• Ana Chóez pidió una sesión urgente de la Comisión de Acción Social para revisar las medidas de Guayaquil ante El Niño 2026-2027.
• La concejala también solicitó información sobre brechas, recursos y mecanismos de seguimiento.

La concejala de Guayaquil Ana Chóez solicitó este jueves 24 de septiembre que se convoque con carácter urgente a la Comisión de Acción Social del Municipio para conocer las medidas previstas ante el Fenómeno de El Niño 2026-2027.

El pedido fue dirigido a Blanca López, presidenta de la Comisión de Acción Social, y a la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, después de la sesión del Concejo Cantonal de este jueves.

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En el documento, Chóez señala que busca conocer de manera detallada, documentada y verificable las acciones municipales destinadas a prevenir, mitigar y atender las posibles consecuencias sociales y humanitarias relacionadas con el fenómeno climático.

La concejala sostiene que la solicitud cobra importancia porque la propia Administración Municipal ha informado que el COE Cantonal está activo y existen mesas técnicas de trabajo frente al escenario de El Niño.

Según el planteamiento de Chóez, esas acciones abarcan áreas como salud, infraestructura, servicios básicos, gestión de riesgos y asistencia a la ciudadanía.

Chóez cuestiona que la Comisión de Acción Social no sesione

La concejala considera que la Comisión de Acción Social debe conocer y analizar esta información antes de que ocurra una eventual emergencia.

En su documento afirma que la responsabilidad de la comisión no puede limitarse a conocer los resultados después de una emergencia.

Chóez también señala una situación institucional que considera relevante: asegura que, desde la instalación de la actual Comisión de Acción Social en 2023, esta ha sesionado únicamente en una ocasión.

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Actualmente, la Comisión de Acción Social está integrada por Blanca López, Emily Vera y Ana Chóez, de acuerdo con la información publicada por el Municipio de Guayaquil.

La concejala pidió que funcionarios, directores, gerentes y responsables de las empresas públicas municipales vinculados con las áreas señaladas comparezcan ante la comisión para explicar la planificación y las medidas previstas.

Estos son los cinco pedidos de Ana Chóez

En el documento presentado a las autoridades municipales, Chóez plantea cinco solicitudes:

Chóez sostiene que no sería coherente que las mesas técnicas del COE estén activas mientras la Comisión de Acción Social permanece sin sesionar para conocer las medidas que podrían afectar directamente a la población que requiere atención y protección.

La concejala dejó el Partido Social Cristiano (PSC) en junio de 2026 y actualmente se declara independiente.

Por su parte, este jueves 24 de septiembre, durante la sesión 191 del Concejo Cantonal, Tatiana Coronel aseguró que la administración municipal mantiene un plan de acción y que continuará al frente de sus funciones.

Lo que debes saber

• Ecuador plantea en 2026 operar desde Taura; expertos cuestionan el alcance de la cooperación extranjera.
• Militares extranjeros podrían usar Taura, en Guayas; persisten dudas sobre mando y permanencia.
• La Base de Taura busca combatir el narcotráfico, pero reabre el debate constitucional en Ecuador.

La propuesta de concentrar en la Base Aérea de Taura las operaciones de cooperación militar de Ecuador con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea coloca a Guayaquil y sus puertos en el centro de una nueva estrategia contra el narcotráfico.

El presidente Daniel Noboa planteó el 22 de septiembre de 2026 que Taura sea el punto desde el cual se desarrollen actividades de cooperación internacional en materia de seguridad. La instalación se encuentra en el cantón Naranjal, en Guayas, a unos 45 minutos de Guayaquil, y dispone de una pista principal de más de 3.040 metros, una pista alterna, unidades de artillería antiaérea y tecnología para el monitoreo de aeronaves.

Noboa explicó que la intención es trasladar hacia Taura parte de las actividades que se realizan cerca del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde las operaciones militares coinciden con la aviación civil y comercial. Sin embargo, no detalló qué unidades extranjeras participarían, durante cuánto tiempo permanecerían, qué equipos serían desplegados ni quién tendría el control operativo de cada misión.

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Esas preguntas son determinantes. La denominación de “cooperación” no resuelve por sí sola si la presencia de personal, aeronaves o sistemas extranjeros se ajusta a la Constitución. La naturaleza jurídica dependerá de elementos concretos: el mando, la permanencia, el control de la infraestructura, la autonomía para planificar misiones y la capacidad de las autoridades ecuatorianas para supervisarlas.

Una plataforma para vigilar el Golfo de Guayaquil

Taura tiene una posición estratégica por su cercanía con Guayaquil, el río Guayas, los puertos y las rutas que conectan Guayas con El Oro, Los Ríos y Cañar. Desde allí podrían ejecutarse vuelos de reconocimiento, vigilancia de embarcaciones sospechosas y seguimiento de aeronaves clandestinas que operan en las cadenas logísticas del narcotráfico.

La pista fue construida para recibir aviones supersónicos y el complejo ofrece condiciones para operaciones aéreas de mayor alcance. Al tratarse de una instalación exclusivamente militar, a diferencia de la Base Simón Bolívar de Guayaquil, también proporciona más espacio, protección perimetral y separación frente al tráfico comercial.

Para Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la proximidad de Taura con la vía que conecta el río Guayas con el mar abierto permitiría ampliar la vigilancia sobre zonas donde se han detectado casos de contaminación de cargamentos.

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“Desde la Base de Taura se permite un control bastante extenso de toda la costa ecuatoriana”, sostiene Pérez. A su criterio, su ubicación facilitaría el seguimiento y la persecución aérea de actividades ilícitas, además de ejercer un efecto disuasivo sobre organizaciones criminales que operan en Guayaquil y sus alrededores.

Ese efecto, no obstante, no sería automático. La vigilancia aérea puede mejorar la detección de vuelos o embarcaciones, pero no sustituye las labores de inteligencia financiera, control portuario, depuración institucional, investigación penal y judicialización. 

El límite fijado por el artículo 5

La principal barrera jurídica está en el artículo 5 de la Constitución, que declara al Ecuador territorio de paz. La norma prohíbe establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y entregar bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad de otros países.

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El debate, por tanto, no se limita a establecer si en Taura habrá una bandera extranjera o una instalación formalmente separada. También comprende quién controlará la base, bajo qué mando actuarán los militares extranjeros, si podrán iniciar operaciones autónomas y si permanecerán de manera estable dentro del complejo.

El experto en seguridad Jean Paul señala que el artículo 5 continúa vigente y que su alcance comprende la utilización de instalaciones ecuatorianas por fuerzas extranjeras. “No solamente es hacer o tener bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Es que los militares extranjeros puedan operar en bases nacionales”, afirma.

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Según su análisis, aeronaves de otros países podrían ingresar dentro de mecanismos de cooperación, realizar actividades coordinadas y luego retirarse. El conflicto constitucional aparecería si las tripulaciones se instalan permanentemente, pernoctan de manera regular, controlan espacios dentro del recinto o realizan misiones con autonomía respecto del mando ecuatoriano.

El SOFA regula la presencia, pero no elimina la prohibición

Ecuador y Estados Unidos cuentan con un Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas, conocido como SOFA. En enero de 2024, la Corte Constitucional concluyó que ese instrumento no requería aprobación de la Asamblea Nacional porque no se encontraba dentro de los supuestos establecidos en el artículo 419 de la Constitución.

El convenio regula aspectos como la entrada y salida de personal estadounidense, la movilidad de aeronaves, buques y vehículos, y el acceso a instalaciones mutuamente acordadas. 

En la práctica, el SOFA proporciona un marco para la presencia temporal y las actividades acordadas, pero no equivale a una autorización para que Estados Unidos controle una base ecuatoriana. Tampoco despeja por completo qué significa una operación temporal cuando no se han divulgado plazos, número de efectivos, frecuencia de los despliegues o reglas de mando.

Luis Altamirano, excomandante del Ejército, considera que cualquier base aérea de la Costa puede servir para operaciones de exploración aeromarítima y control del tráfico aéreo. El problema, advierte, es que no se conoce la envergadura de lo planificado para Taura.

