallas en el sistema de transporte público.

La Aerovía, desde el inicio, fue un mal negocio para la ciudad porque el Municipio aporta el 85 % y no recibe ningún retorno. No ha devuelto absolutamente nada. La justificación para subir la tarifa se basa en que el contrato permite “ajustar” el valor, pero ajustar no significa subirlo. Ni la Real Academia lo define así. Esa interpretación es una excusa, una justificación tonta que responde a la intención de perjudicar al pueblo. Incluso la ATM no ha tomado buenas decisiones, y en el Concejo se ha planteado implementar un sistema de taxis desde Durán hasta El Recreo, lo que encarece aún más el servicio. ¿Qué hacer? Analizar la medida, echarse para atrás y ampliar la ruta para captar usuarios: llevarla al sur hasta la Playita y al norte hasta la terminal terrestre. Solo así podría ganar miles de usuarios. Si no se hace, el sistema, como está, va a colapsar y será insostenible.

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En todo. Es un bonito servicio. Claro, con plata ajena se pueden hacer muy bien las cosas. Es cómodo y agradable a la vista, pero no va a resistir. Yo espero que las autoridades cambien de parecer, planifiquen como debe ser. La Aerovía es un mal negocio y el error viene de todos lados: de las autoridades que la propusieron y de las actuales que no han decidido generar un cambio. Los ciudadanos hemos venido advirtiendo las fallas, pero no escuchan. No tienen la capacidad de escuchar. Y no quiero decirles ‘sordas’ porque insulto a los sordos. Lo único que les interesa es quedar bien con quienes tienen plata, con quienes tienen negocio. No les importa quedar mal con la ciudad y su gente.

La Metrovía es terrible (...). La solución es que el Municipio compre buses para el sistema y compita de igual a igual con los operadores privados, que también presentan fallas. He conversado con transportistas y hoy es imposible, por ejemplo, poner aire acondicionado. Tienen deudas y la tarifa no se ha revisado en años, por eso piden un ajuste justo. Yo estaría de acuerdo con los 40 centavos que solicitan. Incluso como Observatorio sabemos que apoyar una subida genera rechazo, pero es lo responsable porque los problemas del transporte se sienten todos los días. Y repito: nadie hace nada. La ATM no escucha a nadie. Y si una autoridad no sabe servir al público, debería renunciar.

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Creemos que toda la ATM debería irse a su casa. Toda. Y elegir, mediante concursos, a profesionales de los colegios y gremios para administrar el transporte público en Guayaquil. El problema no es solo ahí. El tránsito es caótico, no hay agentes suficientes, la señalética no es efectiva, la semaforización es bastante irreal… y todos esos problemas los sentimos en la cotidianidad. Por eso insisto: la ATM tiene que irse.

No creo que se haya desencadenado una crisis. Lo que tenemos hoy es una alcaldesa que no está preparada para ser alcaldesa. Ese es el problema. Ella debe ser reemplazada de inmediato. O sea, tanto Aquiles como la alcaldesa (s) deben ser reemplazadas de inmediato conforme lo estipula la ley del Cootad.

En el caso de Aquiles Álvarez, cualquier ciudadano, alcalde, presidente o quien sea, debe ser sometido a la justicia; si es inocente, que lo declaren inocente, pero si es culpable, debe pagar conforme a la ley. Pero, en cualquiera de los casos —y esto es importante—, no deben jamás usarse recursos municipales para defender al individuo.”César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

Guayaquil

En Guayaquil los agentes están, pero no actúan

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En que ella nunca ha administrado nada. Si no has administrado ni una tienda, ¿cómo va a administrar una ciudad? Y si alguien no tiene capacidad para administrar, no debería aceptar un cargo. Guayaquil tiene inundaciones, calles dañadas y problemas de alcantarillado que no se resuelven. Hay recursos de demandas ganadas que deberían usarse en obras, pero no se hace. Y lo que se ejecuta hoy es lo visible, no lo urgente. Lo que se necesita es que los concejales definan quién tiene capacidad para administrar la ciudad.

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Nadie. Pero ya falta poco para elegir otro alcalde o alcaldesa. Mientras tanto, tocará aguantar a una autoridad que no sabe administrar y a concejales que no permiten ni impulsan la participación ciudadana. Las sesiones del Concejo se han convertido en un cónclave. Por ejemplo, solo entra quien está en lista. Siendo públicas, eso no debería ocurrir. Toda la administración municipal está mal y hay deudas históricas con la ciudad que deben saldarse.

Más que una crisis coyuntural, lo que evidencia Guayaquil es una falta de capacidad en la administración municipal, que se refleja en la ausencia de respuestas concretas a los problemas estructurales.César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

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Con la privatización del agua y el alcantarillado, que fue un mal negocio. No se debe permitir que Interagua busque extender el contrato por 30 años más sin un nuevo proceso de licitación en igualdad de condiciones.

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En que hace lo que le da la gana. Solo le interesa el negocio, no el interés ciudadano. Invierten poco, no escuchan. No entienden que el servicio debe ir de la mano con la ciudadanía.

Corregir la concesión del agua potable y alcantarillado es lo primero: fue un mal negocio desde su origen”César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. 

El agua. En invierno el problema del alcantarillado es grave. El norte y el suburbio se inundan. Y cuando hay lluvia y marea alta, la gente camina en el agua. Yo no sé por qué todavía, por ejemplo, los ciudadanos no demandan al Municipio, a Interagua y a Emapag, por la pérdida y los daños que tiene la gente. Nos da miedo litigar con los grandes. Pero creo que ya es hora de que los ciudadanos piensen realmente en activar los mecanismos legales para lograr que haya una compensación por los daños que ocasionan las inundaciones.

Interagua se escuda en un contrato para hacer desastre. Dicen que el corte será de 23 horas, por ejemplo, pero en la práctica pasan más, a veces días  sin agua en varios sectores y nadie hace nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente no reclama sus derechos porque tiene miedo de litigar contra los grandes.César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

- ¿Ese problema se limita al agua?

