¿Por qué la UAFE congela cuentas a candidatos? Esto respondió José Julio Neira

El secretario de la Administración y Gabinete, José Julio Neira, aseguró que las recientes medidas de congelamiento de fondos aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) obedecen a investigaciones técnicas por presunto lavado de activos

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En una entrevista concedida al programa Primera Plana, Neira respondió a los cuestionamientos sobre la estrategia gubernamental para combatir las economías criminales y sostuvo que la actual administración ha golpeado las finanzas de las organizaciones delictivas con mayor intensidad que gobiernos anteriores.

El funcionario defendió el trabajo de la UAFE y señaló que el incremento de reportes sobre operaciones inusuales y la participación del organismo en procesos judiciales por lavado de activos forman parte de una ofensiva dirigida a afectar las estructuras financieras vinculadas tanto al crimen organizado como a delitos de corrupción. “Nos estamos enfocando en la economía criminal, en darle donde más le duele”, afirmó.

La defensa del congelamiento de fondos

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el congelamiento de cuentas bancarias denunciado públicamente por algunos actores políticos, entre ellos el candidato a la Alcaldía de Guayaquil, Andrés Roche, y el precandidato a la Prefectura de Manabí, Jaime Estrada Medranda.

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Consultado sobre estos casos, Neira evitó referirse de manera específica a expedientes individuales, pero explicó que la inmovilización temporal de fondos es una medida administrativa prevista dentro de los mecanismos de inteligencia financiera.

Según indicó, esta decisión se adopta cuando existen indicios que justifican investigaciones por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito o actividades relacionadas con estructuras criminales. “Si tus fondos han sido congelados es porque existe una investigación y una sustentación técnica”, aseguró.

El funcionario insistió en que estas acciones no responden a motivaciones políticas, sino a procedimientos que posteriormente son revisados por instancias judiciales.

“No existe persecución a personajes políticos. Existen investigaciones de lavado de activos a personajes que utilizaron la política para encubrir sus actividades”, sostuvo.

Cuestionamientos por el contexto electoral

Las declaraciones de Neira surgen en medio de cuestionamientos de sectores políticos y sociales que consideran sospechoso que algunos congelamientos de cuentas se hayan conocido durante el actual proceso electoral.

Frente a esas críticas, el secretario afirmó que la herramienta de inmovilización de fondos no es reciente y recordó que los controles se fortalecieron tras la aprobación de reformas relacionadas con la lucha contra el lavado de activos.

También señaló que los casos conocidos públicamente representan solo una parte de las medidas ejecutadas por la UAFE y que fueron los propios involucrados quienes decidieron divulgar su situación. “Solo se hace énfasis en dos congelamientos porque ellos los hicieron públicos”, dijo.

Neira agregó que las personas afectadas tienen la posibilidad de presentar pruebas ante la justicia para demostrar el origen lícito de sus recursos.

Revisión judicial de las medidas

Durante la entrevista, el funcionario enfatizó que la UAFE no tiene la última palabra sobre las restricciones financieras impuestas. Explicó que cada congelamiento es sometido a control judicial y que los afectados pueden impugnar la medida dentro de plazos establecidos por la normativa vigente.

Según explicó, los jueces evalúan los elementos recopilados por los organismos de control y las evidencias presentadas por los investigados antes de resolver si la inmovilización de fondos se mantiene o queda sin efecto. “No es que la UAFE decide congelar fondos y esa es la última decisión. Esto va a ser revisado por un juez”, afirmó.

Gobierno destaca condena por lavado de activos

Neira también destacó una reciente sentencia por lavado de activos contra 13 personas vinculadas a una estructura encabezada por alias Gerente, caso en el que la UAFE participó como acusador particular.

El funcionario consideró que este tipo de procesos reflejan un mayor involucramiento del Estado en la persecución de las finanzas ilícitas y aseguró que la estrategia gubernamental apunta a debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales y redes de corrupción.