“Si eso significará albergar tripulaciones, equipo de apoyo o, en la práctica, basarse en un concepto de temporalidad que no está definido, no lo sabemos”, señala. Para Altamirano, seis meses, un año o dos años pueden recibir la calificación de temporales, pero producir efectos distintos sobre el control de la instalación.

El exjefe militar agrega que la cooperación no debería estar vinculada con operaciones bélicas ni realizarse en el límite de lo permitido por la Constitución. “Debiera haber una mayor transparencia”, sostiene, al cuestionar que se invoque la seguridad nacional para restringir información necesaria para el control público.

Manta: el precedente que condiciona la discusión

Entre 1999 y 2009, Estados Unidos operó desde la Base de Manta un puesto avanzado para tareas de detección y monitoreo del narcotráfico. La experiencia se convirtió en el principal antecedente para evaluar cualquier presencia militar extranjera en instalaciones ecuatorianas.

Diego Pérez recuerda que en Manta la operación estaba a cargo de Estados Unidos, una diferencia que obliga a esclarecer cómo se estructuraría el esquema de Taura. Si Ecuador conserva el mando y la administración, el modelo podría ser presentado como asistencia técnica y operativa. Si un socio extranjero controla personal, equipos, inteligencia y misiones, el diseño se aproximaría al precedente mantense.

El cierre del puesto de Manta estuvo seguido por la Constitución de 2008, que incorporó expresamente la prohibición del artículo 5. Más recientemente, en el referéndum del 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos rechazaron la posibilidad de eliminar esa restricción. El resultado mantuvo vigente el impedimento para establecer bases militares extranjeras, aunque no cerró otras modalidades de cooperación internacional.

Para Pérez, Taura podría generar presión y desincentivos sobre organizaciones criminales, como ocurrió en determinados momentos alrededor de Manta. Pero advierte que no es responsable presentar una instalación militar como solución suficiente para la crisis de seguridad.

Las economías ilegales ya están integradas en actividades comerciales, logísticas y financieras lícitas. Por ello, una mayor capacidad aérea puede afectar rutas específicas, pero no desarticular por sí sola las redes de lavado de activos, corrupción portuaria, tráfico de armas y protección institucional que sostienen al crimen organizado.

Mando ecuatoriano o autonomía extranjera

La discusión adquirió mayor intensidad después de que trascendieran cuestionamientos sobre “vuelos de apoyo temporales” de Estados Unidos y la necesidad de preservar el control ecuatoriano de Taura. 

¿Qué cambiaría para Guayaquil?

Para Guayaquil, una operación de vigilancia desde Taura podría aumentar el monitoreo de los accesos marítimos, los puertos y las rutas aéreas clandestinas. También permitiría alejar parte de la actividad militar extranjera del aeropuerto comercial de la ciudad y reducir la interferencia entre operaciones civiles y de seguridad.

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El posible efecto sobre la violencia urbana es menos directo. Detectar una embarcación o seguir una avioneta no neutraliza necesariamente a las estructuras responsables de extorsiones, secuestros, asesinatos o control territorial. La cooperación tendría que conectarse con unidades investigativas, Fiscalía, Policía, Aduana, autoridades portuarias y sistemas judiciales capaces de procesar la información obtenida.

Una mayor presión en Guayaquil también podría desplazar las rutas del narcotráfico hacia otros puertos, zonas rurales o corredores amazónicos. 

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La información que aún falta

Hasta ahora no se ha presentado un documento público que precise el diseño operativo de Taura. Tampoco se conocen los protocolos de mando, el número de militares extranjeros, el tiempo de permanencia, las aeronaves previstas, las áreas que utilizarían o las reglas para compartir inteligencia.

La participación de Ecuador en la iniciativa Escudo de las Américas amplía el contexto político de la cooperación. El país integró en marzo de 2026 una coalición regional promovida para enfrentar al crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo y otras economías ilegales. Sin embargo, pertenecer a esa plataforma no sustituye la necesidad de instrumentos jurídicos específicos ni modifica las prohibiciones constitucionales ecuatorianas.

Taura ofrece ventajas operativas evidentes por su pista, su ubicación y su cercanía al principal sistema portuario del país. El punto todavía irresuelto es si se convertirá en una base ecuatoriana reforzada por cooperación extranjera o en una instalación nacional desde la cual fuerzas de otros países dispondrán de autonomía operativa.

El proyecto reúne en un solo cuerpo legal disposiciones de la Ley de Aviación Civil y el Código Aeronáutico, cuyas codificaciones datan de 2007. Sus promotores sostienen que el marco vigente debe actualizarse para responder a cambios en las operaciones aéreas, la tecnología y la organización institucional del sector.

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¿Qué cambia en la administración de la aviación civil?

Entre los cambios institucionales consta la eliminación del Consejo Nacional de Aviación Civil. La rectoría de la política aeronáutica pasaría al Ministerio de Infraestructura y Transporte, mientras que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) conservaría su función como autoridad técnica. La propuesta también fortalece las facultades de vigilancia de la DGAC y el régimen de infracciones y sanciones aplicable a los actores del sector.

Otro eje es la regulación de las aeronaves no tripuladas o drones. Según el texto explicado durante el trámite legislativo, los aparatos de 250 gramos o más deberán registrarse ante la autoridad aeronáutica. El objetivo es facilitar su identificación y seguimiento. La legisladora oficialista Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, vinculó esta medida con la necesidad de controlar el uso de drones en actividades ilícitas.

La propuesta contempla, además, un régimen de control para estas aeronaves y la posibilidad de incautarlas en casos de flagrancia, conforme a la legislación aplicable. También prevé restricciones de vuelo en zonas sensibles, entre ellas aeropuertos, áreas militares y centros de rehabilitación social.

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Aeropuertos, inversión privada y cielos abiertos

El proyecto abre la posibilidad de delegar la gestión de infraestructura aeroportuaria y atraer inversión privada. Centeno defendió la medida como una vía para aumentar rutas y frecuencias, y afirmó que la participación de empresas no implica vender los aeropuertos ni entregar al sector privado la rectoría y el control estatal. La propuesta también permite que los contratos de delegación vigentes se renegocien de común acuerdo durante los cinco años posteriores a la publicación de la ley, bajo las condiciones previstas en el texto.

Este punto concentró parte de las objeciones en el Pleno. Legisladores de Revolución Ciudadana cuestionaron el alcance de la gestión privada. Desde el PSC, se criticó una disposición que exigiría a los municipios con competencias aeroportuarias suscribir un acuerdo de gestión concurrente con el Gobierno central para continuar prestando el servicio. Se trata de observaciones de la oposición frente al alcance que tendría el proyecto.

La iniciativa incorpora, asimismo, una política de cielos abiertos con la que sus impulsores esperan facilitar el ingreso de nuevas aerolíneas y aumentar la competencia. También plantea flexibilizar requisitos para operar vuelos nacionales: las compañías podrían estar domiciliadas en Ecuador sin necesidad de constituirse en el país, y sus tripulaciones podrían incluir personal ecuatoriano y extranjero.

Centeno sostuvo que más operadores podrían mejorar la conectividad aérea. Sin embargo, una reducción del precio de los pasajes es una expectativa de los promotores, no un efecto garantizado por la aprobación del proyecto. El siguiente paso del trámite determinará el texto que finalmente entre en vigor.

Lo que debes saber

• Soledad Diab respaldó a Tatiana Coronel durante la sesión del Concejo de Guayaquil y cuestionó los ataques que, según la concejala, enfrenta la alcaldesa subrogante en redes sociales. 
• Coronel también respondió durante la sesión.

Soledad Diab respaldó a Tatiana Coronel durante la sesión del Concejo Cantonal de Guayaquil de este jueves 24 de septiembre y cuestionó los ataques y la campaña de difamación que, según la concejala, enfrenta la alcaldesa subrogante en redes sociales.

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Diab, quien llegó al Concejo de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC) y actualmente se declara independiente, tomó unos minutos de la sesión para dirigirse a los concejales, trabajadores municipales y ciudadanos presentes en el Salón de la Ciudad.