- No. Es general. Pero un caso extremo es Monte Sinaí, donde viven cerca de 50.000 familias y el Estado prácticamente no existe. Ahí grupos de delincuencia organizada manejan el agua: cobran por conexiones y por el servicio diario. Lo hemos denunciado, pero no pasa nada. Las autoridades no actúan. Las leyes no están hechas para garantizar derechos, sino que terminan perjudicando a la gente.

Guayaquil

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Asimismo. Interagua capta agua del río Daule, ya contaminado, la trata y la vuelve potable, pero los químicos y metales pesados del proceso son devueltos al mismo río, lo que vuelve a contaminarlo. Pese a conocerlo, no toman medidas para remediarlo. Por eso impulsamos una acción de protección que busca remediación, no dinero, y que esperamos ganar. Los guayaquileños estamos en indefensión. Es la realidad y la razón de nuestra eterna lucha. 

Es más importante invertir en alcantarillado y agua que en obras estéticas; una jardinera, lo que se ha hecho en Guayarte que, sí, puede estar bonito, no puede estar por encima de un servicio básico. Por citar solo un caso, en Guayaquil a diario se pierden 600 millones de litros de agua al día por tuberías sin reemplazo. No se invierte en lo prioritario. César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

Quito

Radares en Quito: ¿dónde se ha reducido la velocidad de los vehículos?

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Ante este panorama, se busca retomar la educación vial desde la niñez, con el objetivo de fomentar valores, hábitos de respeto y convivencia segura en el tránsito, así como prevenir accidentes en las vías.

Principales causas de siniestros en Ecuador

De acuerdo con el experto en seguridad vial Diego Naranjo, la imprudencia del conductor y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes. Sin embargo, estas conductas no pueden ser controladas de manera efectiva debido a la falta de herramientas tecnológicas como radares.

Sin control: una “tierra de nadie” en las vías

En diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) establecieron un periodo de suspensión de sanciones por exceso de velocidad, mientras se realizaba la calibración de radares.

No obstante, la ausencia de estos dispositivos ha generado un escenario de descontrol en las vías, donde los conductores exceden los límites sin consecuencias.

Quito

Ampliación de restricción en la Simón Bolívar y Ruta Viva: ¿qué opina el gremio?

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Según un análisis técnico, a partir de los 60 km/h el cuerpo humano tiene mínimas probabilidades de sobrevivir a un impacto, lo que explica el incremento de víctimas fatales en siniestros de tránsito.

“La falta de control está haciendo que los usuarios abusen al volante”, advierte Naranjo.

Un problema estructural sin solución integral

Para el experto en movilidad activa Alberto Hidalgo, la solución al problema vial requiere un enfoque integral que incluya infraestructura adecuada, control con radares y agentes de tránsito, además de educación vial.

“El problema es que solo reaccionamos ante tragedias. Cuando se aplican medidas como el control de velocidad, se genera rechazo y se eliminan”, explica.

Un ejemplo de ello ocurrió en Quito, donde se intentó implementar límites de velocidad por zonas, pero la iniciativa fue retirada tras críticas.

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Menos accidentes, pero más muertes

Aunque en Ecuador ha disminuido el número de siniestros, las muertes en las vías no han bajado, lo que evidencia fallas en la prevención y control.

Además, los motociclistas siguen siendo uno de los grupos más vulnerables. Sin embargo, no existen incentivos como la reducción de aranceles para cascos homologados, lo que limita la protección de estos usuarios.

Lo que debes saber

• La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte prepara el informe para el segundo debate del proyecto de ‘Ley Orgánica de la Eutanasia’.
• La eutanasia fue despenalizada, en Ecuador, desde febrero de 2024.
• Hasta la fecha, el Ministerio de Salud Pública ha recibido 13 solicitudes de eutanasia y tres solicitudes de información.

¿El paciente, el médico, el sistema jurídico o sanitario? En Ecuador se elaboran los preceptos para legalizar la eutanasia, en medio de la interrogante sobre quién debe determinar cuándo el dolor es insoportable.

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El paciente y el límite del dolor

Para Carlos Centeno, director del Servicio de Medicina paliativa de la Clínica Universidad de Navarra, el punto de partida es claro: quien expresa ese límite es el propio paciente. Sin embargo, matiza que ese “no puedo más” no solo se reduce al dolor físico, sino que engloba un sufrimiento más amplio, que puede incluir factores emocionales, sociales o incluso existenciales.

Sin embargo, la médica cirujana laparoscópica y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Gabriela Pico, señala que solo quien atraviesa esa situación puede dimensionar lo que implica tomar una decisión de ese tipo. Por ello, sostiene que la última palabra debe recaer en el paciente, aunque subraya que los médicos están obligados a ofrecer alternativas, pues la eutanasia no es la única salida.

Con ella concuerda Centeno. Además, afirma que la respuesta médica debe centrarse en aliviarlo mediante cuidados paliativos, pues -según su experiencia- la mayoría de estos cuadros pueden ser abordados para hacerlos más llevaderos, incluso en etapas avanzadas.

El legislador no debe guiarse solo por tendencias globales. Si bien existen escenarios complejos, también la medicina ha avanzado y ofrece cuidados paliativos.Francisco Andino, exministro de Salud y neurólogo

Decisión individual bajo condiciones

Desde otra perspectiva, el exministro de Salud y neurólogo, Francisco Andino, plantea que, en caso de contemplarse una decisión sobre la eutanasia, esta debería recaer exclusivamente en el paciente. No obstante, advierte que esa determinación solo sería válida si la persona se encuentra en plenas condiciones cognitivas y emocionales, libre de presiones externas, como intereses económicos de familiares, herencias, influencias del entorno o fallas del sistema de Salud que puedan inducir la decisión.

Aunque los médicos difieren en sus posturas, coinciden en un punto crítico: las falencias del sistema de salud. Centeno advierte que la falta de cuidados paliativos adecuados puede agravar el sufrimiento de los pacientes, mientras que Andino reconoce que estos servicios siguen siendo limitados, lo que condiciona las opciones reales al final de la vida.

