Durante su paso por Ecuador, Rubio tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Noboa, en lo que será su segunda visita al país en aproximadamente un año.

La agenda estará marcada por asuntos de seguridad y comercio. Según el Departamento de Estado, el funcionario estadounidense abordará con los tres gobiernos la cooperación en la “lucha conjunta contra el narcoterrorismo”, además de los beneficios de fortalecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos y los países de la región.

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Marco Rubio también visitará Colombia y Perú

La gira incluirá reuniones con representantes de los gobiernos de Colombia y Perú. En el caso colombiano, la agenda también contempla el respaldo de Estados Unidos al proceso de recuperación del país después del terremoto registrado el 10 de agosto de 2026.

Aunque Washington no ha detallado públicamente toda la agenda del viaje, medios colombianos han informado que Rubio se reuniría con el presidente Abelardo De la Espriella en Barranquilla.

Posteriormente, el secretario de Estado viajará a Perú. Esta será su primera visita al país desde que Keiko Fujimori asumió la Presidencia en julio de 2026.

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Seguridad marcará la reunión entre Rubio y Noboa

La visita se produce en medio de un fortalecimiento de la cooperación entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos, especialmente en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

En Ecuador, se prevé que uno de los principales temas de la reunión entre Rubio y Noboa sea precisamente la lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico.

La próxima visita será la segunda de Rubio a Ecuador en aproximadamente un año, período en el que Quito y Washington han reforzado su cooperación en seguridad y han desarrollado operaciones conjuntas contra el narcotráfico.

El comercio también formará parte de las conversaciones, según el anuncio del Departamento de Estado, que anticipó que Rubio buscará promover relaciones comerciales más estrechas durante su recorrido por los tres países.

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Estados Unidos refuerza cooperación regional contra el narcotráfico

La seguridad también ocupará un lugar importante durante la escala de Rubio en Colombia. A finales de agosto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, ya había viajado al país para mantener encuentros relacionados con la cooperación bilateral.

Tras la llegada de De la Espriella a la Presidencia, Colombia se incorporó a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), una alianza militar y operativa promovida por el Gobierno de Donald Trump para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina y el Caribe.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró posteriormente que De la Espriella autorizó a Washington a desarrollar operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico en territorio colombiano.

La gira de Rubio, por tanto, tendrá como uno de sus ejes centrales la estrategia de Estados Unidos frente al crimen organizado en la región, además de la búsqueda de una mayor cooperación económica con Ecuador, Colombia y Perú.

El ataque ocurrió cerca de las 22:30, cuando una ráfaga de disparos sorprendió a clientes y trabajadores que se encontraban en el establecimiento. Tras el hecho violento, el cuerpo de una de las víctimas quedó dentro del local.

Según el relato de un testigo, el fallecido se dedicaba a cuidar vehículos en los exteriores del negocio, mientras que entre los heridos habría trabajadores de la picantería.

“Lo mataron nada más al chico, el que cuidaba los carros, y hay dos heridos de los chicos que trabajan en la picantería”, relató.

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Bomberos atendieron a los heridos tras la balacera

Una ambulancia del Cuerpo de Bomberos acudió al establecimiento para brindar atención a las personas heridas. Posteriormente, agentes policiales del Distrito Modelo llegaron al sector para recabar indicios e iniciar las investigaciones sobre las circunstancias del ataque.

La balacera también provocó cuestionamientos de algunos habitantes sobre la respuesta de las autoridades y los patrullajes que se realizan en esta zona del norte de Guayaquil.

Uno de los testigos aseguró que los agentes tardaron alrededor de 15 minutos en llegar y cuestionó que, a su criterio, no se desplegaran inmediatamente operativos en los alrededores.

“Demoran quince minutos en llegar, para que lleguen treinta motos y se queden viendo y velando al muerto. No van en busca, no hacen operativos; ellos llegan solamente a ver y a que la gente no se acerque”, manifestó.

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Moradores cuestionaron los patrullajes en Sauces

El mismo ciudadano también expresó su inconformidad con la forma en que, según su versión, los militares realizan los recorridos de vigilancia por el sector. Aseguró que los uniformados se movilizan juntos en dos camionetas, en lugar de distribuirse por diferentes puntos.

“Pasan juntos, haciendo ronda, y así un choro ve a 16 hombres juntos y se va por donde no están los militares”, sostuvo.

Estas críticas se sumaron a las preocupaciones de otros moradores, quienes aseguraron que los hechos violentos se han vuelto recurrentes en sectores cercanos y solicitaron mayor presencia de las fuerzas de seguridad, especialmente en calles y callejones.

Vecinos alertaron sobre otros hechos violentos

Uno de los habitantes señaló que recientemente se habrían registrado otros asesinatos en Sauces 6, cerca del lugar donde ocurrió el ataque contra la picantería.

“Ya de nuevo mataron a un hombre aquí en Sauces 6, en el parque que está cerquita de aquí. Hace una semana, ahí mismo en Sauces 6, mataron a otra persona. Las motos y los policías deberían meterse a todos esos callejones”, relató.

Los moradores también denunciaron presuntos hechos relacionados con extorsiones contra establecimientos comerciales de la zona. Un ciudadano aseguró que una farmacia cercana habría cerrado después de ser atacada a tiros.

“La farmacia de aquí a la vuelta también la cerraron por extorsión: le pegaron 16 tiros y el dueño cerró. El día sábado le metieron 16 disparos”, afirmó.

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Policía investiga el ataque en la picantería

El cuerpo del hombre asesinado fue retirado del establecimiento y trasladado a la morgue antes de la 01:00.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de las dos personas heridas ni se ha confirmado si existen más afectados por el ataque.

Tampoco se conocen las posibles motivaciones de la balacera o la identidad de los responsables. Los agentes que acudieron al establecimiento no ofrecieron declaraciones sobre las primeras diligencias realizadas en el lugar.

“En el contexto de las operaciones que realizan Unidades de los Estados Unidos se coordinó recibir nueve tripulantes de la Embarcación Conquista II y 19 de la embarcación OM2, los mismos que serán trasladados al Puerto de Manta con arribo tentativo el 4 de septiembre de 2026”, señaló la Armada del Ecuador en un comunicado.

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La misma entidad aseguró que otros tripulantes continúan navegando a bordo de sus respectivas lanchas. “Para apoyar su retorno, la Armada del Ecuador mantiene desplegado medios navales para su encuentro y acompañamiento hacia el Puerto de Manta”.

¿Qué pasó con la embarcación Conquista II?

El pasado 2 de septiembre de 2026, el Comando Sur de los Estados Unidos y las autoridades de Ecuador confirmaron que la embarcación Conquista II fue destruida y hundida. Según ambos países, la embarcación era utilizada como una estación de reabastecimiento flotante de combustible y fue vinculada al grupo de delincuencia organizada Los Choneros.

Infantes de Marina y marineros estadounidenses desplegados desde el USS San Antonio LPD 17, buque líder de transporte anfibio, interceptaron, abordaron, registraron y aseguraron la embarcación sin incidentes.

Las personas que se encontraban a bordo fueron entregadas a las autoridades ecuatorianas. Una vez asegurado el barco, las fuerzas estadounidenses lo hundieron, detalló la Embajada de Estados Unidos.

El mismo día en que se conoció la noticia, un grupo de familiares de los pescadores llegó en busca de respuestas a la Capitanía del Puerto de Manta, en Manabí. El dueño de la embarcación, según reportó el medio Primicias, habló de la posibilidad de un error. Argumentó que los pescadores eran parte de las caletas de pescadores de Manta y Jaramijó.

Durante esta mañana, el ministro del Interior John Reimberg se refirió al tema en una entrevista con Teleamazonas. Descartó el que se trate de un error y dijo que son operaciones que implican procesos de inteligencia y seguimiento. 

