Lo que debes saber

• Familiares de reclusos exigen que se habilite el régimen de visitas en la Cárcel del Encuentro.
• Con apoyo del CDH, presentaron una acción de protección en el Complejo Judicial de Santa Elena.
• Denuncian falta de información sobre la salud de los internos tras reportes de supuestos decesos.

Familiares de personas privadas de libertad provenientes de distintas provincias del país se concentraron este 24 de agosto de 2026 en los exteriores del Complejo Judicial de Santa Elena para interponer una acción de protección. Los manifestantes protestaron con carteles y banderas nacionales para exigir que las autoridades penitenciarias establezcan un régimen de visitas y transparenten las condiciones de salud y reclusión de sus allegados en la Cárcel del Encuentro, tras permanecer incomunicados desde sus traslados al centro penitenciario de máxima seguridad.

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Familiares de reclusos exigen régimen de visitas en Santa Elena

Un grupo de ciudadanos procedentes de varias provincias llegó hasta la sede judicial provincial para reclamar información sobre el estado de sus parientes trasladados a la Cárcel del Encuentro. Los manifestantes afirmaron que, desde el ingreso de los reclusos a esta prisión de máxima seguridad, no han podido acceder a visitas ni mantener contacto con ellos.

“Desde que mi hijo fue llevado a la Cárcel del Encuentro no sé nada de él. No quiero que lo liberen, debe pagar su error, pero tienen que permitir las visitas. Él tiene un niño pequeño que necesita ver a su padre”, expresó una de las ciudadanas que participó en el plantón.

La incertidumbre de las familias se intensificó luego de que trascendieran alertas de que algunos internos habrían fallecido a causa de enfermedades dentro del reclusorio.

El Comité de Derechos Humanos respalda el reclamo judicial

La medida de hecho contó con el acompañamiento de Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), quien explicó que el objetivo central del plantón fue ingresar una acción de protección ante la justicia ecuatoriana por la vulneración de derechos que genera la incomunicación.

“Sabemos que es un centro de máxima seguridad, pero debe existir un régimen de visitas. Al no haberlo, se vulnera el derecho de estas familias. Ellos no piden la libertad de sus parientes, solo exigen poder visitarlos”, afirmó Bastias.

Tras la entrega formal de la demanda, se prevé que en las próximas horas se convoque a la audiencia correspondiente, donde un juez resolverá la solicitud de los demandantes.

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Antecedentes y pedidos de los manifestantes

El reclamo en el Complejo Judicial sucede a otra jornada de manifestaciones efectuada días atrás en el acceso al centro carcelario.

Demandas principales de los familiares

Las familias que se han movilizado en buses desde diferentes puntos del país exigen el cumplimiento de la normativa nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, centrando sus solicitudes en los siguientes puntos:

Restricciones de acceso y medidas de seguridad en Juntas del Pacífico

Durante la jornada del 19 de agosto, los manifestantes avanzaron por la vía principal hasta topar con la primera barricada de seguridad, donde personal militar les impidió el paso hacia el perímetro de la penitenciaría de máxima seguridad.

En este sector rigen estrictas medidas de control:

Ambas fueron trasladadas de emergencia al HCA Florida Poinciana Hospital para recibir atención médica. Grace sufrió lesiones cervicales y necesitó un collarín, mientras que Giulianna atravesó una crisis nerviosa después del impacto, según relató su familia.

Sin embargo, mientras todavía permanecían en el centro hospitalario, agentes migratorios llegaron para detenerlas. En un video del procedimiento se escuchan sus pedidos de auxilio y los reclamos de sus familiares, quienes exigían conocer la orden que respaldaba la intervención.

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Así quedó el vehículo tras el accidente

Las imágenes compartidas por la familia muestran la magnitud del choque. El automóvil quedó detenido a un costado de la carretera, con graves daños en la parte posterior izquierda y varias piezas desprendidas sobre la calzada.

La colisión deformó la carrocería alrededor de la llanta trasera, rompió una de las ventanas laterales y afectó la compuerta posterior. Las puertas quedaron abiertas mientras unidades de emergencia y agentes permanecían en el lugar.

En la parte delantera también se observan las bolsas de aire activadas. Aunque las fotografías permiten dimensionar las consecuencias del impacto, todavía falta acceder al reporte oficial del accidente para establecer las circunstancias en las que el otro conductor perdió el control, la velocidad de los vehículos y las responsabilidades derivadas del choque.

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La situación migratoria de las dos ecuatorianas

La detención generó preocupación entre organizaciones sociales y grupos de defensa de los migrantes, que solicitaron la liberación de madre e hija y pidieron que se revise el procedimiento ejecutado dentro del hospital.

De acuerdo con sus familiares, Grace había presentado una solicitud de asilo en Estados Unidos y esperaba una resolución. La mujer también contaba con un permiso de trabajo vinculado a su trámite migratorio.

Giulianna, por su parte, tendría una visa de turismo vigente hasta 2030, según la documentación mencionada por la familia. No obstante, las autoridades estadounidenses todavía no han explicado públicamente qué irregularidad migratoria habría motivado la detención de las dos ecuatorianas.

Agentes llegaron mientras recibían atención médica

Grace y Giulianna permanecían en el área de traumatología cuando las autoridades ingresaron al establecimiento para interrogarlas y ejecutar el procedimiento migratorio.

En la intervención participaron funcionarios de la Oficina del Sheriff del condado de Polk, una entidad que mantiene cooperación con las autoridades federales de inmigración. El condado figura entre las jurisdicciones que colaboran con ICE mediante el programa 287(g), que permite a determinados agentes locales ejercer funciones migratorias bajo supervisión federal.

ICE ha identificado oficialmente a la Oficina del Sheriff de Polk como uno de sus colaboradores en Florida. Sin embargo, la propia agencia establece que los oficiales locales autorizados bajo el programa deben obtener su aprobación antes de emitir una retención migratoria. Por ello, todavía debe aclararse qué institución ordenó la detención y qué agentes trasladaron finalmente a las mujeres.

También está pendiente confirmar si las dos pacientes habían recibido el alta médica, si fueron examinadas antes de abandonar el establecimiento y qué tratamiento necesitaban después del accidente.

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“Me duele demasiado”, se escucha durante la detención

El procedimiento quedó registrado en un video grabado dentro del hospital. “Me duele demasiado”, repite una de las ecuatorianas mientras sus familiares piden explicaciones, preguntan por los documentos que respaldarían la detención y solicitan a los agentes que no la maltraten.

“¿Dónde está la orden?” y “no nos han enseñado nada” son algunos de los reclamos que se escuchan durante la intervención. Los allegados también aseguran que no recibieron información inmediata sobre el lugar al que serían trasladadas.

En las imágenes proporcionadas por la familia, Grace aparece recostada en una camilla, con un collarín alrededor del cuello y aparentes manchas de sangre en su vestimenta. Giulianna, quien tiene un trastorno de ansiedad diagnosticado, habría presentado una crisis nerviosa debido al accidente y a la posterior detención.

La grabación no permite determinar si el hospital autorizó su salida ni si existía una orden específica contra ellas. Esos elementos deberán ser esclarecidos con las versiones del centro médico, la Oficina del Sheriff del condado de Polk e ICE.

Grace había solicitado asilo en Estados Unidos

Grace salió de Ecuador después de haber sido víctima de un intento de secuestro, según la versión de sus familiares. Al llegar a Estados Unidos presentó una solicitud de asilo, cuyo trámite se encontraba pendiente cuando ocurrió la detención.

William Murillo, representante de la organización 1-800 Migrante, explicó a Ecuavisa que las personas que solicitan asilo pueden recibir documentos y permisos mientras esperan una respuesta. Sin embargo, aclaró que encontrarse dentro de ese proceso no equivale a tener residencia permanente ni impide automáticamente una actuación de las autoridades migratorias.

Murillo señaló que un abogado deberá revisar el expediente de ambas mujeres para establecer la situación de sus documentos, la razón de la detención y las alternativas legales disponibles. También deberá comprobar si Grace tenía programadas audiencias o citas ante las autoridades migratorias.

Madre e hija fueron trasladadas a un centro de detención

Después de ser retiradas del hospital, Grace y Giulianna fueron trasladadas a un centro de detención en Florida. Sus familiares comenzaron a buscar asistencia jurídica para localizarlas, revisar sus expedientes y determinar si pueden solicitar su liberación mientras se resuelve el caso.

Hasta este lunes 24 de agosto de 2026, ICE no había difundido un comunicado público que explicara el motivo de la detención, el estado migratorio atribuido a las ecuatorianas o las condiciones en las que fueron retiradas del hospital.

La familia también espera conocer si ambas continúan juntas, si han recibido atención médica después del traslado y cuándo podrán comparecer ante una autoridad migratoria.

Lo que debes saber

• EE. UU. pidió reconsiderar viajes a Manabí y Santa Elena por criminalidad y secuestros.
• Departamento de Estado actualizó la alerta para Ecuador el 18 de agosto.
• Manabí y Santa Elena quedaron bajo observación por riesgos de seguridad para viajeros.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Ecuador y recomendó a sus ciudadanos reconsiderar los desplazamientos hacia varias zonas del país, entre ellas las provincias de Manabí y Santa Elena, debido al aumento de riesgos asociados con la criminalidad, el terrorismo y los secuestros.

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La actualización, emitida el 18 de agosto de 2026, mantiene a Ecuador bajo una alerta de nivel 2, que implica ejercer mayores precauciones al viajar. Sin embargo, identifica provincias y ciudades con niveles de riesgo superiores, donde las autoridades estadounidenses consideran necesaria una evaluación más cuidadosa antes de realizar visitas.