Para Andino, el debate no debe centrarse únicamente en habilitar o no la eutanasia, sino en fortalecer las condiciones del sistema de salud para acompañar al paciente hasta el final de la vida, sin adelantar la muerte como solución. Asimismo, advierte que el enfoque de una ley que normalice la eutanasia podría reflejar, a su criterio, un debilitamiento del rol del Estado en garantizar una atención adecuada.

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¿Eutanasia o respuesta fácil?

En ese contexto, Centeno advierte que la eutanasia puede convertirse en una salida simplificada frente a un problema estructural. Sostiene que Ecuador debe equipararse con la región fortaleciendo los cuidados paliativos, mediante acceso a fármacos, formación médica y ciudadana, investigación y equipos interdisciplinarios.

En el debate sobre cómo expresar la voluntad, el penalista y docente de la Universidad de Guayaquil, Juan Vizueta sostiene que, aunque la decisión parte de la autonomía del paciente, el criterio determinante sobre si el dolor es insufrible recae en la medicina. A su juicio, es el informe médico -basado en la lex artis- el que debe establecer si existe una enfermedad incurable, irreversible y sin expectativa de mejora que justifique considerar la eutanasia.

En ese sentido, advierte que no basta la voluntad del paciente. Dice que la decisión debe sustentarse en condiciones clínicas objetivas, para evitar que responda a percepciones o estados emocionales transitorios.

La medicina paliativa es clave en enfermedades terminales, pero no la única opción; también existen alternativas y decisiones personales orientadas al bienestar del paciente.Gabriela Pico, médica cirujana laparoscópica y docente de la UCSG

La voluntad anticipada en discusión

Por su parte, la penalista y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, Tanya Torres, plantea que las personas podrían dejar constancia anticipada de su decisión, incluso a través de la cédula, como ocurre con la donación de órganos. A su criterio, este mecanismo permitiría respetar el consentimiento informado del paciente, evitando que la decisión recaiga en familiares cuando la persona ya no pueda expresarse por sí misma.

En contraste, Andino se opone a normalizar estas decisiones con un registro previo. Considera que incluirla -como la donación de órganos- equivale a una autorización general para morir y desnaturaliza su carácter excepcional.

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud Pública ha recibido 13 solicitudes de eutanasia en el país; desde 2024, solo una ha sido aprobada. Además, se registran tres pedidos de información.

En Ecuador hay profesionales en cuidados paliativos comprometidos con impulsar cambios; ya se ha formado a una médica y una psicóloga, y otra está en capacitación.Carlos Centeno, director del Servicio de Medicina paliativa, Clínica Universidad de Navarra

Baño reemplaza en sus funciones a Nelson Eduardo Sánchez Figueroa, quien se desempeñó en el cargo hasta este martes 21 de abril. El relevo se da en un contexto en el que la ciudadanía mantiene expectativas frente a la gestión gubernamental en temas prioritarios.

El nuevo gobernador cuenta con formación especializada en agricultura y ganadería por la Universidad Zamorano. Su perfil técnico se ha desarrollado principalmente en el ámbito productivo, con experiencia en cargos como presidente del Centro Agrícola de Latacunga, director del MAG-Cotopaxi y subsecretario de Producción Pecuaria.

Esta trayectoria lo posiciona como un conocedor de las dinámicas rurales y productivas de la provincia, donde el sector agropecuario constituye uno de los pilares económicos.

Ecuador

Taxistas marcharon por seguridad en Latacunga y exigen acciones urgentes

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Retos en seguridad y gobernabilidad

Entre los principales desafíos que deberá afrontar Jorge Luis Baño Carrillo se encuentran el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la gobernabilidad y la gestión territorial. Estos temas han sido recurrentes en las demandas de la población, especialmente en zonas urbanas y rurales que enfrentan problemáticas relacionadas con la inseguridad y la limitada presencia institucional.

Asimismo, se espera que la nueva autoridad articule acciones con los gobiernos locales, instituciones del Estado y organizaciones sociales para atender las necesidades urgentes de la provincia.

Hasta el momento, el nuevo gobernador no se ha pronunciado públicamente sobre su designación ni sobre las primeras acciones que implementará en su gestión. Mientras tanto, la ciudadanía permanece atenta a los posibles cambios dentro de la estructura del Ejecutivo en territorio, así como a las decisiones que marcarán el rumbo administrativo de Cotopaxi en los próximos meses.

Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxi del Ecuador, señaló que la presencia del gremio en la ciudad responde a un acto de solidaridad y a la necesidad urgente de exigir el esclarecimiento de hechos violentos, entre ellos el atentado contra un dirigente local ocurrido días atrás.

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Tormenta eléctrica ralentiza el tránsito en cuatro vías principales de Guayaquil

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Durante la reunión con autoridades, los taxistas plantearon tres pedidos fundamentales: la reposición de los kits de transporte seguro, la reactivación del sistema ECU 911 con atención permanente y la aplicación estricta de la normativa vigente contra el transporte ilegal.

Los kits de seguridad, que incluyen cámaras y botones de pánico conectados al ECU 911, fueron en su momento una herramienta clave para reducir delitos. Sin embargo, tras más de 15 años de uso, estos equipos han quedado obsoletos. “Hoy nos sentimos desprotegidos. Antes, al activar el botón de pánico, había una respuesta inmediata; ahora, eso ya no funciona”, lamentó Calderón.

Violencia en aumento y temor en el gremio

El temor es generalizado. Provincias como Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y ahora Cotopaxi registran altos índices de violencia contra taxistas. Los conductores denuncian robos, extorsiones y secuestros exprés, donde los delincuentes exigen miles de dólares para devolver los vehículos.

Johana Guanoluisa, presidenta encargada de la Unión de Taxis de Cotopaxi, enfatizó que todos los integrantes del gremio demandan seguridad y justicia. Recordó casos recientes de asaltos a compañeros y destacó la importancia de mantener sistemas de comunicación interna, como radios, para reaccionar ante emergencias.

