El evento ocurrió a las 16:23, con una profundidad de 10 kilómetros y se localizó a aproximadamente 65,5 kilómetros de Jama.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni afectaciones a personas. Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la zona.

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Cinturón de fuego

Ecuador, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, mantiene una constante actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Esta dinámica geológica provoca frecuentes movimientos telúricos tanto en la región Costa como en la Sierra y Amazonía.

Las claves del caso

• Bomberos de Guayaquil forman parte de la misión internacional de rescate en Venezuela.
  
• El equipo USAR ECU-11 utiliza tecnología especializada para localizar víctimas atrapadas.
  
• Los terremotos han dejado miles de fallecidos, heridos y severos daños estructurales.

Integrantes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, forman parte de las labores de búsqueda y rescate que se desarrollan en Venezuela luego de los dos potentes terremotos que sacudieron al país sudamericano la semana pasada y que han dejado miles de fallecidos, heridos y estructuras colapsadas.

La emergencia, considerada una de las peores tragedias recientes en la región, movilizó a equipos especializados de distintos países. Entre ellos se encuentra el grupo USAR ECU-11, conformado por rescatistas ecuatorianos entrenados para intervenir en escenarios de desastre urbano, quienes actualmente trabajan en zonas severamente afectadas por los movimientos telúricos.

Según los últimos reportes oficiales, los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron graves daños en viviendas, edificios, hospitales e infraestructura pública, dejando además miles de personas damnificadas.

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Venezuela cumple seis días buscando sobrevivientes tras terremoto: entre la esperanza y el desánimo

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Recuperan una víctima en estructura colapsada

Uno de los escenarios donde intervienen los rescatistas ecuatorianos es el sector de Macuto, una de las zonas afectadas por el colapso de edificaciones.

Durante las últimas jornadas, el equipo USAR ECU-11 participó en la recuperación del cuerpo de una persona fallecida que permanecía atrapada bajo los escombros de una estructura destruida por el terremoto.

A través de sus canales oficiales, los bomberos destacaron la complejidad emocional que representa este tipo de intervenciones.

"En una misma operación conviven la esperanza y el dolor", señalaron los rescatistas, quienes continúan trabajando en condiciones extremadamente difíciles.

Los bomberos informaron que, tras reuniones técnicas de evaluación y análisis de riesgos, se modificó la estrategia de intervención en una de las edificaciones colapsadas de Macuto.

Ecuador se suma a la ayuda internacional

La participación de los bomberos guayaquileños forma parte del apoyo internacional desplegado tras la tragedia que golpeó a Venezuela.

Las tareas incluyen búsqueda técnica, localización de sobrevivientes, recuperación de víctimas y apoyo humanitario en las áreas más afectadas.

Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades venezolanas mantienen los esfuerzos para atender a miles de damnificados que perdieron sus viviendas o resultaron afectados por los terremotos.

Los puntos claves

• El Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó la reforma que mantendrá la tarifa en 30 centavos por seis meses mediante compensaciones, antes de dar paso al incremento condicionado.
• Las operadoras que no cumplan con las condiciones de modernización y la revisión técnica vehicular en el cantón hasta diciembre perderán su permiso de operación, y su tarifa no podrá variar de los 30 centavos.

El Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó la tarde de este martes 30 de junio, en segundo y definitivo debate, el cuarto punto del orden del día correspondiente a la reforma de la ordenanza que regula el sistema de transporte público urbano en la ciudad. La votación se cerró con mayoría de votos a favor, dos votos en contra y una abstención, abriendo la puerta a una reingeniería del sistema que condiciona el alza del pasaje a la modernización de las unidades.

A pesar de la aprobación, al cierre de la sesión extraordinaria no se especificó la fecha exacta en la que el Municipio empezará a transferir la compensación económica a los transportistas.

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Un modelo condicionado: 180 días de transición

La reforma aprobada establece que durante los primeros 180 días (seis meses) la tarifa para la ciudadanía se mantendrá en 30 centavos. Durante este periodo de transición, el Municipio —a través de la ATM— asumirá una compensación mensual de $1.134 por cada unidad activa, lo que significará una inversión pública superior a los 13 millones de dólares durante el año 2026.

Sin embargo, concejales de la mayoría alineada al proyecto enfatizaron que estos recursos no representan un beneficio a ciegas.

Modernización obligatoria: Para acceder a la compensación y posteriormente elevar la tarifa, los transportistas deberán incorporar el sistema de cobro electrónico, GPS para control de rutas, mejoras en la carrocería y cumplir con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) obligatoria en Guayaquil (actualmente, menos del 40% de la flota lo hace en el cantón).

La nueva estructura tarifaria: Concluidos los seis meses, los buses que cumplan con la tecnología básica (sistema ITOR, validadores electrónicos y GPS) podrán cobrar 45 centavos. Aquellos que además sumen aire acondicionado y wifi estarán autorizados a cobrar 50 centavos. Los buses tipo express y ejecutivos también registrarán ajustes proporcionales (hasta 35 y 40 centavos, respectivamente).

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Posturas divididas y debate en el Concejo

A pesar de su aprobación, el debate dejó en evidencia las discrepancias políticas e institucionales respecto a quién debe asumir el costo de la crisis del transporte, agudizada por la eliminación del subsidio estatal al diésel.

A favor de la ordenanza: "No es un cheque en blanco"

Los concejales Terry Álvarez y Blanca López defendieron el proyecto argumentando que prioriza al usuario y sienta las bases para acabar con la "guerra por el centavo". López recalcó que el Concejo estará en primera línea fiscalizando y que la ATM sancionará de inmediato los incumplimientos. Por su parte, la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, señaló que la ciudadanía no se opone a pagar más si el servicio dignifica al usuario con climatización y seguridad.

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En contra: "El pasaje sube hoy y lo pagará el pueblo"

Las concejalas Nelly Pullas y Cinthia García votaron en contra. Pullas argumentó que la solución de fondo debe ser la focalización del subsidio al combustible por parte del Gobierno Central y propuso reducir a cero los aranceles e IVA para repuestos. García criticó la narrativa municipal: "El pasaje sube hoy (...) y será financiado por todos los guayaquileños a través de la ATM. En diciembre, ese costo lo asumirán directamente los ciudadanos, especialmente los más pobres", fustigó, responsabilizando tanto al Gobierno Nacional como al Concejo Municipal.

Abstención: "Un acto de fe"

La concejala Ana Choez optó por la abstención (repitiendo su postura del primer debate) haciéndose eco de los reclamos de organizaciones sociales y del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas, quienes mediante una carta formal criticaron la falta de socialización del proyecto. Choez comparó la medida con el "aporte social" de la Metrovía, calificando el proceso como un sistema de "ensayo y error" que genera incertidumbre en una ciudadanía cuyo salario no cubre la canasta básica.

El reclamo ciudadano en la antesala

Horas antes de la sesión, diversos colectivos como la Unión Nacional de Usuarios y Consumidores y el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos emitieron un pronunciamiento público exigiendo que no se aprobara ningún incremento sin garantías previas.

Entre sus demandas principales constaban la implementación de una caja común real para los transportistas, una veeduría ciudadana e institucional para vigilar el recaudo, y que el sistema de pago electrónico sea interoperable (permitiendo tarjetas bancarias y billeteras digitales) para evitar monopolios tecnológicos.