Manabí y Santa Elena entre las zonas bajo observación

Dentro de las áreas para las que Washington recomienda reconsiderar los viajes se encuentran las provincias de Manabí, Santa Elena, Sucumbíos y Santo Domingo. También figuran sectores de Guayaquil, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas afectados por problemas de seguridad vinculados a organizaciones criminales.

La advertencia no constituye una prohibición general para turistas estadounidenses, sino una recomendación oficial para evaluar los riesgos antes de viajar a esos territorios. En otras zonas del país, el Departamento de Estado llega incluso a recomendar no viajar debido a amenazas relacionadas con delincuencia organizada y terrorismo.

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La violencia criminal figura entre las principales preocupaciones

Según el informe, la expansión de organizaciones vinculadas al narcotráfico ha incrementado delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos armados y robos violentos en distintas regiones del país. El documento señala que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestro y extorsión en Ecuador.

La evaluación estadounidense también menciona riesgos relacionados con posibles actos de terrorismo, disturbios y toma de rehenes, factores que forman parte de los criterios utilizados para elaborar las alertas de viaje.

Restricciones para funcionarios estadounidenses

La actualización también establece limitaciones para empleados del Gobierno de Estados Unidos que trabajan en Ecuador. El Departamento de Estado reconoce que en determinadas zonas del país su capacidad para brindar asistencia consular o servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses es reducida debido a las condiciones de seguridad.

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Aunque Manabí y Santa Elena no forman parte de las áreas catalogadas bajo la advertencia más alta, su inclusión dentro de las provincias para las que se recomienda reconsiderar los viajes refleja la preocupación de Washington por el impacto de la violencia criminal en territorios que además concentran una importante actividad turística.

La actualización ocurre en medio de una creciente atención internacional sobre la situación de seguridad en Ecuador, especialmente en provincias costeras donde las disputas entre organizaciones criminales han incrementado los niveles de violencia durante los últimos años.

Lo que debes saber

• Tres personas fueron asesinadas la noche del domingo 23 de agosto en el polideportivo del barrio 16 de Noviembre, en La Iberia, El Guabo.
  
• Los hermanos Javier y Jhonny Pillacela estaban comiendo un chuzo cuando llegaron los atacantes y dispararon contra quienes estaban en el lugar.
  
• La Policía encontró 18 indicios balísticos y señaló que se habría utilizado un arma calibre 9 milímetros.

Un campeonato deportivo terminó en tragedia la noche del domingo 23 de agosto, cuando hombres armados irrumpieron en un polideportivo de la parroquia La Iberia, en El Guabo, provincia de El Oro, y desataron una balacera que dejó tres personas asesinadas y varios heridos.

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Las víctimas fueron identificadas como Javier Fernando y Jhonny Arnaldo Pillacela Espinoza, dos hermanos que se encontraban en el escenario deportivo, y Darío Javier Rivas Villalta, quien trabajaba en el lugar como vendedor de chuzos.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 21:20, cuando varias personas permanecían en el polideportivo del barrio 16 de Noviembre observando un campeonato. De acuerdo con testigos, los hermanos Pillacela estaban sentados comiendo cuando fueron sorprendidos por los atacantes.

Según las primeras versiones, dos sujetos llegaron a bordo de un vehículo. Ambos tenían sus rostros cubiertos con pasamontañas. Descendieron del automotor y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el complejo deportivo.

¿Cómo ocurrió la balacera?

Los disparos alcanzaron a Javier y Jhonny Pillacela, quienes quedaron sin vida en la cancha. Rivas también recibió varios impactos durante el ataque y murió en el sitio.

El comandante de la Policía en El Oro, Remigio Albiño, confirmó que los atacantes ingresaron al complejo deportivo y realizaron múltiples detonaciones.

“Repentinamente ingresa un vehículo con dos ocupantes cubiertos del rostro con pasamontañas y realizan varios disparos; desafortunadamente, hay tres personas fallecidas”, señaló el oficial.

En la escena, los investigadores localizaron 18 indicios balísticos. Las primeras pericias establecieron que se habría utilizado un arma de fuego calibre 9 milímetros, según explicó Albiño.

La Policía todavía no determina con certeza quién era el objetivo del ataque. El comandante indicó que una de las víctimas tendría antecedentes y que las investigaciones deberán establecer si la balacera estaba dirigida contra alguno de los tres fallecidos.

¿Hubo una víctima colateral?

La situación de Rivas es uno de los puntos que los investigadores buscan esclarecer. Inicialmente, se manejó la versión de que el vendedor de chuzos habría sido alcanzado de manera colateral mientras trabajaba en el polideportivo.

Sin embargo, Albiño señaló que todavía no existe certeza sobre el objetivo de los sicarios.

“Eso ya las investigaciones determinarán contra quién estuvo dirigido el ataque, probablemente contra una de las tres personas fallecidas”, manifestó.

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El comandante también reconoció la posibilidad de que una de las víctimas haya sido alcanzada sin ser el blanco de los atacantes.

“Todavía no tenemos la certeza contra quién estaba dirigido el ataque, pero probablemente pueda que haya una víctima colateral”, indicó.

La balacera generó momentos de pánico entre los asistentes al campeonato. Al escuchar las detonaciones, varias personas buscaron refugio y abandonaron rápidamente el escenario deportivo.

Hubo personas heridas

Además de los tres fallecidos, varias personas resultaron heridas durante el ataque. Los afectados fueron trasladados a diferentes casas de salud, entre ellas el Hospital de El Guabo y el Hospital Teófilo Dávila, en Machala.

La Policía informó que los heridos se encontraban estables. Mientras tanto, familiares de las víctimas llegaron hasta el polideportivo, donde se desarrollaron las primeras diligencias investigativas.

El ataque ocurrió en medio de un fin de semana marcado por hechos violentos en la provincia de El Oro. Albiño reconoció la gravedad del escenario y señaló que también se registró un evento relacionado con artefactos explosivos.

“Hemos tenido un fin de semana bastante violento, inclusive un evento con artefactos explosivos también”, expresó el comandante.

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¿Cuántas muertes violentas registra El Oro?

De acuerdo con los registros policiales citados por Albiño, El Oro acumula 660 muertes violentas entre enero y agosto de 2026.

El comandante atribuyó buena parte de esta violencia a disputas entre organizaciones delictivas por el control de territorios y actividades ilícitas.

“Generalmente, las muertes están atribuidas acá a la disputa por territorio, por temas de microtráfico acá; hay dos facciones muy identificadas que son Lobos y Sao Box”, explicó.

La investigación sobre el triple asesinato continúa para determinar quién ordenó el ataque, cuál era el objetivo de los sicarios y si el vendedor de chuzos fue una víctima colateral.

Lo que debes saber

• Alias Manaba fue capturado el 23 de agosto en Pueblo Viejo durante un operativo.
• En Los Ríos decomisaron explosivos, droga y un arma tras la detención.
• Investigan a alias 'Manaba' por presuntos vínculos con Los Lobos en cinco cantones.

Francisco Leodan Aveiga Valarezo, conocido como alias Manaba y señalado por organismos de inteligencia como uno de los presuntos cabecillas del grupo armado organizado Los Lobos en la provincia de Los Ríos, fue aprehendido durante un operativo ejecutado en el cantón Pueblo Viejo.

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La intervención se realizó el 23 de agosto en el sector Los Troncos, como parte de una operación denominada 'Impacto Letal'. De acuerdo con la información oficial, el detenido era considerado un objetivo de alto valor dentro de las investigaciones relacionadas con la estructura criminal.

Durante el allanamiento de un inmueble, los agentes encontraron:

Armas, explosivos y droga entre los indicios

Según el reporte del operativo, entre las evidencias incautadas constan 70 gramos de marihuana, 50 gramos de una sustancia identificada preliminarmente como 'creepy' y 300 gramos de pasta base de cocaína.

Las autoridades también informaron que los seis artefactos explosivos estaban armados al momento del hallazgo, por lo que fueron incorporados a la cadena de custodia junto con el resto de los indicios encontrados en la vivienda.

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Señalamientos por actividades criminales en varios cantones

Información de inteligencia militar ubica a alias "Manaba" como uno de los presuntos responsables de coordinar actividades de Los Lobos en los cantones Ventanas, Pueblo Viejo, Baba, Babahoyo y Vinces.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura estaría vinculada con delitos como sicariato, extorsión, secuestro, robo, tenencia y porte de armas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y asaltos a buses y camiones.

Registra antecedentes judiciales

El reporte señala que el aprehendido registra antecedentes por tenencia y porte de armas en 2017. Además, constan investigaciones relacionadas con presuntos casos de asesinato ocurridos en 2019, 2021 y 2024.

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Tras la operación, el detenido y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades atribuidas al sospechoso y la posible participación de otras personas vinculadas a esta organización delictiva.

Los datos claves

• Sujetos armados ingresaron de madrugada a La Joya fingiendo realizar un allanamiento. Los delincuentes se llevaron los celulares de los guardias y dañaron el sistema de vigilancia.
• Las urbanizaciones preparan nuevos controles para visitantes, vehículos y personas que alquilan viviendas.
• Autoridades y residentes piden más operativos de seguridad en los sectores residenciales de La Aurora.

El domingo 16 de agosto, sujetos vestidos como policías y militares ingresaron a la fuerza a una urbanización ubicada en La Aurora. Al día siguiente, agentes, personal de las Fuerzas Armadas y uniformados de tránsito realizaron un operativo de control en las vías aledañas.

Eso pasa dentro y fuera de los conjuntos residenciales en aquella parroquia de Daule: acciones criminales que preocupan y operaciones que calman la inseguridad de momento.