Por su parte, el exgobernador de Cotopaxi, Nelson Sánchez informó que se conformará una mesa de seguridad con participación del gremio y autoridades, con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos. Además, se anunció la intensificación de operativos conjuntos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Llamado a acciones urgentes

El gremio advirtió que, de no obtener respuestas concretas, continuarán las movilizaciones a nivel nacional. “La seguridad es un derecho y una obligación del Estado. No podemos seguir trabajando bajo amenazas”, concluyó Calderón.

Lo que debes saber

• Durante el feriado del 1 de mayo no habrá restricción de movilidad.
• La medida regirá de 23:00 a 05:00 hasta el 18 de mayo.
• Se aplicará en nueve provincias y cuatro cantones del país.

El anuncio llegó después y cambió la conversación. Cuando el Gobierno confirmó un nuevo toque de queda en varias provincias, el calendario ya tenía marcado el feriado por el Día del Trabajo. Desde entonces, la pregunta es inevitable: ¿la restricción alcanzará también esos días?

¿Coincide el toque de queda con el feriado del 1 de mayo?

El feriado nacional por el Día del Trabajo, establecido por decreto, se cumplirá el 30 de abril y el 1 de mayo de 2026. A estos días se suma el fin de semana del 2 y 3 de mayo, lo que configura un puente de cuatro días consecutivos de descanso a escala nacional.

En ese mismo calendario, el toque de queda entrará en vigencia el domingo 3 de mayo a las 23:00. Aunque esa fecha coincide con el último día del puente, no es un feriado oficial. Desde esa hora, sin embargo, empezará a regir la restricción de movilidad.

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Qué implica esto en la práctica

El dato clave es ese punto de inicio. La restricción no acompaña al feriado desde el comienzo, sino que se activa cuando este ya está terminando.

Esto significa que durante los días del feriado (incluido el viernes 1 de mayo) no habrá toque de queda en los horarios habituales. La movilidad se mantendrá sin cambios hasta la noche del domingo.

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El momento en que cambia la dinámica

A partir de las 23:00 del 3 de mayo, entra en vigencia la restricción nocturna. Desde ese momento, la circulación quedará limitada entre las 23:00 y las 05:00 en las zonas donde aplica la medida.

El toque de queda se implementará en:

Además de los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Cambios en el portal de la CGE

• La plataforma exige registrar datos personales del ciudadano para habilitar la búsqueda de patrimonios.
• Los documentos ya no detallan la cantidad de inmuebles ni las fechas de ingreso de los servidores.
• Organizaciones civiles alertan que los cambios bloquean la fiscalización y violan acuerdos previos.

Desde el lunes 20 de abril, activistas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas experimentaron las modificaciones al acceso a las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos que implementó la Contraloría en su portal web. Esto ha generado preocupación en entidades que vigilan la transparencia pública.

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Germán Rodas Chaves, de la Comisión Nacional Anticorrupción, considera que “todo esto deja una seria preocupación, porque es una manera de no transparentar información e impedir la contraloría social”.

Rodas Chaves señala que los cambios afectan a activistas y periodistas de investigación, por ejemplo.

En la misma línea, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, advierte que los cambios podrían contradecir compromisos internacionales. “Dentro de la carta de intención del año 2020 del Fondo Monetario Internacional se pidió al Estado ecuatoriano que se garantice un acceso fácil, libre, inmediato a las declaraciones patrimoniales juradas”, señaló.

En un comunicado reciente de la entidad se enfatiza que los cambios afectan al derecho ciudadano al acceso a la información pública.

Fundamedios también se pronunció al respecto: Se alerta que esta medida plantea preocupaciones sobre posibles restricciones al acceso a la información, especialmente en un contexto preelectoral donde la transparencia es clave para el control ciudadano.

El portal de consulta de declaraciones juramentadas de bienes de la Contraloría General del Estado (CGE) volvió a estar disponible el 20 de abril, luego de permanecer varios días fuera de servicio. La entidad atribuyó la caída a un supuesto “ataque” informático y a trabajos de mantenimiento.

Durante ese periodo, no fue posible acceder a la información patrimonial de los funcionarios públicos, una herramienta clave para el control social.

Con la reactivación del sistema, el acceso se restableció, pero bajo nuevas condiciones y con cambios en la información disponible.

Nuevas condiciones para consultar

Uno de los principales cambios es que ahora los ciudadanos deben ingresar información personal para poder revisar los datos de funcionarios. Antes, la consulta era directa y sin requisitos previos.

Esta nueva exigencia marca una diferencia en el acceso a información pública que, por su naturaleza, está destinada a la fiscalización ciudadana.

Menos detalle en las declaraciones

El contenido de las declaraciones también fue modificado. Los documentos ya no incluyen datos como el año de la declaración, ni las fechas de ingreso o salida de los funcionarios en instituciones públicas.

Además, desapareció el desglose detallado de bienes. Anteriormente, el sistema permitía identificar con precisión cuántos inmuebles poseía un funcionario —casas, terrenos o parqueaderos— y los años en que fueron adquiridos. Ahora, esa información se presenta de forma general.

Un ejemplo es la declaración del ministro de Salud, Jaime Bernabé, en la que se reporta un patrimonio de 1,7 millones de dólares. Dentro de ese monto, se indica que 1,3 millones corresponden a bienes inmuebles, pero no se especifica el número ni el tipo de propiedades.

Política

La comunicación del Gobierno está perdida en un jardín de infantes

Carlos Isaac Pino

Este Diario solicitó una entrevista con un vocero del CGE para conocer los criterios de estos cambios. Siguen pendientes una respuesta de la institución, así como un pedido de información para conocer detalles de los supuestos ataques informáticos, ya que la entidad no ha indicado el tipo de incidente, los correctivos, si denunció el hecho ante la Fiscalía, etc.

Lluvia este 21 de abril de 2026

• Precipitaciones fuertes se registran en el norte y noroeste la noche de este martes.
• El C5 monitorea el estado del asfalto en arterias de alta carga vehicular.
• Entidades de control exhortan a disminuir la velocidad para evitar accidentes.

Una intensa precipitación acompañada de truenos se registra la noche de este martes 21 de abril en Guayaquil, generando las primeras complicaciones en la movilidad de la urbe.

