Estado de excepción
Las zonas rojas de Ecuador que forzaron el nuevo estado de excepción
Un decreto gubernamental ordena la intervención militar sobre diez provincias. Estos territorios concentran 2.648 muertes violentas reportadas en este año
A lo largo de este año, el centro de Guayaquil ha sido escenario de diversos hechos delictivos.
Nuevo estado de excepción desde este 16 de junio
- El Ejecutivo habilitó operaciones militares por 60 días ante el incremento de ataques armados.
- Guayas encabeza el registro nacional de criminalidad con 1.223 homicidios en apenas cuatro meses.
- El ministro del Interior había destacado una baja de muertes violentas hace unas semanas.
El Gobierno Nacional emitió este 16 de junio el Decreto Ejecutivo 423 para aplicar restricciones de movilidad y operativos militares en 10 provincias y tres cantones. Estas áreas administrativas agrupan el 95,3 % de los homicidios intencionales cometidos a escala nacional entre enero y abril de 2026.
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Patrullajes militares para contener crímenes
Pese a que el ministro del Interior, John Reimberg, descartó recientemente recurrir a acciones extraordinarias bajo el argumento de una reducción del 17 % en los índices criminales, la estadística de la violencia obliga a tomar nuevas medidas. Los datos de la Dirección de Estadística y Economía de la Seguridad del Ministerio del Interior reflejan que, en apenas cuatro meses, los territorios ahora intervenidos acumularon 2.648 asesinatos de un total país de 2.778.
Guayas concentra la mayor carga delictiva con 1.223 muertes violentas, seguida por El Oro (359), Manabí (348) y Los Ríos (337). A este bloque costero se suman Esmeraldas (102), Pichincha (98), Santa Elena (61), Sucumbíos (49), Santo Domingo de los Tsáchilas (21) y Azuay (14). A nivel cantonal, la disposición incluye a La Maná, Las Naves (3 crímenes) y La Troncal (33).
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El documento legal justifica la declaratoria de grave conmoción interna por la operatividad de estructuras transnacionales y economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y la extorsión. La medida rige por un plazo máximo de 60 días, habilitando a las Fuerzas Armadas para ejecutar el control del espacio público y recuperar el orden sin depender exclusivamente de la capacidad operativa de la Policía Nacional.
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