La concejala sostuvo que las elecciones no se ganan atacando o destruyendo a quien piensa diferente, sino con propuestas, trabajo y demostrando capacidad para servir a la ciudadanía.

Aunque Tatiana Coronel no es candidata a un cargo público para las próximas elecciones seccionales, Diab le expresó públicamente su respaldo. La concejala también ha sido vista anteriormente junto a Coronel y el alcalde Aquiles Álvarez en recorridos relacionados con la gestión municipal.

Soledad Diab pidió un aplauso para Coronel

Durante su intervención, Diab sostuvo que los resultados de la gestión de Coronel deben ser los que hablen por ella y calificó al resto de señalamientos como “ruido”.

Antes de terminar su intervención, Diab pidió un aplauso para Tatiana Coronel en plena sesión del Concejo.

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La concejala no fue la única en intervenir. Fabián Espín también tomó el micrófono y expresó su respaldo a Tatiana Coronel. 

La funcionaria agradeció las muestras de apoyo y se refirió a los cuestionamientos que ha recibido durante su gestión al frente del Municipio de Guayaquil.

Coronel: “Yo me he quedado aquí dando la cara”

En su intervención, Coronel afirmó que los ataques no necesariamente provienen de las personas que la ciudadanía podría imaginar.

“Yo me he quedado aquí dando la cara y aquí voy a estar”, manifestó la alcaldesa subrogante durante la sesión, de acuerdo con lo reportado este jueves.

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Tatiana Coronel: “Yo me he quedado aquí dando la cara y aquí voy a estar”

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La frase de Coronel se produjo después de que señalara que algunos de los cuestionamientos provienen de personas que “prefirieron no estar aquí dando la cara”.

La alcaldesa subrogante no identificó públicamente a quiénes se refería con esa declaración.

Luego de las intervenciones y pronunciamientos de respaldo a Coronel, la sesión del Concejo Cantonal de Guayaquil continuó con el tratamiento de los puntos previstos.

La jornada de este jueves estuvo marcada así por los pronunciamientos de respaldo a Coronel y por las referencias a los cuestionamientos que ha recibido durante su gestión.

Lo que se sabe 

• Costa: Esmeraldas tendrá lluvias durante todo el día; Guayaquil, Santo Domingo y Quevedo tendrán precipitaciones en distintos momentos.
• Sierra: Quito y otras cinco ciudades tendrán lluvias principalmente durante la tarde.
• Radiación UV: Los niveles serán altos y muy altos, por lo que se recomienda reducir la exposición directa al sol entre las 10:00 y 15:00.

Este jueves 24 de septiembre de 2026, el clima será variable en varias zonas de Ecuador. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica lluvias en diferentes momentos del día, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán considerar posibles precipitaciones.

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Así lloverá en la Costa

En la Costa, las lluvias alcanzarán a seis ciudades. Esmeraldas tendrá precipitaciones durante todo el día, mientras que en Santo Domingo, Quevedo y Guayaquil se esperan lluvias durante la madrugada, la tarde y la noche. 

En Santa Rosa lloverá por la tarde y noche, y en Manta las precipitaciones se concentrarán en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 22,5 °C y 35 °C.

La Sierra tendrá lluvias aisladas

En la Sierra, el Inamhi prevé lluvias aisladas en seis localidades. Guaranda tendrá precipitaciones durante todo el día; mientras que en Tulcán, Quito, Riobamba, Cuenca y Loja se esperan lluvias principalmente durante la tarde. La temperatura máxima será de 26 °C y la mínima llegará a 6 °C.

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En el Oriente también se esperan lluvias

La Amazonía también tendrá lluvias en siete localidades. En Nueva Loja se esperan durante la madrugada y la noche; en Macas, por la tarde y noche; y en El Coca, Tena, Shell-Mera, Gualaquiza y Zamora, durante la tarde. Las temperaturas estarán entre 18 °C y 36 °C.

En Galápagos se prevén lluvias aisladas

En Galápagos, el cielo estará variable y se esperan lluvias aisladas. San Cristóbal e Isabela tendrán precipitaciones durante la madrugada y la mañana, mientras que en Santa Cruz se prevén únicamente durante la madrugada. Las temperaturas alcanzarán hasta 33 °C.

Además de las lluvias, el Inamhi advierte que los niveles de radiación ultravioleta serán altos y muy altos en las distintas regiones. La recomendación es evitar la exposición solar directa y prolongada entre las 10:00 y las 15:00, especialmente en las zonas con mayor radiación.

Lo que se sabe

• El operativo empezó a las 01:30 en el sector Las Garzas en la parroquia Colonche.
• Los seis detenidos están a la espera de la audiencia de flagrancia.
• Hay alarma en los pobladores de la parroquia Colonche por lo sucedido. 

Cerca de media tonelada de droga estaba escondida dentro de una chanchera en una finca del sector Las Garzas, perteneciente a la comuna Las Balsas, al noroeste de la parroquia Colonche, en Santa Elena. El cargamento fue descubierto durante un operativo ejecutado la madrugada de este jueves por efectivos del Ejército Ecuatoriano y de la Policía Nacional.

La intervención comenzó alrededor de la 01:30 de este 24 de septiembre, luego de labores de inteligencia e investigación que llevaron a los uniformados hasta el inmueble. Durante la inspección encontraron 17 sacos de yute negros que contenían cientos de bloques rectangulares de clorhidrato de cocaína, según el informe policial.

Los paquetes estaban envueltos con cinta de embalaje y llevaban la inscripción numérica “5:55” en la parte central. Este elemento será analizado dentro de las investigaciones para determinar si guarda relación con alguna estructura dedicada al narcotráfico.

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Seis aprehendidos durante el operativo

Como resultado del procedimiento, seis personas fueron aprehendidas, entre ellas un adolescente de 17 años y un ciudadano venezolano. De acuerdo con información de las autoridades, se investiga su presunta vinculación con el Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Choneros.

Durante el allanamiento también se incautaron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y otros indicios que serán sometidos a pericias como parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Según información oficial, la droga decomisada tendría un valor aproximado de 20 millones de dólares en el mercado internacional.

A la espera de la audiencia

Los aprehendidos y las evidencias recopiladas durante el procedimiento fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. En las próximas horas está prevista la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, en la que se resolverá la situación jurídica de los involucrados.

Las investigaciones continuarán para establecer el origen y destino del cargamento, así como la posible participación de otras personas en el almacenamiento y traslado de la droga.

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La respuesta depende de qué se cuente como operativo. Hasta el 24 de septiembre, las fuentes oficiales permiten identificar al menos dos episodios de operaciones anunciadas con participación de fuerzas estadounidenses en territorio ecuatoriano: las acciones militares iniciadas en marzo y los allanamientos policiales de septiembre. 

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Marzo: operaciones militares conjuntas en Sucumbíos

El 3 de marzo de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos anunció que fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses habían iniciado operaciones contra organizaciones designadas como terroristas en Ecuador. El anuncio no detalló el número de acciones, sus ubicaciones ni la función específica que cumplió cada contingente.

Tres días después, el Ministerio de Defensa de Ecuador informó sobre la operación 'Exterminio Total' en Sucumbíos. Según su boletín, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, con información de inteligencia y apoyo estadounidense, localizaron y bombardearon un campamento atribuido a Comandos de la Frontera en el cantón Cascales. La cartera de Estado describió el lugar como una zona de descanso y entrenamiento del grupo.

El alcance de esa participación sigue siendo una cuestión relevante. Human Rights Watch documentó una serie de acciones realizadas entre el 1 y el 6 de marzo en una comunidad de Sucumbíos y señaló que ninguno de los dos gobiernos había detallado las funciones del personal estadounidense en la planificación o ejecución de los ataques. La organización también cuestionó las conclusiones oficiales sobre los sitios intervenidos y denunció abusos contra habitantes de la zona.