Política

Corte Constitucional faculta a Daniel Noboa para convocar el referéndum del CPCCS

Carlos Isaac Pino

Monitoreo vial

La lluvia, que afecta principalmente al norte y noroeste del puerto principal, reduce la visibilidad de los conductores. A la par, usuarios en redes sociales reportan de forma preliminar ligeras acumulaciones de agua en las zonas bajas de Urdesa, aunque la magnitud de la anegación aún está en evaluación técnica.

Segura EP confirmó a través de sus canales oficiales que desde el centro de monitoreo (C5) se visualiza la calzada mojada en rutas estratégicas.

El reporte técnico detalla que las precipitaciones impactan directamente sobre la Vía a Daule, la avenida Perimetral, la avenida Francisco de Orellana y la avenida Benjamín Carrión. La entidad municipal exhortó a los conductores a circular con precaución ante el riesgo de siniestros de tránsito por el asfalto resbaladizo.

Lo que debes saber

• Descanso prolongado: Ecuador tendrá cuatro días de asueto no recuperable, del 30 de abril al 3 de mayo, para incentivar el turismo y la reactivación económica nacional.
  
• Toque de queda: La restricción de movilidad nocturna iniciará a las 23:00 del domingo 3 de mayo, con el objetivo de no afectar los desplazamientos ni las actividades del feriado.
• Zonas bajo control: La medida de seguridad regirá en nueve provincias y cuatro cantones específicos, donde se reforzará la vigilancia estatal hasta el 18 de mayo.

El feriado por el Día del Trabajo en Ecuador para este 2026 se perfila como un periodo de descanso prolongado. Tras el Decreto Ejecutivo 354, que dispuso la suspensión de la jornada laboral el jueves 30 de abril, el país contará con cuatro días consecutivos de asueto no recuperable. Esta medida, que suma el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, apunta directamente a dinamizar el turismo interno y el flujo económico en las distintas regiones.

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La movilidad nocturna se restringe al cierre del descanso

Pese a la vigencia de medidas de seguridad, las actividades turísticas y sociales se desarrollarán con normalidad durante las jornadas diurnas. No obstante, el Gobierno ha fijado un punto de inflexión: el inicio de la restricción de movilidad nocturna está programado para las 23:00 del domingo 3 de mayo. Es decir, el toque de queda entrará en vigor justo cuando concluya el último día del descanso, sin interferir con los desplazamientos previos.

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Vigencia y horarios de la nueva limitación estatal

La disposición establece que, a partir del cierre del feriado, la restricción de circulación operará diariamente entre las 23:00 y las 05:00. Esta medida se extenderá, en principio, hasta la madrugada del lunes 18 de mayo. La planificación oficial busca que el retorno de los viajeros no se vea interrumpido, aunque advierte a quienes opten por movilizaciones tardías en el último tramo del domingo.

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Provincias y cantones bajo control específico

El radio de aplicación de esta medida de seguridad comprende nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

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Adicionalmente, el decreto incluye a los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, donde las fuerzas del orden intensificarán los operativos de control en los horarios establecidos.

Estrategia de seguridad y servicios garantizados

Desde el Ejecutivo se informó que la decisión responde a una estrategia focalizada para combatir la criminalidad en zonas críticas, fundamentada en los operativos previos realizados por las fuerzas del orden. Pese a la suspensión de la jornada laboral, las autoridades confirmaron que la provisión de servicios básicos, salud y seguridad pública se mantendrá operativa y sin interrupciones en todo el territorio nacional.

Lo que debes saber

• Reimberg afirma que el toque de queda busca frenar la economía criminal, no solo bajar homicidios.
• John Reimberg explicó que la estrategia estaba definida antes del primer toque de queda, aplicado este año.
• El Gobierno amplía el toque de queda en provincias para evitar que mafias se reorganicen y financien violencia.

El Gobierno sostiene que el nuevo toque de queda implementado en nueve provincias del país y cuatro cantones responde a una estrategia de seguridad previamente planificada, cuyo objetivo principal es debilitar las estructuras económicas de los grupos criminales, más allá de una reducción coyuntural de las muertes violentas.

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Así lo explicó John Reimberg en una entrevista en Teleamazonas, en la que señaló que la medida forma parte de una hoja de ruta definida desde antes del primer toque de queda y que contempla la ampliación territorial como un elemento clave para aumentar la capacidad operativa del Estado.

Según Reimberg, el bloque de seguridad ha trabajado en la identificación de objetivos tanto en la economía criminal como en personas vinculadas a grupos delictivos. De acuerdo con su explicación, cuando se aplicó el primer toque de queda ya estaba delineada la estrategia para el segundo, aunque no se la hizo pública en ese momento.

Tras la primera fase, las autoridades continuaron afinando los objetivos, con apoyo de cooperación internacional, y decidieron incorporar a más provincias. 

El argumento central es que una cobertura territorial más amplia permite articular mejor los esfuerzos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, incrementando la presión sobre las organizaciones criminales durante el período de vigencia de la medida.

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Reducción de muertes violentas: contexto y alcance

Durante el primer toque de queda, las cifras oficiales reportaron una reducción del 34 % en las muertes violentas. Sin embargo, Reimberg enfatizó que esa disminución no constituye el objetivo central de la política de seguridad.

Explicó que la tendencia a la baja comenzó antes de la aplicación de la medida. Según los datos expuestos, enero y febrero ya mostraban una reducción de los homicidios, y marzo inició con una caída cercana al 30 %, tendencia que se mantuvo durante el toque de queda.

Desde su perspectiva, la reducción de homicidios es una consecuencia esperada, pero no el fin principal. El foco, insistió, está en afectar las economías ilegales que sostienen actividades como extorsiones, secuestros y delitos comunes.

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Percepción de repunte y disputas entre grupos criminales

Ante la percepción ciudadana de un repunte de la violencia tras el levantamiento del primer toque de queda, Reimberg sostuvo que ese fenómeno está vinculado a los golpes propinados a las estructuras criminales.

