Paralización del transporte en Quito: piden investigar responsabilidades penales

El concejal Bernardo Abad cuestionó la paralización parcial del transporte público registrada en Quito, este martes 5 de mayo del 2026. Solicitó que se investiguen posibles responsabilidades legales por la afectación a la movilidad de la ciudad.

En medio del estado de excepción y el conflicto armado interno vigente en Ecuador, Abad afirmó que dejar sin buses a los ciudadanos es “inadmisible”. Detalló que miles de quiteños vieron alterado su acceso al trabajo, la educación y servicios básicos debido a la reducción del servicio en horarios habituales.

El edil recordó que la Constitución prohíbe la paralización de servicios públicos, entre ellos el transporte. Citó el artículo 326, que restringe este tipo de medidas, y advirtió que el Código Orgánico Integral Penal contempla sanciones de uno a tres años de prisión para quienes impidan o entorpezcan la prestación de estos servicios.

Abad diferenció entre el derecho de los transportistas a plantear demandas —como la revisión de tarifas— y la adopción de medidas de hecho que afectan a más de 1,8 millones de usuarios en la capital.

El rol de la Fiscalía

En ese contexto, solicitó que la información sobre la paralización sea remitida a la Fiscalía General del Estado para que investigue y determine posibles responsabilidades. También pidió identificar a las operadoras involucradas y aplicar sanciones administrativas cuando corresponda.

Esto respondió el alcalde

"No le hacen un daño al alcalde. Por el diálogo cualquier cosa, por la imposición y el chantaje nada", sostuvo Pabel Muñoz. "Se han cuidado y somos cuidadosos, somos firmes pero no irresponsables, no podemos ser pirómanos ni incendiarios, no podemos lanzar un galón de gasolina en un escenario como el actual".

Asimismo, Muñoz dijo que enviarán el caso a la Fiscalía, para que evalúe el nivel de afectación para la ciudadanía. Lo ha conversado con la Procuraduría del Municipio. También dijo que hay una violentación de las cláusulas de contrato con las compañías de transporte y que ni un minuto del servicio no entregado será pagado. 

"Nos queda un mecanismo más expedito para analizar el rompimiento de cláusulas", comentó y señaló que el Código Orgánico Administrativo tiene unos tiempos que se deben respetar y que limitan posibilidad de actuar.