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Septiembre: tropas estadounidenses en allanamientos policiales

El segundo episodio identificable ocurrió el 24 de septiembre de 2026. El ministro del Interior, John Reimberg, y la Policía Nacional informaron que la operación se ejecutó con tropas norteamericanas y la DEA. Los allanamientos abarcaron localidades de Guayas, Los Ríos y El Oro, dentro de una investigación sobre una estructura que, según el ministro, mantenía vínculos directos con el CJNG. Esa relación es un señalamiento de las autoridades y no una responsabilidad judicialmente establecida.

De acuerdo con el reporte del ministerio del Interior, participaron 50 integrantes del Comando Sur y más de 320 policías ecuatorianos. también se señaló que los militares estadounidenses aportaron información y tecnología durante los allanamientos. 

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¿Por qué otros operativos no entran en la misma cuenta?

El 26 de agosto de 2026, autoridades estadounidenses informaron de operaciones policiales ecuatorianas contra redes de tráfico de cocaína, con apoyo de la DEA y el Comando Sur. El comunicado identifica cooperación estadounidense, pero no confirma que tropas de ese país hayan participado presencialmente en los allanamientos. 

También se registraron interdicciones estadounidenses de embarcaciones vinculadas por Washington con el narcotráfico en el Pacífico oriental. Son acciones militares que deben investigarse y contabilizarse por separado: ocurren en el mar y no equivalen, por sí solas, a operativos con tropas desplegadas dentro de Ecuador. Del mismo modo, el apoyo logístico de una aeronave estadounidense anunciado en septiembre para operaciones en Alto Punino no permite afirmar que sus militares participaron en combates terrestres.

Lo que debes saber

• Capturan líder del CJNG en Isla Mocolí; red enviaba droga desde Ecuador hacia EE. UU. y Europa.
• Operativo de hoy en Samborondón revela cómo operaba el Cartel Jalisco en Ecuador.
• Investigación de ocho meses terminó con la caída de financistas y operadores ligados al CJNG.

La captura de un presunto líder y de un supuesto financista de una estructura vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo ejecutado en varias ciudades del país nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo opera uno de los carteles más poderosos de México dentro de Ecuador?

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Las detenciones se realizaron en el marco de una investigación de aproximadamente ocho meses que permitió desarticular una presunta red dedicada al acopio, transporte y comercialización de droga. 

Según las autoridades, la estructura mantenía vínculos directos con el CJNG y utilizaba territorio ecuatoriano para coordinar envíos de estupefacientes hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Uno de los allanamientos se ejecutó en una urbanización de Isla Mocolí, en Samborondón, donde fue capturado el supuesto cabecilla de la organización.

Ecuador, un punto clave en las rutas del narcotráfico

La ubicación geográfica de Ecuador ha convertido al país en un punto estratégico para las organizaciones narcotraficantes internacionales. La cercanía con Colombia, principal productor mundial de cocaína, y la infraestructura portuaria de ciudades como Guayaquil y Machala facilitan el movimiento de cargamentos hacia distintos mercados internacionales.

De acuerdo con la información revelada tras el operativo, la red investigada se encargaba de recibir droga procedente de Colombia, almacenarla, coordinar su logística y gestionar su salida por vía marítima. Las autoridades sostienen que las sustancias ilícitas tenían como destino países de Centroamérica, además de Estados Unidos y Europa.

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El modelo de operación del CJNG

Los investigadores consideran que el CJNG no necesariamente opera en Ecuador mediante grandes estructuras armadas propias, sino a través de alianzas, contactos logísticos y redes de financiamiento que facilitan el tráfico internacional de drogas.

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La reciente operación permitió identificar una organización integrada por presuntos cabecillas, financistas y operadores logísticos que supuestamente trabajaban de manera directa con el cartel mexicano. Según las autoridades, esta estructura no mantenía vínculos con grupos criminales locales y concentraba sus actividades en la cadena de exportación de droga.

Isla Mocolí vuelve a aparecer en una investigación de alto perfil

La captura del presunto líder en Isla Mocolí volvió a llamar la atención debido a que este exclusivo sector de Samborondón ha aparecido en diferentes investigaciones y hechos de seguridad durante los últimos años.

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En enero de 2026, la zona fue escenario de un ataque armado que dejó tres fallecidos, entre ellos alias Marino, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización criminal Los Lagartos. Tras ese hecho se realizaron allanamientos e investigaciones en varias urbanizaciones del sector.

Además, se han conocido de presuntas actividades de narcotráfico, investigaciones por delincuencia organizada y operativos de seguridad que involucraron inmuebles ubicados en la isla.

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Una investigación con impacto millonario

Las autoridades informaron que, como resultado de las acciones desarrolladas durante este año dentro de esta investigación, la afectación económica a la organización alcanzaría los $322 millones, valor correspondiente a cargamentos de droga decomisados en diferentes fases del proceso investigativo.

El operativo contó con la participación de más de 320 agentes de la Policía Nacional, además de efectivos del Comando Sur de Estados Unidos y agentes de la DEA, quienes intervinieron en varios inmuebles ubicados en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala.

Entre los aprehendidos se encuentran quienes las autoridades identifican como el presunto cabecilla y el financista de la organización. El primero fue localizado en isla Mocolí, mientras que el segundo fue detenido en Riberas del Batán, ambos sectores de Samborondón. Las autoridades no han revelado públicamente sus identidades.

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¿Qué se sabe del cabecilla y el financista detenidos?

De acuerdo con Reimberg, el presunto cabecilla era quien dirigía las operaciones en Ecuador y mantenía contacto directo con integrantes del CJNG en México. El ministro sostuvo que la estructura no dependía de organizaciones delictivas locales, sino que reportaba directamente al cartel mexicano.

El presunto financista, por su parte, habría estado encargado de manejar las operaciones financieras y los pagos relacionados con las actividades de la estructura. Ambos contaban con personas encargadas de su seguridad, según informó el ministro.

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Los 39 detenidos y la ruta que seguía la droga

Los 39 detenidos son ecuatorianos, según la información proporcionada por el Ministerio del Interior. La investigación se extendió durante aproximadamente ocho meses y permitió identificar una estructura dedicada al acopio, transporte y comercialización de droga procedente de Colombia.

Los cargamentos eran trasladados hacia distintos puntos de Ecuador antes de ser introducidos en contenedores. Estados Unidos era el principal destino, aunque también se identificaron rutas hacia Centroamérica y Europa. Desde enero, las autoridades han relacionado con esta investigación el decomiso de alrededor de siete toneladas de droga, con una afectación estimada en $322 millones.

¿Los detenidos podrían ser extraditados a Estados Unidos?

Reimberg señaló que, debido a que una parte importante de la droga tenía como destino Estados Unidos, existe la posibilidad de que algunos integrantes de la estructura enfrenten cargos en ese país y posteriormente se planteen procesos de extradición. Hasta el momento, no se ha informado de solicitudes formales de extradición.

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Estados Unidos participó en el operativo

La operación contó con la participación de más de 320 policías ecuatorianos y 50 integrantes del Comando Sur de Estados Unidos, además de agentes de la DEA. Reimberg destacó especialmente el apoyo tecnológico estadounidense durante los allanamientos y las detenciones.

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• Isla Mocolí suma otro caso de alto perfil tras caída de presunto financista del CJNG.

La captura de un presunto líder y un supuesto financista de una estructura de narcotráfico con vínculos directos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) volvió a poner a Isla Mocolí, en Samborondón, en el radar ciudadano. 

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El operativo, ejecutado por la Policía Nacional con apoyo de la DEA y tropas estadounidenses, dejó decenas de detenidos en varias provincias y alcanzó a uno de los principales objetivos de la investigación en una urbanización privada de este exclusivo sector.

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, uno de los inmuebles allanados se encuentra en Isla Mocolí, donde fue detenido el presunto cabecilla de una organización que, de acuerdo con las investigaciones, operaba directamente con el CJNG y no mantenía vínculos con bandas criminales locales. La investigación se extendió durante aproximadamente ocho meses.