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Según explicó, durante ese período hubo delincuentes abatidos y afectaciones directas a las economías ilegales, lo que habría provocado disputas internas entre grupos delictivos por el control de recursos y territorios.

En ese contexto, mencionó la muerte de un cabecilla identificado como Frenillo, ligado a Mafia 18, hecho que —según su análisis— dejó vacante un liderazgo y desencadenó enfrentamientos entre facciones por la economía criminal que administraba.

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Resultados por provincias y cifras acumuladas del año

Reimberg afirmó que, de acuerdo con los reportes revisados en ese mes, varias provincias muestran descensos significativos en los índices de criminalidad. Entre ellas mencionó a Manabí, Los Ríos, Guayas y distritos, que aparecen en indicadores “en verde”.

Frente a la interrogante de si la mejora está relacionada con la reciente inclusión de algunas de estas provincias en el toque de queda, precisó que los datos presentados corresponden al período acumulado desde el 1 de enero y no únicamente al mes en curso.

En el caso de Manabí, por ejemplo, señaló que la provincia registra una reducción cercana al 20 % desde enero, pese a que no formó parte del primer toque de queda. A su criterio, estas cifras reflejan un trabajo sostenido a lo largo del año.

Restricciones, economía y lógica preventiva

El funcionario reconoció que el toque de queda implica restricciones para la ciudadanía y efectos sobre la actividad económica. No obstante, defendió la medida como necesaria para evitar que los grupos criminales se reorganicen o recuperen su capacidad financiera.

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En ese sentido, explicó que la inclusión de provincias como Pichincha responde a una lógica preventiva. Según dijo, la decisión busca impedir que la economía criminal crezca antes de que se produzca un repunte significativo de la violencia.

La estrategia, concluyó, apunta a cortar de forma anticipada las fuentes de financiamiento de los grupos delictivos, intervenir zonas consideradas estratégicas y actuar contra los responsables, con el objetivo de contener y debilitar estructuras criminales a mediano plazo.

Lo que debes saber

• Toque de queda reduce homicidios nocturnos en Ecuador, pero crimen se desplaza a otros horarios y zonas.
  
  
• En 2026, Ecuador mantiene alta violencia pese a restricciones; bandas adaptan estrategias para sostener asesinatos.
  
  
• Expertos explican que sin atacar causas estructurales, toque de queda no baja homicidios en el país.

El toque de queda aplicado en Ecuador como parte de la "segunda fase" de la estrategia de seguridad del Gobierno ha mostrado resultados parciales, pero insuficientes para reducir de forma sostenida los homicidios. Aunque las cifras evidencian caídas en determinados horarios y territorios, expertos coinciden en que la violencia no desaparece: se transforma.

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Durante la vigencia de la medida, los asesinatos en horas de restricción —entre las 23:00 y las 05:00— registraron una reducción significativa, con caídas de hasta el 77 % en provincias intervenidas. Sin embargo, ese descenso no se traduce en una baja estructural del crimen, sino en su desplazamiento hacia otros momentos del día o zonas geográficas.

En términos generales, el país sigue enfrentando cifras críticas. Solo en el primer trimestre de 2026 se contabilizaron más de 2.000 muertes violentas, consolidando uno de los periodos más violentos de los últimos años, pese a los estados de excepción y restricciones de movilidad.

Desplazamiento del crimen, no reducción

El principal efecto identificado por analistas es el reacomodo de las dinámicas criminales. La presión policial y militar en determinadas franjas horarias obliga a las organizaciones delictivas a modificar sus patrones: adelantan o postergan sus acciones, o migran a territorios con menor control estatal

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Este fenómeno explica por qué, aunque en ciertos espacios se percibe una mejora temporal, el problema persiste a nivel nacional. Incluso durante periodos de toque de queda, se han registrado picos de violencia en días específicos, evidenciando la capacidad de adaptación de las redes criminales.

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Factores estructurales sin resolver

El balance general muestra una dualidad: por un lado, el toque de queda genera una percepción inmediata de control y orden en espacios intervenidos; por otro, su impacto real es limitado si no se acompaña de políticas sostenidas de seguridad, prevención e inteligencia.

Lo que debes saber

• Noboa aplica toque de queda en marzo 2026 en la Costa; bajan homicidios nocturnos por restricción de movilidad
• Expertos dicen que el crimen se desplaza tras la medida en Ecuador; no cae por falta de control territorial
• Tras fin del toque de queda en Manabí y El Oro, vuelven ataques por reacomodo de bandas criminales

El toque de queda impulsado por el presidente Daniel Noboa logró reducir homicidios en horarios nocturnos, pero expertos advierten que no disminuye el crimen de forma estructural, sino que lo desplaza hacia otros territorios y momentos. Mientras el Gobierno destaca capturas y control temporal, analistas señalan que, sin inteligencia sostenida y políticas integrales, la medida puede generar solo una sensación momentánea de seguridad.

El presidente Daniel Noboa volvió a apostar por el toque de queda como eje de la “segunda fase de seguridad”. La medida se presenta como respuesta a los resultados obtenidos entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, cuando el Gobierno reportó descensos en indicadores de violencia, especialmente en zonas de la Costa bajo estado de excepción.

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Durante ese periodo, datos oficiales mostraron una reducción de homicidios en horarios nocturnos y una aparente recuperación del control territorial. Sin embargo, el levantamiento de la medida fue seguido por una serie de hechos violentos de alto impacto que pusieron en duda esos resultados.

Para Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia, el problema es metodológico. Asegura que el toque de queda no desarticuló estructuras criminales, sino que provocó su desplazamiento hacia otras zonas del país.

Según su análisis, la reducción de violencia en la Costa responde a la ausencia temporal de los delincuentes, no a una disminución estructural del delito.

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Violencia tras el fin de la medida

Pazmiño advierte que, tras el levantamiento del toque de queda, se registraron nuevas masacres en provincias como Manabí y El Oro. Esto evidenciaría el retorno de organizaciones criminales a territorios previamente controlados, lo que cuestiona la efectividad real de la medida en el mediano plazo.