Lo que debes saber

• CNE seleccionó a 288.949 miembros de mesa para las elecciones de Ecuador 2026.
• Desde el 4 de septiembre, los ciudadanos pueden verificar si fueron designados por el CNE.
• La capacitación inicia el 7 de septiembre para quienes integrarán las Juntas Receptoras del Voto.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya seleccionó a los ciudadanos que integrarán las Juntas Receptoras del Voto (JRV) para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027. La designación se realizó mediante sorteo el pasado 2 de septiembre y la notificación comienza este viernes 4 de septiembre de 2026.

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En total, el CNE seleccionó a 288.949 Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV). De ellos, 285.509 corresponden a ciudadanos habilitados en Ecuador y 3.440 a ecuatorianos empadronados en el exterior.

¿Cómo saber si fui seleccionado como miembro de mesa?

Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como miembros de una Junta Receptora del Voto a través de los canales oficiales del CNE.

El organismo electoral señala que la notificación a los seleccionados comienza este 4 de septiembre y se extenderá durante el periodo establecido en el calendario electoral.

Una de las opciones es ingresar al portal del CNE y acceder a la consulta relacionada con el lugar de votación. Allí se podrá verificar si el ciudadano fue designado como miembro de una Junta Receptora del Voto.

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También está disponible la CNE App, aplicación móvil del organismo electoral, que permite consultar información relacionada con el proceso electoral.

Consulta oficial del CNE: Consulta y servicios del Consejo Nacional Electoral

¿Cuándo recibirán la notificación los miembros de mesa?

El calendario electoral establece que la notificación a los MJRV se realizará desde el 4 de septiembre hasta el 4 de noviembre de 2026.

La notificación también podrá llegar mediante los mecanismos establecidos por el CNE. De acuerdo con información difundida sobre el proceso, los ciudadanos seleccionados recibirán información sobre la junta que deberán integrar y las actividades de capacitación correspondientes.

Por eso, si una persona todavía no recibe una notificación este viernes, eso no significa que no haya sido seleccionada. El proceso de notificación continuará durante las siguientes semanas.

¿Cuándo será la capacitación para los miembros de mesa?

Los ciudadanos que hayan sido seleccionados como MJRV deberán cumplir con una capacitación obligatoria.

Según el calendario del CNE, las jornadas de capacitación comenzarán el 7 de septiembre de 2026 y se extenderán hasta el 29 de noviembre, fecha prevista para la jornada electoral.

El objetivo es que los integrantes de las juntas conozcan los procedimientos que deberán aplicar durante la instalación de la mesa, la recepción de los votos y el escrutinio.

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¿Quiénes fueron seleccionados?

El CNE explicó que aproximadamente el 80 % de los ciudadanos seleccionados son estudiantes universitarios. También forman parte de la selección bachilleres, profesionales y habitantes de zonas rurales.

Los MJRV tendrán la responsabilidad de recibir, contabilizar y proteger los votos durante la jornada electoral.

¿Cuándo son las elecciones seccionales 2026?

Las elecciones seccionales y del CPCCS están previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.

En esa jornada los ecuatorianos elegirán a sus autoridades seccionales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El CNE informó que para estos comicios están habilitados más de 13,8 millones de ciudadanos.

¿Qué pasa si fui seleccionado y no cumplo?

Ser designado como miembro de una Junta Receptora del Voto implica obligaciones electorales. El CNE establece sanciones para quienes no cumplan con la capacitación obligatoria o no integren la junta.

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Actualmente, el organismo establece una multa equivalente al 10 % de un Salario Básico Unificado (SBU) por no asistir a la capacitación y del 15 % del SBU por no integrar la Junta Receptora del Voto.

Por ello, quienes aparezcan como seleccionados deben revisar la información proporcionada por el CNE y cumplir con las fechas de capacitación y participación correspondientes.

Lo que debes saber

• La Asamblea Nacional aprobó este 3 de septiembre la reforma a la Ley de Tránsito, que modifica el control sobre las competencias de los municipios en materia de movilidad.
  
• La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) tendrá 180 días para elaborar informes técnicos sobre el desempeño de los GAD y entregarlos al Consejo Nacional de Competencias.
  
• Si se detecta omisión o ineficacia en la gestión, ese organismo podrá suspender temporalmente las competencias de tránsito y transporte terrestre del municipio involucrado.

La Asamblea Nacional aprobó este jueves 3 de septiembre de 2026, en segundo y definitivo debate, las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

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La iniciativa impulsada por el oficialismo introduce cambios relacionados con las competencias que ejercen los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en materia de tránsito y transporte terrestre.

ANT deberá elaborar informes técnicos sobre la gestión de municipios en temas de tránsito

Uno de los principales puntos de la reforma establece que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) deberá elaborar informes técnicos sobre cómo los municipios ejercen estas competencias.

Los documentos deberán ser remitidos al Consejo Nacional de Competencias, organismo que podrá intervenir cuando se determine que existen las condiciones previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).

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La normativa contempla como causales para una eventual intervención la falta de ejercicio de una o más competencias o servicios, así como la ineficacia en su prestación.

Si se comprueban estas situaciones, el Consejo Nacional de Competencias podrá disponer la suspensión temporal de las competencias de tránsito y transporte terrestre, de acuerdo con las normas vigentes.

La reforma establece un plazo de 180 días para que la ANT entregue los informes técnicos. Para realizar esta evaluación se deberán considerar, entre otros aspectos, los estándares nacionales relacionados con regulación, control, seguridad vial y calidad de los servicios que deben cumplir los gobiernos locales.

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Oficialismo defiende reformas a la Ley de Tránsito

El oficialismo ha defendido esta medida como una herramienta para enfrentar posibles irregularidades en la administración municipal del tránsito.

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, sostuvo que la reforma permitirá suspender las competencias de municipios que, según su argumento, estén vinculados con estructuras del crimen organizado.

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Centeno mencionó como ejemplos los procesos de matriculación vehicular y el manejo de radares. También señaló que, de acuerdo con información del Ministerio del Interior, existen municipios donde el número de vehículos que conforman el parque automotor estaría entre 8.000 y 10.000, mientras que las matriculaciones registradas alcanzarían las 40.000.

Con la aprobación del Pleno, la reforma pasa al Ejecutivo, que deberá decidir si la aprueba, la veta total o parcialmente, conforme al trámite previsto para su entrada en vigencia.

Los puntos claves

• El CNE aplicará el conteo rápido para las elecciones de alcaldes y prefectos. Las primeras tendencias podrán conocerse poco después del cierre de las urnas.
  
• El mecanismo utilizará una muestra representativa de actas de las Juntas Receptoras del Voto.
  
• 
  Los datos del conteo rápido serán preliminares y no determinarán oficialmente a los ganadores.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) implementará un conteo rápido para las elecciones de alcaldes y prefectos que se realizarán el próximo 29 de noviembre. El mecanismo, según ha dicho el organismo electoral, permitirá conocer tendencias preliminares de la votación una vez que cierren las urnas.

La decisión fue confirmada este 2 de septiembre por el presidente del CNE, José Cabrera, quien señaló que el conteo rápido ya está contemplado dentro de la planificación operativa de los comicios.

“No es ningún riesgo, tenemos profesionales que sabemos y lo hemos hecho ya en otros procesos. Dentro del plano operativo está contemplado el conteo rápido”, afirmó Cabrera desde la Delegación Electoral de Pichincha.

El mecanismo se aplicará mediante una muestra representativa de actas de las Juntas Receptoras del Voto (JRV). Con esa información, el organismo electoral podrá establecer una primera tendencia sobre los resultados de las elecciones de alcaldes y prefectos.

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¿Cómo funcionará el conteo rápido?

Después del cierre de las urnas, según lo previsto, las Juntas Receptoras del Voto realizarán el conteo de los votos y elaborarán las actas correspondientes.

Para el conteo rápido, el CNE utilizará únicamente las actas de las juntas que hayan sido seleccionadas previamente como parte de la muestra. Los datos serán procesados para obtener una estimación estadística de la tendencia electoral.

¿En qué provincias y cantones se hará?

Este punto todavía está pendiente. El Pleno del CNE deberá definir en los próximos días qué provincias y cantones serán incluidos en la muestra del conteo rápido.

