Reclutamiento de menores por bandas criminales: Asamblea debate penas más duras y alertas tempranas

La Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de ley que busca prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por estructuras criminales en Ecuador. La propuesta fue presentada el 27 de mayo con base en el informe elaborado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y plantea reformas para endurecer penas, activar alertas tempranas y reforzar controles en entornos digitales.

Durante la sesión del Pleno, la legisladora ponente, Diana Jácome, advirtió sobre el avance de las organizaciones delictivas sobre la población más vulnerable del país. “Las organizaciones criminales representan una amenaza directa para la niñez y adolescencia del país”, afirmó la asambleísta al defender la necesidad de aprobar nuevas herramientas legales frente al crecimiento del reclutamiento de menores.

El debate se desarrolló en medio de la preocupación por el aumento de casos de captación de adolescentes por bandas vinculadas al narcotráfico, microtráfico y otras economías ilegales. La normativa busca responder a ese escenario con medidas judiciales, administrativas y preventivas orientadas a frenar la utilización de menores en actividades criminales.

Ley contra reclutamiento de menores plantea control digital y nuevas sanciones

Uno de los puntos centrales del proyecto contempla la protección digital de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos que promuevan su captación. La propuesta establece el bloqueo de material difundido en plataformas o espacios digitales que incentive la vinculación de menores con estructuras criminales o actividades ilícitas.

Además, el texto legal incorpora mecanismos para que jueces y autoridades administrativas actúen con mayor rapidez frente a posibles casos de reclutamiento. La iniciativa también contempla sanciones más severas contra quienes utilicen a menores dentro de organizaciones delictivas, elevando las penas de prisión de 22 a 26 años.

Otro eje del proyecto apunta al fortalecimiento de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Estas entidades tendrían la facultad de generar registros, emitir alertas tempranas y activar mecanismos de protección cuando existan indicios de captación de niñas, niños o adolescentes en distintos territorios del país.

Centros de adolescentes infractores y municipios tendrían nuevas funciones

La propuesta también incluye la creación de equipos especializados de seguridad dentro de los Centros de Adolescentes Infractores. Con ello, se busca reforzar el control interno y evitar que grupos criminales mantengan influencia sobre jóvenes vinculados al sistema de justicia juvenil.

El proyecto amplía además las competencias de los municipios en materia de seguridad y prevención. Entre las medidas planteadas constan programas deportivos, espacios recreativos y acciones comunitarias dirigidas a reducir factores de riesgo en barrios y sectores vulnerables.

En el ámbito social, la normativa incorpora servicios especializados de salud mental, programas de identificación de riesgos y mecanismos de apoyo económico para víctimas de reclutamiento. La propuesta prevé becas y ayudas destinadas a adolescentes afectados por estructuras criminales o contextos de violencia.