El experto en seguridad Daniel Pontón ofrece una lectura distinta. Reconoce que en Guayaquil hubo una caída de hasta el 70 % en homicidios durante las horas restringidas.

No obstante, señala que esa reducción se compensó con incrementos en otros horarios, lo que impide una disminución sostenida en la cifra total de muertes violentas.

¿Éxito político más que resultado en seguridad?

Pontón plantea que el Gobierno podría estar midiendo el éxito del toque de queda en función de indicadores políticos, como la credibilidad o el respaldo ciudadano, más que en la reducción efectiva del crimen.

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Desde la academia, Diego Pérez cuestiona la vigencia de la medida. Sostiene que el toque de queda ha perdido su capacidad disuasiva por su uso reiterado y que ya no resulta efectivo en el contexto actual.

Las estadísticas actuales no son reales y una evaluación seria solo podría hacerse entre 6 y 8 meses después de aplicada la medida, cuando se sostenga el control del territorio.Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College

Pérez advierte que anunciar con anticipación estas medidas permite a las economías criminales adaptarse, reorganizarse y moverse antes de su aplicación, reduciendo aún más su impacto.

Resultados operativos: capturas clave

Entre los resultados reportados por el Gobierno se encuentra la captura de un objetivo de alto valor, alias Wiwi o Teniente, así como la detención de integrantes de Los Choneros, incluidos alias Pelado Kevin, Picoaza, Chucho, Abogado, Manteco, Barbie y Muñeca.

Tal vez (para el Gobierno) la valoración no sea solo en reducción del crimen, sino en indicadores como credibilidad o aceptación presidencial y mejorar la imagen.Daniel Pontón, experto en seguridad

Lo ocurrido sugiere que, sin control territorial sostenido, inteligencia operativa y políticas complementarias, el toque de queda puede generar solo una sensación temporal de calma, mientras el crimen se reorganiza y reaparece en otros espacios o momentos.

Baño reemplaza en sus funciones a Nelson Eduardo Sánchez Figueroa, quien se desempeñó en el cargo hasta este martes 21 de abril. El relevo se da en un contexto en el que la ciudadanía mantiene expectativas frente a la gestión gubernamental en temas prioritarios.

El nuevo gobernador cuenta con formación especializada en agricultura y ganadería por la Universidad Zamorano. Su perfil técnico se ha desarrollado principalmente en el ámbito productivo, con experiencia en cargos como presidente del Centro Agrícola de Latacunga, director del MAG-Cotopaxi y subsecretario de Producción Pecuaria.

Esta trayectoria lo posiciona como un conocedor de las dinámicas rurales y productivas de la provincia, donde el sector agropecuario constituye uno de los pilares económicos.

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Retos en seguridad y gobernabilidad

Entre los principales desafíos que deberá afrontar Jorge Luis Baño Carrillo se encuentran el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la gobernabilidad y la gestión territorial. Estos temas han sido recurrentes en las demandas de la población, especialmente en zonas urbanas y rurales que enfrentan problemáticas relacionadas con la inseguridad y la limitada presencia institucional.

Asimismo, se espera que la nueva autoridad articule acciones con los gobiernos locales, instituciones del Estado y organizaciones sociales para atender las necesidades urgentes de la provincia.

Hasta el momento, el nuevo gobernador no se ha pronunciado públicamente sobre su designación ni sobre las primeras acciones que implementará en su gestión. Mientras tanto, la ciudadanía permanece atenta a los posibles cambios dentro de la estructura del Ejecutivo en territorio, así como a las decisiones que marcarán el rumbo administrativo de Cotopaxi en los próximos meses.

Las claves del caso

• Atentado en el Puente de la Unidad Nacional dejó una abogada de tránsito asesinada el 20 de abril en Guayas.
  
  
• Solange Arellano, funcionaria de tránsito, fue asesinada en Durán; Policía investiga móvil del crimen.
  
  
• Crimen en eje vial Guayaquil–Durán: autoridades descartan vínculo laboral y buscan esclarecer el atentado.
  

La mujer asesinada la mañana del lunes 20 de abril de 2026 en el Puente de la Unidad Nacional fue Solange Sthefania Arellano Zhingri, abogada y colaboradora de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD).  El ataque ocurrió cuando la víctima se movilizaba en sentido Guayaquil–Durán, uno de los tramos viales con mayor circulación del país.

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El hecho fue calificado por las autoridades como un acto violento que terminó con la vida de la funcionaria en el lugar. Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del crimen ni si la víctima se encontraba acompañada al momento del atentado.

¿Cómo ocurrió el atentado en el Puente de la Unidad Nacional?

Según la información difundida por la Policía Nacional y la Autoridad de Tránsito de Durán, el ataque se produjo en horas de la mañana, generando alerta entre conductores y ciudadanos que transitaban por el puente.

Tras el asesinato, unidades especializadas de la Policía Nacional desplegaron operativos de búsqueda y rastreo en el sector, activando protocolos investigativos para dar con el responsable del crimen. 

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Las autoridades señalaron que, como resultado de estas acciones iniciales, el presunto autor del atentado ya habría sido identificado.

El Puente de la Unidad Nacional es una infraestructura clave que conecta Guayaquil con Durán, por lo que el hecho generó preocupación por los niveles de seguridad en este eje vial estratégico.

¿El crimen estuvo relacionado con su trabajo en la Autoridad de Tránsito?

De acuerdo con información de la Agencia de Tránsito de Durán, se descartaría que el asesinato esté vinculado con las funciones que desempeñaba la víctima en la Autoridad de Tránsito de Durán o con los procesos de intervención ejecutados en la institución.

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No obstante, las investigaciones continúan en etapa de desarrollo y esta hipótesis podría modificarse conforme avancen las diligencias judiciales, el análisis de evidencias y la toma de versiones.

La Policía Nacional informó que el caso se encuentra en fase investigativa y que se continuará con las acciones necesarias para esclarecer el crimen y establecer responsabilidades penales.

La Autoridad de Tránsito de Durán señaló que colaborarán plenamente con la justicia para evitar que el asesinato quede en la impunidad, en un contexto donde los hechos violentos han generado creciente alarma social en la provincia del Guayas.