Cabrera señaló que inicialmente se analiza su aplicación en las principales jurisdicciones, aunque no descartó que el mecanismo pueda extenderse a todas las provincias y cantones, si así lo decide el Pleno.

Por ahora, lo confirmado por el organismo electoral es que el conteo rápido estará dirigido a las elecciones de alcaldes y prefectos.

¿Cuándo se conocerán las primeras tendencias?

El CNE prevé que las primeras tendencias puedan conocerse poco después del cierre de las urnas, el 29 de noviembre.

Sin embargo, el organismo todavía no ha establecido una hora específica para la publicación de estos datos. Esto dependerá de la velocidad con la que termine el conteo en las juntas seleccionadas, la transmisión de las actas y su procesamiento.

Los primeros datos que se presenten serán, por tanto, preliminares.

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¿El conteo rápido determinará quién ganó?

No. El CNE ha señalado que los datos del conteo rápido serán preliminares y no sustituirán el escrutinio formal, que es el que determina legalmente a los ganadores.

La diferencia es que el conteo rápido se realizará sobre una muestra de actas, mientras que el escrutinio oficial contempla el procesamiento de las actas electorales de las Juntas Receptoras del Voto.

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¿Qué falta por definir?

Aunque el organismo ya confirmó la aplicación del conteo rápido, todavía debe establecer varios detalles operativos. Entre ellos:

Estos detalles serán definidos por el organismo electoral antes de la jornada del 29 de noviembre de 2026.

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¿Qué debe tener en cuenta el elector?

Por eso, aunque una tendencia pueda mostrar una ventaja clara de un candidato, la confirmación de los resultados dependerá del escrutinio oficial.

Lo que debes saber

• La Asamblea fiscalizará los patrimonios de alcaldes y prefectos.
• La Comisión aprobó una hoja de ruta para revisar posibles incrementos injustificados.
• La sesión fue declarada reservada por información remitida por la Contraloría.

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional conoció, el 3 de septiembre, la hoja de ruta para fiscalizar los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas. El proceso fue dispuesto por el Pleno de la Asamblea, el 23 de junio.

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Fiscalización abarcará a alcaldes y prefectos

De acuerdo con la planificación expuesta por el asesor jurídico de la Comisión, Diego Flores, el proceso contempla varias etapas para determinar qué autoridades habrían registrado incrementos patrimoniales que no podrían ser justificados con sus ingresos. La fiscalización abarcará a los 224 alcaldes y 23 prefectos, con información que será solicitada y contrastada con entidades como la Contraloría, el SRI, la Superintendencia de Compañías y registradores de la propiedad.

La hoja de ruta establece como primer paso, las comparecencias de las autoridades de la Contraloría General del Estado (CGE), Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías (SuperCías). El siguiente paso será el pedido de información complementaria a las instituciones involucradas: al SRI, CGE, SuperCías y Unidad de Análisis Financiero y Económico. Según el cronograma, estas actividades se ejecutarían el 3 de septiembre.

Posteriormente, el equipo técnico cruzará y constatará los datos, con información que ya ha recopilado la Comisión de Seguridad y con la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, para identificar a los gobiernos autónomos descentralizados cuyos patrimonios presenten incrementos que requieran una revisión. Esto se realizará el 7 de septiembre.

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Comisión prevé un sistema de alertas

Además, la Comisión prevé elaborar un análisis técnico-jurídico y una matriz para organizar los casos identificados, que incluiría un sistema de alertas en rojo, amarillo y verde. Esta actividad está prevista para el 9 de septiembre.

Por otro lado, el asesor jurídico señaló que las fechas planteadas en la hoja de ruta son tentativas y podrán ser modificadas por decisión de los miembros de la Comisión. La planificación contempla elaborar un informe borrador hasta el 15 de septiembre.

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Sesión fue declarada reservada

Sin embargo, antes de avanzar con la comparecencia de la Contraloría, la Comisión resolvió declarar reservada la sesión debido a que la información remitida por esa entidad fue calificada como reservada. La decisión se sustentó en el artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 38 del Reglamento de las comisiones, que permiten declarar la reserva con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.

La moción fue presentada por el asambleísta Milton Aguas, quien sostuvo que la reserva permitiría a los legisladores revisar la información y formular sus preguntas sobre el proceso de fiscalización. Xavier Lasso cuestionó la medida y planteó dudas sobre si el caso correspondía a una situación de seguridad nacional, además de solicitar conocer si la información disponible había sido entregada a todos los gobiernos autónomos involucrados.

Finalmente, la declaratoria de reserva fue aprobada con seis votos a favor, tres en contra y un voto en blanco, sin abstenciones. Votaron a favor Cristian Benavides, Jennifer Guillén, Milton Aguas, Samuel Celleri, Walter López y Carlos Vargas; en contra lo hicieron Sandra Figueroa, Patricia Núñez y Xavier Lasso, mientras que Camila Encalada votó en blanco.

Tras la decisión, se suspendió la transmisión pública de la sesión y se dispuso que únicamente los miembros de la Comisión tengan acceso a la información reservada, previa solicitud a la Secretaría y bajo mecanismos de control. También se estableció la suscripción de acuerdos de confidencialidad y se advirtió que el incumplimiento de las obligaciones de reserva podría generar las medidas legales correspondientes.

A la sesión asistió Gabriela Cecilia Sulca Córdova, subcontralora de Auditoría de la Contraloría General del Estado. La funcionaria explicaría, durante la reunión reservada, la información recabada por la entidad y las razones para mantenerla bajo reserva.

En el mismo documento, el mandatario agradeció los servicios prestados por Luis Carlos Ávila Chávez y dio por terminadas sus funciones como director general encargado del organismo.

Ávila, quien se desempeñaba como subdirector general del CNI, asumió temporalmente su dirección después de la muerte de Michele Sensi-Contugi, ocurrida el 19 de agosto de 2026 en un accidente de helicóptero en el monte Ololokwe, en Kenia.

Tras regresar a Ecuador de una gira oficial por Asia, Noboa anticipó que Correia quedaría al frente del organismo de inteligencia. El anuncio fue realizado durante una entrevista concedida a Radio Centro el 28 de agosto de 2026, aunque en ese momento todavía no se había emitido el decreto correspondiente.

El mandatario señaló que trabajaría con Correia hasta que concluyera la campaña electoral y que posteriormente analizaría si permanecía en el cargo. Sin embargo, el Decreto Ejecutivo 491 lo designa como director general y no incluye la condición de encargado.

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¿Quién es Daniel Correia, nuevo director del CNI?

Existe poca información pública sobre la trayectoria profesional de Correia. Parte de los datos que anteriormente aparecían en su perfil de LinkedIn ya no se encuentran disponibles.

De acuerdo con información difundida tras el anuncio de su designación, es abogado graduado de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) y cuenta con una maestría en Administración de Empresas obtenida en el Instituto de Tecnología de Indiana, en Estados Unidos.

Su experiencia profesional más conocida se encuentra vinculada con las compañías de la familia del presidente. Correia se desempeñó como gerente general de Nobexport y como presidente de Industria Cartonera Ecuatoriana, entre otros puestos registrados en la Superintendencia de Compañías.

Además, estuvo relacionado con la división naviera y logística de Corporación Noboa. Según los registros de la Contraloría General del Estado, citados por Ecuavisa, antes de esta designación no constaban antecedentes de Correia como funcionario público.

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Correia también fue socio de Vinazin S.A. hasta julio de 2024. La principal accionista de esa compañía es Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Noboa, de acuerdo con información de la Superintendencia de Compañías.

En mayo de 2024, Vinazin suspendió el denominado Proyecto Echo, previsto en Olón, provincia de Santa Elena. La iniciativa enfrentó el rechazo de habitantes y organizaciones ambientalistas, quienes expresaron su preocupación por una posible afectación al bosque protector Esterillo Oloncito. La compañía negó que el proyecto representara un perjuicio para el ecosistema.

Correia también ha figurado como accionista en compañías dedicadas al transporte de carga pesada, la producción de programas para medios de comunicación y la comercialización de publicidad.

