extorsiones en quito
Red de extorsión en Quito: esto ganaban los jóvenes que trabajaban en el call center clandestino
Fiscalía investiga a diez personas por presunta extorsión desde Quito, donde jóvenes cobraban $470 mensuales y enfrentaban sanciones por incumplir metas
El operativo de la Policía permitió intervenir un call center en el norte de Quito, donde se encontraron 172 computadores y 66 celulares.
Lo que debes saber
- Diez personas son procesadas por presunta extorsión desde un call center intervenido en Quito el 21 de agosto.
- Jóvenes cobraban $470 mensuales y debían realizar hasta 120 llamadas diarias a deudores de otros países.
- La Fiscalía investiga amenazas con fotografías manipuladas mediante inteligencia artificial para presionar a quienes tenían préstamos vencidos.
Un call center clandestino ubicado en el norte de Quito se convirtió en el centro de una investigación de la Fiscalía por una presunta red dedicada a intimidar y extorsionar a personas que mantenían deudas por préstamos en otros países.
Diez personas fueron procesadas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita con fines de intimidación y extorsión.
El operativo se realizó la tarde y noche del 21 de agosto de 2026, luego de una alerta ciudadana anónima. Los agentes intervinieron un inmueble donde funcionaba la empresa Latameris Support S. A. S. y encontraron más de 200 dispositivos electrónicos utilizados, presuntamente, para ejecutar las actividades de cobranza.
Entre los indicios levantados constan 172 computadores y 66 teléfonos celulares, que fueron ingresados al proceso investigativo.
Así operaba el call center investigado en Quito
Según los elementos expuestos por Fiscalía durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, desde este lugar se habrían gestionado préstamos dirigidos a ciudadanos de México, Colombia, Perú y Chile mediante una aplicación denominada “Cash Cash”.
Para acceder a los créditos, los usuarios debían entregar una fotografía de su rostro y datos personales. Cuando los clientes entraban en mora, las llamadas de cobranza presuntamente se intensificaban.
Según información de la Fiscalía, los operadores amenazaban con publicar las fotografías de los deudores en redes sociales. Estas imágenes habrían sido modificadas mediante herramientas de inteligencia artificial, con montajes destinados a afectar la reputación de las víctimas.
Más de 30 personas fueron encontradas durante el operativo en un inmueble de Iñaquito, donde las autoridades identificaron espacios equipados con cubículos.
Trabajadores debían realizar hasta 120 llamadas diarias
La investigación también recoge las versiones de 26 colaboradores del call center, quienes identificaron a los ahora procesados como las personas que presuntamente dirigían las actividades de cobranza mediante actos intimidatorios.
De acuerdo con estos testimonios, los operadores recibían bases de datos y debían realizar alrededor de 120 llamadas diarias para cumplir las metas establecidas.
Cuando no alcanzaban los objetivos, presuntamente eran sancionados con multas que reducían sus salarios, fijados en 470 dólares mensuales.
Fiscalía también señaló que varios jóvenes trabajaban en el lugar bajo condiciones que, según sus testimonios, incluían maltratos y presión para alcanzar las metas de cobranza.
Fiscalía identifica los presuntos roles de los 10 procesados
Durante la audiencia, la Fiscalía individualizó los presuntos roles que habrían cumplido los diez procesados dentro de la organización.
Según la investigación, un ciudadano de nacionalidad china, identificado como Yang X., habría dirigido el grupo y asignado funciones de líderes, auditores, contadores y operadores telefónicos a los demás integrantes.
Los diez fueron aprehendidos durante el operativo realizado en el edificio ubicado en el norte de Quito.
Además de los dispositivos electrónicos, los investigadores encontraron documentos en la oficina de Yang X. En ellos existirían capturas de pantalla de conversaciones que, según Fiscalía, evidenciarían presuntas amenazas y actos de intimidación contra los deudores.
Los agentes encontraron estaciones de trabajo y dispositivos con mensajes extorsivos, amenazas e imágenes violentas durante la intervención al centro de llamadas.
Fiscalía pidió prisión preventiva para los procesados
Durante la audiencia, la Fiscal de turno solicitó al juez de Garantías Penales que ordenara prisión preventiva para los 10 procesados, argumentando la existencia de elementos de convicción que los vincularían con la presunta asociación ilícita.
Entre las evidencias presentadas constan las versiones de los trabajadores, una pericia de inspección ocular técnica, los testimonios de los agentes que participaron en el operativo y los documentos encontrados en la oficina investigada.
La Fiscalía sostiene que estos elementos permiten establecer, en esta etapa procesal, los presuntos roles de los involucrados dentro de la estructura investigada.
¿Cuándo será la audiencia contra los 10 procesados?
El caso será tramitado mediante procedimiento directo. La audiencia está prevista para el 14 de septiembre de 2026, a las 13:30.
La instrucción fiscal fue fijada en 20 días, durante los cuales se continuará con la investigación y la recopilación de elementos relacionados con el caso.
El delito de asociación ilícita está contemplado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Por su parte, los delitos de intimidación y extorsión están establecidos en los artículos 154 y 185, respectivamente.
Los diez procesados mantienen su condición de presuntos involucrados mientras avanza el proceso judicial y hasta que exista una decisión definitiva de la autoridad competente.
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