Lo que debes saber

• No habrá salvoconductos: el Gobierno descarta permisos para circular durante el toque de queda.
• Medida estricta: la decisión busca evitar abusos y garantizar el cumplimiento de la restricción.
• Horario y alcance: rige de 23:00 a 05:00 en nueve provincias y varios cantones.

Cuando hay toque de queda, lo primero que muchos buscan es una salida legal para seguir moviéndose. En Ecuador, esa posibilidad tiene nombre propio (salvoconducto), pero esta vez la respuesta del Gobierno cambia el panorama.

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En medio de la nueva restricción nocturna anunciada por el Ejecutivo, el ministro del Interior, John Reimberg, dejó claro cuál será la regla que marcará la próximas semanas: no habrá permisos especiales para circular.

La medida, dispuesta por el presidente Daniel Noboa, se aplicará entre el 3 y el 18 de mayo de 2026 en varias provincias del país.

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Salvoconductos en el toque de queda: la respuesta del Gobierno

El eje de la discusión gira en torno a si existirán excepciones. Y la respuesta oficial es negativa. Durante una entrevista en Radio Morena, el ministro explicó que no se entregarán salvoconductos, tal como ocurrió en operativos anteriores.

Según detalló, la decisión no es improvisada. Responde a experiencias previas en las que estos documentos terminaron ampliando, en lugar de limitar, la circulación nocturna.

Reimberg lo resumió sin rodeos: “No se emitirán salvoconductos porque eso no sirve para nada y al final hace que todo el mundo salga a las calle”.

¿Por qué no habrá permisos para circular?

Más allá de la prohibición, el Gobierno sostiene que emitir salvoconductos abre la puerta a incumplimientos. En criterio del Ministerio del Interior, cada excepción debilita el alcance de la medida.

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Horarios del toque de queda en Ecuador

La restricción de movilidad nocturna tendrá un horario definido: desde las 23:00 hasta las 05:00. Este esquema regirá desde el domingo 3 de mayo a las 23:00 hasta el lunes 18 de mayo a las 05:00.

Provincias y cantones donde aplica

El toque de queda abarcará nueve provincias:

También se aplicará en cantones específicos como La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, donde la restricción será obligatoria en el mismo horario.

Calendario escolar 2026

• Retorno: El personal docente del sector fiscal retornó a sus labores el 13 de abril de 2026.
• Inicio: El ciclo Costa-Galápagos arrancará escalonadamente a partir del 4 de mayo de 2026.
• Estructura: El ciclo escolar comprenderá 200 días laborables divididos en tres periodos académicos.

El Ministerio de Educación oficializó el cronograma escolar que regirá el periodo lectivo Costa-Galápagos 2026-2027 en el sistema fiscal. El documento técnico establece el cumplimiento de 200 días laborables, los cuales se organizarán en tres periodos académicos continuos.

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Fechas del ingreso escalonado estudiantil

Previo a la llegada de los alumnos, el personal docente se incorporó a las unidades educativas el 13 de abril de 2026. En este lapso, los maestros ejecutarán las planificaciones académicas y la revisión de metodologías de enseñanza.

El cronograma dispone que las actividades escolares iniciarán de manera progresiva bajo el siguiente orden establecido:

Distribución de los periodos académicos y sus vacaciones

El ciclo escolar dividirá su jornada para cumplir con la normativa general. Las fechas fijadas son:

Durante el desarrollo del tercer periodo, los estudiantes accederán a unas vacaciones ininterrumpidas desde el 26 de diciembre de 2026 hasta el 3 de enero de 2027. Asimismo, como parte de los protocolos de seguridad, las instituciones ejecutarán un ejercicio de simulacro el último viernes de cada mes.

Cierre de año lectivo y supletorios

El Ministerio estableció un bloque final para las actividades de cierre y recuperación:

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Lo que debes saber

• El toque de queda en Ecuador regirá del 3 al 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00
• La medida se aplicará en varias provincias y cantones definidos por el Gobierno
• Forma parte de la estrategia de seguridad para reducir delitos y afectar a grupos criminales

La noche vuelve a tener reglas. En medio de la estrategia de seguridad del Gobierno, se oficializó un nuevo periodo de toque de queda en Ecuador, con énfasis en limitar la circulación durante horas específicas consideradas de mayor riesgo.

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El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que la medida estará vigente desde el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 del mismo mes. Durante esos 15 días, la restricción se aplicará de forma continua en las zonas definidas por el Ejecutivo.

Pero más allá de las fechas, uno de los puntos centrales es el horario.

¿A qué hora empieza y termina el toque de queda en Ecuador?

El toque de queda regirá todos los días entre las 23:00 y las 05:00. En ese lapso, queda suspendida la libre circulación, salvo para actividades excepcionales que suelen ser reguladas por las autoridades.

Este rango horario no es nuevo, pero se mantiene como uno de los ejes de control en la política de seguridad actual. La lógica es intervenir en las horas de menor tránsito regular y mayor incidencia de hechos delictivos.

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Fechas clave del toque de queda en Ecuador

El cronograma establecido por el Gobierno fija el inicio del toque de queda para el domingo 3 de mayo. La disposición se mantendrá vigente hasta el lunes 18 de mayo.

Este periodo cubre dos semanas completas, durante las cuales el horario nocturno será el mismo, sin variaciones anunciadas.

¿Dónde se aplicará el toque de queda?

La medida no será nacional en su totalidad, sino focalizada en determinadas provincias y cantones.

Las provincias donde regirá el toque de queda son:

A esto se suman los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Estas zonas han sido incluidas dentro del esquema de control territorial definido por el Ejecutivo.

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Un esquema que se repite

Meses atrás, en marzo, ya se había implementado una limitación de movilidad nocturna en distintos puntos del país. Esa disposición se extendió por 15 días y formó parte del paquete de acciones impulsadas para enfrentar la crisis de seguridad.

El Ejecutivo ha sostenido que este tipo de medidas no solo busca contener hechos delictivos, sino también afectar los circuitos económicos que permiten operar a las organizaciones criminales.