Ecuador archiva el proyecto de ley que buscaba regular el uso de redes sociales

Casi la totalidad de la Asamblea Nacional respaldó este 23 de junio de 2026 el archivo del proyecto de Ley del Uso Responsable de Redes Sociales, al considerar que la propuesta no garantiza el derecho de libertad de expresión y carece de consistencia jurídica suficiente.

Te invitamos a leer| Asamblea aprueba informe de fiscalización a compra de 60 troles; enviará documento a Contraloría

La asambleísta Cecilia Baltazar, exmiembro de Pachakutik y presidenta de la mesa legislativa, presentó la moción para suspender el tratamiento del proyecto, como lo recomendaba el informe de primer debate. 

Según ese informe, se sugería el archivo porque la propuesta "carece de consistencia jurídica suficiente, vulnera principios constitucionales esenciales y no ofrecer una respuesta normativa técnicamente adecuada al problema que pretende regular".

Baltazar expuso los reparos al proyecto

Durante el debate, Baltazar dijo que si bien la normativa es necesaria, el proyecto no puede estar "solamente enfocada en la sanción, es fundamental la discusión de una legislación que profundice el contenido y alcance al derecho de la libertad de expresión. Esta propuesta no considera la protección de este derecho fundamental, que no solo está en la Carta Magna sino en las declaraciones de Derechos Humanos y demás legislaciones internacionales", añadió.

Baltazar explicó que aunque se pretende regular las redes sociales, el texto "no establece protecciones reforzadas para los niños y adolescentes, como ocurre a nivel internacional y no hace un análisis de lo que ya está normado en la Ley de Dato Personales", por lo que insistió en su archivo.

ADN y correísmo apoyaron a Baltazar

Juan José Reyes, del bloque de ADN, respaldó a Baltazar. "El proyecto no desarrolla mecanismos para proteger a niños y adolescentes del ecosistema digital y los riesgos a los que están expuestos los menores. Se necesita evidencia, criterios técnicos, que respete los estándares internacionales y dotar a países para enfrentar amenazas y perseguir ciberdelitos".

En la misma línea se pronunció Gustavo Mateus, parlamentario de la circunscripción Europa, Asia y Oceanía, de la Revolución Ciudadana (RC). "Las soluciones deben ser compatibles con la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos y principios democráticos, pero esta propuesta no alcanza los estándares necesarios para convertirse en una herramienta eficaz de protección de derechos".

El correísta sostuvo que el texto "confunde principios éticos y morales con el ordenamiento jurídico", por lo que consideró que "es el primer espacio para abrir espacios para la persecución política".

El Pleno aprobó el archivo con 139 votos, de 140 legisladores presentes, por lo que el proyecto de 24 páginas quedó desestimado.