La irrupción de los presuntos uniformados se produjo en la madrugada, a las 02:30, en la etapa Turquesa de la urbanización La Joya. Se movilizaban en dos camionetas y estaban armados.

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Fingieron un allanamiento

A través de un comunicado, la administración de ese complejo de viviendas indicó que los implicados, para poder entrar, simularon realizar un allanamiento. Pero enseguida quedaron al descubierto sus intenciones.

“Los antisociales sustrajeron los teléfonos celulares del personal de garita y causaron daños en el sistema de vigilancia”, se indicó. La intención de los criminales habría sido llevarse a uno de los habitantes, pero esa acción no se habría concretado.

Una residente comentó que, durante el acto violento, las luces de la garita estaban apagadas. Además, la pluma que da paso a los vehículos estaba levantada y en el portón había sujetos que lucían como policías.

“Estaban los guardias maniatados con amarras. En ese momento se procedió a llamar al 911”, contó. Posteriormente, arribaron verdaderos agentes policiales en atención a esa inquietante alerta.

Tomaron recaudos

Guadalupe (nombre protegido), quien reside en otra etapa de la misma urbanización, mencionó que la directiva pasó un comunicado en el que detallaba acciones que se aplicarán para prevenir situaciones similares a la que ocurrió en Turquesa.

Entre las disposiciones principales consta que todo visitante debe portar cédula de identidad y no puede hacerlo en un carro sin placa, “salvo que el residente autorice excepcionalmente su ingreso, mediante un acta de responsabilidad debidamente firmada en la garita”.

Guadalupe afirma que en donde vive anteriormente se colocó un cerco eléctrico y también se instalaron cámaras, además de controles en los accesos y áreas internas. Y cuando ocurre algo en una etapa vecina, se refuerzan las medidas de seguridad.

Sin embargo, hay propietarios que reniegan por el tiempo que a veces tardan las revisiones y los protocolos.

“Una de las preocupaciones en el chat de la etapa es que quienes alquilen casas exijan un historial de antecedentes penales, sus fotos y qué vehículos tienen para permitir el ingreso”, dijo.

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Habrá reunión con administradores

En el operativo que se realizó al día siguiente del incidente, los uniformados revisaron vehículos en la vía para constatar si se transportaba algún objeto peligroso para la integridad ciudadana. También se verificó si había alguna persona requerida por la justicia.

Como resultado, se retuvieron varios coches sin placa y se retiraron películas antisolares.

El gobernador del Guayas, José Arévalo, quien estuvo presente en la actividad de seguridad, informó que está previsto tener una reunión “con todos los administradores de las urbanizaciones, para tener un mapeo extremadamente amplio de todo lo que tiene que ver con el alquiler, y sobre todo capacitación permanente a los guardias de las compañías de seguridad”.

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Rentas y controles, los retos

Evitar que las viviendas sean alquiladas a personas ligadas a grupos criminales es uno de los desafíos más importantes para paliar la inseguridad en los conjuntos residenciales.

Para el abogado penalista Steven Reyes, revisar si el interesado en rentar un inmueble tiene o no antecedentes penales es un paso fundamental. Pero hay otro punto igual de importante: que luego esta persona no alquile la propiedad a espaldas del dueño, para cometer actividades ilícitas o acoger a ciudadanos en conflicto con la ley.

“Eso puede ir en el contrato de arrendamiento, que se prohíbe subarrendar, para garantizar que el alquiler solo se cumpla con las personas que firman el contrato”, explicó.

También apuntó a que esta medida podría reforzarse a través de reformas legales, para que se sancione a los propietarios que no establezcan esa prohibición en los contratos; de igual manera, para que se sancione a quien subalquila.

El clamor de residentes: más operativos

Quienes habitan en los complejos residenciales privados en La Aurora también hacen hincapié en la necesidad de reforzar los controles y operativos por parte de las fuerzas del orden.

Elizabeth (nombre protegido), una ciudadana que reside en una etapa de la urbanización Villa del Rey, comentó que en una casa se solía ver ingresando y saliendo a personas sospechosas. Pensó que iban a detener a alguien de allí, pero no ocurrió.

“Hace poco entró la Policía y un camión con puros militares. Dieron vueltas adentro de la urbanización, en los alrededores y de ahí se fueron”, explicó.

Sin embargo, considera vital que este tipo de acciones se continúen efectuando, para incentivar a que la ciudadanía comunique las situaciones extrañas que ocurren en estos sectores.

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Ventas empiezan a afectarse

Madeleine Rodríguez, quien labora para una empresa que presta el servicio de publicidad, oferta y comercialización de casas a dueños interesados en vender sus propiedades, refirió que, aunque sí existe interés en compradores por inmuebles ubicados en La Aurora, las negociaciones se han vuelto complejas desde hace más de un año.

“Las viviendas ahí están saliendo vendidas, pero por menos del valor que quieren sus dueños. Les toca poner un precio más accesible para poderlas negociar, principalmente aquellos que tienen más apuro en venderlas”, reveló.

Otra ciudadana que se dedica al mismo tipo de actividad dijo que esa situación también influye en el valor de la comisión que se debe cobrar por la venta.

En la compañía donde labora se suele pedir el 6 % del monto por el que se comercializa la casa. Pero hay propietarios que no están dispuestos a que la comisión exceda el 4 %

Lo que debes de saber

• Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda del barrio Narcisa de Jesús, en Santa Elena.
• La Policía aprehendió a cinco personas, entre ellas una mujer y un adolescente, por su presunta relación.
• Un segundo allanamiento permitió decomisar armas de fuego, municiones, sustancias sujetas a fiscalización, celulares y una motocicleta.

Un violento hecho conmocionó a los habitantes del barrio Narcisa de Jesús, en la ciudad de Santa Elena, durante la madrugada de este domingo. Un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda, luego de que agentes de la Policía recibieran información sobre un posible hecho delictivo que se estaría registrando en el inmueble. Las víctimas se encontraban envueltas en fundas de color negro.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los responsables del crimen presuntamente pretendían sacar los cuerpos de la vivienda y abandonarlos en alguna vía desolada de la península. Sin embargo, la intervención policial permitió localizar el inmueble antes de que los sospechosos pudieran concretar ese propósito.

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Agentes de inteligencia de DINASED de la Policía Nacional fueron alertados sobre los posibles involucrados y, con la información proporcionada, desplegaron un operativo en diferentes sectores de la ciudad. Durante el procedimiento fueron localizados y aprehendidos tres individuos que, según las características entregadas a los uniformados, estarían relacionados con el hecho. Los sospechosos fueron encontrados mientras se movilizaban por la zona céntrica de Santa Elena.

Tras las detenciones, los investigadores obtuvieron información que permitió establecer el sitio donde se encontraban las víctimas. Los agentes se trasladaron hasta una vivienda tipo villa ubicada en el barrio Narcisa de Jesús y, al ingresar al inmueble, encontraron los cuerpos de las dos personas, que habían sido preparados para ser trasladados fuera del lugar.

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Una moradora del sector manifestó que desde hace algún tiempo observaba movimientos inusuales en el inmueble. Según relató, era frecuente observar vehículos cuyos ocupantes ingresaban a la vivienda, situación que había generado inquietud entre los habitantes. La mujer señaló que los propietarios del inmueble lo habían alquilado y que desconocían las actividades que presuntamente se desarrollaban en su interior.

Como parte de las investigaciones también se ejecutó un segundo allanamiento en otro inmueble. Durante este procedimiento, los uniformados localizaron varias armas de fuego, entre ellas un subfusil, un revólver y tres pistolas calibre 9 milímetros. Además, se encontró un cartón con municiones, sustancias sujetas a fiscalización, teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que fueron incorporados a las investigaciones.

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Con estos procedimientos, el número de personas aprehendidas ascendió a cinco. Entre los detenidos consta una mujer y un adolescente, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su presunta participación en los hechos. Los investigadores continúan recopilando información y evidencias que permitan establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Las primeras hipótesis manejadas por los investigadores apuntan a una posible retaliación entre organizaciones delictivas. De manera preliminar, se presume que los detenidos formarían parte de una estructura criminal y que las víctimas podrían haber tenido algún tipo de relación con un grupo considerado rival. No obstante, estas hipótesis deberán ser confirmadas o descartadas conforme avancen las investigaciones.

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La identidad de las víctimas todavía no había sido establecida hasta el cierre de esta edición. En el lugar no se encontraron documentos que permitieran conocer sus nombres, por lo que los cuerpos fueron trasladados al centro forense de la provincia para los procedimientos correspondientes. De acuerdo con las primeras estimaciones, tanto el hombre como la mujer serían adultos jóvenes.

Mientras las investigaciones avanzan, familiares y otras personas se han acercado hasta el centro forense con la intención de obtener información que permita identificar a las víctimas. El caso ha generado preocupación entre los habitantes de Santa Elena, mientras que los detenidos fueron trasladados al comando provincial de la Policía y quedaron a la espera de la audiencia de flagrancia, en la que se determinará su situación jurídica.

Dos vehículos fueron incinerados en Monteverde

En otro hecho ocurrido en la provincia de Santa Elena, la Policía también busca establecer las circunstancias en las que dos vehículos fueron encontrados incinerados en la comuna Monteverde. Se trata de un camión y una camioneta que quedaron afectados por el fuego.

Esto debes saber

• El pasaje urbano en Portoviejo pasará de $0,40 a $0,50, un incremento del 25 %.
• La nueva tarifa será cobrada desde el lunes 24 de agosto de 2026, según el pedido del alcalde Javier Pincay.
• Con el aumento, Portoviejo iguala la tarifa del transporte urbano de Manta, donde el pasaje subió $0,10 desde junio.