Noboa defendió el trabajo del sistema de inteligencia

Durante la entrevista del 28 de agosto, Noboa destacó la gestión que Sensi-Contugi realizó al frente del organismo y aseguró que la estructura del sistema estatal de inteligencia se mantendrá sin cambios.

El mandatario sostuvo que el CNI ha participado en operaciones contra organizaciones criminales. Según su versión, el trabajo de inteligencia contribuyó a la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y de otros objetivos considerados de alto valor por el Gobierno.

Estas declaraciones corresponden a la versión del presidente, pues los detalles operativos y el alcance de la participación del CNI en esas capturas no han sido expuestos públicamente.

Noboa también afirmó que, durante el Gobierno de Rafael Correa, la estructura de inteligencia fue utilizada como un centro de ataques digitales y como una herramienta de persecución. En contraste, defendió el uso que su administración ha dado al organismo.

Noboa pidió desclasificar un informe de inteligencia

Asimismo, anunció que solicitó la desclasificación de un informe de inteligencia elaborado más de 14 meses atrás. Según el presidente, el documento revelaría que una estructura relacionada con el correísmo tenía previsto atacar establecimientos del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Hasta que el documento sea desclasificado y difundido oficialmente, el presunto plan mencionado por Noboa se mantiene como una afirmación del mandatario y no como un hecho verificado de manera independiente.

La designación de Correia ocurre en medio de la reorganización del CNI tras la muerte de Sensi-Contugi y coloca al frente de una institución estratégica del Estado a un profesional cuya trayectoria pública se ha desarrollado principalmente en el sector empresarial.

Lo que se sabe

• El organismo de Naciones Unidas prevé que el fenómeno será muy fuerte y que persistirá hasta febrero del 2027
• La secretaria de la OMM pidió a los países tomar medidas preventivas
• La agricultura será uno de los sectores más golpeados por El Niño

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó, este jueves 3 de septiembre de 2026, que el fenómeno de El Niño se intensificará aún más hasta ser muy fuerte y que persistirá al menos hasta febrero del 2027, alterando las pautas de lluvias y temperaturas en todo el mundo.

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"El episodio de El Niño se ha consolidado y en los próximos meses se intensificará hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte", según coinciden los pronósticos de expertos y de los organismos más avanzados de todo el mundo que estudian este fenómeno.

Los cambios en la temperatura y patrones de lluvia aumentarán los riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo, reconoció Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, uno de los principales organismos científicos de Naciones Unidas.

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¿Cuáles son los primeros estragos de El Niño?

En regiones como Centroamérica, la alteración de las lluvias ha provocado una fuerte sequía y escasez de agua, lo que ha sido catastrófico para los cultivos de maíz. Miles de familias campesinas ya están afectadas.

En la India las lluvias del monzón han estado por debajo de lo normal en agosto y se espera que estas condiciones se mantengan en septiembre, lo que también tendrá efectos perjudiciales en la agricultura.

Desde una perspectiva social, el impacto más grave es la disminución de la producción agrícola, con lo cual las comunidades pierden su acceso a los alimentos y en el resto del mundo los precios aumentan.

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Menos temor y más acción para prevenir efectos de El Niño

Saulo sostuvo que "este episodio excepcional de El Niño exige medidas de preparación y respuesta excepcionales" y destacó la movilización sin precedentes de los servicios meteorológicos e hidrológicos de todos los países.

"He dicho esto antes y lo repetiré una vez más: El Niño no tiene por qué ser una receta para el desastre. Tenemos las previsiones y la capacidad de anticipación necesarias para salvar vidas y proteger los medios de subsistencia", dijo Saulo.

Insistió en que más allá de confirmar que El Niño se intensificará hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte, lo que ha querido transmitir hoy es un "llamado a la acción".

"La ciencia es clara. Tenemos los conocimientos y las herramientas necesarias para evitar que los peligros relacionados con El Niño se conviertan en una crisis", declaró.

En ese sentido, expuso ejemplos de lo que se hace en varios países:

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El jefe de Predicción Climática de la OMM, Wilfran Moufouma-Okia, señaló que las previsiones indican una probabilidad cercana a 100 % de que El Niño persistirá durante septiembre y noviembre y que seguirá activo hasta febrero del 2027, pero agregó que esto no significa automáticamente que se producirán los desastres naturales que tanto se temen.

"Esto no significa que exista una probabilidad del 100 % de que se produzca una inundación, una sequía o incluso una ola de calor en un país determinado", aseguró.

Por ello, Saulo defendió que es el momento para que los gobiernos tomen decisiones en materia de producción agrícola, eligiendo -por ejemplo- qué tipos de semilla es adecuado plantar, si se espera más lluvia o, por el contrario, si se prevé escasez de agua o se esperan temperaturas más elevadas.

Lo que debes saber

• El TCE ratificó que la inscripción de Hermosa no se completó dentro del plazo establecido.
• La candidatura enfrentó un inconveniente relacionado con la paridad de género.
• El Tribunal descartó que hubiera una falla técnica y rechazó reabrir el proceso electoral.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por la Alianza Política “Juntos por la Transformación”, Listas 70-17, y Mónica Anabel Hermosa Acosta, y ratificó la resolución de la Junta Provincial Electoral de Imbabura que impidió su inscripción para la Alcaldía de Otavalo. La decisión consta en la sentencia de la Causa Nro. 155-2026-TCE, dictada el 30 de agosto de 2026.

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La inscripción quedó inconclusa

Según el fallo, Hermosa ingresó como reemplazo de Nelson Enrique Velásquez Males, quien había sido proclamado inicialmente como precandidato a la Alcaldía de Otavalo por el Partido Socialista Ecuatoriano, Lista 17. Sin embargo, aunque el TCE reconoce que la sustitución permitió que Hermosa adquiriera la calidad de precandidata, aclara que ese registro no significaba que la solicitud de inscripción hubiera sido formalmente concluida.

La sentencia establece que la información de Hermosa fue ingresada en el Sistema Informático de Inscripción de Candidaturas, pero la postulación de Otavalo permaneció en estado “impresión formulario”. A diferencia de otras candidaturas de la misma alianza, que constaban como “finalizada la inscripción”, esta solicitud no llegó a completarse antes de las 18:00 del 17 de agosto de 2026, fecha límite para esa etapa.

Además, el TCE determinó que la dificultad no se originó en una falla técnica de la plataforma, sino en el incumplimiento de la regla de paridad de género. Al intentar completar el formulario correspondiente a Otavalo, el sistema emitió el mensaje de que la alianza “no cumple con la validación de porcentaje de listas encabezadas por mujeres”, debido a que no alcanzaba el 50 % exigido para las candidaturas a alcaldías a escala provincial.

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El Tribunal descartó una falla administrativa

Frente a ello, las demandante sostuvieron que la situación podía solucionarse con el procesamiento de la renuncia de Silvia Consuelo Terán Santacruz, precandidata a la Alcaldía de Urcuquí, pues su reemplazo habría modificado la conformación provincial de las candidaturas encabezadas por mujeres. No obstante, el Tribunal concluyó que no existía sustento jurídico para admitir una inscripción condicionada a que se tramitara posteriormente la renuncia de otra candidatura, ni para reabrir una etapa electoral cuyo plazo ya había concluido.

Asimismo, las demandantes atribuyeron a la administración electoral una supuesta falta de diligencia por no haber procesado oportunamente la renuncia de Terán Santacruz. El TCE descartó esa acusación y señaló que la renuncia fue presentada el 16 de agosto y reiterada el 17 de agosto a las 15:18, mientras que la Junta realizó las actuaciones correspondientes y emitió su resolución el 19 de agosto, por lo que no se configuró la alegada inacción administrativa.

Finalmente, el Tribunal enfatizó que las etapas del proceso electoral están sujetas al principio de preclusión y que sus plazos son fijos e improrrogables, por lo que el principio pro-participación no permite crear excepciones a las reglas establecidas. En consecuencia, al no haberse finalizado la inscripción dentro del plazo y al no cumplirse la exigencia de paridad provincial, el TCE negó el recurso y mantuvo la decisión que dejó fuera de la contienda a Hermosa, quien iba por la reelección.