Un sector exclusivo que ha aparecido en múltiples investigaciones

Aunque Isla Mocolí es conocida por albergar urbanizaciones de alta plusvalía y estrictos controles de acceso, en los últimos años su nombre ha aparecido en diversos casos vinculados a seguridad, crimen organizado y corrupción.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en enero de 2026, cuando un ataque armado dentro de la urbanización Mocolí Golf Club dejó tres personas asesinadas. Entre las víctimas estaba alias Marino, identificado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización criminal Los Lagartos. El hecho generó conmoción porque ocurrió en una de las zonas residenciales más exclusivas del país.

Las investigaciones posteriores llevaron a allanamientos en varias viviendas de la isla, mientras las autoridades indagaban posibles nexos con estructuras del crimen organizado.

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Narcotráfico, corrupción y crimen organizado

La muerte de alias Marino reavivó el debate sobre la presencia de presuntos integrantes de organizaciones criminales en sectores residenciales exclusivos. Según investigaciones, este sector ha sido utilizadas en distintos momentos por personas investigadas por narcotráfico, lavado de activos y redes de corrupción.

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En la Isla Mocolí también se han registrado allanamientos relacionados con investigaciones de alcance nacional, así como detenciones de ciudadanos extranjeros vinculados a causas internacionales.

En el ámbito político y judicial, durante uno de los allanamientos realizados en la isla Mocolí, la Fiscalía hizo efectiva la orden de detención contra el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y su esposa, Mónica, por su presunta participación en este esquema de delincuencia organizada, en el que estarían vinculados exfuncionarios de la Corte Provincial del Guayas.

La captura más reciente vuelve a poner el foco sobre Mocolí

La nueva operación contra la estructura presuntamente ligada al CJNG se suma a esa lista de episodios. Las autoridades sostienen que la organización se dedicaba al acopio, transporte y comercialización de droga proveniente de Colombia, con envíos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa a través de puertos ecuatorianos.

La detención del supuesto líder en Isla Mocolí y del presunto financista en otra urbanización de Samborondón vuelve a colocar a este exclusivo sector bajo la lupa de las investigaciones de seguridad.

El despliegue movilizó a más de 320 miembros de la Policía Nacional y 50 integrantes del Comando Sur de Estados Unidos. La operación también contó con participación de la DEA y dejó más de 30 detenidos en distintos puntos del país.

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¿Cómo participaron las tropas de Estados Unidos en el operativo?

Reimberg señaló que el personal estadounidense estuvo directamente en territorio ecuatoriano y participó en los allanamientos realizados junto con la Policía Nacional.

“Están aquí en el territorio, ustedes lo han podido ver, han participado de los allanamientos”, afirmó el ministro al ser consultado sobre el papel de los efectivos estadounidenses.

Según el funcionario, uno de los principales aportes de las tropas norteamericanas fue tecnológico. “La tecnología por parte de las tropas norteamericanas fue de gran ayuda para hacer los allanamientos y la detención de todas estas personas”, sostuvo.

La operación se desarrolló después de aproximadamente ocho meses de investigación y forma parte de las acciones de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos contra estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas.

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Operativo dejó más de 30 detenidos

La operación dejó más de 30 personas detenidas durante procedimientos realizados en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala.

Entre los aprehendidos se encuentran personas identificadas por las autoridades como cabecillas, financistas e integrantes de la estructura operativa. Uno de los procedimientos se desarrolló en una urbanización de Samborondón, donde fueron capturados integrantes considerados relevantes dentro de la organización.

Reimberg señaló que todos los integrantes identificados hasta el momento serían ecuatorianos y aseguró que la estructura investigada no tendría relación con un grupo de delincuencia organizada local.

Reimberg vincula a la estructura directamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación

El ministro aseguró que la organización investigada mantenía una relación directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal mexicana vinculada al tráfico internacional de drogas.

“Esta estructura no tiene una vinculación con ningún GDO o ningún brazo aquí en el país, sino trabajan directamente con el cartel”, declaró Reimberg.

El funcionario precisó que no se trataría de un “brazo armado” del cartel, sino de una estructura dedicada principalmente al narcotráfico y que contaba con personas encargadas de brindar seguridad a los cargamentos.

La investigación, según el ministro, permitió previamente la incautación de aproximadamente siete toneladas de droga. Las autoridades sostienen que la estructura intervenía en actividades de acopio, distribución, transporte y comercialización de estupefacientes.

Reimberg indicó que la operación conjunta forma parte de las acciones dispuestas por el presidente Daniel Noboa y aseguró que las investigaciones y procedimientos continúan.

Lo que debes saber 

• Más de 30 detenidos cayeron hoy en tres provincias por vínculos con el CJNG y tráfico internacional de drogas.
• Policía, DEA y tropas de EE. UU. ejecutaron la operación tras ocho meses de investigación en Ecuador.
• La red operaba desde Guayaquil y Machala para enviar droga a EE. UU., Europa y Centroamérica.

Una operación ejecutada la madrugada de este jueves 24 de septiembre en tres provincias del país dejó más de 30 personas detenidas, entre ellas presuntos cabecillas, financistas y colaboradores de una estructura de narcotráfico que, según las investigaciones, mantenía vínculos directos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

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El operativo se desarrolló de manera simultánea en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, como resultado de una investigación que se extendió durante aproximadamente ocho meses. La intervención fue ejecutada por la Policía Nacional con apoyo de tropas estadounidenses y agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

De acuerdo con la información difundida por el ministro del Interior, John Reimberg, la organización investigada no tendría relación con bandas criminales locales y operaba de forma independiente, manteniendo contactos directos con el CJNG.

Investigación identificó una estructura con nexos internacionales

Las autoridades señalaron que la estructura desarticulada estaba dedicada al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga procedente de Colombia.

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Según las investigaciones, los estupefacientes ingresaban al territorio ecuatoriano para posteriormente ser enviados por vía marítima desde los puertos de Guayaquil y Machala. Los principales destinos identificados eran países de Centroamérica, además de Estados Unidos y varios mercados de Europa.

Las indagaciones permitieron identificar una presunta red logística y financiera encargada de coordinar las distintas fases del tráfico internacional de drogas, desde la recepción de la mercancía hasta su salida por rutas marítimas.

Operativos previos afectaron económicamente a la organización

Como parte de las acciones desarrolladas durante este año contra la organización, las autoridades reportaron una afectación económica estimada en $322 millones, cifra que corresponde al valor de los cargamentos de droga decomisados en diferentes operativos relacionados con esta investigación.

La información oficial señala que los golpes al grupo criminal se produjeron de manera progresiva durante varios meses, mientras avanzaban las labores de inteligencia que permitieron identificar a los presuntos integrantes de la red y su modalidad de operación.

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Más de 370 agentes participaron en la intervención

El despliegue operativo involucró a más de 320 policías y alrededor de 50 integrantes del Comando Sur de Estados Unidos, quienes participaron en las intervenciones realizadas de manera simultánea en varias localidades de las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los detenidos ni el detalle de las evidencias incautadas durante los allanamientos. 

Esto debes saber

• Ruperto Martillo, de 24 años, fue detenido el 20 de septiembre en El Florón y permanece con prisión preventiva en la cárcel de Latacunga
• Cuatro personas están procesadas por el crimen; una quinta persona recibió sobreseimiento y otro procesado permanece prófugo con notificación roja de Interpol.
• Dos sujetos fueron aprehendidos en marzo de 2026 por su presunta participación, pero no constan como procesados en esta causa, según el expediente judicial.

La detención de Ruperto Eugenio Martillo Zamora, de 24 años, considerado por la Policía Nacional como el segundo más buscado de Manabí, volvió a poner en el centro de la atención pública el asesinato del excandidato a la Alcaldía de Portoviejo José Miguel Mendoza Rodas, ocurrido el 2 de julio de 2024.

Martillo fue aprehendido la noche del 20 de septiembre, durante un operativo ejecutado en una vivienda del sector El Florón, en Portoviejo. En el proceso judicial consta como presunto coautor del delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Más de 20 elementos de convicción constan en la investigación

Según el expediente judicial, el proceso tuvo auto de llamamiento a juicio el 24 de abril de 2025. En la causa constan cuatro personas procesadas por su presunta vinculación con el crimen.