Horas después, el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, informó que cerca de las 10:00 el servicio había sido restablecido en todo el territorio nacional gracias a las maniobras ejecutadas por el personal técnico del sector eléctrico.

La avería ocurrió el mismo día en que la selección de Ecuador enfrenta a México por los octavos de final del Mundial 2026, un encuentro previsto para las 20:00 (hora de Ecuador), lo que despertó inquietud entre los aficionados sobre la posibilidad de nuevas interrupciones del servicio.

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Celec descarta desconexiones, pero la alta demanda mantiene la atención

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) aseguró que no será necesario realizar desconexiones eléctricas durante este 30 de junio de 2026. Sin embargo, el incidente ocurrido en Paute llevó a que muchos ciudadanos se preguntaran si el incremento del consumo eléctrico durante el partido podría afectar la estabilidad del sistema.

En horario nocturno, la demanda de electricidad suele incrementarse debido al mayor uso de iluminación y electrodomésticos. A ello se suma que un evento deportivo de alta audiencia suele elevar el consumo por el encendido simultáneo de televisores y otros equipos electrónicos.

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La alta demanda puede aumentar la presión sobre la red eléctrica

Un incremento significativo en el consumo no implica, por sí solo, que se produzcan apagones. No obstante, cuando coincide con fallas técnicas o con equipos que operan bajo alta exigencia, aumenta la presión sobre el sistema eléctrico.

Un antecedente ocurrió el 14 de marzo de 2026, cuando una avería en la subestación Dos Cerritos, en Guayas, ocasionó interrupciones del servicio en Guayaquil, Samborondón y Daule. En esa ocasión, la Costa atravesaba una ola de calor que elevó considerablemente el consumo de electricidad.

De acuerdo con datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), la demanda media del país ronda los 4.300 MW, aunque durante las noches suele registrar valores más altos.

El pico de consumo más alto de 2026 se produjo el 29 de mayo, a las 19:30, cuando la demanda alcanzó 5.496 MW. Este 30 de junio, a las 13:00, el consumo ya se ubicaba en 5.029 MW, una cifra superior al promedio nacional.

Si bien estos niveles pueden ser atendidos cuando el sistema opera con normalidad, una combinación de alta demanda y fallas técnicas puede incrementar el riesgo de afectaciones en determinados equipos de distribución.

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Qué advierte Cenace sobre la protección del sistema eléctrico

Según un informe técnico de Cenace del 6 de marzo de 2026, citado por Primicias, la entidad advirtió que el Sistema de Protección Sistémica (SPS) "no siempre podrá resolver todos los inconvenientes presentados" durante eventos de gran magnitud.

El SPS es un mecanismo automático diseñado para proteger la red eléctrica nacional cuando se registra una falla importante. Su función consiste en ejecutar acciones inmediatas para evitar que un problema localizado se propague al resto del sistema.

Su funcionamiento puede compararse con el de un breaker doméstico. Así como este interrumpe el suministro eléctrico de una vivienda para evitar daños mayores, el SPS puede desconectar parte de la generación o de la carga eléctrica con el objetivo de preservar la estabilidad de la red nacional.

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Jerson Ruiz

Por qué una desconexión puede evitar un problema mayor

El informe de Cenace señala que, en determinados escenarios, podría ser necesario aplicar desconexiones de generación o de carga para evitar sobrecargas e inestabilidad en el sistema eléctrico.

Según el documento, estas maniobras preventivas pueden derivar en condiciones operativas complejas, como altos voltajes o sobreexcitación de generadores. En casos extremos, si las fallas se encadenan y las protecciones resultan insuficientes, podría producirse un colapso parcial o total del sistema.

Esto no significa que un apagón nacional sea inminente. Más bien, refleja que el SPS actúa como un mecanismo de protección diseñado para minimizar daños cuando se presentan fallas severas.

Una analogía sencilla es la de una vivienda donde el breaker se activa repetidamente para proteger la instalación eléctrica. Aunque el sistema cumple su función de seguridad, la repetición constante de fallas evidencia que existe un problema de fondo que requiere ser corregido para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo.

Lo que debes saber:

• La Asamblea aprobó el allanamiento al veto parcial de Daniel Noboa sobre la LOOTUGS.
• El debate enfrentó a ADN y Revolución Ciudadana por la autonomía de los municipios.
• Las reformas fueron respaldadas con 80 y 82 votos en dos votaciones del Pleno.

La Asamblea Nacional aprobó, el martes 30 de junio de 2026, el allanamiento a la objeción parcial por inconstitucionalidad y por inconveniencia presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), luego de un debate marcado por los cuestionamientos sobre la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y el alcance de las atribuciones de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

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El presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres, dio por terminado el debate tras seis intervenciones, al señalar que el tema había sido discutido de manera suficiente antes de someter las mociones a votación. En el Pleno, de los 151 legisladores, solo 139 estuvieron presentes.

En una primera votación, el Pleno acogió los textos del informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad, adecuando los artículos 9, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 26 y 28, conforme al dictamen de la Corte Constitucional. La moción obtuvo 80 votos a favor, 53 en contra y cinco abstenciones.

Posteriormente, el Legislativo también se allanó a la objeción parcial por inconveniencia presentada por el Ejecutivo sobre los artículos 4, 7, 8, 12, 13, 17, 25 y 37, además de la disposición transitoria cuarta. Esta resolución fue aprobada con 82 votos afirmativos, 49 negativos y ocho abstenciones.

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ADN defendió las reformas

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos y ponente del informe y asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Lucía Pozo, sostuvo que la propuesta fue construida tras un proceso de análisis técnico en el que participaron expertos, urbanistas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Según la legisladora, las reformas buscan fortalecer la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, incentivar la inversión privada en vivienda y reducir la burocracia que, a su criterio, ha dificultado la construcción de viviendas y la legalización de tierras.

Pozo rechazó las críticas de la Revolución Ciudadana (RC) y aseguró que la bancada oficialista está fortaleciendo una norma que ya superó controles constitucionales y políticos. Además, afirmó que la reforma permitirá agilizar los trámites municipales para favorecer el desarrollo urbano y territorial.

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Revolución Ciudadana cuestionó la constitucionalidad

Desde la bancada opositora, el asambleísta Xavier Lasso recordó que durante el trámite legislativo su tienda política advirtió que varias disposiciones vulneraban la autonomía municipal y otorgaban facultades excesivas a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

Lasso señaló que la decisión de la Corte Constitucional confirmó esos cuestionamientos y sostuvo que el veto presidencial evitó que entrara en vigor un texto que calificó de inconstitucional. No obstante, afirmó que persisten disposiciones que permitirían declarar proyectos inmobiliarios como estratégicos, lo que —dijo— podría facilitar desarrollos urbanísticos con menos controles.

Además, criticó la conducción del proceso legislativo y aseguró que existe una política de confrontación con los municipios, especialmente en un contexto electoral.