EXPRESO intentó obtener la reacción de la actual alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, sobre la decisión del TCE y su exclusión de la contienda electoral. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:50:56, tuvo una magnitud de 3,4 y se registró a una profundidad de 73 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 20,58 kilómetros de Velasco Ibarra, en la provincia de Guayas, en las coordenadas 0,936° S y 79,782° O.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones relacionadas con este evento.

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Primer sismo

Cerca de las 09:10 de este jueves también se registró otro movimiento telúrico en Ecuador. El sismo tuvo una magnitud de 3,2 y se localizó cerca de Puyo, en Pastaza, a una profundidad de 162 kilómetros.

Zona de alta actividad sísmica

El evento forma parte de la actividad sísmica habitual que registra Ecuador debido a su ubicación en una zona de alta actividad tectónica.

Los puntos claves

• Gisella Bayona anunció este 2 de septiembre que deja el ejercicio periodístico, pero no ha revelado cuál será su siguiente paso profesional.
• La periodista tampoco ha aclarado si su salida del periodismo será definitiva o temporal.
• Fundamedios alertó sobre una campaña digital contra Bayona: entre el 28 y el 31 de agosto se registraron más de 1.300 publicaciones relacionadas con esa narrativa.
  
• Lupa Media identificó capturas manipuladas de documentos de la Fiscalía y afirmaciones sin sustento dentro de las publicaciones difundidas contra Bayona.

La despedida de Gisella Bayona del periodismo deja ahora otra pregunta: ¿qué viene después? La periodista anunció el pasado 2 de septiembre que se aleja del ejercicio periodístico, tras varios días en los que su nombre y el de su esposo, José Roberto Alvear, quedaron en medio de una campaña de señalamientos en redes sociales.

La polémica comenzó luego de unas declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien habló el 28 de agosto, durante una entrevista radial, de una comunicadora que sería proveedora del sistema de salud y cuya pareja tendría vínculos con las llamadas “mafias eléctricas”. Aunque no mencionó nombres, horas después varias cuentas identificaron a Bayona y a su esposo como los aludidos.

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Después vinieron publicaciones, acusaciones y documentos que, según verificó Lupa Media, incluían información manipulada, datos sacados de contexto y afirmaciones que no pudieron ser comprobadas.

En medio de ese escenario, Bayona decidió despedirse públicamente del periodismo.

“Hoy elijo a mi familia”

La comunicadora anunció su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales. Dijo que se alejaba para proteger a su familia.

“Señor presidente, usted ganó. Usted tiene el poder y los medios para implantar cualquier narrativa. Hoy elijo a mi familia”, expresó.

Bayona también rechazó las acusaciones que circularon en su contra y negó mantener negocios con el sistema de salud pública. Sobre su esposo, sostuvo que los procesos judiciales mencionados durante la polémica concluyeron a su favor y que él fue víctima y denunciante en un caso relacionado con un exsocio.

Pero su mensaje dejó una duda: ¿qué pasará ahora con Gisella Bayona?

La salida que no es como la de TC Televisión

Esta no es la primera vez que Bayona deja un espacio en los medios. En enero de 2026 salió de TC Televisión, como parte de una reestructuración interna que incluyó la desvinculación de varios talentos del canal.

Pero entonces no dejó el periodismo. Después de su salida de la televisora, Bayona continuó activa en redes sociales, donde siguió publicando contenidos y opiniones sobre la coyuntura nacional.

Esta vez, en cambio, fue ella quien anunció que se aparta del ejercicio periodístico. Hasta ahora, Bayona no ha dado más detalles sobre lo que viene después de esta decisión.

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Más de 1.300 publicaciones en cuatro días

El anuncio llegó después de varios días de una intensa campaña en redes sociales.

Fundamedios alertó sobre lo que calificó como una campaña digital contra la periodista y pidió a la Fiscalía investigar el origen de los contenidos y determinar si existió coordinación entre las cuentas que difundieron los señalamientos.

Según el análisis de Lupa Media citado por la organización, entre el 28 y el 31 de agosto se registraron más de 1.300 publicaciones relacionadas con esta narrativa.

El monitoreo identificó alrededor de 907 usuarios, más de 76.000 interacciones y una audiencia potencial superior a los 2 millones de personas.

Además, Lupa Media identificó capturas manipuladas de documentos de la Fiscalía y otras afirmaciones que no pudieron ser demostradas.

Fundamedios pidió también que las autoridades eviten declaraciones que puedan terminar identificando o estigmatizando a periodistas y que, posteriormente, deriven en campañas de desprestigio.

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¿Qué viene ahora?

Por ahora, Gisella Bayona no ha precisado si su despedida del periodismo es definitiva o si se trata de una decisión tomada en medio de la situación que atravesó durante los últimos días.

Lo último que dejó claro fue la razón de su decisión. “Hoy elijo a mi familia”, dijo. 

La propuesta intenta cubrir un vacío legal frente al crecimiento de estos medios de transporte en Ecuador. Actualmente, varios vehículos eléctricos circulan sin matrícula, placa o una licencia específica, debido a que sus características técnicas no siempre permiten ubicarlos dentro de las categorías tradicionales.

El informe para segundo debate, elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, incorpora un capítulo dedicado a estos vehículos. La regulación no será igual para todos: dependerá de la potencia, velocidad, peso, diseño y capacidad de desplazamiento de cada modelo.

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¿Qué vehículos eléctricos quedarían sujetos a regulación?

La propuesta considera como vehículos eléctricos a los ciclomotores, motocicletas, triciclos, tricimotos, cuadrones y cuadriciclos destinados a la circulación vial, cuya propulsión sea total o parcialmente eléctrica.

Para determinar a qué categoría pertenece cada uno, se tomarán como referencia sus características técnicas y la normativa del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN).

La clasificación definitiva será establecida por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que deberá considerar factores como:

Este punto será determinante, porque no todos los vehículos eléctricos serán tratados de la misma manera. Una moto capaz de alcanzar velocidades similares a las de una motocicleta de combustión no tendría las mismas condiciones que un scooter liviano diseñado para recorridos cortos.

La propuesta también diferencia a las motos eléctricas de los vehículos de micromovilidad. Estos últimos son definidos como medios de transporte unipersonales, livianos y de baja velocidad, impulsados por fuerza humana, eléctrica o mixta.

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¿Será obligatoria una licencia para conducir motos eléctricas?

El proyecto no ordena directamente que todos los usuarios de motos eléctricas deban obtener una licencia convencional. Tampoco dispone, de manera general, que estos vehículos tengan que matricularse bajo las mismas condiciones que una motocicleta de combustión.

Lo que sí establece es la obligación de contar con un título habilitante, de acuerdo con la clasificación y las reglas que posteriormente expida la ANT.

Por tanto, será esta institución la que determine si ciertos vehículos eléctricos requieren una licencia especial, matrícula, registro u otro documento para circular. La decisión dependerá principalmente de su potencia, peso y velocidad.

El asambleísta Sergio Peña, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó que el título habilitante estará vinculado con un registro nacional administrado por la ANT. También indicó que la entidad podría exigir una licencia especial si lo considera necesario al elaborar el reglamento.

En consecuencia, todavía no es posible afirmar que todas las motos eléctricas necesitarán licencia. Ese requisito deberá precisarse en la normativa secundaria, si la reforma es aprobada por el Pleno.

Casco homologado y tasa por accidentes de tránsito

Las motos eléctricas clasificadas como motocicletas deberán cumplir obligaciones de seguridad, entre ellas el uso de un casco homologado.

La clasificación que realice la ANT también determinará el equipamiento mínimo exigido para scooters, monopatines y otros vehículos de micromovilidad. Esto podría incluir luces, elementos reflectivos, dispositivos de frenado y otras protecciones, según las características de cada unidad.

El proyecto también establece que los vehículos eléctricos deberán cancelar la tasa correspondiente al Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT). El valor y las condiciones de este aporte deberán determinarse posteriormente.