Martillo figura como presunto coautor, al igual que Jesús Onofre Giler. Zambrano. Este último permanece prófugo y registra una notificación roja de Interpol.

Las otras dos procesadas son Gema Monserrate Conforme Cedeño y Gema María Bravo Macías, quienes constan en calidad de cómplices. Ambas recibieron medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica, obligaciones que cumplen hasta el momento.

Según los elementos incorporados al expediente, las dos mujeres habrían participado en temas logísticos para el crimen, Según consta en el expediente de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, de abril de 2025, Bravo Macías había recibido una transferencia bancaria por parte de Martillo. 

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La Fiscalía y la Policía Nacional incorporaron más de 20 elementos de convicción que, según consta en la causa, vincularían a los cuatro procesados con el asesinato.

Entre las diligencias investigativas consta además que al menos dos vehículos fueron alquilados en una rentadora de Portoviejo y presuntamente utilizados para realizar seguimiento a Mendoza antes del ataque. La Fiscalía y la Policía Nacional incorporaron más de 20 elementos de convicción que, según consta en la causa, vincularían a los cuatro procesados con el asesinato.

Dos hombres en moto

La investigación también permitió reconstruir parte de la dinámica del ataque. Según las cámaras de seguridad analizadas por los investigadores, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían participado en el ataque armado contra Mendoza.

Las imágenes habrían permitido establecer que uno de los ocupantes descendió de la motocicleta y disparó contra el excandidato, mientras el segundo permaneció junto al vehículo.

En la escena del crimen fueron encontrados ocho indicios balísticos, elementos que forman parte de las evidencias incorporadas a la investigación.

Martillo permanece en prisión preventiva

Tras su captura, Martillo quedó bajo prisión preventiva. Según consta en el expediente, su defensa solicitó que sea trasladado a un centro de privación de libertad de Cotopaxi, en Latacunga, debido al riesgo que, según su representación legal, existiría para su integridad si permanece recluido en un centro penitenciario de Manabí.

El caso continúa en la vía judicial y la responsabilidad penal de los procesados deberá ser determinada por la autoridad competente. 

Ahora la principal preocupación de la familia son las crisis convulsivas que Thiago presenta todos los días, sobre todo durante la noche. Gómez busca reunir $30.000 para llevarlo nuevamente al Nicklaus Children’s Hospital, en Miami, donde espera que lo evalúen y determinen si existe una alternativa que permita controlar mejor las convulsiones.

“Si tenemos que movernos, como sea y donde sea, lo vamos a hacer”, dice su madre. La familia lanzó la campaña Los 1.500 amigos de Thiago: busca que 1.500 personas aporten 20 dólares cada una.

Del diagnóstico a sus primeros pasos

María Paula Gómez empezó a buscar respuestas cuando notó que Thiago tardaba en gatear. Una resonancia magnética realizada en enero de 2025 mostró que tenía leucomalacia periventricular, una lesión en el tejido cerebral que puede afectar el desarrollo del movimiento. Ese hallazgo llevó a la familia a consultar a otros especialistas.

En mayo de 2025, médicos de un hospital de Houston, Estados Unidos, le dieron, según relata su madre, el diagnóstico de parálisis cerebral espástica con diplejía. En términos sencillos, la parálisis cerebral afecta la capacidad de controlar los músculos; espástica significa que estos presentan rigidez, y diplejía indica que la dificultad se concentra principalmente en las piernas. En el caso de Thiago, su madre cuenta que los brazos no están afectados.

Gómez recuerda que inicialmente le dijeron que su hijo no podría caminar. Sin embargo, Thiago recibe en Ecuador terapia física y ocupacional cuatro veces por semana y ha logrado dar sus primeros pasos. “Él camina a su manera”, cuenta. Todavía tiene dificultades para mantener el equilibrio y subir escaleras, pero ahora puede desplazarse por sí mismo.

Antes de empezar a caminar utilizó un pequeño vehículo de movilidad hecho con tubos de PVC. Más adelante, durante su atención en el hospital de Miami, la familia consiguió otro dispositivo que lo ayudó a desplazarse mientras continuaba sus terapias.

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Las convulsiones que preocupan a su familia

De acuerdo con Gómez, la epilepsia fue diagnosticada en Guayaquil alrededor de julio de 2025, después de que un electroencefalograma registrara actividad epiléptica. Thiago ha probado distintos medicamentos, pero su madre afirma que las crisis persisten y que algunas de las ocurridas durante el día han requerido atención hospitalaria.

“Es insostenible realmente, o sea, nosotros no dormimos nada, nada”, expresa. Ella y su esposo se turnan para acompañarlo durante las noches. Gómez también está preocupada porque, según indica, Thiago no está ganando peso ni creciendo al ritmo esperado para su edad.

La familia quiere regresar al Nicklaus Children’s Hospital, donde Thiago fue evaluado previamente en un programa de parálisis cerebral y espasticidad. Esta vez, su prioridad es encontrar una forma de reducir las crisis convulsivas. Gómez aclara que todavía no hay un nuevo tratamiento decidido: los especialistas deberán revisar los resultados de los exámenes antes de plantear opciones. La atención en Miami se coordina, según ella, con la neuróloga que sigue el caso en Ecuador.

La madre indica que uno de los exámenes está previsto para el 7 de diciembre de 2026 y que el 9 de diciembre tendrán una cita para revisar los resultados. Según el presupuesto que maneja la familia, uno de esos estudios cuesta $14.000. La meta de la campaña busca cubrir también la atención médica y los gastos que se deriven de la evaluación y del viaje. Hasta la entrevista, Gómez dijo que habían reunido $7.000.

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La incertidumbre de una nueva crisis

Para María Paula Gómez, una de las mayores angustias es estar trabajando cuando Thiago presenta una convulsión y no saber qué tan grave será. Recuerda una crisis tras la cual, según cuenta, su hijo tardó ocho horas en reaccionar. “La angustia de no estar cerca, que la crisis sea tan fuerte”, resume al hablar de ese temor. También le preocupa que una crisis afecte los avances que Thiago ha conseguido con sus terapias.

Por eso, cuando habla de una nueva oportunidad, piensa en la vida cotidiana de su hijo: que pueda descansar, ir al colegio con regularidad y pasar menos tiempo en hospitales. “Es una oportunidad para su tranquilidad, una oportunidad para su salud”, dice. Gómez espera que la evaluación en Miami permita encontrar una alternativa para reducir las convulsiones, aunque el tratamiento dependerá de los resultados de los exámenes.

A quienes consideran aportar a la campaña, les cuenta que ya han recibido mensajes de desconocidos: “Nos han escrito personas que nunca en la vida hemos visto ni hablado”. Gómez espera que el apoyo ayude a Thiago y que su experiencia, compartida a través de Proyecto Thiago, también dé esperanza a otras familias.

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Proyecto Thiago, una ayuda que busca llegar a otras familias

Además de recaudar fondos para su hijo, Gómez impulsa Proyecto Thiago, una iniciativa con la que busca visibilizar la parálisis cerebral infantil y acompañar a otras familias. Cuenta que ya han donado un vehículo de movilidad hecho con tubos para ayudar a otro niño a desplazarse.

El proyecto también ha organizado actividades comunitarias, entre ellas la carrera 5K Sin Límites, difundida en su cuenta de Instagram. Para Gómez, compartir los avances y las dificultades de Thiago puede ayudar a otros padres que acaban de recibir un diagnóstico.

“Buscamos además de esto poder ser la esperanza de otra familia”, afirma. La información para aportar a la campaña está publicada en las redes sociales de la familia.

La situación se complica por las condiciones climáticas. El viento, las altas temperaturas, la escasa humedad y la falta de lluvias facilitan que el fuego se extienda y que puntos que parecían controlados vuelvan a encenderse.

Braulio Aguirre Intriago, coordinador zonal 7 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, explicó que este escenario podría mantenerse durante los próximos días. El pronóstico contempla vientos fuertes, pocas lluvias, temperaturas elevadas y baja humedad, condiciones que aumentan el riesgo de propagación.

