Quito: buses operarán menos horas y advierten paralización por tarifas congeladas

El transporte público en la provincia de Pichincha modificará su operación este martes 5 de mayo. Los transportistas anunciaron que no iniciarán su jornada a las 06:00, como es habitual, sino que el servicio comenzará a las 08:00 y se extenderá únicamente hasta las 19:00.

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La medida forma parte de un proceso de “racionalización” progresiva que busca presionar a las autoridades municipales para revisar las tarifas.

El dirigente Jorge Yánez confirmó que la reducción de horarios es solo el inicio de una serie de acciones escalonadas que podrían intensificarse si no se alcanza un acuerdo con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. El principal pedido del sector es un equilibrio económico en el precio de los pasajes, argumentando un sostenido aumento en los costos operativos.

Reducción progresiva y posible paralización

Luis Haro, presidente del Corredor Central Norte, advirtió que el recorte de frecuencias podría agravarse en función de la respuesta del Municipio y del comportamiento de los costos, especialmente del combustible. Según explicó, el sector ha solicitado una revisión tarifaria desde hace al menos dos años, sin obtener una respuesta concreta.

“El problema no es reciente. Se ha venido acumulando y ahora se agrava por el incremento de insumos como combustible, repuestos y mano de obra”, señaló Haro. Además, advirtió que un posible aumento del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), previsto para el 12 de mayo, podría generar nuevas reducciones en los horarios si no hay medidas compensatorias.

De no existir avances en el diálogo —el alcalde prevé recibir al sector el 15 de mayo— los transportistas no descartan endurecer las acciones, incluso llegando a una eventual paralización del servicio.

Tarifa técnica vs. tarifa social

El sector asegura contar con un estudio técnico que ubica la tarifa real del pasaje en aproximadamente 0,65 dólares. Sin embargo, reconocen que no buscan trasladar completamente ese valor al usuario, sino alcanzar una “tarifa socialmente justa” mediante un esquema que contemple subsidios o compensaciones.

Actualmente, el pasaje se mantiene en 0,35 dólares, una cifra que, según los transportistas, ya no cubre los costos de operación. “No hay dinero para sostener el servicio. Cada operador está evaluando cuánto tiempo puede seguir funcionando en estas condiciones”, explicó Jaro.

Gobierno se deslinda del conflicto

Mientras tanto, el Gobierno Nacional ha optado por no intervenir directamente en el conflicto. Desde el Ejecutivo se sostiene que la fijación de tarifas es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), trasladando así la responsabilidad —y el costo político— a los municipios.

Esta postura ha generado críticas, ya que la situación impacta directamente en la movilidad urbana y en la economía de los ciudadanos, quienes podrían enfrentar tanto una reducción del servicio como un eventual incremento en el costo del pasaje.

Impacto en la ciudadanía

La reducción de horarios afectará principalmente a miles de usuarios que dependen del transporte público en horas tempranas y nocturnas. Aunque los transportistas reconocen que la medida también golpea el bolsillo de la población, sostienen que la crisis financiera del sector los obliga a tomar decisiones para evitar pérdidas mayores.

“Mientras menos se opere, menores son las pérdidas. El impacto económico ya existe”, concluyó el dirigente.