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Benavides defendió el fortalecimiento del control estatal

El asambleísta independiente, Cristian Benavides, aunque respaldó el allanamiento, explicó que originalmente impulsó varias de las disposiciones observadas porque, a su juicio, buscaban proteger la vida de los ciudadanos. Argumentó que existen municipios donde los planes de uso y gestión del suelo presentan deficiencias técnicas o procesos irregulares que terminan exponiendo a la población a riesgos.

En ese contexto, defendió que la Superintendencia cuente con mayores capacidades para controlar excesos de las administraciones locales. Aclaró que el objetivo no era sustituir la autonomía municipal, sino prevenir errores y garantizar una mejor planificación territorial.

También lamentó que la Corte Constitucional eliminara la posibilidad de que la entidad brinde asistencia técnica a los municipios, pues consideró que esa facultad habría permitido corregir fallas antes de imponer sanciones.

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RC insiste en que persiste el centralismo

En cambio, la asambleísta correísta Patricia Núñez sostuvo que, aunque la Corte Constitucional eliminó varios artículos, la reforma mantiene una lógica de concentración de poder en el Gobierno central. Según la legisladora, persisten disposiciones relacionadas con los proyectos estratégicos nacionales de vivienda, los plazos especiales para que los municipios emitan permisos y el manejo de sistemas nacionales de información territorial.

A criterio de Núñez, el control del catastro y de la información territorial constituye un elemento esencial de la autonomía municipal, por lo que advirtió que la reforma conserva mecanismos que limitan la capacidad de los gobiernos locales para planificar y administrar sus territorios. La legisladora aseguró que su bancada no respaldaría iniciativas que, en su opinión, sustituyan la autonomía de los GAD por mecanismos de tutela desde el Gobierno central.

Por su parte, el asambleísta de ADN, Juan José Reyes, defendió las reformas y sostuvo que el debate gira en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre los gobiernos locales. "Claramente esta autonomía no está funcionando como debería. Esta autonomía, de libertad, se ha convertido en libertinaje y claramente quien sufre es el pueblo ecuatoriano".

• Daniel Noboa reguló Jóvenes en Acción con un decreto antes del inicio de la tercera fase.
• Jóvenes de 18 a 29 años recibirán $400 mensuales si cumplen los requisitos del programa.
• El Gobierno condicionó los pagos de Jóvenes en Acción al cumplimiento de las actividades asignadas.

El Gobierno de Ecuador emitió un decreto que establece el funcionamiento de la tercera fase del programa Jóvenes en Acción, una iniciativa dirigida a personas de entre 18 y 29 años que contempla una transferencia temporal de $400 mensuales durante tres meses.

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 435 el 30 de junio de 2026, en el que se establecen las condiciones de funcionamiento de la tercera fase del programa, justo en la recta final del proceso de inscripciones. La tercera fase del programa comenzará el 1 de julio de 2026.

El decreto establece que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá transferir los recursos al Ministerio de Inclusión Económica y Social para financiar las ayudas económicas destinadas a los beneficiarios del programa. Cada participante recibirá $400 mensuales durante tres meses, para un total de $1.200.

Transferencias y condiciones

El programa contempla la entrega de una transferencia mensual de $400 durante tres meses, lo que suma un total de $1.200 por beneficiario. 

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Estos pagos se realizarán directamente a las cuentas bancarias de los jóvenes seleccionados. Sin embargo, el desembolso no es automático en todos los casos: los pagos posteriores al primero dependen del cumplimiento de las actividades asignadas.

El decreto establece que quienes no cumplan con los requisitos o abandonen las actividades serán excluidos del programa.

Enfoque en jóvenes en situación de vulnerabilidad

La iniciativa está dirigida a personas de entre 18 y 29 años, con prioridad para quienes se encuentran en condiciones de pobreza o extrema pobreza, según el Registro Social.

Entre los requisitos para acceder al programa constan no contar con seguridad social activa ni recibir otras transferencias regulares del Estado, además de no haber sido beneficiario en ediciones anteriores.

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Entre los requisitos establecidos se encuentran:

Ampliación de cobertura

Para esta tercera fase, el Gobierno prevé incorporar a 150.000 jóvenes, con una inversión estimada de $180 millones.

Desde su creación en 2024, el programa ha alcanzado a cerca de 155.000 personas en sus dos primeras etapas, lo que refleja una ampliación progresiva de su cobertura.

El esquema no se limita a la entrega de dinero. Las instituciones públicas, como los ministerios de Transporte, Salud, Educación y otras entidades estatales, serán responsables de asignar actividades y espacios de capacitación.

Mecanismos de selección

La asignación de cupos dependerá de la capacidad de las entidades para integrar a los beneficiarios. En caso de que la demanda supere la oferta, se priorizará a las personas con mayor nivel de vulnerabilidad.

Además, el acceso al programa estuvo condicionado a un proceso de inscripción realizado entre el 16 y el 30 de junio de 2026, periodo en el que se concentró la postulación de los aspirantes.

Inscripción en línea

Los puntos claves

• El Concejo Cantonal de Guayaquil tiene previsto el segundo debate de la ordenanza del transporte urbano este martes 30 de junio desde las 14:00.
• Organizaciones ciudadanas enviaron una carta pública en la que piden no aprobar el alza del pasaje sin mejoras verificables en la calidad del servicio.
• La propuesta municipal contempla una compensación temporal a transportistas durante seis meses antes de aplicar incrementos progresivos de la tarifa según mejoras tecnológicas. 

La discusión sobre el posible aumento del pasaje en el transporte urbano de Guayaquil vuelve este martes 30 de junio al Concejo Cantonal. La sesión, convocada para las 14:00, definirá en segundo y definitivo debate la ordenanza que plantea una reingeniería del sistema de buses y que abre la puerta a un incremento progresivo de la tarifa, tras un periodo de transición de seis meses con compensaciones económicas a los transportistas.

En este contexto, organizaciones ciudadanas se pronunciaron hoy mediante una carta pública dirigida a las autoridades municipales, en la que piden no aprobar ningún ajuste tarifario mientras no se evidencie antes mejoras reales en la calidad del servicio que reciben los usuarios.

Gremios cuestionan el incremento sin garantías

A través de una carta abierta dirigida a la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, y a los integrantes del Concejo Cantonal, representantes de organizaciones sociales y de usuarios sostienen que Guayaquil necesita transformar el sistema de transporte, pero consideran que esa modernización no puede traducirse en un beneficio económico para operadores que aún mantienen un servicio deficiente.

En el documento recuerdan que la Constitución establece que el transporte público debe prestarse bajo principios de eficiencia, continuidad, calidad y precios equitativos. Por ello, sostienen que cualquier incremento de la tarifa o entrega de recursos públicos debe estar ligado al cumplimiento verificable de esos estándares.

"El usuario no puede ser obligado a pagar más por un servicio que vulnera su dignidad y seguridad diariamente", señalan en el pronunciamiento.

Las organizaciones también advierten que un aumento del pasaje podría repercutir en el costo de vida de los guayaquileños, al impactar en la canasta básica y en otros servicios.

Además, cuestionan que la modernización del sistema de recaudo pueda favorecer a determinados consorcios tecnológicos y proponen que el mecanismo sea interoperable, permitiendo pagos con distintas tarjetas bancarias, billeteras digitales o efectivo, sin restringir la libre elección de los usuarios.

Las propuestas de los usuarios

En lugar de aplicar un incremento generalizado, los gremios plantean una implementación gradual.