El pasaje del transporte urbano en Portoviejo aumentará  0,10 centavos a partir del lunes 24 de agosto de 2026. La tarifa pasará de $0,40 a $0,50, lo que representa un incremento del 25 % y coloca a la capital manabita al mismo nivel tarifario que Manta.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, anunció que el pasado viernes 22 de agosto la normativa que establece el nuevo valor. Sin embargo, solicitó a los transportistas que comiencen a cobrar la tarifa de  $0,50 desde el lunes 24 de agosto, con el objetivo de permitir que los usuarios sean informados previamente sobre el cambio.

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Un valor menor al establecido en los estudios técnicos

Pincay explicó en medios locales que la decisión fue adoptada luego de analizar los informes técnicos elaborados por el Municipio y los representantes del transporte urbano, además de mantener conversaciones con el sector.

Según el alcalde, ambos estudios establecían que la tarifa técnicamente debía ubicarse en  $0,61 centavos. No obstante, aseguró que el diálogo permitió alcanzar un acuerdo por un valor inferior.

“Ambos estudios decían $0.61 centavos, pero con diálogo, evitando que se paralicen, llegamos a un punto de equilibrio de $0.10 centavos más”, manifestó Pincay durante una entrevista.

De esta manera, el valor aprobado quedó  $0,11 centavos por debajo de la tarifa señalada por los estudios técnicos. El alcalde sostuvo que el incremento busca compensar el aumento de los costos que afrontan los transportistas, sin trasladar completamente ese impacto a los usuarios.

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Con este incremento, Portoviejo iguala la tarifa del transporte urbano de Manta, donde el pasaje también aumentó $0,10 y pasó a costar $0,50 desde junio de 2026.

Así, ambos de los principales cantones de la provincia de Manabí tendrán una tarifa urbana de  $0,50 centavos por pasajero, luego de los respectivos procesos de revisión, análisis y aprobación de sus valores bajo ordenanzas.

Lo que debes saber

• Seguridad y movilidad están entre las principales preocupaciones en las tres ciudades.
• Las necesidades de las capitales provinciales son distintas y requieren respuestas territoriales.
• La coordinación entre autoridades locales y el Gobierno central será determinante.

Quito, Guayaquil y Cuenca no esperan únicamente un nombre nuevo en el poder local, sino autoridades capaces de convertir las demandas cotidianas en una hoja de ruta para sus territorios. Expertos y ciudadanos consultados por EXPRESO coinciden en que el próximo alcalde o prefecto deberá combinar liderazgo, preparación, transparencia y capacidad de ejecución, pero también saber construir acuerdos.

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La seguridad aparece como una preocupación transversal, aunque cada ciudad y provincia enfrenta desafíos propios que exigen respuestas diferenciadas. Mientras Quito demanda soluciones para la violencia, el desempleo y la movilidad, Cuenca mira hacia el ordenamiento y la sostenibilidad, y Guayaquil reclama planificación, obras y una relación funcional con el Gobierno.

Quito - Pichincha

Fernando Carrión, arquitecto y docente de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, sostiene que las próximas autoridades deben partir de tres condiciones básicas: honestidad, capacidad y un proyecto definido para la ciudad y la provincia. A su criterio, “no basta con ejecutar obras aisladas, porque Quito necesita una visión que dé sentido a las decisiones de los próximos cuatro años”.

En esa misma línea, Carrión considera que no es indispensable que la persona haya ocupado antes un cargo público, pero sí comprender las diferencias entre administrar el Estado y desenvolverse en el sector privado, académico o social. El futuro alcalde o prefecto, agrega, debe entender que el sector público es un espacio para diseñar políticas y no solamente para administrar recursos.

A la par, Carrión identifica una crisis de liderazgo tanto en Quito como en Pichincha, marcada por la falta de figuras con carisma, conocimiento y objetivos claros. Para el académico, recuperar esa capacidad de conducción será crucial para que las autoridades puedan orientar a sus instituciones.

“La próxima autoridad debe comprender que el Municipio de la capital del Ecuador tiene una estructura compleja, con empresas, secretarías y entidades que pueden duplicar funciones y dificultar la gestión”.Fernando Carrión, arquitecto

Para Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, otro requisito es el liderazgo político acompañado de capacidad técnica. También considera indispensable que los futuros funcionarios sepan construir acuerdos, especialmente cuando sus posiciones políticas no coincidan con las del régimen.

A juicio de Quinga, Quito tampoco puede ser administrado con una mirada exclusivamente municipal, porque su dinámica está vinculada con los valles y otros cantones. Por lo que, la movilidad entre Quito y Rumiñahui, explica, demuestra que los problemas territoriales requieren coordinación entre alcaldía y prefectura.

"La autoridad local deberá explicar a la ciudadanía, tanto de Quito, como de Pichincha, cómo ejecutará sus planes y si creará mecanismos propios de rendición de cuentas, más allá de los que establece la ley".Tatiana Quinga, politóloga

Desde la ciudadanía, Janeth Castelo resume el perfil esperado en compromiso y cercanía con la población, pero también en un plan de trabajo aterrizado a las necesidades reales. Para ella, la seguridad debe ocupar el primer lugar porque permitiría recuperar la tranquilidad para trabajar y desplazarse.

María José Pillajo, en cambio, lleva la demanda a mirar las calles. La ciudadana pide que el próximo alcalde tenga capacidad para ejecutar obra vial, reparar los baches y evitar que trabajos prolongados terminen afectando los desplazamientos de las familias.

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Cuenca - Azuay

En Cuenca, la discusión parte de una realidad distinta, según Caroline Ávila, analista política y catedrática: buena parte de las necesidades básicas están cubiertas y la ciudad mantiene niveles importantes de bienestar. Por eso, explica, que el siguiente paso está relacionado con movilidad, ambiente y ordenamiento territorial, además de la continuidad de las obras.

La experta identifica, sin embargo, un elemento que atraviesa el perfil de la próxima autoridad: la dignidad de Cuenca y el respeto a su voz en las decisiones nacionales. A su juicio, el alcalde y el prefecto deberán tener capacidad técnica, pero también defender las posiciones de la ciudad frente a asuntos como el extractivismo y la protección ambiental.

La conectividad es otro de los reclamos que Ávila considera clave para Cuenca. Pone como ejemplo el ferrocarril y señala que la ciudad no necesita solo una locomotora, sino recuperar la conexión con Azogues y el centro del país.

“Cuenca no busca solo recuperar una pieza, un ferrocarril, sino volver a conectarse con Azogues y el centro del país; la demanda ciudadana revela que hay una necesidad mayor de integración territorial”.Caroline Ávila, politóloga

Sebastián Vanegas, arquitecto, consultor independiente y profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, propone que las próximas autoridades trabajen como una dupla territorial, porque los problemas de Cuenca y Azuay no terminan en los límites administrativos. Esa coordinación debería incorporar asuntos como productividad, sostenibilidad, pobreza rural y futuro económico de la provincia.

En el ámbito urbano, Vanegas pone especial atención en el centro histórico y en la planificación de nuevas centralidades hacia el norte y el sur de Cuenca. Advierte que decisiones deficientes alrededor de estas zonas podrían modificar la estructura futura de la ciudad y generar problemas difíciles de corregir sobre todo alrededor del nuevo terminal terrestre.

A esto se suma la planificación del crecimiento urbano, advierte Vanegas, quien pide definir qué ocurrirá con los cerros y otras zonas de expansión. El objetivo, explica, es evitar conflictos futuros mediante una planificación detallada que anticipe el crecimiento de la urbe y su conexión con Azogues.

“El próximo alcalde y prefecto deberán actuar sobre una misma escala territorial, en la que tienen que incorporar productividad, sostenibilidad y erradicación de la pobreza rural en una visión conjunta para Azuay”.Sebastián Vanegas, arquitecto

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La ciudadanía, entretanto, plantea problemas más inmediatos. Patricia Pérez considera que el alcalde debe ser una persona decidida y recuperar los espacios públicos, especialmente en sectores donde percibe desorden e inseguridad.

Pérez también pide una acción coordinada para reforzar la seguridad en los alrededores de los centros educativos durante la noche. Para la prefectura de Azuay, reclama igualmente decisión, pero la vincula sobre todo con la recuperación de las vías secundarias que mantienen incomunicadas a comunidades rurales.

Por su parte, Leslei Pérez exige que la palabra de los políticos tenga valor, que cumplan sus promesas. También, que la vía Cuenca-Molleturo sea prioridad entre las obras.

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Guayaquil - Guayas

En cambio, en Guayaquil, Eduardo Sánchez, abogado y catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), considera necesario separar la discusión política de la administrativa. A su criterio, las candidaturas deberían responder con claridad qué harán frente a las obras inconclusas, la seguridad, la movilidad y las necesidades que permanecen sin atención en la urbe porteña.

Sánchez señala que la ciudad requiere una agenda concreta sobre planificación urbana, actividad comercial, tráfico y transporte público. También menciona la necesidad de definir el futuro del llamado Quinto Puente y de establecer una coordinación clara con el Gobierno central para seguridad, recursos y obra pública.

Para Sánchez, el prefecto del Guayas enfrenta una obligación distinta, porque su principal ámbito de acción está en la zona rural de la provincia. Allí identifica necesidades relacionadas con caminos vecinales, acceso, zonas inundables y apoyo al sector agrícola.

“Es clave que las próximas autoridades, tanto local como provincial, lleguen con una transición preparada; los seis meses entre la elección y la posesión deberían servir para organizar equipos y atender urgencias”.Eduardo Sánchez, abogado

Por otro lado, Ricardo Pozo, coordinador del Observatorio Urbano y Territorial de la UCSG, añade que ambas autoridades deberían llegar con preparación y conocimiento de administración pública. Para él, el liderazgo debe estar acompañado de equipos técnicos capaces de convertir las propuestas electorales en planes viables.