La inclusión en el SPPAT permitiría que los siniestros relacionados con estos vehículos se incorporen al sistema de protección para víctimas de accidentes de tránsito.

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Registro y lugares por los que podrán circular

La ANT deberá implementar un registro nacional para identificar a los vehículos eléctricos y de micromovilidad. Este mecanismo permitiría conocer al propietario, las características técnicas de la unidad y la categoría bajo la cual está autorizada para circular.

La reforma también encarga a la ANT establecer los límites de velocidad, el equipamiento obligatorio y las condiciones generales de circulación. Los municipios, por su parte, deberán regular los espacios permitidos dentro de cada cantón.

De esta manera, las autoridades definirán si determinados vehículos pueden circular por ciclovías, calles, avenidas u otras zonas. También podrán establecer espacios restringidos debido a la velocidad o al riesgo que representa cada categoría.

El informe para segundo debate señala que los lugares permitidos y prohibidos dependerán de la clasificación técnica de los vehículos.

¿Qué sanciones recibirían los conductores?

El texto debatido no fija todavía un cuadro específico de multas para cada incumplimiento relacionado con motos eléctricas. Las sanciones dependerán de la regulación que emita la ANT y de las ordenanzas aprobadas por los municipios.

Entre las conductas que podrían ser controladas se encuentran circular sin el título habilitante correspondiente, incumplir los límites de velocidad, desplazarse por zonas prohibidas o no utilizar el equipamiento de seguridad exigido.

Por ello, las multas no entrarían en vigor automáticamente con la aprobación de la reforma. Primero deberán definirse las categorías, requisitos y prohibiciones aplicables a cada clase de vehículo.

La regulación parte del proyecto conocido como Scooter Seguro, que fue unificado en enero de 2026 con las reformas generales a la Ley de Tránsito. Su objetivo es reducir los riesgos para conductores y peatones ante el aumento de la micromovilidad eléctrica en el país.

Lo que debes saber

• Maestros de los distritos Ambato 2 y Taisha reportan impagos del salario de agosto en el arranque del año lectivo 2026-2027.
• La falta de pago compromete de forma directa a 2.309 educadores fiscales en Tungurahua y Morona Santiago.
• En Guayaquil, 1.653 docentes del Distrito Pascuales 1 afrontan cuatro años de mora patronal sin acceso regular al seguro social.

Alrededor de 2.309 profesores fiscales de la Sierra y la Amazonía registran retrasos en el pago de sus remuneraciones correspondientes a agosto, en coincidencia con el inicio del año lectivo 2026-2027. La alerta fue presentada este jueves 3 de septiembre por la Unión Nacional de Educadores (UNE), que denunció afectaciones económicas directas a los docentes del Distrito 18D02 Ambato 2, en Tungurahua, y del Distrito 14D05 Taisha, en Morona Santiago, a las que se suman deudas por mora patronal en Guayaquil.

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Retrasos salariales afectan a docentes de Tungurahua y Morona Santiago

El gremio magisterial detalló que los problemas en la acreditación de haberes coinciden con los gastos iniciales del ciclo escolar en ambas regiones del país. Conforme a las cifras de rendición de cuentas oficiales del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura citadas en el reclamo, el número de educadores perjudicados se distribuye de la siguiente manera:

La organización gremial expuso que la falta de liquidación mensual impide cubrir requerimientos familiares básicos como alimentación, servicios básicos, listas de útiles escolares, mochilas, uniformes y el costo de transporte diario hacia los planteles educativos.

Mora patronal deja sin seguro social a profesores en Pascuales

A la falta de remuneraciones en la Sierra y Amazonía se suma el incumplimiento en los aportes patronales en la Costa ecuatoriana. El caso crítico se focaliza en Guayas, donde los docentes del Distrito 09D07 Pascuales 1, en Guayaquil, registran cuatro años con obligaciones patronales pendientes ante la seguridad social.

La dirigencia de la UNE señaló que las retenciones mensuales a las planillas se ejecutaron puntualmente, por lo que exigió al MinEdec transparentar los montos de la deuda, precisar las fechas en las que inició el desfase y regularizar tanto la mora patronal como los pagos pendientes de agosto.

De esta manera, el Ejecutivo alista el reemplazo del fallido proyecto con la firma Healthbird, el cual pretendía conectar tecnológicamente al MSP y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Para este nuevo intento, el presupuesto referencial asciende a $240 millones y contemplará una prestación de servicios extendida por más de siete años (un plazo de 2.649 días).

Sin embargo, la estructura del proceso repite un esquema cuestionado: un convenio entre instituciones públicas donde el Ministerio contratará directamente a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para que esta, a su vez, actúe como intermediaria.

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Adjudicación exprés a la firma italiana Dedalus

De acuerdo con la información registrada en el portal de Compras Públicas, la cartera de Salud prevé adjudicar el contrato de forma expedita, teniendo como fecha límite el 9 de septiembre.

La documentación presentada tanto por el Ministerio como por CNT apunta a que la empresa seleccionada para la provisión tecnológica es la italiana Dedalus.

El propio presidente Daniel Noboa ratificó el avance del trámite el pasado 28 de agosto durante una entrevista radial, en la que sostuvo que "en las próximas dos o tres semanas ya termina de hacerse todo el proceso burocrático y se empieza a aplicar en el MSP".

El perfil y alcance del nuevo aliado tecnológico

Fundada en 1982, Dedalus es una compañía de origen italiano especializada en software clínico con presencia en más de 40 países, que se autonombra como uno de los referentes globales en salud digital.

En 2016, la firma de inversión de capital privado francesa Ardian adquirió el 60% de sus acciones, participación que hoy alcanza el 92% y que impulsó una acelerada expansión en Europa mediante la compra de competidores locales.

Actualmente, la empresa ostenta el liderazgo en el mercado europeo de Historias Clínicas Electrónicas (EHR) y en el sector global por volumen de hospitales y camas operadas.

Según la presentación remitida a CNT, su tecnología impacta a más de 540 millones de personas, respaldando a 380.000 médicos, un millón de enfermeros y 13.200 centros sanitarios.

En el marco del proyecto nacional, Dedalus confirmó la finalización favorable de la verificación de prerrequisitos para establecer una sede local en Ecuador, proceso que se formalizará en paralelo a la firma de los acuerdos contractuales.

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Un esquema de intermediación y confidencialidad

A semejanza de lo ocurrido con Healthbird, el contrato operativo será suscrito entre CNT y Dedalus, lo que implica que el Ministerio de Salud no mantendrá una relación contractual directa con el proveedor del software.

Esta triangulación provocará que la documentación definitiva quede amparada bajo el régimen de secreto empresarial de CNT, ingresando a la lista de contratos exentos de transparentarse.

La propuesta económica de Dedalus —bajo un modelo de software como servicio (SaaS)— asciende a $117 millones (sin IVA) por los siete años de prestación, abarcando suscripciones, implementación, actualizaciones y mantenimiento.

No obstante, la tecnológica enfatizó ante CNT que su oferta no contempla la infraestructura tecnológica requerida para el despliegue, la cual deberá ser garantizada y suministrada en su totalidad por la corporación estatal.

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El peso financiero de la intermediación de CNT

El presupuesto total de $240 millones fijado por el MSP resulta de sumar la oferta de Dedalus ($117 millones) y los costos operativos fijados por CNT.

La empresa pública justificó dicho monto argumentando que asumirá el despliegue de infraestructura (servidores y bases de datos), la conectividad de los centros hospitalarios y un costo de integración equivalente al 20% sobre la propuesta de la firma italiana.

A este escenario económico se añade un factor normativo: al tratarse de un proceso de régimen especial entre entidades públicas, CNT está exenta de presentar garantías de fiel cumplimiento (equivalentes al 5% del valor total) y de buen uso del anticipo, independientemente de la magnitud de los recursos asignados.

El sismo tuvo una magnitud de 3.2, alcanzó una profundidad de 162.0 kilómetros y fue localizado a 35.11 kilómetros de Puyo.