Entre sus propuestas constan:

La carta fue suscrita por representantes de la Unión Nacional de Usuarios y Consumidores, el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos (OCSP), la Asamblea de Usuarios de Servicios Básicos, asociaciones sociales y dirigentes comunitarios de Monte Sinaí, entre otros colectivos.

Lo que aprobó el Concejo en primer debate

La semana pasada, el Concejo Municipal aprobó en primer debate la ordenanza que redefine el esquema tarifario del transporte urbano.

Aunque la propuesta dice que se mantiene el pasaje en 30 centavos durante los primeros 180 días, establece un mecanismo mediante el cual la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad (ATM) compensará económicamente a los propietarios de las unidades activas mientras se ejecuta el proceso de modernización del sistema.

La administración municipal justifica la medida señalando que las operadoras enfrentan una crisis económica tras la eliminación del subsidio al diésel automotriz, lo que incrementó los costos diarios de operación.

Así sería el aumento del pasaje

Según la propuesta, el incremento no sería inmediato para los usuarios.

Durante seis meses, el Municipio asumiría una compensación mensual de 1.134 dólares por cada unidad activa, lo que representa una inversión pública superior a los 13 millones de dólares durante 2026.

Concluido ese periodo, las unidades que incorporen el Integrador Tecnológico de Operación y Recaudo (ITOR), validadores electrónicos y GPS podrán cobrar una tarifa de 45 centavos.

Las que además cuenten con aire acondicionado y wifi estarán autorizadas para cobrar 50 centavos.

En el caso de los buses tipo express, el pasaje pasaría de 25 a 35 centavos y hasta 40 centavos en modalidad ejecutiva, siempre que cumplan los requisitos tecnológicos.

Un debate dividido en el Concejo

La propuesta no logró consenso en el primer debate.

El concejal Terry Álvarez defendió la iniciativa al señalar que el nuevo sistema permitirá ordenar el transporte urbano y terminar con la competencia entre conductores.

En contraste, la concejala Cinthia García advirtió que el plazo de seis meses es insuficiente para una verdadera transformación del servicio. A esa postura se sumó Nelly Pullas, mientras que Ana Choez se abstuvo al advertir posibles vacíos jurídicos.

Blanca López, por su parte, señaló que la crisis del sector se agravó tras la eliminación del subsidio al diésel, aunque cuestionó que menos del 40 % de las unidades haya cumplido con la revisión técnica vehicular.

La postura de la ATM

El gerente de la ATM, Edgar Lupera, aseguró que el financiamiento para la compensación temporal ya está previsto y que los ciudadanos con ingresos inferiores a 650 dólares o en condición de desempleo no asumirán el incremento durante los primeros seis meses.

La alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, informó además que de las 1.943 unidades habilitadas para operar en Guayaquil, apenas 760 cumplieron con la revisión técnica durante 2025, por lo que insistió en que ninguna cooperativa podrá acceder a la nueva tarifa sin cumplir las exigencias establecidas.

Los puntos claves

• Desde agosto de 2025, las autoridades han retirado cerca de 800 cámaras instaladas de forma irregular en distintas ciudades del país.
• Apenas el 15 % de los dispositivos decomisados ha sido reclamado por personas que acreditaron ser sus propietarias.
• Las cámaras instaladas en postes y otros bienes públicos están prohibidas sin autorización del ECU 911, según el Decreto Ejecutivo 214.
  
• Los propietarios de equipos retirados tienen 30 días para presentar la factura de compra e iniciar el trámite para recuperarlos.

Cerca de 800 cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular han sido retiradas en Ecuador desde agosto de 2025. De ese total, apenas el 15 % ha sido reclamado por personas que acreditaron ser sus propietarias, un dato que, según el ECU 911, hace presumir que la mayoría de estos dispositivos no fue colocado por vecinos o comerciantes, sino que estaría vinculada a grupos de delincuencia organizada.

Como parte de esos operativos, este martes 30 de junio fueron desmontadas alrededor de 25 cámaras instaladas sin autorización en la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil. De acuerdo con las autoridades, estos equipos habrían sido utilizados para monitorear los movimientos de policías y militares durante los operativos que se ejecutan en ese sector.

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¿Por qué fueron retiradas?

El operativo fue ejecutado por el ECU 911, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Mientras los militares brindaban seguridad en la zona, personal técnico localizó las cámaras instaladas en postes de uso público y procedió a retirarlas.

El director general del ECU 911, Juan Carlos Paladines, recordó que el Decreto Ejecutivo 214 establece que únicamente esa entidad puede autorizar la instalación de sistemas de videovigilancia en espacios públicos.

El funcionario explicó que varias de las cámaras retiradas estaban orientadas hacia puntos donde suelen desarrollarse operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

"Son monitoreadas por personas que no sabemos quiénes son ni cuál es el propósito para el que las utilizan", señaló.

Paladines precisó que la restricción aplica únicamente para equipos colocados sobre bienes públicos. Los ciudadanos pueden instalar cámaras dentro de sus viviendas, negocios o propiedades privadas.

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Autoridades sospechan un uso delictivo

Para el director del ECU 911, el bajo porcentaje de cámaras reclamadas refuerza la hipótesis de que gran parte de estos dispositivos habría sido instalada por organizaciones criminales.

Según explicó, estos sistemas podrían servir para alertar sobre el ingreso de policías y militares a determinados sectores, seguir los movimientos de los habitantes o facilitar delitos como extorsiones, microtráfico y disputas por el control territorial.

El funcionario recordó además que hace aproximadamente un mes las autoridades localizaron un centro clandestino de monitoreo desde donde se recibían imágenes de entre ocho y diez cámaras distribuidas en un sector intervenido.

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Los propietarios pueden reclamar los equipos

Quienes consideren ser dueños de alguna de las cámaras retiradas disponen de 30 días para acudir al ECU 911 con la factura de compra e iniciar el trámite correspondiente.

Como ha venido publicando EXPRESO, los operativos para retirar dispositivos instalados de manera irregular comenzaron en agosto de 2025 y ya se han ejecutado en ciudades como Babahoyo, Guaranda, Machala, Ambato, Riobamba, Quito y Guayaquil.  

Lo que debes saber

• Pasaje urbano sube a 0,50 ctvs en Manta desde 30 junio por costos operativos del transporte
  
• Municipio y transportistas acuerdan nueva tarifa tras semanas de negociación en la ciudad
  
• Usuarios pagan 25% más por viaje mientras tarifa será evaluada en seis meses

El transporte urbano en Manta registra desde este martes 30 de junio un incremento en la tarifa del pasaje, que pasa de 0,40ctvs a 0,50 ctvs. La medida, que ya entró en vigencia, forma parte de una actualización aprobada mediante ordenanza y se aplicará, en principio, de manera temporal

Una tarifa ajustada tras semanas de negociación

El aumento del pasaje es el resultado de un proceso de discusión entre autoridades municipales y representantes de las operadoras de transporte. 

Te invitamos a leer | Desde el 30 de junio el pasaje urbano en Manta costará 0.50 centavos

Inicialmente, el sector transportista planteó elevar la tarifa hasta 0,80 centavos, argumentando dificultades para cubrir costos operativos, pero finalmente se acordó un valor intermedio de 0,50 centavos.

