Solanda Goyes: negaron la acción de protección con la que cuestiona a la Fiscalía

Solanda Goyes acudió el jueves 1 de octubre del 2026 a la audiencia de acción de protección que presentó contra la Fiscalía General del Estado. La exvocal del Consejo de la Judicatura cuestionó su competencia para investigar el presunto delito de tráfico de influencias por hechos relacionados con convenios de cooperación internacional.

La diligencia se desarrolló en una Unidad Judicial de Tránsito de Quito. La acción fue negada. Goyes sostiene que la Fiscalía debió analizar su competencia antes de continuar con las actuaciones derivadas de un informe de la Contraloría General del Estado.

"La jueza dijo que las partes no han probado... Mi abogada empezó diciendo que al tratarse de convenios internacionales son temas de puro derecho. Y eso no requiere ser probado", resaltó Solanda Goyes. 

Además mencionó el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control constitucional, que establece que, "se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario". En este caso, afirma, "se están saltando los acuerdos internacionales que tienen jerarquía superior a cualquier norma interna".

¿Qué dice Goyes sobre la denuncia de tráfico de influencias?

El caso se relaciona con la gestión que cumplió Goyes como directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, entre 2019 y febrero de 2024. La Fiscalía sostiene que, en 2021, habría gestionado el nombramiento provisional de su hijastra para un proyecto de cooperación internaciona. Goyes rechaza la investigación por tráfico de influencias.

Su argumento ante la justicia constitucional se centra en los convenios de cooperación internacional. Según explicó, los recursos involucrados, de hasta 2 millones de dólares, correspondían a cooperación de España e Italia y estaban sujetos a reglas específicas entre los Estados participantes.

“Demostramos que la Fiscalía no tiene facultad y tenía la obligación, una vez que recibió el informe de Contraloría que emitió los indicios de responsabilidad penal, de hacer un análisis de su competencia”, sostuvo.

Goyes expuso que, al tratarse de recursos vinculados con cooperación internacional, existen normas que deben ser observadas antes de que una institución ecuatoriana intervenga sobre su administración.

“Jamás en mi vida como funcionaria del Consejo de la Judicatura, ni como vocal ni como directora, contraté a persona alguna y nunca he contratado a una hijastra como asevera la Fiscalía”, afirmó.

Asimismo, la exfuncionaria añadió que los responsables de los procesos de contratación dentro de la institución eran otros funcionarios, entre ellos el director general, en su calidad de representante legal. Y quienes ocuparon ese cargo no han dicho algo que sustente la acusación.

La exvocal afirmó además que analiza presentar nuevas acciones frente a lo que considera irregularidades en el proceso. “Quiero que sepan que asumo desde este momento la defensa de la independencia judicial y vamos a accionar, no solo por mi caso como Solanda Goyes sino por la defensa de todos”, manifestó.

Goyes también cuestionó que existan otras investigaciones que, según su criterio, no avanzan con la misma celeridad. Mencionó casos relacionados con funcionarios y personas investigadas por presuntos vínculos con estructuras de narcotráfico.