Dolor e impunidad persiguen a víctimas de siniestros viales

En Quito, salir de casa y tomar un bus se ha convertido, para muchas familias, en una ruleta marcada por el miedo. Detrás de cada siniestro vial hay historias truncadas, padres que entierran a sus hijos, niños que quedan con secuelas permanentes y procesos judiciales que, según las víctimas, avanzan lentamente o terminan en la impunidad. Mientras las cifras de accidentes vinculados al transporte público siguen en aumento, crece también el cuestionamiento ciudadano: ¿qué está pasando con la justicia en Ecuador frente a los siniestros de tránsito?

Marcelo García conoce ese dolor de cerca. El pasado 4 de mayo, su hijo Rony García, de 27 años, murió atropellado por un bus en el sector de El Conde, al sur de Quito, justo en la puerta de su casa. La tragedia provocó indignación cuando, durante la audiencia, se reveló que el conductor, Jonathan Catota, tenía 2,01 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del hecho. Actualmente guarda prisión preventiva.

Para Marcelo, el camino para conseguir justicia ha sido devastador. “La lucha ha sido muy, muy dura hasta el momento”, afirma. Cuenta que, junto con la Fiscalía, han reunido videos y pruebas para sostener el proceso judicial. 

Una propuesta de reforma desde los familiares

Sin embargo, asegura que el caso de su hijo no puede quedar únicamente en una sentencia. Por eso, junto a otros familiares de víctimas de siniestros viales, impulsa una reforma a la Ley de Tránsito y al COIP.

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La propuesta ya fue acogida por la Asamblea Nacional y busca endurecer las penas para conductores responsables de muertes en accidentes de tránsito. Actualmente, las condenas oscilan entre 10 y 12 años; la iniciativa plantea elevarlas hasta 35 años en casos graves. 

Además, pretende establecer corresponsabilidad civil y penal para propietarios de vehículos y operadoras de transporte público.

“Muchos casos han quedado archivados o resueltos de maneras oscuras”, denuncia García. Asegura que, sin la presión de las redes sociales y los medios de comunicación, la muerte de su hijo habría sido “un caso más”. Para él, la exposición mediática permitió que otras familias se acercaran y compartieran historias similares de procesos detenidos, investigaciones inconclusas y expedientes olvidados. 

El caso de Rony no es aislado. El 2 de abril, otro siniestro conmocionó a Quito. Un bus se pasó un semáforo en rojo en la avenida Mariscal Sucre, en el sector de La Magdalena, y provocó la muerte de Carlos Morales y su hija Mayra, quienes se dirigían a sus trabajos. La unidad los arrastró varios metros antes de incendiarse. Los pasajeros lograron evacuar a tiempo. 

Las secuelas no siempre terminan en la muerte

Paola Yanchaguano recuerda con angustia el día en que la vida de su hijo cambió para siempre. El 7 de noviembre de 2025, el adolescente, de entonces 13 años, intentaba subir a un bus en Guamaní para ir al colegio. Según relata su madre, la unidad arrancó antes de que el menor pudiera subir completamente.

“El chofer aceleró de forma brusca y mi hijo cayó. En vez de frenar, siguió avanzando y le aplastó la pierna izquierda”, relata. Los vecinos evitaron que el conductor escapara. El adolescente sufrió graves heridas y tuvo que ser sometido a un injerto en la rodilla. Desde entonces, la familia ha gastado más de 4.000 dólares en tratamientos, fisioterapia, medicamentos y rodilleras, pero los cuidados continúan.

Yanchaguano cuestiona que el conductor continúe manejando pese a registrar múltiples infracciones y más de 1.300 dólares en multas de tránsito. “La unidad sigue trabajando con normalidad”, lamenta.

Los siniestros y las cooperativas involucradas

Mientras las historias de víctimas se acumulan, las cifras oficiales reflejan una crisis creciente. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, solo entre enero y lo que va de 2026, se registran 91 siniestros que involucran transporte público en Quito. Además, en ese mismo período se emitieron 2.408 sanciones a conductores por diferentes contravenciones.

Entre las operadoras con mayor número de infracciones constan Trasplaneta, con 187; Transporsel, con 170; Paquisha, con 150; Alborada, con 144; y Carcelén-Tarquí, con 139.

La directora de Operaciones de la AMT, Viviana Morocho, aseguró que los controles se han intensificado, especialmente en cooperativas reincidentes. Sin embargo, para familiares de víctimas y autoridades locales, las acciones siguen siendo insuficientes.

El concejal de Quito Wilson Merino cuestionó que se analice un incremento en la tarifa del transporte público mientras persisten problemas de seguridad y calidad del servicio. “No hay ninguna cooperativa sancionada que haya estado implicada en la muerte de personas”, criticó. Según el edil, las tragedias dejan de ser noticia y las investigaciones se diluyen con el tiempo.

El abogado especialista en tránsito Carlos Quinchuela sostiene que el problema en Quito es “jurídico y social”. A su criterio, la eliminación de sanciones como la pérdida de puntos en licencias debilitó el control sobre conductores reincidentes. “Ahora solo pagan multas y continúan manejando”, explica.

Pero el cuestionamiento más fuerte apunta hacia el sistema judicial. Quinchuela asegura que muchos fiscales y jueces que conocen casos de tránsito no tienen especialización en esta materia, pese a que requiere conocimientos técnicos en accidentología vial, cinemática e ingeniería forense.

“Del 100 % de accidentes que ocurren en Quito, apenas un 60 % llega a Fiscalía y solo el 20 % se judicializa realmente”, afirma. El resto queda en investigaciones previas, acuerdos extrajudiciales o expedientes sin resolver.

Para las familias, el impacto va mucho más allá del proceso legal. Hablan de deudas médicas, secuelas psicológicas y una sensación constante de abandono institucional. “Es un desangramiento constante”, resume Quinchuela.