El evento tuvo una ubicación de 1.804° S de latitud y 78.063° W de longitud. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas heridas a causa del movimiento telúrico.

Zona de alta actividad sísmica

El evento forma parte de la actividad sísmica habitual que registra Ecuador debido a su ubicación en una zona de alta actividad tectónica.

Lo que debes saber

• Ecuador, Colombia y EE. UU. analizan base fronteriza tras avance del crimen organizado en Tumaco y San Lorenzo.
• Disidencias FARC y bandas ecuatorianas controlan rutas entre Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos para mover droga.
• Expertos alertan que tensiones comerciales reactivan trochas usadas por narcotráfico, armas y contrabando.

La línea que divide a Ecuador y Colombia sigue apareciendo en los mapas. En el terreno, sin embargo, hace tiempo que dejó de ser una barrera para las organizaciones criminales. Disidencias de las FARC, bandas ecuatorianas, traficantes de armas, redes de contrabando y estructuras dedicadas a la minería ilegal operan hoy bajo una misma lógica: aprovechar una frontera porosa que les permite mover cocaína, explosivos, dinero y personas de un lado a otro con rapidez.

Ese escenario explica por qué Ecuador, Colombia y Estados Unidos analizan la creación de una base binacional en la frontera norte. La propuesta surgió durante reuniones realizadas en Tumaco y San Lorenzo, con la participación de autoridades de los tres países, dentro de la denominada Coalición de las Américas contra los Carteles del narcotráfico.

Aunque todavía no existe una decisión definitiva ni una ubicación establecida, el objetivo es fortalecer el intercambio de inteligencia y las operaciones coordinadas contra estructuras criminales transnacionales. La iniciativa responde a una realidad cada vez más evidente: los grupos ilegales ya no respetan límites territoriales.

El corredor criminal que conecta a grupos de Ecuador y Colombia

La frontera norte ecuatoriana se ha transformado en un corredor estratégico donde convergen disidencias de las FARC, como el Frente Oliver Sinisterra y Comandos de la Frontera, con organizaciones ecuatorianas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones. Estas alianzas buscan controlar puertos, rutas fluviales y pasos irregulares utilizados para exportar droga hacia Centroamérica y Europa.

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Los efectos de esa disputa son visibles en los indicadores de violencia. Durante los últimos tres años, Esmeraldas se ha mantenido como uno de los principales epicentros de homicidios del país y una de las provincias más golpeadas por las economías criminales.

Sucumbíos también ha registrado un crecimiento sostenido de asesinatos vinculados al narcotráfico. Mientras que Carchi, pese a presentar cifras menores, se ha consolidado como un territorio clave para el tránsito de estupefacientes y armas hacia el interior del Ecuador. La violencia no se expresa únicamente en homicidios. Las autoridades han reportado un aumento de extorsiones, secuestros, tráfico de armas, desplazamientos internos y enfrentamientos entre grupos rivales.

En varias zonas fronterizas también se han detectado campamentos clandestinos, laboratorios de procesamiento de droga y actividades de minería ilegal vinculadas a grupos armados. Las preocupaciones aumentaron este año debido a las tensiones comerciales entre Quito y Bogotá durante el mandato de Gustavo Petro.

Expertos alertan sobre el impacto de las tensiones bilaterales

Para el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia y actual director para América Latina del Security College, cuando el comercio legal se encarece, los mercados ilegales llenan ese vacío.

“El conflicto arancelario que tuvo Ecuador y Colombia no benefició a ninguno de los dos países. El más perjudicado siempre será Ecuador, que hoy enfrenta directamente al crimen organizado. Esta disputa va a reactivar trochas, pasos ilegales y corredores logísticos para droga, armas, minería ilegal y contrabando”, advierte.

Pazmiño recuerda además que Colombia concentra más de 270.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción superior a las 3.000 toneladas anuales. Según su análisis, cerca del 75 % de esa producción termina atravesando territorio ecuatoriano antes de dirigirse hacia mercados internacionales. Menciona que una eventual reducción de la cooperación binacional aceleraría el crecimiento del ecosistema criminal en la frontera norte.

Desde una perspectiva operativa, Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública, coincide en que el contrabando forma parte de la dinámica histórica de las zonas limítrofes. Sin embargo, alerta que las restricciones al tránsito formal amplían el espacio de acción de las organizaciones ilegales.

“Cuando se cierran pasos legales, incluso quienes operaban dentro de la legalidad empiezan a buscar rutas clandestinas. Eso fortalece a grupos irregulares”, sostiene.

También alerta sobre la paralización de las llamadas “operaciones espejo”, mecanismos mediante los cuales fuerzas de ambos países ejecutan acciones coordinadas a cada lado de la frontera. Sin esa coordinación aparece un “limbo operativo” que favorece la aparición de nuevas estructuras criminales.

Tumaco y San Lorenzo, puntos clave de la ruta del narcotráfico

La importancia de Tumaco y San Lorenzo dentro del tablero del narcotráfico explica buena parte del interés por una mayor cooperación. Tumaco, en el departamento colombiano de Nariño, es reconocido como uno de los principales puntos de salida de cocaína hacia el Pacífico.

Por su parte, San Lorenzo, en Esmeraldas, se conecta mediante esteros, manglares y rutas marítimas que facilitan el flujo de cargamentos hacia aguas internacionales. Ambos territorios funcionan como puertas complementarias de una misma cadena logística criminal.

La profesionalización de los servicios criminales

A ello se suma un fenómeno menos visible: la profesionalización del crimen. Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central de Colombia, señala que en el vecino país existe una especie de mercado de servicios criminales.

“Los delincuentes se han especializado en ofrecer servicios a distintas bandas, bajo un modelo de ‘outsourcing’ (subcontratación) delincuencial. Aquí se puede contratar cualquier tipo de servicio criminal, con altos niveles de profesionalización y a costos muy competitivos”, indica. Según el experto, migrantes haitianos y venezolanos terminan siendo captados por estos grupos debido a la vulnerabilidad económica.

Lo que debes saber

• El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que, en coordinación con el Gobierno de Ecuador, ejecutó una operación antidrogas en aguas internacionales del Pacífico Oriental.
• El operativo culminó con la interdicción y posterior hundimiento de una embarcación utilizada, según la inteligencia norteamericana, como plataforma de apoyo para el tráfico de drogas de la organización delictiva Los Choneros.
• Según Estados Unidos, la nave funcionaba como una estación flotante de reabastecimiento, destinada a abastecer a embarcaciones involucradas en actividades ilícitas en alta mar.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que, en coordinación con el Gobierno de Ecuador, ejecutó una operación antidrogas en aguas internacionales del Pacífico Oriental que culminó con la interdicción y posterior hundimiento de una embarcación utilizada, según la inteligencia norteamericana, como plataforma de apoyo para el tráfico de drogas.

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La operación se realizó este miércoles 2 de septiembre por la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), bajo las órdenes del comandante del Southcom, Francis L. Donovan.

Según el comunicado oficial, la nave funcionaba como una estación flotante de reabastecimiento, destinada a abastecer a embarcaciones involucradas en actividades ilícitas en alta mar.

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Embarcación interceptada brindaba apoyo logístico a Los Choneros, según Estados Unidos

El organismo estadounidense aseguró que la inteligencia confirmó que la embarcación operaba en apoyo de Los Choneros, organización a la que calificó como “narco-terrorista violenta”.

Marines y marineros de Estados Unidos, desplegados desde el buque anfibio USS San Antonio (LPD 17), abordaron, registraron y aseguraron la embarcación sin que se produjeran incidentes.

Los ocupantes fueron retirados del barco y están siendo transferidos de forma segura a las autoridades ecuatorianas, según el comunicado.

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Una vez concluido el registro, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundir la nave para impedir que continuara siendo utilizada por las redes del narcotráfico.

El Comando Sur sostuvo que la acción permitió desarticular un punto clave dentro de la cadena logística de los traficantes en el Pacífico Oriental.