La reforma a la ordenanza fue aprobada en las instancias correspondientes del Concejo Cantonal y publicada oficialmente, lo que habilitó su aplicación inmediata en el sistema de transporte urbano. 

Operaciones en zona rural

Durante las mesas de diálogo realizadas entre el Municipio de Manta y los transportistas, también se informó que uno de los compromisos asumidos por la Federación de Transportistas Urbanos de Manta (FETUM) era implementar una nueva ruta para atender a las comunidades de la zona rural del cantón, una demanda planteada desde hace varios años por sus habitantes.

No obstante, en el comunicado emitido por FETUM sobre la entrada en vigencia de la nueva tarifa no se hace referencia a esa ruta rural ni se detallan fechas, recorridos o el inicio de su operación, por lo que su implementación continúa pendiente de definición.

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Cambios en el servicio

Como parte de los compromisos asociados al alza, también se anunció la reactivación de rutas que habían sido suspendidas, entre ellas las líneas 4 y 15. El objetivo es ampliar la cobertura del servicio y responder a reclamos ciudadanos por limitaciones en la conectividad urbana. 

Sigue leyendo | El fuego encontró a Manta sin defensa: sector pesquero exige respuestas tras desastre en la rada

Las operadoras sostienen que el incremento busca garantizar la continuidad del servicio y enfrentar el aumento de costos en combustible, mantenimiento y operación.

El nuevo valor del pasaje no necesariamente será definitivo. Según lo acordado, la tarifa será evaluada en un plazo aproximado de seis meses, periodo en el que las autoridades analizarán su impacto en la sostenibilidad del sistema y en la economía de los usuarios.

Lo que debes saber

• Sismo 4,3 ocurrió 30 junio 01:02 en Macas; IG reporta percepción en varias ciudades por baja profundidad
  
• Temblor se sintió en Ambato, Tena y Guayaquil; ciudadanos reportan evento en madrugada por actividad sísmica
  
• Evento sin daños reportados; Instituto Geofísico monitorea tras sismo reciente en zona activa del Pacífico
  
  

Un sismo de magnitud 4,3 se registró la madrugada del martes 30 de junio de 2026 en Ecuador, según reportó el Instituto Geofísico (IG). El evento ocurrió a la 01:02 y tuvo como epicentro las cercanías de Macas, en la provincia de Morona Santiago.

De acuerdo con la información oficial, el movimiento telúrico se localizó a unos 53,97 kilómetros de Macas y se produjo a una profundidad de 13 kilómetros, condiciones que influyeron en su percepción en distintas regiones del país.

Alcance del sismo

Ciudadanos reportaron haber sentido el temblor en varias localidades de la Sierra y Amazonía, entre ellas Ambato, Píllaro y Baños, en Tungurahua, así como en Tena, provincia de Napo. También hubo reportes desde Guayaquil, lo que evidencia la amplia percepción del evento pese a su magnitud moderada.

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Este tipo de sismos superficiales suele ser percibido en áreas más extensas, aunque su intensidad disminuye con la distancia al epicentro. En este caso, los reportes ciudadanos contribuyeron a complementar los datos instrumentales del Instituto Geofísico.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas asociadas al evento. Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante la posibilidad de réplicas, aunque este tipo de sismos suele no generar mayores consecuencias.

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Los reportes ciudadanos, especialmente a través de canales oficiales y redes, permitieron confirmar que el movimiento fue percibido en distintas ciudades. Este flujo de información es clave para evaluar la intensidad real del evento y su impacto territorial.

Lo que debes saber

• La basura acumulada en calles, avenidas y parterres continúa siendo uno de los principales problemas urbanos de Guayaquil.
• Sectores como Sauces concentran los mayores puntos críticos, donde vecinos denuncian malos olores, presencia de ratas y botaderos improvisados.

Un tema que huele mal. Fundas de basura rotas sobre aceras, desperdicios acumulados en esquinas y avenidas, olores nauseabundos y ratas. Esa es una escena que se repite a diario en distintos sectores de Guayaquil, donde la inadecuada disposición de los desechos continúa siendo uno de los principales problemas urbanos. Aunque Urvaseo asegura que la recolección efectiva alcanza el 92% de la ciudad, persisten puntos críticos, especialmente en el norte, donde Sauces lidera el listado de zonas con mayor incidencia de este problema.

Entre ellas, Sauces 6 y sus alrededores, la avenida Francisco de Orellana, la avenida Casuarina, la vía a Daule y la avenida Gabriel Roldós son sectores críticos. De acuerdo con la información proporcionada por Urvaseo, el ranking lo encabeza Sauces, seguido por Guasmo Sur, Fertisa, Martha de Roldós y el noroeste, donde figuran Bastión Popular y Paraíso de la Flor.

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Carlos Guerrero, dirigente barrial de Sauces 1, considera que Guayaquil debe migrar hacia un sistema de contenedores comunitarios, similar al que ya funciona en ciudades como Loja y Cuenca. 

“Es preferible tener la basura en un contenedor y no en la calle. También hay que endurecer las multas, porque esto pasa por la (poca) educación de las personas. Hay gente que bota basura en cualquier lugar, sin importar si vive en el norte o en el sur”, sostiene.

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Guerrero indica que la falta de civismo es uno de los principales factores detrás del problema y asegura que incluso en el parque central de la ciudadela es frecuente encontrar desperdicios acumulados.

Las quejas se multiplican

Las quejas también se repiten en Sauces 8. Habitantes denuncian que varias esquinas se han convertido en botaderos improvisados y responsabilizan, entre otros, a algunos negocios del sector por dejar fundas, botellas y otros residuos durante la madrugada. “Las jardineras se han convertido en baños públicos. Fue una pésima idea retirar las plantas”, lamenta un vecino.

El problema no solo afecta la imagen urbana. Hace pocas semanas, tras las intensas lluvias registradas en el norte de Guayaquil, varias calles de Sauces quedaron inundadas. Este Diario ya había reportado que la infraestructura del sector favorece la acumulación de agua, pero los moradores afirman que la basura agrava la situación al obstruir sumideros y alcantarillas.

¿Qué ocurre cuando llueve?

Las imágenes de Sauces bajo el agua se viralizaron en redes sociales. Para muchos ciudadanos, como Jhonny Jiménez, aquello era previsible. “Culpa de la propia gente. Botan la basura donde les da la gana. Gente puerca”, escribió en redes sociales.

En un recorrido realizado por EXPRESO, se constató que en el parterre de la avenida de Sauces 6, en el tramo que colinda con Sauces 9, se acumulan decenas de fundas de basura, sobre todo de noche. La situación también atrae a recicladores que rompen las bolsas en busca de plástico y otros materiales, dejando los desechos esparcidos sobre la vía.

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Varios moradores de la zona, especialmente del sector que divide Sauces 5 y Sauces 6, consideran que la gran cantidad de locales comerciales favorece la acumulación de desperdicios. Sin embargo, coinciden en que el comportamiento de los propios vecinos también agrava el problema.