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Para los habitantes de las comunidades cercanas, el temor está en que un cambio en la dirección del viento acerque las llamas a las zonas habitadas. Los organismos de respuesta mantienen vigilancia permanente para anticiparse a ese escenario.

El fuego no da tregua en Guanazán

La emergencia se concentra principalmente en Verde Loma, Guartiguro y Guiñacay, donde el incendio ha consumido bosque nativo, páramo, pajonal, pinos, arbustos y yaraguá.

Los bomberos han conseguido controlar algunos frentes, pero todavía existen focos activos en terrenos de difícil acceso. Algunos se encuentran a unos 2.500 metros de altura y, para alcanzarlos, los combatientes deben caminar entre una y tres horas cargando sus equipos.

Javier Astudillo Gómez, jefe provincial de los Cuerpos de Bomberos de El Oro, señaló que una de las prioridades es impedir que el fuego llegue a viviendas, haciendas y zonas donde permanecen animales. Para contener su avance, los equipos abren brechas que funcionan como barreras frente a las llamas.

En el operativo participan bomberos de distintos cantones de El Oro, comuneros y personal de apoyo. También se instaló un punto de monitoreo, una base para los combatientes y un Puesto de Mando Unificado desde donde se coordinan las acciones.

El viento sigue siendo uno de los principales obstáculos. En la zona se han registrado velocidades cercanas a 20 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 47 kilómetros por hora, suficientes para cambiar rápidamente la dirección del fuego y reactivar sectores que ya habían sido intervenidos.

Ante la dificultad para llegar por tierra a determinados puntos, se solicitó además apoyo de las Fuerzas Armadas con un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket, que permitiría realizar descargas de agua desde el aire sobre los focos más inaccesibles.

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Mientras los equipos siguen desplegados en Guanazán, otro incendio forestal se registró en la parroquia San José, cantón Atahualpa, lo que obligó a movilizar personal para evaluar la emergencia y evitar que las llamas se extiendan hacia áreas pobladas o nuevas zonas de vegetación.

La aparición de otro foco preocupa a los organismos de respuesta porque las condiciones meteorológicas que dificultan el combate en Zaruma también mantienen elevado el riesgo de propagación de incendios en la provincia.

En Guanazán, mientras se espera el apoyo aéreo solicitado, las brigadas continúan trabajando desde tierra. La prioridad es contener el incendio antes de que el viento empuje las llamas hacia las comunidades cercanas.

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• El Municipio de Guayaquil retiró un montículo de cemento construido sobre una vereda de Guayacanes tras una denuncia recibida en la línea 181.
• El caso generó reacciones de ciudadanos que pidieron más controles en otros sectores de la ciudad.

Un montículo de cemento construido sobre una vereda en Guayacanes, al norte de Guayaquil, fue retirado luego de una denuncia ciudadana recibida a través de la línea 181 del Municipio de Guayaquil.

Según la información difundida por la institución, un usuario reportó que un vecino había construido el montículo de cemento sobre una acera de esta ciudadela. Ante la alerta, personal municipal de Justicia y Vigilancia acudió al sitio para atender el caso.

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También participaron agentes de control municipal, quienes llegaron para verificar la situación y realizar las acciones correspondientes.

¿Qué hacía un montículo de cemento en una vereda?

Finalmente, el material fue retirado de la vereda. El Municipio de Guayaquil difundió fotografías del procedimiento a través de su cuenta oficial en X, donde mostró el trabajo realizado por su personal.

La intervención se produjo después de que la denuncia ingresara mediante la línea 181, un canal utilizado por ciudadanos para reportar situaciones que requieren atención municipal.

El caso también generó un pronunciamiento de la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel. En una publicación en X, la funcionaria escribió: “Denuncien al 181, las veredas son para los peatones”.

La declaración acompañó la difusión del procedimiento realizado en Guayacanes y puso nuevamente el foco en el uso de los espacios destinados al tránsito peatonal.

Ciudadanos reaccionaron al caso de Guayacanes

La publicación del Municipio también provocó diferentes reacciones entre ciudadanos y usuarios de redes sociales. Algunos cuestionaron el motivo por el que se habría construido el montículo de cemento sobre la vereda.

Uno de ellos fue Wilfrido Laz (@wilfrido_laz_q), quien escribió: “¿En qué estuvo pensando el tipo que hizo eso?”.

Otros usuarios aprovecharon la publicación para solicitar que este tipo de inspecciones se extienda a otros sectores de Guayaquil.

Ese fue el caso de Edgar Ortiz (@edortizq), quien pidió atención para varios puntos de Kennedy Norte. Según señaló en su comentario, en la zona de la calle Víctor Hugo Sicouret y otras vías existirían arbustos y espacios de veredas ocupados por vecinos para ampliar garajes.

El usuario también aseguró que hay vecinos que habrían cerrado calles e impedido incluso el paso de peatones, por lo que pidió que las autoridades municipales realicen inspecciones en esos sectores.

De esta manera, el retiro del montículo de cemento de la vereda en Guayacanes abrió además una conversación en redes sociales sobre el uso de las aceras y los controles que realizan las autoridades municipales en diferentes sectores de Guayaquil.

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Lo que debes saber

• Alias Charlie fue abatido en Manta por nexos con redes narco.
• FF. AA. y Comando Sur ejecutaron operativo en Manta contra alias Charlie.
• Alias Charlie tenía vínculos con Los Choneros, según Defensa de Ecuador.

Alias Charlie, señalado por las autoridades como uno de los objetivos de alto valor dentro de las estructuras criminales que operan en Ecuador, murió este miércoles 23 de septiembre durante una operación ejecutada por las Fuerzas Armadas del Ecuador con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos. La intervención se desarrolló en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, según informaron posteriormente autoridades de seguridad.

La noticia fue anunciada inicialmente por el presidente Daniel Noboa, quien identificó a alias Charlie como un operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico. 

A través de una publicación en la red social X, el mandatario afirmó que la operación constituye una respuesta contra quienes financian actividades criminales y amenazan a la población ecuatoriana.

Un objetivo de alto valor para las fuerzas de seguridad

Minutos después del anuncio presidencial, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ofreció nuevos detalles sobre la identidad del abatido. Según explicó, alias Charlie era uno de los objetivos criminales de mayor importancia para las autoridades ecuatorianas.

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De acuerdo con el funcionario, el hombre mantenía presuntos vínculos con la organización criminal Los Choneros, además de nexos con el grupo disidente colombiano Frente Oliver Sinisterra y el cartel mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades lo describen como una pieza clave dentro de los circuitos logísticos y financieros asociados al narcotráfico transnacional, con capacidad para coordinar operaciones entre estructuras criminales de distintos países.

Operativo dejó otros dos abatidos

Según la información difundida por el Ministerio de Defensa, alias Charlie fue abatido junto con dos hombres que formaban parte de su esquema de seguridad. La operación se desarrolló en una vía interna ubicada en los terrenos de la Refinería de Manta.

Las fotografías divulgadas por el Gobierno muestran un vehículo y armamento en la escena de la intervención. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se habían revelado las identidades de los otros fallecidos ni detalles completos sobre las circunstancias del enfrentamiento.

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Cooperación con Estados Unidos

El operativo ocurre en un contexto de creciente cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad. La participación del Comando Sur se suma a otros mecanismos de asistencia e intercambio de información impulsados por ambos países para combatir organizaciones ligadas al narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades del crimen organizado.

El anuncio también se produjo mientras el presidente Daniel Noboa participaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde planteó estrategias de cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional y perseguir los flujos económicos de las redes criminales

Lo que debes saber

• Un militar es investigado por presunto abuso sexual a una PPL en una cárcel de Guayaquil.
• Defensa anuncia la separación de militares tras difundirse el video del presunto abuso.
• El Ejército denunció el caso ante Fiscalía y cambió al comandante por fallas de control.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se pronunció sobre el video que circuló en redes sociales y que muestra a un militar realizando presuntos tocamientos de carácter sexual a una mujer privada de libertad en la cárcel femenina Guayas 2, en Guayaquil.