Pozo plantea para la ciudad una revisión profunda de la planificación territorial, debido a los problemas de pobreza, desigualdad e inseguridad. El próximo alcalde, sostiene, deberá pensar no solo en el área urbana, sino también en todo el cantón y sus asentamientos como Posorja y Puná.

La relación con el Ejecutivo será otro componente del perfil del político, según los académicos, quienes consideran que la autoridad deberá ser firme, pero, a su vez, capaz de conciliar. El objetivo, dicen, no debería ser prolongar enfrentamientos políticos, sino conseguir acuerdos que se traduzcan en obras.

“Guayas necesita proyectarse como un territorio competitivo, con infraestructura estratégica, logística y manejo de cuencas para atraer inversión que genere empleo y responsabilidad social”.Ricardo Pozo, arquitecto

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Desde la ciudadanía, Francisco Pincay considera que el cargo también debería exigir preparación académica y conocimiento de ciencia política. El ciudadano sostiene que la autoridad debe demostrar compromiso, actitud y conocimiento suficiente para comprender la responsabilidad que asume.

Andrea Domínguez coincide en que la transparencia, la honestidad y el manejo responsable del presupuesto deben formar parte del perfil. Reclama que tengan un liderazgo con convicciones firmes para enfrentar eventuales problemas de corrupción en sus gestiones.

Lo que se sabe

• La Secretaría de Gestión de Riesgos emitió alerta para 41 playas
• En 10 de ellas habrá alta amenaza de mar agitado
• Se pide extremar precauciones ante oleaje fuerte y corrientes de resaca

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió, este sábado 22 de agosto de 2026, una alerta para 41 playas de Ecuador donde habrá oleaje este domingo 23 y lunes 24.

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En 10 de estos lugares el nivel de alerta es alto, indicó la entidad en una publicación realizada en su cuenta de la red social X. Se trata de playas con incidencia turística.

"El color de bandera (amarilla o roja) son las previsiones con base a los índices de amenazas, emitido por el Inocar (Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada). Sin embargo, las Capitanías de Puerto pueden cambiar el color de bandera conforme a la identificación del incremento de la amenaza en territorio", explicó la Secretaría.

Playas con alerta roja por oleaje en Ecuador

Las 10 playas en las que hay alta amenaza de oleaje fuerte y corrientes de resaca, son:

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Las playas con un nivel inferior de alerta, pero que también exige precaución, son:

Las unidades de gestión de riesgos, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), deberán informar a la ciudadanía sobre estos niveles de alerta, aclaró la entidad.

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Los datos claves

• La Policía encontró 112 personas dentro de un centro clandestino de llamadas en Quito. Diez personas fueron detenidas y quedaron a la espera de una audiencia.
• Entre los detenidos está Xiao Long Yang, ciudadano chino señalado como supuesto cabecilla.
• En el lugar se hallaron mensajes extorsivos, amenazas e imágenes violentas y se investigan comunicaciones dirigidas a víctimas de otros dos países.

Un operativo policial en el centro-norte de Quito permitió descubrir un centro clandestino de llamadas que estaría vinculado con una red internacional de extorsión. En el lugar había 112 personas, estaciones de trabajo y dispositivos con mensajes intimidantes, amenazas e imágenes violentas.

La intervención dejó 10 detenidos, entre ellos un ciudadano chino identificado como Xiao Long Yang, a quien el ministro del Interior, John Reimberg, señaló como supuesto cabecilla de la organización.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, desde el sitio se realizaban llamadas para intimidar a víctimas y exigirles dinero. Algunas de esas comunicaciones, además, estarían dirigidas a personas que viven en otros dos países.

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La operación, según informaron las autoridades, se inició a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre la existencia del centro de llamadas. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron los puestos de trabajo y dispositivos con contenido relacionado con las presuntas amenazas.

Solo 10 personas fueron detenidas

Uno de los puntos que cuestionó Reimberg fue que, de las 112 personas encontradas en el sitio, solo 10 quedaron detenidas y a la espera de una audiencia.

El ministro criticó que el resto haya sido dejado en libertad. En una publicación en su cuenta de X, aseguró que quienes estaban en el lugar "sabían perfectamente lo que estaban haciendo" y sostuvo que no estaban "ni obligados, ni sometidos".

Reimberg también pidió que la justicia actúe contra los 10 detenidos.

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"Es un centro grande, es un centro que tiene la tecnología", afirmó el funcionario durante una rueda de prensa. Según dijo, la estructura estaba dirigida a atentar contra la seguridad de Ecuador y de otros países.

Ahora la Fiscalía deberá establecer qué papel cumplía cada uno de los detenidos y si existen más personas vinculadas con esta estructura.

El caso se conoce en medio del avance de la extorsión como una de las principales fuentes de ingresos de las organizaciones criminales en Ecuador. Las bandas también han ampliado sus actividades hacia delitos como el secuestro, el narcotráfico y la minería ilegal.

A inicios de agosto, el Gobierno anunció el despliegue de 4.000 policías y militares en Quito para reforzar los operativos contra el crimen organizado, tras el incremento de la violencia en la capital.

Lo que debes saber

• AI exige investigar ataque al barco Fiorella atribuido a una operación encubierta de la CIA.
• Ocho pescadores de Manabí siguen desaparecidos tras el siniestro en alta mar.
• Denuncian uso de drones y nexos con operativos en otras embarcaciones ecuatorianas.

Amnistía Internacional (AI) solicitó formalmente a Estados Unidos investigar de manera urgente e imparcial el presunto ataque contra el pesquero ecuatoriano Fiorella, ocurrido en enero en aguas internacionales tras salir de Manabí. La petición surge luego de que The Washington Post revelara que el hecho habría correspondido a una operación encubierta de la CIA. La organización defensora de derechos humanos exige esclarecer las circunstancias del hecho y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

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La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, señaló que la evidencia sobre la intervención estadounidense en el incidente es contundente y exige acciones judiciales concretas.

"El papel de Estados Unidos en este ataque es cada día más difícil de negar. Las autoridades estadounidenses deben investigar imparcialmente el suceso y, de existir pruebas suficientes y admisibles, establecer las responsabilidades penales del caso"Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Ante reportes periodísticos de The Washington Post y The New York Times, la organización instó a que el Congreso de EE. UU. continúe impulsando investigaciones sobre la posible participación de agencias estatales en alianza con entidades privadas.

Cronología del ataque al barco pesquero ecuatoriano Fiorella

La cronología de los hechos documentados en el informe de la organización detalla los siguientes hitos:

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Antecedentes e interceptaciones a pescadores de Manabí

Los familiares de las víctimas presumen que los tripulantes desaparecidos pudieron haber sido detenidos y trasladados fuera del país, repitiendo el patrón ocurrido en marzo con otras dos embarcaciones que también salieron de Manabí:

En estos casos, los tripulantes denunciaron haber sido atacados con drones e interceptados por sujetos que se identificaron como ciudadanos estadounidenses, quienes posteriormente los entregaron a El Salvador antes de ser devueltos a Ecuador.

Alcance de las operaciones encubiertas de EE. UU.

El informe publicado el 13 de agosto por The Washington Post expuso que los ataques armados contra barcos pesqueros en aguas ecuatorianas formaron parte de un programa de acción encubierta, mecanismo secreto en el extranjero que cuenta con autorización presidencial y carece de reconocimiento oficial público.

El medio aclaró que este presunto despliegue de la CIA opera de forma independiente a la campaña antinarcóticos que EE. UU. ejecuta desde septiembre en el Caribe y el Pacífico, operativo militar que ha destruido decenas de lanchas sospechosas y deja un saldo de más de 200 personas fallecidas.

Lo que debes saber

• Nueva denuncia por robo de fármacos reaviva la crisis en el Hospital Teodoro Maldonado del IESS.
• Crímenes contra directivos y fiscales evidencian la violencia ligada a contratos hospitalarios.
• Expertos exigen pruebas judiciales y gestión integral frente a las mafias en la salud pública.

Durante años, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), una de las unidades médicas más importantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ha sido escenario recurrente de denuncias por irregularidades en compras públicas, problemas de desabastecimiento de medicinas, investigaciones por corrupción y hechos de violencia que han alcanzado incluso a funcionarios y operadores judiciales.

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Denuncia del IESS sobre sustracción de medicamentos

La reciente denuncia hecha por el presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez, sobre la presunta sustracción de medicamentos dentro del hospital, volvió a colocar a esta institución en el centro del debate. El funcionario aseguró que las autoridades están actuando contra “mafias” que intentarían provocar desabastecimiento de fármacos y anunció que existe una persona presuntamente involucrada en el hecho.

Sin embargo, hasta el momento no se han difundido identidades, órdenes judiciales ni detalles sobre la magnitud del supuesto robo. La denuncia se refiere a un incidente ocurrido el 14 de agosto de 2026 y fue divulgada públicamente un día después. El hospital permanece intervenido desde marzo de 2026, precisamente con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y custodia de medicamentos e insumos médicos.

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Pero la pregunta de fondo sigue abierta: si el hospital se encuentra bajo intervención estatal desde hace más de cinco meses, ¿cómo pudo producirse una nueva presunta sustracción de medicinas? Y más importante aún, ¿es suficiente atribuir los problemas de desabastecimiento exclusivamente a la acción de mafias?

Violencia e intimidación: los crímenes vinculados al hospital

Las sospechas sobre redes de corrupción dentro del Teodoro Maldonado no son nuevas. Tampoco lo es la violencia que ha rodeado a quienes han intentado intervenir o investigar presuntas irregularidades.