Melina Córdova, emprendedora del sector, cree que la solución debe combinar mayor control con infraestructura adecuada. “No sé si las multas sean suficientes, pero esto pasa todos los días. De noche es terrible. Tal vez ayudaría mucho que instalaran contenedores o tachos grandes en los puntos donde más se acumula la basura”, plantea.

Las claves del caso

• Desde el 29 de junio se cerrará parcialmente un carril de la avenida Félix Sarmiento Núñez.
  
• Se mantendrá habilitado el acceso al Complejo Deportivo Miraflores.
  
• Continuarán los desvíos temporales de varias líneas de transporte público que circulan por la zona.

Los cierres viales se han convertido en una constante en distintos sectores de Guayaquil. Aunque las obras de infraestructura son necesarias para mejorar la movilidad y renovar espacios urbanos, también generan molestias entre conductores, residentes y usuarios del transporte público debido a los cambios temporales en la circulación y los frecuentes congestionamientos que provocan.

Ahora, los habitantes de la ciudadela Miraflores, en el norte de la ciudad, deberán prepararse para nuevas restricciones de tránsito. El Municipio de Guayaquil anunció la implementación de un cierre parcial en uno de los principales accesos del sector como parte de los trabajos de intervención que se ejecutan actualmente en la zona.

Según la información difundida por las autoridades municipales, desde este 29 de junio se aplicó el cierre parcial de un carril en la avenida Félix Sarmiento Núñez. La medida forma parte de las obras que buscan transformar y modernizar este sector residencial y deportivo de la ciudad.

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Aunque el Cabildo asegura que se habilitará el acceso al Complejo Deportivo Miraflores , los conductores deberán adaptarse a modificaciones temporales en la circulación de varias vías internas. Estos cambios buscan facilitar la movilidad de quienes residen en el sector mientras avanzan los trabajos.

Las afectaciones no solo alcanzarán a los vehículos particulares. El Municipio también confirma que se mantienen los desvíos de las líneas de transporte público que habitualmente circulan por esta zona , por lo que los usuarios deberán estar atentos a las rutas temporales establecidas durante la ejecución de la obra.

Durante los últimos meses, vecinos y conductores han reportado dificultades para movilizarse en sectores donde se desarrollan intervenciones viales. En el caso de Miraflores, los cambios en la circulación podrían generar mayores tiempos de desplazamiento durante las horas de mayor demanda.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación, revisar las rutas alternativas disponibles y conducir con precaución mientras permanezcan vigentes las restricciones de tránsito.

Las claves del caso

• La afectación se originó en la subestación eléctrica Dos Cerritos.
  
• El corte impactó sectores de Samborondón, Daule, Salitre, Balzar, Santa Lucía, Palestina y Laurel.
  
• Técnicos de CNEL EP continúan realizando inspecciones para restablecer totalmente el servicio.
  Palabras clave

Los cortes de energía eléctrica continúan generando molestias en varios sectores de la provincia del Guayas. Habitantes de urbanizaciones, zonas comerciales y comunidades rurales aseguran que las interrupciones del servicio se han vuelto recurrentes en los últimos meses, afectando actividades laborales, comerciales y domésticas.

La noche de este lunes 29 de junio, una nueva falla dejó sin suministro eléctrico a distintos sectores de Daule, Samborondón y varios cantones de la provincia, generando preocupación entre los ciudadanos que reportaron la novedad a través de redes sociales.

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Según informó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), la interrupción del servicio se produjo debido a una afectación registrada en la subestación Dos Cerritos, una infraestructura clave para la distribución de energía en esta zona del Guayas.

La falla impactó a sectores ubicados a lo largo de la vía a Samborondón, la vía a Salitre y la avenida León Febres Cordero, además de áreas de Daule, Santa Lucía, Palestina, Balzar, Laurel y otros sectores cercanos.

Tras detectar el problema, equipos técnicos fueron desplegados para realizar inspecciones tanto en la subestación como en la red eléctrica vinculada al sistema. El objetivo era determinar el origen de la avería y establecer si la afectación se encontraba relacionada con la infraestructura de transmisión o con la red de distribución eléctrica.

Minutos después del primer comunicado, los usuarios informaron que el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva en algunas zonas. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación, varios sectores continuaron sin energía o registraron fluctuaciones en el suministro.

Cortes incomodan a la ciudadanía

La situación generó inconvenientes para residentes y comerciantes, especialmente en sectores donde gran parte de las actividades dependen del uso constante de electricidad. Negocios, oficinas y viviendas se vieron obligados a suspender temporalmente algunas de sus operaciones mientras avanzaban los trabajos de reparación.

En zonas residenciales de Samborondón y Daule, los ciudadanos expresan su preocupación por la frecuencia de estas interrupciones, señalando que los cortes inesperados afectan equipos electrónicos, sistemas de seguridad y la conectividad a internet, cada vez más necesarios para el trabajo y la educación.

CNEL EP indicó que sus técnicos continúan ejecutando labores de verificación para normalizar completamente el servicio en toda el área afectada. Mientras tanto, los usuarios permanecen atentos a la evolución de los trabajos y esperan que el suministro sea restablecido de manera definitiva en las próximas horas.

Las claves del caso

• Daniel Noboa oficializó la designación mediante decreto ejecutivo firmado este 29 de junio de 2026.
  
• Emilia Reece ya ha ocupado cargos en la Presidencia y representaciones estatales, incluyendo Servicios Postales del Ecuador y Ferrocarriles del Ecuador.
  
• AIL EP administra procesos relacionados con medicamentos, infraestructura hospitalaria, servicios complementarios y transformación digital en salud.

El presidente de la República, Daniel Noboa , designó este 29 de junio de 2026 a Emilia María Reece Holguín como delegada permanente de la Presidencia de la República ante el Directorio de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL EP), una entidad estratégica encargada de apoyar la gestión del sistema público de salud en Ecuador.

La designación se realizó mediante decreto ejecutivo firmado por el mandatario, en el que se oficializa la representación permanente de Reece dentro del directorio de la empresa estatal.

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¿Cuál es la función de la AIL EP?

AIL EP es una empresa pública creada para fortalecer la capacidad operativa del sistema sanitario ecuatoriano . Entre sus principales funciones se encuentran la adquisición, distribución y control de medicamentos, dispositivos médicos e insumos estratégicos; la construcción y repotenciación de infraestructura hospitalaria; la contratación de servicios complementarios como limpieza, alimentación y seguridad; así como la implementación de herramientas tecnológicas para la administración de establecimientos de salud.

Actualmente, la empresa pública está dirigida por Stalin Andino, quien se desempeña como gerente general. 

¿Quién es Emilia Reece Holguín?

Emilia Reece ha ocupado varios cargos dentro de la administración pública durante los últimos años. Entre ellos consta su participación en funciones vinculadas a la Presidencia de la República y su paso como delegada presidencial ante la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador.

Además, tuvo un rol político dentro del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), donde ejerció funciones como director provincial en Pichincha.

Su nombre también ha estado presente en otros espacios de representación estatal. En junio de 2026 fue designada como delegada permanente del Presidente de la República ante el directorio de la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador (SPE EP), mediante el Decreto Ejecutivo 397.

La funcionaria también es conocida por ser la hija de Marcela Holguín, exasambleísta que formó parte del correísmo y que posteriormente se incorporó al Gobierno de Daniel Noboa, donde actualmente se desempeña como gerente de Medios Públicos.

