Estos son los puntos que deben resolver transportistas y municipio para aumentar el pasaje en Quito

Tras la paralización parcial del transporte público registrada el martes 5 de mayo de 2026, Quito amaneció ayer relativa calma, pero con un trasfondo de inconformidad ciudadana y un debate que apenas comienza. 

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La suspensión temporal del servicio, que redujo drásticamente la movilidad en la capital, obligó a miles de usuarios a buscar alternativas improvisadas para llegar a sus destinos, exponiendo una vez más las fragilidades estructurales del sistema.

Uno de los testimonios que refleja el impacto directo de la medida es el de Galo Torres, usuario del transporte público, quien tuvo que tomar tres taxis desde el sector de El Recreo, en el sur, hasta la Y, en el norte, para poder cumplir con su jornada laboral. 

Como él, cientos de quiteños enfrentaron gastos adicionales y retrasos. “No es justo que hablen de subir el pasaje cuando el servicio es pésimo”, cuestionó, en línea con una percepción ampliamente compartida por la ciudadanía.

Un primer acuerdo para suspender la paralización

El malestar se produce en un contexto en el que el gremio de transportistas alcanzó un acuerdo con el Municipio de Quito, liderado por el alcalde Pabel Muñoz, para levantar la medida. 

El compromiso incluye la instalación de mesas técnicas desde el 13 de mayo, donde se discutirán temas clave como la revisión tarifaria, la posible implementación de un fondo de compensación y cambios en el modelo de gestión.

En un video difundido en sus redes sociales, el alcalde Muñoz marcó distancia frente a la crisis. Aseguró que el caos registrado en la ciudad “no fue un problema generado por el Municipio” y atribuyó el conflicto a factores externos, como la eliminación del subsidio al diésel. 

Según dijo, esta decisión “tarde o temprano” iba a derivar en presiones para incrementar la tarifa. “Pretender desquitarse con los ciudadanos es una ofensa y no lo vamos a permitir. Podemos dialogar, pero nunca bajo imposiciones e ilegalidades que afectan al ciudadano”, afirmó. No obstante, reiteró que existe apertura al diálogo y que las demandas del sector serán tratadas en las mesas técnicas. “La palabra se respeta”, concluyó.

Jorge Yáñez, vocero del sector, aseguró que se lograron “compromisos a corto y largo plazo” para garantizar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, desde el propio gremio se reconoce que más que acuerdos concretos, lo alcanzado es un punto de partida. 

Así lo explicó Luis Haro, presidente del corredor Central Norte, quien insistió en la necesidad de un cronograma “serio y cumplible”, ante la desconfianza generada por procesos anteriores que no se concretaron.

El valor de la tarifa, el principal problema

El núcleo del conflicto gira en torno a la tarifa. Según Haro, los estudios financieros del sector apuntan a una tarifa técnica cercana a los 75 centavos, muy por encima del valor actual. “El problema está en cómo equilibrar costos sin sacrificar calidad ni trasladar todo el peso al usuario”, señaló. Entre las alternativas planteadas consta una compensación económica que permita cubrir la brecha entre la tarifa real y la socialmente aceptable.

Desde el Concejo Metropolitano, el presidente de la Comisión de Movilidad, Diego Garrido, fue enfático en que cualquier ajuste debe ir acompañado de mejoras sustanciales en el servicio. “La ciudad necesita un transporte de calidad, seguro y eficiente. No se puede justificar un mal servicio bajo ninguna circunstancia”, afirmó. Además, reconoció que el modelo actual, basado en rutas y frecuencias con más de 70 años de antigüedad, resulta obsoleto frente al crecimiento de la ciudad.

A este debate se suma la postura del concejal Andrés Campaña, quien considera que, aunque es preferible alcanzar acuerdos, el conflicto no tiene una resolución sencilla. Según explicó, los transportistas han planteado dos caminos: el incremento del pasaje o la implementación de compensaciones económicas. Sin embargo, advirtió que el Municipio enfrenta limitaciones legales para asumir subsidios directos y que un alza tarifaria debería ser analizada por el Concejo Metropolitano. “En mi caso no es viable, porque sería una metida de mano al bolsillo de los quiteños”, enfatizó.

Avanzar en el sistema integrado de transporte

Garrido también advirtió que un incremento inmediato a niveles como 65 centavos es inviable, aunque dejó abierta la posibilidad de ajustes moderados, en el rango de 40 a 45 centavos, siempre que exista un sustento técnico. En paralelo, insistió en la necesidad de avanzar hacia un sistema integrado de transporte que incorpore tecnología, planificación y sostenibilidad financiera.

El análisis técnico coincide en que el problema trasciende la coyuntura. El experto en economía del transporte, Mario Villagómez, sostiene que la raíz del conflicto está en una regulación históricamente politizada. “La tarifa está rezagada, pero también el servicio es deficiente. Es un círculo vicioso que no se ha resuelto por falta de decisiones técnicas”, explicó.

Villagómez plantea un cambio de enfoque en los subsidios, proponiendo que estos se dirijan directamente al usuario y no al transportista. “Se podría subsidiar la demanda mediante tarjetas o vouchers para grupos específicos, en lugar de mantener esquemas que distorsionan el sistema”, sugirió. Además, criticó la falta de contratos de largo plazo, que limita la inversión y perpetúa la ineficiencia.

En la misma línea, el decano Andrés Castillo, de la Universidad Internacional del Ecuador, enfatizó la ausencia de planificación estratégica. “No hubo previsión para escenarios como el alza del diésel o restricciones externas. Eso evidencia una falta de estructura en la gestión del transporte”, indicó. Para Castillo, cualquier compensación debe estar condicionada a mejoras verificables en la calidad del servicio.

Las cifras refuerzan esta percepción. Entre enero y mayo de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito emitió 3.121 citaciones a buses urbanos, prácticamente una por unidad operativa en la ciudad. Este dato revela no solo fallas en el cumplimiento de normas, sino también un sistema que opera al límite de su capacidad y regulación.