Asesinatos de funcionarios y operadores de justicia

El 28 de marzo de 2023 fue asesinada Nathaly López Borja, de 35 años, quien se desempeñaba como directora administrativa del hospital. Había permanecido alrededor de ocho meses en el cargo y, según distintas versiones del entorno, impulsaba procesos de transparencia en contrataciones, adquisiciones de insumos y compra de medicamentos.

López fue acribillada en la ciudadela La Pradera, en el sur de Guayaquil, poco después de salir de la casa de salud. Su muerte provocó conmoción porque ocurrió en medio de denuncias sobre la presencia de estructuras de corrupción que operaban alrededor de los contratos sanitarios.

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Menos de un año después, el 17 de enero de 2024, otro crimen sacudió al país. El fiscal César Suárez, quien había investigado casos relacionados con corrupción y delincuencia organizada, incluyendo procesos vinculados al Teodoro Maldonado, fue asesinado cuando se dirigía a una audiencia. El funcionario había reportado amenazas, pero no contaba con protección policial.

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A estos antecedentes se sumó el asesinato de Carlos Maruri Torres, jefe de Operaciones del hospital, quien fue atacado a tiros en marzo de 2026 en el sur de Guayaquil.

La sucesión de estos hechos ha contribuido a fortalecer la idea de que alrededor del hospital existen intereses económicos ilícitos suficientemente poderosos como para recurrir a la intimidación o la violencia. Sin embargo, más allá de las sospechas y declaraciones públicas, las investigaciones judiciales no han establecido una relación directa y definitiva que permita atribuir estos crímenes a una misma estructura criminal.

Análisis técnico y estructural de la crisis sanitaria

Para Gustavo Dávila, presidente de la Alianza Nacional por la Salud, el problema trasciende al Teodoro Maldonado y forma parte de una crisis estructural del sistema sanitario público. “Estos son actos que no son aislados en este hospital ni en todos los hospitales del IESS del país. La problemática de corrupción que dificulta el acceso y abastecimiento de medicamentos e insumos que requieren pacientes con patologías crónicas, catastróficas y raras viene arrastrándose desde hace varios años”, sostiene.

Dávila recuerda que en distintas ocasiones han aparecido denuncias sobre medicamentos caducados, fármacos almacenados irregularmente, productos falsificados y otros hechos que incluso han derivado en procesos judiciales. Consultado sobre la existencia de mafias enquistadas en hospitales públicos, el dirigente asegura que los pacientes son los primeros afectados por las irregularidades.

“Las mafias a las que hacen referencia no pasan por los pacientes a quienes nos debemos; somos los directamente afectados por un sistema sin acciones y que no es capaz de vencer estos problemas”, afirma.

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Gestión hospitalaria y rigor judicial

Las denuncias sobre robo de medicamentos suelen generar la idea de que esa es la causa de los problemas de abastecimiento. Sin embargo, especialistas advierten que el fenómeno es más complejo. Francisco Andino, exministro de Salud, considera que la solución no puede limitarse a controles policiales o intervenciones administrativas.

Según el experto, cualquier proceso de intervención debe estar acompañado por un modelo eficiente de gestión sanitaria que garantice planificación, seguimiento epidemiológico y estabilidad administrativa.

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Pedro Aguirre, experto en seguridad y crimen organizado, señala que cuando una institución acumula denuncias reiteradas de corrupción, pérdidas de insumos, amenazas y homicidios de funcionarios, resulta necesario investigar si existen redes que operan de forma permanente alrededor de los recursos públicos.

No obstante, advierte que desde una perspectiva técnica no basta con hablar de “mafias”. Para demostrar la existencia de una organización criminal se requieren investigaciones financieras, análisis patrimoniales, interceptaciones autorizadas judicialmente y sentencias que establezcan responsabilidades.

“La narrativa de las mafias puede describir una sospecha razonable, pero jurídicamente una estructura criminal debe probarse. Mientras no existan procesos concluidos y responsables identificados plenamente, las denuncias públicas seguirán generando dudas y explicaciones urgentes”, analiza.

Lo que se sabe

• El Ciifen prevé que las "temperaturas máximas estén por encima de lo
  normal", durante este trimestre, en países como Ecuador
• Las lluvias estarían "por debajo de lo normal" en regiones como la sierra
• La entidad elabora su pronóstico en base a datos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de seis países de la región

Entre agosto y octubre del 2026, las probabilidades de lluvia estarán "por debajo de lo normal" en la región sierra de Ecuador y otros puntos del norte del continente sudamericano, según el pronóstico del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen).

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Sin embargo, el organismo alertó que las probabilidades estarán "por encima de lo normal" en la región costa de Ecuador, Perú y Chile, así como en "partes de los Andes de Colombia y zonas puntuales en Bolivia y Venezuela".

En el caso de las temperaturas máximas, el Ciifen pronosticó que "estén por encima de lo normal" en Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, la cordillera de Bolivia y gran parte de Chile.

Así serían las lluvias en Sudamérica hasta octubre

El Ciifen, cuyo pronóstico se elabora en base a datos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de seis países, prevé este escenario para los siguientes meses:

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Sin embargo, necesita reunir aproximadamente $20.000 y hasta el momento solo ha conseguido $250. “Tengo muchas cosas por las que debo seguir adelante y quiero hacer todo lo posible para obtener esta oportunidad”, manifestó Gustavo.

El padre de familia explica que padece un condrosarcoma en la base del cráneo. La documentación proporcionada por la familia confirma la presencia de un tumor en el ángulo pontocerebeloso derecho.

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El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos explica que el condrosarcoma es un grupo poco frecuente de tumores óseos formados por células que producen cartílago.

Sus familiares relataron que acudieron a varios hospitales, pero no encontraron una opción para tratarlo dentro de Ecuador.

Después llegaron a un instituto de neurología, donde un especialista hizo estudios y envió los informes y resonancias a Estados Unidos, para determinar si Gustavo podía recibir un procedimiento especializado. Desde el extranjero determinaron que el quiteño es candidato para una sesión de radiocirugía con ZAP-X.

Se trata de un sistema de radiocirugía estereotáctica que dirige haces de radiación desde múltiples ángulos hacia la lesión, buscando concentrar la dosis en el objetivo, disminuyendo así la exposición del tejido sano cercano.

La agenda enviada a la familia ofrecía fechas hasta el 29 de octubre de 2026 y advertía que los cupos eran limitados. Para recibir el procedimiento, Gustavo tendría que llegar a Miami entre tres y cuatro días antes, permanecer aproximadamente de cinco a siete días y viajar acompañado.

Procedimiento costoso

El costo de la intervención asciende a $19.725. De ese monto, $9.840 corresponden a servicios hospitalarios y $9.885 a honorarios profesionales.

La familia fijó inicialmente una meta de $20.000. Hasta el momento han recaudado $250, equivalentes al 1,25 % de esa cantidad. Todavía necesitan conseguir al menos $19.750.

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Gustavo no cuenta con seguro médico. Antes de que su salud se deteriorara, se dedicaba a vender gelatinas con crema en restaurantes para mantener su hogar. Su esposa tuvo que dejar el trabajo para cuidarlo, de acuerdo con el relato familiar.

Uno de sus hijos se hizo conocido en redes sociales por ayudar a sus padres con la venta de gelatinas. Ahora el niño grabó un video para solicitar colaboración para el tratamiento de Gustavo.

El pequeño agregó otro pedido. Necesita cupo en una institución educativa, pues, según su familia, las dificultades provocadas por la enfermedad de su padre también interrumpieron sus estudios.

La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, confirmó en una entrevista con Radio Centro que el mandatario decidió acortar la gira oficial que inició en Asia el 16 de agosto de 2026. La modificación busca garantizar su presencia en los actos previstos para rendir honores y despedir al funcionario.

Sensi-Contugi y Hollihan fallecieron en un accidente aéreo ocurrido en Kenia. Tras conocerse la noticia, el Gobierno ecuatoriano expresó sus condolencias y comenzó a reorganizar las actividades internacionales del jefe de Estado.

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Noboa mantuvo reuniones oficiales en China

Antes de retornar al país, Noboa continuará con parte de los compromisos previstos en su agenda internacional. Este 21 de agosto de 2026, el presidente se reunió en Chengdú, capital de la provincia de Sichuan, con la gobernadora Shi Xiaolin y con Wang Xiaohui, representante del Gobierno chino.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron oportunidades para fortalecer los vínculos comerciales y diplomáticos entre Ecuador y esa provincia china. La visita a Chengdú forma parte de la estrategia del Ejecutivo para ampliar los mercados de los productos ecuatorianos y promover nuevas inversiones.

Previamente, el 18 de agosto de 2026, Noboa mantuvo una reunión bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. El encuentro permitió avanzar en acuerdos relacionados con cooperación, apertura comercial, inversiones, tecnología y energía renovable.

También se trataron mecanismos para acceder a recursos no reembolsables destinados a proyectos prioritarios en Ecuador. Estas reuniones formaron parte de la agenda que el Gobierno ecuatoriano había preparado para la gira presidencial por varios países asiáticos.

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La visita prevista a Vietnam fue cancelada

La delegación ecuatoriana mantendrá su visita a Singapur, debido a que ya había recibido una invitación de Estado. Una vez cumplidas las actividades previstas en ese país, el presidente adelantará su regreso a Ecuador.

En cambio, el tramo de la gira programado en Vietnam del 26 al 28 de agosto de 2026 fue cancelado definitivamente. Esta modificación permitirá que Noboa y las autoridades que lo acompañan lleguen a tiempo al país para participar en los actos organizados tras el fallecimiento de Michele Sensi-Contugi.

