¿Quién era Jorge Montenegro? Lo que se sabe del empresario asesinado en Calacalí, Quito

El asesinato de Jorge Luis Montenegro Villacís no solo generó conmoción entre los habitantes de Guantogoli, en la parroquia de Calacalí. 

El suceso también levantó una serie de interrogantes sobre el trasfondo de este ciudadano, quien fue acribillado a tiros la mañana del domingo 14 de junio de 2026 mientras permanecía en su camioneta, estacionada en una ruta rural situada al noroccidente de Quito.

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La Policía Nacional identificó a Montenegro, de 56 años de edad, como un empresario de la construcción y legítimo dueño de la lotización Colinas de Guantogoli, precisamente el territorio periférico donde se perpetró la emboscada criminal. 

De acuerdo con las primeras indagaciones de los agentes del orden, el cuerpo de la víctima registraba múltiples impactos de proyectiles de arma de fuego.

Luego de cometer el atentado, los atacantes escaparon con rumbo desconocido, lo que obligó a desplegar un operativo de localización inmediata que contó con el soporte aéreo del servicio Aeropolicial.

Operativo de captura

Las unidades policiales consiguieron interceptar un vehículo tipo taxi en la localidad de Nanegalito, acción que facilitó la captura de tres ciudadanos implicados en el rastreo. 

No obstante, un cuarto sospechoso logró evadir el cerco policial y se mantiene prófugo. Al momento, las instituciones correspondientes indagan el móvil del asesinato de Jorge Montenegro, así como el nivel de implicación de los aprehendidos, detallando que la única mujer capturada es una menor de edad.

Sin embargo, el historial del ciudadano no se circunscribía de forma exclusiva al sector inmobiliario. Diferentes bases de datos y registros de la función judicial validados por este medio demuestran que también se desempeñó en funciones de gerente general y representante legal de una cooperativa de ahorro y crédito.

Bajo esa misma línea institucional, Montenegro entabló una querella legal en contra de tres antiguos colaboradores de dicha entidad financiera, adjudicándoles un presunto delito de abuso de confianza.

Registros judiciales de Montenegro

Los registros aclaran que los denunciados prestaban sus servicios desde el año 2013 bajo el cargo de auxiliares de crédito, tareas que contemplaban la revisión de carpetas físicas, validación de referencias de usuarios y la colocación activa de productos económicos.

La referida acción legal hacía alusión directa a los resultados de una auditoría contable interna ejecutada en 2015, periodo en el que supuestamente se hallaron anomalías y novedades técnicas en el desembolso de varios préstamos, cuyo valor global rondaba los 885.707 dólares. 

Pese a ello, la Fiscalía General del Estado determinó el archivo de la causa, fundamentando que no se lograron recopilar suficientes elementos de convicción para dar paso a la formulación de cargos.

Paralelamente, el empresario figura en otro trámite judicial actuando como gerente y representante legal de la mencionada cooperativa, correspondiente a una demanda ejecutiva impulsada en 2017 para exigir el cobro obligatorio de un pagaré. 

Esta querella civil civil se planteó en contra de dos prestatarios con el objeto de exigir el saldo vencido de una deuda por un monto de 2.055 dólares, sumado al cálculo de los respectivos intereses, gastos de costas procesales y honorarios profesionales.

Ninguna de las causas judiciales o antecedentes civiles descritos anteriormente guarda un nexo comprobado con el hecho de sangre suscitado en Calacalí; no obstante, el histórico permite esquematizar que la víctima se desenvolvía activamente en entornos de bienes raíces, finanzas y litigios legales bajo el rol de demandante u ofendido.

¿Qué pasó con la cooperativa?

Por otra parte, los registros estatales de libre acceso precisan que la entidad de ahorro dirigida por Montenegro dejó de operar bajo una administración independiente en el mercado local. 

Esto se debió a que la institución fue absorbida por otra firma del sector financiero nacional por medio de un proceso de fusión corporativa formalizado y aprobado en el mes de diciembre de 2019.