Han pasado casi 18 meses desde que un aluvión arrasó con todo a su paso en el sector de la Comuna y La Gasca, en el centro-norte de Quito. Esa tragedia le costó la vida a 28 personas y afectó a unas 160 familias, pero las secuelas se extienden hacia otros cientos de hogares en donde las noches de lluvia se vuelven una pesadilla.

“No podemos dormir, cualquier ruido nos espanta”, dice Gabriela Sigcha, quien desde ese 31 de enero decidió unirse a sus vecinos para vigilar las laderas del Pichincha que bajan por La Comuna y La Gasca y alertar a las autoridades si ven algún riesgo de taponamiento. Sus quebradas están interrumpidas por las múltiples construcciones que se han levantado a su paso y que han impermeabilizado el suelo. Ella ha asistido a reuniones y talleres donde escucha sobre planes de mitigación y prevención y sobre una nueva ordenanza, la Verde-Azul, que el 4 de julio se aprobó en el Concejo Metropolitano de Quito.

A Sigcha y a sus vecinos poco les importa que se creen nuevos cuerpos legales. “Si tienen que crear una institución, háganlo, pero me parece que eso es más político que necesario. Lo que hace falta es voluntad y ganas de trabajar por la comunidad, que los que dirigen sepan que el pueblo paga sus sueldos. Deben tener contacto entre ellos y con nosotros, que estamos vigilantes”, dice, mientras recorre con Expreso una de las zonas por las que el agua arrastró todo a su paso, hasta llegar a la avenida 6 de Diciembre.

La ordenanza Verde Azul empezó a trabajarse en el período del exalcalde Santiago Guarderas y se aprobó con Pabel Muñoz a la cabeza del Concejo, con los cambios que hizo la Secretaría de Ambiente. Pero no es producto de la voluntad política de ninguna de las administraciones. En realidad, fue la Corte Constitucional la que dictaminó que “el río Monjas es sujeto y titular de los derechos reconocidos a la naturaleza y tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y proceso evolutivos”.

La Corte Constitucional le dispuso a la ciudad que cumpla con medidas de reparación: hacer obras para estabilizar el cauce del río en el tramo La Esperanza; proteger la Casa Hacienda Carcelén (que es patrimonial); elaborar un Plan Complementario del río Monjas y expedir una ordenanza verde-azul.

Todo nació por un recurso de acción de protección debido a que los taludes en el cauce del río Monjas se erosionaron y debilitaron, porque se levantaron construcciones privadas y municipales que desviaron el paso natural de las aguas. Sin embargo, la sentencia no es importante solo para los alrededores del río Monjas sino para todo el Distrito Metropolitano de Quito, por la disposición de crear esa ordenanza, explica Ricardo Buitrón, quien ocupó la silla vacía en el Concejo, a nombre del Cabildo Cívico de Quito, cuando se debatió la normativa.

Esta abarca todas las áreas protegidas, bosques protectores, áreas de producción sostenible, corredores verdes, parques, plazas y demás espacios verdes en sitios públicos y privados, como la matriz verde. La matriz azul, en cambio, consta de ríos, quebradas, lagos, esteros y humedales o Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible, por ejemplo.

Actualmente, la Secretaría de Ambiente trabaja en la hoja de ruta, para que el próximo año se cree la Dirección Metropolitana que organizará todos los procesos que manda la ordenanza, según Santiago Sandoval, secretario de Ambiente. El resultado será una nueva entidad que tendrá autonomía administrativa, financiera y que elaborará un plan de manejo.

Así se busca parar el desperdicio de tiempo y de recursos que según Sigcha se vivió en la época de la tragedia. “Venían de Epmmop, Epmaps, Secretaría de Seguridad, del Gobierno a tomar los mismos datos, no se comunicaban entre ellos. Daban dobles raciones o donaban a quienes no eran damnificados. Hubo comida que lastimosamente se dañó. Había desorganización y eso debe cambiar”.

Pero, ¿qué significa la nueva ordenanza para la comunidad? Sandoval dice que permitirá trabajar mejor en la conservación de fuentes hídricas y ecosistémicas, reducción de riesgos, más prevención en lugar de reacción, depuración de aguas residuales, cosecha de agua lluvia y otras tareas.