Las claves del caso

• Tres policías fueron llamados a juicio por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
  
• La víctima fue detenida en mayo de 2023 por una boleta de apremio y posteriormente presentó lesiones que requirieron atención hospitalaria.
  
• El juez mantuvo medidas cautelares contra los procesados, entre ellas la prohibición de salida del país.

Los procedimientos policiales y el uso de la fuerza continúan siendo temas de debate ciudadano, especialmente cuando existen denuncias sobre posibles excesos durante operativos o detenciones . En Guayaquil, un caso ocurrido hace más de dos años volverá a ser analizado por la justicia luego de que tres agentes de la Policía Nacional fueron llamados a juicio por una presunta extralimitación en el cumplimiento de sus funciones.

La decisión fue adoptada tras la audiencia preparatoria de juicio, en la que la Fiscalía presentó un dictamen acusatorio contra los uniformados y expuso varios elementos de convicción recopilados durante la investigación.

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Detalles de juicio contra policías 

El caso se remonta al 21 de mayo de 2023. Según la información procesal, un ciudadano fue detenido en cumplimiento de una boleta de apremio emitida dentro de un proceso judicial relacionado con pensiones alimenticias. El procedimiento se desarrolló en los exteriores de un centro comercial ubicado entre las avenidas Francisco de Orellana y Plaza Dañín, en el norte de Guayaquil.

De acuerdo con la investigación, los agentes trasladaron al detenido hasta la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Kennedy Norte con el objetivo de continuar el procedimiento y posteriormente ingresarlo a una unidad de aseguramiento administrada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

Lo que dice la denuncia contra los uniformados

Sin embargo, la situación habría tomado otro rumbo tras un incidente ocurrido durante el proceso. Según la denuncia presentada por familiares del afectado, la esposa del ciudadano tomó parte de la actuación policial con su teléfono celular y solicitó la devolución de algunas pertenencias de su esposo, entre ellas dinero y joyas. A partir de ese momento se habría producido una confrontación verbal que, según la versión investigada por Fiscalía, derivó en una presunta agresión física contra el detenido mientras permanecía esposado.

Las alertas sobre el estado de salud del ciudadano surgieron cuando fue trasladado a una unidad del SNAI. Funcionarios de esa entidad habrían detectado lesiones visibles y solicitaron su atención médica inmediata en el Hospital Abel Gilbert Pontón.

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Los informes médicos incorporados al expediente señalan que el hombre presentaba heridas en diferentes partes de su cuerpo, incluyendo el ojo izquierdo, el tórax y las costillas. Debido a la gravedad de las lesiones, permaneció hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos y recibió una incapacidad médica de 31 días.

Durante la audiencia realizada en la Unidad Judicial Albán Borja, la Fiscalía expuso varios elementos que sustentarían la acusación. Entre ellos constan documentos relacionados con la detención, certificados médicos, historia clínica, testimonios de funcionarios del SNAI y del Ministerio de Salud Pública, así como análisis técnicos de audios y videos obtenidos durante la investigación.

La causa se procesa por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, figura contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y vinculada en este caso a las lesiones que habría sufrido el ciudadano durante el procedimiento de detención. El juicio será el escenario en el que se determinará si existe o no responsabilidad penal por parte de los uniformados involucrados.

Las 3 claves del caso

• El pregón juliano se realizará este 1 de julio en el centro de Guayaquil.
  
• Varias calles tendrán restricciones y desvíos durante la mañana.
  
• Algunas rutas de autobuses urbanos modificarán temporalmente sus recorridos.

Con el inicio oficial de las fiestas julianas este 1 de julio, Guayaquil inicia una agenda cargada de actividades cívicas, culturales y comunitarias que se extenderán durante todo el mes. Sin embargo, junto con los eventos masivos también llegarán cambios temporales en la circulación vehicular, especialmente en el centro de la ciudad, donde se desarrollará uno de los primeros actos conmemorativos.

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Fiestas inician con el tradicional pregón

El tradicional pregón que abrirá las celebraciones movilizará a decenas de agrupaciones estudiantiles, organizaciones barriales y colectivos artísticos, por lo que varias calles del casco céntrico tendrán restricciones de tránsito durante gran parte de la mañana.

La actividad está programada para iniciar en las inmediaciones del Parque Centenario y avanzará por algunos de los corredores más transitados del centro, incluyendo tramos de la avenida 9 de Octubre y el Malecón Simón Bolívar, hasta concluir cerca de la calle República de Guayaquil.

Debido a la magnitud del evento, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) pondrá en marcha un operativo especial para regular la circulación de vehículos y peatones. El despliegue comenzará desde las primeras horas de la mañana, antes de que inicie el recorrido, y permanecerá activo hasta que el flujo vehicular regrese a la normalidad.

Los cambios que tendrá el tránsito en Guayaquil

Aunque el sistema Metrovía mantendrá su funcionamiento habitual, varias líneas de transporte urbano deberán modificar temporalmente sus trayectos para evitar las calles ocupadas por el desfile. Los cambios afectarán principalmente a rutas que circulan por sectores cercanos al recorrido oficial.

Entre las vías que podrían registrar alteraciones en la circulación se encuentran arterias como Clemente Ballén, Antepara, Pío Montúfar, Riobamba, Rumichaca y la avenida del Ejército, donde agentes de tránsito dirigirán el flujo vehicular y aplicarán desvíos conforme avance el evento.

Para comerciantes, trabajadores y ciudadanos que diariamente realizan actividades en el centro de Guayaquil, estas restricciones podrían generar retrasos y mayores tiempos de desplazamiento, especialmente durante las horas de mayor movimiento comercial.

Las festividades por los 491 años del proceso fundacional de Guayaquil comenzarán durante las próximas semanas con diferentes eventos públicos, por lo que no se descartan nuevos operativos de movilidad y cierres parciales en distintos sectores de la ciudad.

Las claves del caso

• El incidente ocurrió en las calles Rumichaca y Clemente Ballén, en el centro de Guayaquil.
  
• Segura EP asegura que agentes municipales fueron atacados con objetos contundentes y agresiones físicas.
  
• Los hechos se registraron durante un operativo para controlar el comercio informal y el uso del espacio público.

Los enfrentamientos entre comerciantes informales y agentes municipales continúan generando incidentes en distintos puntos de Guayaquil. La disputa por el uso del espacio público, especialmente en zonas de alta actividad comercial, suele derivar en discusiones, decomisos y, en algunos casos, agresiones físicas durante los operativos de control.

Esta vez, Segura EP denunció que varios Agentes de Control Municipal (ACM) fueron agredidos mientras realizaban un operativo en el centro de la ciudad. El hecho ocurrió la tarde de este jueves en las calles Rumichaca y Clemente Ballén , una zona donde con frecuencia se registra presencia de vendedores autónomos.

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Según la entidad municipal, el incidente se produjo cuando los agentes solicitaron a un comerciante informal que abandonara el lugar por no contar con autorización para ejercer actividades de venta en ese espacio. De acuerdo con la versión oficial, durante el procedimiento la ciudadana habría reaccionado de forma violenta.