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El funcionario señaló que el contenido le genera “mucha indignación” y confirmó que se iniciaron procedimientos para separar de las Fuerzas Armadas a los uniformados que estarían involucrados en el hecho.

“Cualquier uniformado que comete un delito automáticamente deja de ser uniformado”, afirmó Loffredo al referirse a las medidas adoptadas tras la difusión del video.

El caso fue denunciado públicamente el 20 de septiembre por Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil. La denuncia estuvo acompañada de un video en el que se observa a un militar tocando los senos de una presunta interna. En ese momento, el CDH pidió la intervención de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

Ejército presentó una denuncia ante la Fiscalía

Un día después de la denuncia pública, el Ejército informó que inició acciones para recabar y verificar información sobre el caso. La institución también presentó una denuncia ante las autoridades competentes para que se investiguen los hechos.

El Ejército indicó que colaborará con las autoridades y facilitará la información necesaria para esclarecer lo ocurrido. Hasta ese momento, la institución señaló que el caso involucraba a personal militar encargado de las funciones de seguridad y control del centro penitenciario.

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Loffredo confirmó que fue la propia Fuerza Terrestre la que presentó la denuncia ante la Fiscalía, con el objetivo de que el caso sea investigado y, de existir responsabilidades, judicializado.

La investigación deberá determinar qué ocurrió, quiénes participaron y las eventuales responsabilidades penales y administrativas. Por ahora, el hecho denunciado mantiene la condición de presunto.

Defensa reconoce una falla en el control de la cárcel

Uno de los elementos señalados por el ministro es el incumplimiento de los protocolos de seguridad dentro del centro penitenciario.

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Según Loffredo, las disposiciones vigentes en la penitenciaría prohíben que el personal masculino tenga contacto con las mujeres privadas de libertad. Sin embargo, el video difundido evidencia que un militar habría tenido contacto físico con una interna.

“Hubo una falta de control de este procedimiento”, sostuvo el ministro. Como consecuencia de esa falla, Defensa dispuso también el cambio del comandante encargado del centro penitenciario.

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El caso se conoció en medio de cuestionamientos del CDH sobre la actuación de los militares asignados a la custodia de la cárcel femenina de Guayaquil. Bastias sostuvo que había recibido información sobre supuestos abusos durante las guardias militares y pidió que las autoridades investigaran la situación.

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La presencia militar en los centros penitenciarios se mantiene desde enero de 2024, cuando el entonces presidente Daniel Noboa dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar el control de las cárceles, en el contexto de la crisis de seguridad y del conflicto armado interno declarado mediante el Decreto Ejecutivo 111.

El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, formalizado en 2026, mantiene la participación de las Fuerzas Armadas en el control de los centros penitenciarios.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso plantea además una interrogante sobre los mecanismos de supervisión de los militares destinados a las cárceles y sobre el cumplimiento de los protocolos que regulan su contacto con las personas privadas de libertad.

Lo que debes saber

• Noboa informó que alias Charlie fue abatido por financiar redes de narcotráfico internacional.
• Fuerzas Armadas y Comando Sur ejecutaron operativo contra alias Charlie fuera de las fronteras.
• Alias Charlie cayó en operativo anunciado por Noboa por su rol logístico y financiero.

El presidente de la República, Daniel Noboa, informó este miércoles 23 de septiembre sobre la muerte de alias Charlie, identificado por el Gobierno como un presunto operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico, durante una operación ejecutada por las Fuerzas Armadas del Ecuador en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos.

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A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el mandatario señaló que la acción forma parte de los esfuerzos de seguridad dirigidos a combatir estructuras vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico transnacional.

“Este es el resultado para quienes buscan amenazar a los ecuatorianos y para quienes creen que pueden financiar el crimen desde cualquier parte del mundo”, escribió Noboa al referirse al operativo.

Según el pronunciamiento presidencial, alias Charlie era considerado un objetivo militar debido a su presunto papel dentro de las cadenas logísticas y financieras que sostienen actividades relacionadas con el narcotráfico internacional.

Operación con cooperación internacional

El jefe de Estado indicó que la operación fue desarrollada por las Fuerzas Armadas con apoyo del Comando Sur, organismo militar estadounidense que mantiene mecanismos de cooperación con varios países de la región en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Alias Charlie pertenecía al grupo Los Choneros y Frente Oliver Sinisterra de Colombia, tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación de México.

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Mensaje de continuidad en la lucha contra el crimen

En su mensaje, Daniel Noboa sostuvo que las acciones contra las redes criminales no se limitan al territorio ecuatoriano y advirtió que las operaciones continuarán más allá de las fronteras nacionales.

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“Esta batalla no termina en nuestras fronteras”, afirmó el mandatario, en una declaración que apunta a la dimensión internacional de las investigaciones y operaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

El pronunciamiento se conoce en medio de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno para enfrentar a grupos criminales y estructuras asociadas al tráfico de drogas.

Los puntos claves

• Un choque en el puente de la Unidad Nacional obligó a habilitar un contraflujo durante unas cuatro horas en la avenida Pedro Menéndez Gilbert.
  
• Una persona resultó herida en un siniestro ocurrido en la avenida Quito y Letamendi, según el ECU 911.
• La lluvia también dejó vehículos averiados en la vía Perimetral y la avenida Pedro Menéndez Gilbert.

Guayaquil ha tenido una mañana complicada en sus calles. Al menos ocho accidentes de tránsito fueron reportados entre la madrugada y las primeras horas de este miércoles 23 de septiembre en diferentes sectores de la ciudad.

Los incidentes no solo involucraron choques. También hubo vehículos con desperfectos mecánicos y afectaciones a la circulación, en una jornada en la que la lluvia dejó la calzada mojada en varias vías.

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Un accidente obligó a cambiar la circulación

Uno de los hechos que más incidió en el tránsito ocurrió en el puente de la Unidad Nacional. Dos vehículos chocaron y el incidente llevó a habilitar un contraflujo en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, ya de por sí congestionada.

La medida se mantuvo durante unas cuatro horas, desde la bajada del viaducto hasta el Instituto de Neurociencias. Pasadas las 11:00 fue retirada y los vehículos retomaron la circulación habitual.

En esa misma avenida se registró otro choque, cerca de un supermercado y en sentido hacia el centro. El siniestro involucró a dos vehículos livianos y ocurrió pasadas las 10:30.

Otro accidente, en Quito y Letamendi, dejó una persona herida. El Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para atender la emergencia, según el reporte del ECU 911.

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Varios puntos de la ciudad tuvieron incidentes

La vía a la costa concentró parte de las novedades. Una camioneta sufrió daños en la parte delantera cerca del cuarto retorno, en sentido hacia la avenida del Bombero.

También hubo reportes de siniestros cerca de la urbanización Terranostra y en el kilómetro 12, a la altura de Puerto Azul.

En el suburbio, un bus de transporte urbano estuvo involucrado en un accidente en Capitán Nájera, entre la 15.ª y 16.ª, reportado cerca de las 11:15. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudió al lugar.

Los reportes incluyeron además un siniestro en Portete, entre la 11.ª y 12.ª, y otro en la avenida 25 de Julio, cerca de la parada Hospital del IESS de la Metrovía.

Ecuador

Inamhi prevé lluvias en la Costa, Sierra y Amazonía este miércoles 23 de septiembre

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La lluvia también dejó vehículos averiados

A las novedades por accidentes se sumaron desperfectos mecánicos. Un camión quedó averiado en la vía Perimetral, cerca de la Terminal Terrestre Municipal Costa, en sentido hacia el sur.

Otro vehículo presentó problemas en la Pedro Menéndez Gilbert, cerca de la FAE, en sentido hacia el centro.

La noche anterior también se reportó un incidente en la vía a la costa. Un contenedor se desprendió de un tráiler y terminó sobre parte del parterre, cerca del colegio SEK, en sentido hacia Chongón.