Cinco claves para entender las dificultades de Quito frente a los incendios forestales

Después de cinco días de trabajo, el incendio forestal en el cerro Casitagua fue controlado, aunque las labores de liquidación continúan. El fuego afectó unas 300 hectáreas en el sector del noroccidente de Quito.

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La emergencia ocurre en una temporada seca que, hasta la fecha, deja casi 1.300 hectáreas afectadas por incendios forestales en la capital, según el Municipio. 

La superficie es 26 % menor a la registrada en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 1.800 hectáreas. El Municipio aclaró que 2025 no se utiliza como referencia porque las lluvias durante el verano impidieron que se produjera una época seca comparable.

Pero una menor superficie quemada no necesariamente significa que la ciudad haya resuelto sus problemas en cuanto a prevención. Para el especialista en gestión de riesgos Cristian Rivera, Quito todavía tiene tareas pendientes para pasar de una respuesta centrada en apagar incendios a una estrategia que permita anticiparse al fuego y reducir sus impactos.

Estas son cinco razones que, desde esa perspectiva, debilitan el combate contra los incendios forestales.

Para Rivera, prevenir no significa únicamente evitar que se produzca un incendio. También implica reducir las posibilidades de que una emergencia se convierta en un evento de grandes proporciones.

Considera que Quito necesita una estrategia diferenciada para las zonas urbanas y rurales. En el campo, por ejemplo, persisten prácticas como la quema de residuos agrícolas o de terrenos para preparar nuevas áreas de cultivo o asentamiento. A esto se suma la quema de basura en sectores rurales donde el servicio de recolección no siempre tiene las mismas condiciones de acceso que en las zonas urbanas.

Rivera plantea que el Municipio debería buscar alternativas de recolección para sectores donde los vehículos convencionales no pueden ingresar, mediante unidades más pequeñas o vehículos con capacidad para circular por vías de difícil acceso.

El problema también aparece en las quebradas vulnerables a incendios. Advierte sobre la presencia de personas en situación de calle que utilizan fuego para cocinar o para quemar cables, así como sobre quemas vinculadas al consumo de drogas.

Otro episodio que puso a prueba la capacidad de respuesta fue el incendio en La Vicentina y El Dorado. Rivera menciona que algunos hidrantes no tenían la presión necesaria durante la emergencia. Recalca que no se puede esperar a que comience la temporada seca para revisar una infraestructura de respuesta ante incendios.

La Empresa Pública de Agua Potable señala que Quito dispone de más de 12.500 hidrantes, que son sometidos a un mantenimiento preventivo semestral. Los que presentan inactividad o requieren trabajos correctivos son incorporados a un cronograma específico. EXPRESO consultó cuántos necesitan esa intervención, pero no se dio el detalle.

La infraestructura de agua no solo es fundamental para los incendios forestales. También es parte de la capacidad de respuesta frente a incendios estructurales.

En Quito, una parte importante del riesgo está relacionada con las actividades humanas. La quema de basura, maleza o residuos agrícolas puede convertirse rápidamente en un incendio bajo ciertas condiciones de viento, vegetación seca y baja humedad.

En 2026, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha iniciado cientos de procedimientos relacionados con quemas a cielo abierto. Hasta el 16 de septiembre hubo 244 actos de inicio de sanción. No obstante, sancionar después de una quema no necesariamente cambia una conducta.

Por ello, se plantea reforzar la educación directamente en los territorios donde existe mayor riesgo. Eso implica trabajar con barrios, comunidades rurales, agricultores y organizaciones locales.

Otra debilidad está relacionada con la alerta temprana. El especialista propone fortalecer la presencia de guardaparques, guardabosques y personas que conozcan bien el territorio. No solo para vigilar, sino para identificar rápidamente una columna de humo, conocer los accesos y comunicar la emergencia.

Unos pocos minutos pueden marcar la diferencia entre una quema controlable y un incendio que requiere cientos de personas, vehículos y aeronaves, lo que implica más recursos. 

Por ejemplo, solo la atención a una emergencia de tres días tendría un costo aproximado de $390.000 ya se requiere del despliegue de personal, aeronaves y su tripulación, alimentación, hidratación, equipos de protección, entre otros. Rivera detalla que solo cada hora de vuelo de un helicóptero cuesta $2.500.

La capital tiene una ordenanza con un régimen de sanciones que alcanzan cifras importantes. La quema de residuos a cielo abierto puede generar una multa de $241, mientras que las infracciones relacionadas con incendios forestales ascienden hasta los $36.150, dependiendo de la gravedad y las consecuencias. Además, algunos casos pueden pasar al ámbito penal.

El problema no es únicamente cuánto establece la multa, sino la capacidad real de que la sanción sea efectiva y disuasoria. En determinados casos, por ejemplo, una persona que realiza una quema puede no tener capacidad económica para pagar una multa elevada, o encontrarse en una situación que requiere otro tipo de intervención. Por eso, es necesario combinar control y sanción con prevención, educación y presencia territorial, dice Rivera.

Rivera recuerda que los incendios forestales que han golpeado a Quito durante la última década han sido devastadores y señala que la ciudad no ha aprendido de esas experiencias. 

Menciona que los incendios continúan registrándose en zonas donde ya ocurrieron eventos similares, sin que se haya establecido un mapa de riesgo adecuado que permita identificar y priorizar los sectores que requieren mayor atención.

“Estamos respondiendo, respondiendo y respondiendo”, dice. Asimismo, recalca que la falta de prevención no solo genera daños ambientales y de salud, sino que también afecta a la economía de una ciudad, de una provincia o de un país.