La denuncia de Segura EP

Segura EP aseguró que varias vendedoras autónomas no regularizadas lanzaron objetos contundentes contra los funcionarios y que un agente municipal fue agredida esencialmente mientras cumplía sus funciones de control.

La empresa pública indicó que los agentes actuaban en el marco de las ordenanzas vigentes relacionadas con el uso del espacio público y que el operativo formaba parte de las permanentes para mantener el orden en sectores comerciales de la ciudad.

En el comunicado difundido tras el incidente, Segura EP expresó su respaldo a los Agentes de Control Municipal y defendió las intervenciones que se realizan para regular el comercio informal en las calles de Guayaquil. Además, reiteró que estas acciones buscan garantizar la convivencia ciudadana y el cumplimiento de las normativas municipales.

La entidad también hizo un llamado a respetar el trabajo de los funcionarios encargados de los controles y señaló que continuará ejecutando operativos en distintos sectores de la ciudad para recuperar espacios públicos y verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Los datos claves

• El dinero del préstamo se deposita directamente en la cuenta del beneficiario con patria potestad, una vez aprobado el crédito.
• El solicitante debe cumplir los requisitos del quirografario “normal” y añadir información del proceso judicial de alimentos.
• Es obligatorio ingresar datos como número de causa, juzgado, provincia, ciudad y cuenta bancaria del beneficiario. 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) mantiene habilitado un préstamo quirografario dirigido a afiliados y jubilados que deben cumplir con el pago de pensiones alimenticias. Este crédito permite que el desembolso se realice directamente a la cuenta del beneficiario con patria potestad, una vez aprobado el trámite y validada la documentación correspondiente.

Según la página oficial del BIESS, quienes pueden acceder a este beneficio son aquellos afiliados en relación de dependencia y que mantengan fondos disponibles en las cuentas individuales de cesantía y fondos de reserva.

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Requisitos del préstamo y datos obligatorios

Para acceder a este producto, el solicitante debe cumplir con los requisitos del préstamo quirografario de tipo “normal”, además de condiciones específicas del proceso de pensiones alimenticias.

Entre los datos y requisitos obligatorios constan:

Esta información debe ser ingresada en el sistema web de préstamos del BIESS para continuar con el trámite.

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Solicitud, formulario y aprobación del crédito

Una vez ingresada la solicitud en el sistema, se genera el “Formulario de autorización de transferencia de fondos”, el cual debe ser impreso y firmado tanto por el titular del crédito como por el beneficiario con patria potestad.

El trámite, detalla la entidad, puede gestionarse en estado “Pendiente de Confirmación” de forma virtual o presencial. En el primer caso, los documentos deben enviarse al correo aprobacionespq@biess.fin.ec, mientras que también pueden entregarse en cualquier punto de atención del BIESS a nivel nacional.

Entre los documentos requeridos constan el formulario firmado, la providencia del juez o acta de mediación, certificado bancario del beneficiario y copia de cédula. En trámites por correo electrónico, además, se solicita una fotografía del titular sosteniendo su documento de identidad.

Especialistas en prevención del fraude, consultados por el medio internacional Telemundo, advierten que este tipo de estafas suele incrementarse durante las emergencias humanitarias, cuando la urgencia por ayudar puede hacer que las personas bajen la guardia y entreguen dinero o información personal sin verificar el destino de sus aportes.

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Las estafas aumentan durante las emergencias

Organizaciones dedicadas a la protección del consumidor alertan de que los delincuentes utilizan diversos métodos para captar donaciones falsas. Entre ellos figuran mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales que apelan a la solidaridad de la ciudadanía.

También es frecuente que circulen campañas de recaudación creadas en plataformas digitales sin ningún tipo de respaldo oficial. Aunque estos sitios permiten organizar colectas con facilidad, ello no garantiza que el dinero llegue realmente a las personas afectadas.

Otra modalidad consiste en solicitar donaciones mediante tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias directas a cuentas personales, mecanismos que dificultan rastrear el destino de los recursos y recuperar el dinero en caso de fraude.

Además, expertos en ciberseguridad advierten que el uso de herramientas de inteligencia artificial ha facilitado la creación de imágenes, videos y mensajes falsos que aparentan ser campañas humanitarias legítimas.

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Recomendaciones para donar de forma segura

Las organizaciones especializadas en ciberseguridad y prevención del fraude recomiendan verificar cuidadosamente el destino de las donaciones antes de realizar cualquier aporte económico, especialmente durante emergencias, cuando suelen aumentar las estafas que apelan a la solidaridad de las personas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

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Organizaciones que canalizan ayuda humanitaria

Para reducir el riesgo de fraude, se recomienda donar únicamente a organizaciones con trayectoria comprobada y presencia en las zonas afectadas.

Entre las entidades que han anunciado programas de asistencia para Venezuela se encuentra CORE, organización sin fines de lucro que trabaja con personal en el país para entregar apoyo económico a familias damnificadas.

Asimismo, Global Impact habilitó un fondo de respuesta a los terremotos de Venezuela, cuyos recursos serán canalizados mediante UNICEF para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

En caso de sospechar que una campaña de recaudación es fraudulenta o de haber sido víctima de una estafa, las autoridades y organizaciones especializadas en protección al consumidor recomiendan denunciar el hecho lo antes posible para facilitar las investigaciones y evitar que más personas resulten afectadas.

Lo que debes saber:

• Érika Tumbaco rindió su primera versión ante la Fiscalía por el caso Porsche.
• La defensa niega que Industrial Molinera o el Gobierno estén vinculados al caso.
• Los hijos de Tumbaco también fueron convocados para dar su testimonio.

Fernando Yávar, abogado de Industrial Molinera, aseguró este lunes que ni la empresa ni personas vinculadas al Gobierno Nacional tendrían relación con el denominado caso Porsche. Sus declaraciones se dieron antes de que Érika Johana Tumbaco Flores, trabajadora de "confianza" de la compañía, acudiera a la Fiscalía General del Estado para rendir su primera versión dentro de la investigación.

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La comparecencia ante la Fiscalía

Yávar explicó que la comparecencia de Tumbaco y de sus hijos busca esclarecer lo ocurrido tras el atentado registrado en la Bahía de Guayaquil. Además, rechazó las versiones que apuntan a un supuesto autoatentado y afirmó que esa narrativa responde a un "montaje" sin sustento.

El jurista sostuvo que la coincidencia entre la diligencia fiscal y las menciones a Industrial Molinera ha generado confusión en el debate público. En ese sentido, insistió en que la empresa no mantiene ningún vínculo con los hechos que investiga la Fiscalía.

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¿Por qué también declararon sus hijos?

Según detalló, los hijos de Tumbaco también fueron convocados porque estuvieron presentes el día en que se ejecutó un allanamiento judicial en la vivienda familiar. Ese episodio, afirmó, explica por qué la mujer modificó su recorrido original y se dirigió a su domicilio antes de acudir al Hospital de Los Ceibos.

Yávar precisó que su intervención en el proceso se limita al acompañamiento legal de Tumbaco durante la recepción de su testimonio. La diligencia forma parte de las actuaciones que desarrolla la Fiscalía dentro del denominado caso Porsche, una investigación que ha adquirido relevancia política tras los cuestionamientos cruzados entre el oficialismo y la oposición.