Nuevo hundimiento de una embarcación vinculada a Los Choneros en una semana

El jueves 27 de agosto, Estados Unidos ejecutó una operación marítima -en coordinación con Ecuador- para interceptar y hundir una embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

Según las autoridades norteamericanas, la nave también era utilizada como una estación flotante de reabastecimiento para operaciones de tráfico de drogas presuntamente vinculada con Los Choneros.

Lo que se sabe

• 20.800 pacientes renales requieren terapia de reemplazo renal en Ecuador, según el MSP y el Frente de Pacientes Renales.
• 9 de cada 10 pacientes en diálisis dependen de la hemodiálisis, que requiere sesiones periódicas.
• La deuda del Estado con centros de diálisis bordea los $ 400 millones, según representantes del sector.

Con sillas negras y nombres escritos sobre ellas, pacientes y familiares buscaron visibilizar, este miércoles 2 de septiembre de 2026, la situación de quienes dependen de tratamientos de diálisis en Ecuador. La jornada fue convocada por el Frente de Pacientes Renales y se realizó de manera simultánea en cuatro ciudades del país.

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Las sillas representaron a personas que actualmente necesitan diálisis, a quienes podrían requerir este tratamiento en el futuro y a pacientes que han perdido la vida en medio de las dificultades del sistema sanitario. Los asistentes también llevaron carteles y globos para expresar sus pedidos y reclamar una atención que permita mantener sus tratamientos de forma continua.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la deuda del Estado con las clínicas y centros que brindan servicios de diálisis, que, según representantes del sector, bordea los 400 millones de dólares. 

Los prestadores advierten que los pagos pendientes generan presión sobre su capacidad para mantener los servicios, mientras los pacientes temen que la situación termine afectando sus tratamientos.

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Mike Antamba estuvo allí cuando nació su hija. Era 19 de agosto de 2026 y su esposa, Lizbeth Salta, había ingresado al hospital de Riobamba para dar a luz mediante cesárea.

El padre asegura que pudo observar a la recién nacida desde sus primeros minutos de vida. Hay un detalle de ese momento que ahora considera fundamental: según su testimonio, la bebé nació sin ampollas, heridas ni alteraciones visibles en la piel. Horas después, la escena era distinta.

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Desde entonces han pasado dos semanas de curaciones, exámenes, cuestionamientos y versiones contrapuestas. Lo que comenzó como el reclamo de dos padres que buscaban saber qué había ocurrido dentro del hospital ahora forma parte de una investigación de Fiscalía por presuntas lesiones relacionadas con el incumplimiento del deber objetivo de cuidado.

Esta es la cronología del caso

19 de agosto: nace la bebé y aparecen las lesiones

Según el relato de la familia, después del nacimiento la niña fue llevada para ser vestida y posteriormente permaneció en una cuna de calor radiante.

Los padres sostienen que fue después de ese momento cuando observaron las primeras lesiones.

La niña presentó ampollas y afectaciones en distintas zonas del cuerpo, entre ellas el rostro, brazos y manos. Una de las heridas se encuentra cerca de uno de sus ojos, situación que desde el inicio provocó preocupación en la familia por posibles secuelas.

Durante los siguientes días, los padres aseguran que recibieron diferentes explicaciones sobre lo que podía estar ocurriendo.

La familia cuestionó esas respuestas y empezó a buscar que se esclareciera si las lesiones estaban relacionadas con la atención recibida dentro del hospital.

Hasta ahora, sin embargo, no existe una conclusión técnica definitiva sobre qué las provocó.

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24 de agosto: la bebé recibe el alta

Cinco días después de su nacimiento, la recién nacida salió del hospital.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) sostiene que, una vez identificadas las lesiones, la niña recibió atención inmediata y multidisciplinaria.

Fue valorada por especialistas de Neonatología, Dermatología, Cirugía Plástica y Oftalmología y posteriormente recibió el alta.

Pero salir del hospital no significó, según sus padres, que el problema hubiera terminado.

La familia continuó realizando curaciones en casa. El padre asegura que algunas heridas han empezado a cicatrizar, aunque otras lesiones en el rostro y los brazos todavía requieren limpieza y cuidados diarios.

La denuncia presentada por Mike Antamba abrió una nueva etapa.

Dentro del proceso se practicó un reconocimiento médico-legal a la recién nacida. El examen, realizado por el médico Edison Ortega, fue incorporado al expediente y estableció 35 días de incapacidad.

A partir de la denuncia y de los elementos recopilados, Fiscalía investiga la presunta comisión de un delito relacionado con lesiones por infringir el deber objetivo de cuidado. Esto no determina todavía una responsabilidad.

Las diligencias deberán establecer cómo se produjeron las lesiones, qué ocurrió durante la atención de la niña y si alguna persona incumplió los cuidados que debía observar.

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Valeria Alvear

31 de agosto: Fiscalía vuelve al hospital

Doce días después del nacimiento, la investigación regresó al lugar donde comenzó todo.

El lunes 31 de agosto se realizó un reconocimiento en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba.

En la diligencia participaron representantes de Fiscalía, los padres de la bebé y sus abogados. Los medios de comunicación no tuvieron acceso al procedimiento.

Javier Daqui, abogado de la familia, explicó que la investigación tiene carácter reservado, por lo que no puede revelar todos los elementos encontrados durante las diligencias.

La defensa ha solicitado al hospital información sobre médicos, internos, enfermeras y demás personas que estuvieron en el área de partos durante la jornada del nacimiento. Además, se han convocado versiones dentro de la investigación.

El objetivo es reconstruir qué pasó entre dos momentos: cuando los padres aseguran haber visto a su hija recién nacida sin lesiones y cuando volvieron a encontrarla con afectaciones en la piel.

MSP: todavía no se puede señalar a la cuna de calor

Mientras la investigación avanza, el Ministerio de Salud Pública ha pedido cautela respecto al origen de las lesiones.

La institución informó que todavía se analizan distintas posibilidades médicas y señaló que no corresponde atribuir anticipadamente las heridas al funcionamiento de la cuna de calor radiante mientras no existan resultados técnicos concluyentes.

Como parte de las verificaciones se revisan la historia clínica, los protocolos aplicados, las valoraciones de los especialistas, los informes del personal y el funcionamiento de los equipos utilizados.

El MSP añadió otro elemento: otros 11 recién nacidos fueron atendidos en la misma cuna de calor radiante durante esa jornada y no se registraron eventos similares.

Ese antecedente también deberá ser considerado dentro de la investigación.

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La posibilidad de llevarla al Baca Ortiz

El Ministerio también informó que coordinó la posibilidad de trasladar a la niña al Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en Quito, para una evaluación de mayor complejidad.

Según el comunicado oficial, al momento de informar sobre esta alternativa todavía estaba pendiente el consentimiento de los padres.

La defensa de la familia ha señalado que un eventual traslado representa dificultades adicionales. Los padres no son oriundos de Riobamba, permanecen allí mientras cuidan a la recién nacida y la madre todavía se recupera de la cesárea.

También analizan la posibilidad de obtener valoraciones médicas particulares.

2 de septiembre: dos versiones y una pregunta todavía sin respuesta

Han pasado 14 días desde el nacimiento.

Por un lado, el MSP señala que la niña fue dada de alta en buen estado de salud, recibió atención de varias especialidades y que todavía no existen resultados técnicos que permitan establecer qué produjo las lesiones.

Por otro, sus padres sostienen que la recuperación continúa, que deben realizar curaciones diariamente y que quieren saber qué ocurrió durante el tiempo en que su hija permaneció bajo atención hospitalaria.

Entre ambas versiones está la investigación fiscal.

Las pericias médicas, la revisión de los equipos, la historia clínica, las versiones del personal y las demás diligencias deberán determinar qué ocurrió durante aquellas primeras horas.

Para Mike y Lizbeth, la pregunta sigue siendo la misma que apareció después del nacimiento de su hija: ¿cómo una bebé que, según ellos, nació sin lesiones terminó horas después con heridas en varias partes de su cuerpo?

“Nosotros lo único que solicitamos es justicia”, sostiene el padre.