La Secretaría de Comunicación no precisó inicialmente la fecha y hora exactas del retorno del mandatario ni los detalles de los honores que se realizarán en Ecuador. Esa información deberá ser comunicada mediante la agenda oficial de la Presidencia.

Con el cambio, la gira presidencial concluirá antes de lo planificado inicialmente. El Ejecutivo mantendrá las actividades consideradas prioritarias en China y Singapur, pero dejará pendiente la visita a Vietnam para asegurar la presencia de Noboa en la despedida del director del Centro Nacional de Inteligencia.

Lo que debes saber

• Agentes municipales fueron agredidos durante operativos de control en el centro de Guayaquil. 
• Segura EP aseguró que algunos involucrados portaban armas blancas y que los uniformados aplicaron el uso progresivo de la fuerza.

Agentes municipales de Guayaquil fueron agredidos durante operativos de control del espacio y la vía pública realizados en el centro de la ciudad. 

Los hechos ocurrieron entre la tarde del jueves 20 y el viernes 21 de agosto, según la empresa pública municipal de seguridad, Segura EP.

La institución señaló que las agresiones estarían relacionadas con controles a vendedores informales. De acuerdo con su versión, durante los procedimientos algunas de las personas involucradas portaban armas blancas y atentaron contra la integridad física de los uniformados.

Segura EP difundió fotografías de los hechos a través de sus redes sociales y aseguró que los agentes municipales tuvieron que aplicar el uso progresivo de la fuerza para protegerse durante los incidentes.

La empresa pública municipal sostuvo que los uniformados actuaron ante situaciones que representaban un riesgo para su integridad.

“Dichas personas portaban armas blancas y atentaron físicamente contra la integridad de los uniformados, quienes debieron aplicar el uso progresivo de la fuerza para salvaguardar su seguridad”, detalló la institución.

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La entidad también reiteró que los controles forman parte de las acciones destinadas a mantener el orden público y hacer cumplir las ordenanzas municipales vigentes.

Segura EP agregó que estos procedimientos deben desarrollarse bajo el respeto de los derechos humanos y llamó a la ciudadanía a colaborar con el cumplimiento de las normativas.

Municipio de Guayaquil pide respeto para sus agentes

La institución manifestó su compromiso de mantener el orden público en Guayaquil y hacer cumplir las ordenanzas municipales, al tiempo que pidió a la ciudadanía mantener una convivencia pacífica.

“Reiteramos nuestro compromiso de mantener el orden público, en estricto apego a las ordenanzas municipales y al respeto de los derechos humanos”, señaló Segura EP.

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La empresa pública también hizo un llamado a los ciudadanos para que colaboren durante los operativos y respeten las disposiciones vigentes.

Finalmente, Segura EP manifestó que exige respeto hacia los agentes municipales que participan en este tipo de procedimientos.

Lo que debes saber

• Un ataque armado terminó con la vida del funcionario judicial José Luis Merchán Perero al llegar a la sede de la Fiscalía de Salinas.
• La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) advirtió que acudirá a instancias internacionales si el Estado no garantiza la protección debida.
• El gremio regional demandó una investigación penal exhaustiva e inmediata adopción de esquemas de protección efectiva para los funcionarios judiciales.

El asesinato del abogado José Luis Merchán Perero, secretario de la Fiscalía de Salinas asignado a la Unidad de Delitos Acuáticos, perpetrado el 17 de agosto de 2026 cuando arribaba en su vehículo a las instalaciones de la institución, encendió las alertas en la región sobre la vulnerabilidad que enfrentan los operadores de justicia y derivó en un reclamo formal de seguridad ante las autoridades ecuatorianas.

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La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) señaló que este atentado no corresponde a un suceso aislado, sino que forma parte de un patrón de agresiones mortales dirigidas contra fiscales, secretarios y personal judicial en el país.

De acuerdo con el pronunciamiento del organismo, la falta de políticas de protección integral por parte de las entidades competentes no solo vulnera la vida de los funcionarios, sino que compromete la independencia judicial y debilita el Estado de derecho frente al avance de las organizaciones delictivas.

Advertencia de acciones ante organismos internacionales

El gremio recordó a la Fiscalía General del Estado, a la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo de Ecuador la existencia de obligaciones internacionales que exigen garantizar la integridad de los miembros del Ministerio Público. En este sentido, citó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala y la Masacre de La Rochela vs. Colombia, donde se fijaron responsabilidades estatales por omitir salvaguardas a operadores de justicia.

Ante la falta de medidas preventivas, la organización advirtió que recurrirá a tribunales y mecanismos internacionales de derechos humanos para exigir la determinación de responsabilidades por inacción estatal. Asimismo, el caso fue remitido formalmente a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite.

Ecuador

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Joffre Lino

Exigencias urgentes al Estado ecuatoriano

Frente a la situación de riesgo que atraviesan los funcionarios en el país, la FLF —representada por su presidente, Willian M. Rosa, y su secretaria general, Susana Pernas— formuló dos requerimientos específicos:

La organización regional, integrada por colegios y asociaciones fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, puso a disposición asistencia técnica basada en los Estándares de Seguridad para Fiscales y sus Familias (IAP, Helsinki 2008) y la Declaración de San José de 2024 para estructurar protocolos de protección.

Ecuador

Asesinato de José Luis Merchán: tres detenidos y una orden desde la Penitenciaría

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Investigación del caso avanza

Anderson Muñoz, alias Guayaco; Francisco León y Anny Crespo son los tres aprehendidos que estarían vinculados con el crimen del abogado José Luis Merchán Perero, secretario de la Fiscalía de Salinas en el área de Delitos Acuáticos.

La detención de los sospechosos, quienes recibieron prisión preventiva durante la audiencia de flagrancia, se produjo en un inmueble de caña ubicado en la zona de Montañita, donde presuntamente residían.

El movimiento telúrico fue registrado por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) con una magnitud de 6,8 y tuvo su origen en el centro de Perú. Tras analizar el evento, el organismo determinó que no reunía las condiciones para generar un tsunami que afectara a Ecuador.

La evaluación es importante porque un terremoto fuerte no necesariamente desencadena un tsunami. La ubicación del epicentro, la profundidad, el mecanismo de ruptura y la capacidad del movimiento para desplazar el fondo marino son algunos de los factores que determinan si puede producirse este fenómeno.

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Inocar descartó una amenaza de tsunami para Ecuador

Tras el terremoto en Perú, Inocar realizó la evaluación correspondiente para establecer si existía algún peligro para las costas ecuatorianas. El organismo mantiene un sistema permanente de vigilancia de eventos sísmicos potencialmente capaces de generar tsunamis en la cuenca del Pacífico.

Para este monitoreo, la institución utiliza información de redes sismológicas nacionales e internacionales, estaciones que registran variaciones del nivel del mar y boyas especializadas para detectar el paso de tsunamis en aguas profundas.

En el caso del terremoto de Perú, las características del evento permitieron descartar una amenaza para la costa continental y la región insular de Ecuador.

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¿Qué características debe tener un terremoto para provocar un tsunami?

La magnitud por sí sola no determina si un terremoto provocará un tsunami. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), para que exista un mayor potencial de generación el sismo debe ocurrir bajo el mar, ser relativamente superficial y producir un desplazamiento significativo del fondo oceánico.

El tipo de falla también importa. Los terremotos asociados a fallas inversas tienen una mayor capacidad de generar tsunamis porque pueden producir un desplazamiento vertical del lecho marino.

Como referencia general, el USGS establece los siguientes rangos:

Estos rangos son orientativos y no significan que alcanzar determinada magnitud genere automáticamente un tsunami.

¿Qué zonas de Ecuador tienen mayor exposición a un tsunami?

Ecuador se encuentra frente al océano Pacífico, una región con una importante actividad sísmica y antecedentes de tsunamis. Por ello, las poblaciones ubicadas en zonas bajas y próximas al litoral están expuestas a este tipo de amenaza.

Un escenario de tsunami de origen cercano contemplado en la planificación nacional identifica posibles afectaciones principalmente en cantones costeros de Esmeraldas y Manabí. Entre ellos constan San Lorenzo, Eloy Alfaro, Ríoverde, Esmeraldas, Atacames y Muisne; así como Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, Portoviejo, Jaramijó y Manta. El escenario contempla además posibles impactos de menor severidad en otras zonas.

El riesgo tampoco es únicamente teórico. Ecuador registra antecedentes históricos de tsunamis. El terremoto de 1906, de magnitud estimada en 8,8, produjo olas destructivas en sectores bajos de la costa norte, mientras que un evento de magnitud 7,5 ocurrido en 1953, cerca de la frontera con Perú, afectó zonas del sur de Ecuador y del territorio peruano.

Inocar cuenta además con mapas de inundación por tsunami para distintas localidades costeras, herramientas que permiten identificar las áreas susceptibles de inundación y planificar rutas de evacuación.

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¿Cómo reconocer las señales de un posible tsunami?

Cuando el tsunami tiene un origen cercano, esperar una alerta oficial antes de actuar puede reducir el tiempo disponible para ponerse a salvo. Un terremoto fuerte o prolongado cerca de la costa constituye una de las principales señales naturales de advertencia.

Otro indicio puede ser un cambio inusual y repentino en el nivel del mar, incluido un retiro significativo del agua. Ante estas señales, las personas que se encuentren en áreas costeras deben dirigirse hacia las rutas y zonas seguras establecidas por las autoridades.

La planificación es especialmente importante en sectores bajos y próximos al mar. El manual técnico ecuatoriano para elaborar planes de evacuación considera tanto la altura sobre el nivel del mar como la distancia respecto de la costa para establecer los niveles de peligro por tsunami.

¿Qué hacer ante una amenaza de tsunami?

Las autoridades recomiendan conocer previamente las rutas de evacuación y zonas seguras de la localidad. En caso de sentir un terremoto fuerte en una zona costera, la prioridad debe ser alejarse del litoral y dirigirse hacia áreas establecidas como seguras.

También es recomendable realizar ejercicios de evacuación en familia y calcular cuánto tiempo tomaría alcanzar una zona segura. La preparación resulta especialmente relevante frente a tsunamis de origen cercano, cuando el margen para reaccionar puede ser reducido.

Ecuador mantiene vigilancia permanente de este tipo de eventos. Inocar opera sistemas de monitoreo sísmico y del nivel del mar para evaluar posibles amenazas y emitir los respectivos boletines ante terremotos registrados en la cuenca del Pacífico.

Este viernes 21 de agosto de 2026, durante una entrevista en Contacto Directo, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, expuso los principales hallazgos de una investigación de la organización basada en más de 60 entrevistas, documentos médicos, investigación forense, videos e imágenes satelitales.

El análisis comprende al menos cuatro operaciones: una desarrollada en San Martín, en la provincia de Sucumbíos, y otras tres cerca de las costas de Galápagos. Según Goebertus, los casos plantean interrogantes sobre la inteligencia utilizada, el alcance de la participación estadounidense y los mecanismos existentes para investigar posibles abusos.

“Este es un informe basado en más de 60 entrevistas corroboradas con documentos médicos, investigación forense, verificación de videos, imágenes satelitales que nos permite evaluar al menos cuatro operaciones”, explicó.

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HRW pone la mirada sobre la operación en San Martín

Uno de los episodios en los que se concentra la investigación ocurrió en San Martín, en el norte de Ecuador y cerca de la frontera con Colombia.

Goebertus sostuvo que tanto autoridades ecuatorianas como estadounidenses han reconocido que se trató de una operación conjunta. Sin embargo, aseguró que todavía existen vacíos respecto de cuál fue exactamente el papel desempeñado por Estados Unidos.

“Sin duda hay opacidad. Sabemos por ambos gobiernos, por ejemplo en el caso de la operación de San Martín (...) que fue una operación conjunta”, señaló.

Según la directora de HRW, durante esa intervención fueron bombardeadas tres propiedades, dos de ellas resultaron incendiadas y cuatro personas fueron detenidas. La organización sostiene que posteriormente estas personas fueron torturadas en una instalación militar ecuatoriana.

“El general Donovan en Estados Unidos dijo que habían observado directamente la implementación de la operación, pero no sabemos exactamente en qué consistió esa colaboración de Estados Unidos”, afirmó Goebertus.

La representante de HRW aseguró que existen elementos que apuntan al uso de recursos estadounidenses, aunque señaló que todavía no se ha determinado con claridad para qué fueron empleados.

“Por la información que tenemos se corrobora que no solo ambos países narraron esto como una operación conjunta, sino que resultó en violaciones a derechos humanos”, sostuvo.

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El acceso a información, otro punto cuestionado

Para Goebertus, uno de los problemas para establecer responsabilidades está en el acceso que tienen las instituciones encargadas de investigar estos casos a la información de las operaciones.

La directora aseguró que la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo han reportado dificultades para acceder a documentación en poder del Gobierno.

“Es entendible, por supuesto, que en un contexto de despliegue de operaciones de seguridad haya información reservada, pero esa información no puede ser restringida para quienes están encargados de investigar esos hechos”, enfatizó.

Por ello, planteó que las autoridades responsables de investigar, juzgar y sancionar posibles delitos deben contar con la información necesaria para determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades.

Goebertus indicó además que el debate ha llegado a Estados Unidos y aseguró que miembros del Congreso estadounidense han solicitado explicaciones a su Gobierno sobre estos hechos.

“Hay cartas desde el Congreso de Estados Unidos haciéndole el llamado al Gobierno de Estados Unidos a investigar estos hechos”, manifestó.

La organización también ha mantenido reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según Goebertus, el organismo se encuentra estudiando medidas cautelares relacionadas con el caso de San Martín.

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Eran criminales? HRW cuestiona esa premisa

Goebertus reconoció que el deterioro de la seguridad en Ecuador genera una demanda ciudadana por respuestas contundentes contra las organizaciones criminales.

“Por supuesto que la gente tiene derecho a demandar que haya seguridad. El Gobierno ecuatoriano tiene una obligación de protegerles frente a las amenazas del crimen organizado”, afirmó.

Sin embargo, cuestionó que las posibles afectaciones a civiles sean justificadas bajo la premisa de que quienes fueron objeto de las operaciones necesariamente pertenecían a organizaciones delictivas.

Según Goebertus, HRW revisó los antecedentes de las personas involucradas en los casos analizados y no encontró elementos que permitieran concluir que estuvieran vinculadas con el narcotráfico o el crimen organizado.

“No tenemos ningún elemento para pensar que estas personas fueran criminales. No tenían antecedentes penales por narcotráfico ni por crimen organizado”, aseguró.

La directora también se refirió a la propiedad intervenida en San Martín y rechazó que se tratara de un centro de entrenamiento.

“No es cierto que la finca en San Martín fuera un campamento de entrenamiento, era una finca lechera y las otras dos propiedades eran fincas abandonadas”, sostuvo.

Goebertus explicó que HRW contrastó esta afirmación mediante imágenes satelitales, la revisión de las instalaciones de la propiedad y registros relacionados con la compra y venta de productos.

Goebertus habla de “mala inteligencia”

A partir de esos hallazgos, Goebertus planteó uno de sus cuestionamientos más fuertes sobre las operaciones: la posibilidad de que se hayan destinado recursos importantes a intervenciones sustentadas en información de inteligencia incorrecta.

“De mínimo, aquí hay un uso de recursos muy importantes del Gobierno de Estados Unidos y del Gobierno de Ecuador con mala inteligencia, no para combatir al crimen organizado, sino para terminar afectando a población civil”, afirmó.

Para la directora de HRW, combatir al crimen organizado no debería implicar una elección entre garantizar seguridad o respetar los derechos fundamentales.

“Tiene que haber políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos y para eso hay que fortalecer la justicia”, manifestó.

Goebertus también cuestionó las actuaciones del Gobierno de Daniel Noboa frente al sistema judicial y sostuvo que el camino para combatir a las organizaciones criminales debería pasar por fortalecer las capacidades estatales para investigar y llevar los casos ante la justicia.

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Los casos de Galápagos y la conexión con la CIA

Además del operativo en Sucumbíos, Human Rights Watch documentó tres casos relacionados con embarcaciones pesqueras ecuatorianas cerca de Galápagos: Fiorella, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, ocurridos entre enero y marzo de 2026. 

El Fiorella desapareció con ocho de sus tripulantes, mientras que sobrevivientes de las otras dos embarcaciones denunciaron que fueron atacados con drones armados. HRW registró al menos cuatro tripulantes gravemente heridos.

Durante la entrevista, Juanita Goebertus explicó que estos episodios forman parte de las cuatro operaciones examinadas por la organización. 

Cuando HRW publicó su investigación, indicó que los drones eran de origen desconocido y planteó interrogantes sobre una posible participación o conocimiento de autoridades estadounidenses. Posteriormente, una investigación de The Washington Post vinculó estos episodios con un programa encubierto de la CIA contra el narcotráfico.

Goebertus sostuvo que todavía existen interrogantes sobre las responsabilidades detrás de estas operaciones y señaló que podrían abrirse vías legales fuera del país. “Estos son hechos, en el caso de las embarcaciones, que podrían litigarse también en Estados Unidos y hay exploraciones en ese sentido”, afirmó.

HRW cuestiona dónde se concentran los esfuerzos contra el crimen organizado

Goebertus aclaró que Human Rights Watch no cuestiona la cooperación entre Ecuador, Estados Unidos y otros países de la región para combatir al crimen organizado. Por el contrario, consideró que podría resultar clave para perseguir las estructuras financieras y logísticas que sostienen a estos grupos.

“Colaborar entre los países de la región para, por ejemplo, investigar conjuntamente, perseguir penalmente lavado de activos, las redes de corrupción, el tráfico de armas, el reclutamiento de menores sería importantísimo y, si Estados Unidos participara allí, bienvenido”, señaló.

Sin embargo, cuestionó que los esfuerzos actuales estén concentrados en operaciones que, según la investigación de HRW, han presentado problemas en la información de inteligencia utilizada y en el empleo de la fuerza.

“El problema es que eso no es lo que está pasando. Estamos teniendo operaciones con mala inteligencia, mal uso de la fuerza, que resultan en violaciones a derechos humanos y que nada reducen la criminalidad organizada”, afirmó.

La directora de la División de las Américas de HRW también puso la mirada sobre los recursos con los que cuentan las instituciones ecuatorianas para seguir la ruta financiera de las organizaciones criminales.

Según relató durante la entrevista, tras conversaciones mantenidas con funcionarios de la Fiscalía conoció que la unidad especializada en crimen organizado dispondría de un solo analista financiero en materia de lavado de activos para todo Ecuador. Además, afirmó que el país tendría apenas tres fiscales dedicados a la lucha contra la corrupción.

“Ese no es el diseño institucional si uno quiere ser efectivo contra el crimen organizado”, cuestionó Goebertus.

Su planteamiento apunta a que la cooperación internacional debería reforzar no solo las operaciones de seguridad, sino también las capacidades de investigación financiera, judicialización de redes de corrupción, persecución del lavado de activos y tráfico de armas, áreas que considera fundamentales para atacar la estructura del crimen organizado.