Caso SUCRE vuelve al Pleno: oficialismo retoma informe aprobado en la época de Villavicencio

El Pleno de la Asamblea resolverá sobre el informe del proceso de fiscalización al Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), elaborado durante la presidencia de Fernando Villavicencio en la Comisión de Fiscalización.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó a una sesión del Pleno para el lunes 8 de junio de 2026. En el orden del día constan dos puntos, luego de la entonación del Himno Nacional. El primero corresponde a “conocer y resolver respecto del informe del proceso de fiscalización caso SUCRE FOGLOCONS”.

El segundo punto previsto para la sesión es el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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¿De qué se trata el informe sobre SUCRE?

En 2021, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea estaba presidida por el excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Desde esa mesa se inició una investigación sobre las exportaciones de la empresa Fondo Global de Construcción (FOGLOCONS), relacionada con Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes eran investigados por la justicia de Estados Unidos.

Como antecedente, el 16 de octubre de 2009, los jefes de Estado de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, además del primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, suscribieron el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).

El mecanismo regional buscaba facilitar el comercio entre los países firmantes. En ese momento, todos ellos formaban parte de un bloque regional alineado con lo que entonces se denominó el Socialismo del Siglo XXI.

En Ecuador se inició una investigación por el uso de dicho sistema. FOGLOCONS reportó exportaciones de materiales de construcción y viviendas prefabricadas desde Ecuador hacia Venezuela por cerca de 159,9 millones de dólares. Posteriormente, varias investigaciones contrastaron esos datos con registros de la Aduana del Ecuador.

Los documentos mostraron que los bienes que realmente salieron del país sumaban apenas unos 3 millones de dólares. El resto de la mercancía no existía o estaba sobrevalorada. La empresa fue investigada por la Fiscalía. Dentro de ese entramado, el sistema SUCRE fue mencionado como el mecanismo utilizado para movilizar el dinero.

En la fiscalización realizada en 2021, la comisión señala en su informe: “se encuentra identificado el mecanismo, la participación de los funcionarios públicos, así como de las personas jurídicas y naturales, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, que ejercieron desde la creación del Sistema SUCRE, hasta el año 2018, acciones que merecen ser investigadas por la justicia penal ecuatoriana, venezolana y desde luego de Estados Unidos de América”.

En el documento también se lee: “más allá de que pudo haber significado una inspiración ideológica para enfrentar la fortaleza del dólar, moneda de curso legal ecuatoriana y de patrimonio económico financiero de Estados Unidos de América, fue utilizado para plasmar toda una estructura jerárquicamente organizada y una red delictiva, que como se evidencia en este reporte investigativo, fue el escenario propicio para el presunto cometimiento de varios delitos como es el peculado, lavado de dinero, entre otros”.

De acuerdo con el informe, existen actos que evidencian el abuso de fondos públicos, utilizados de forma contraria a la naturaleza propia de la Reserva Monetaria Internacional de Libre Disponibilidad, desviándolos en beneficio de pocas empresas creadas exclusivamente para operar mediante este mecanismo.

Las recomendaciones del informe

Entre las recomendaciones consta remitir el informe a la Fiscalía. También se plantea que esa entidad determine las responsabilidades de quienes ejercieron el cargo de superintendente de Compañías entre 2010 y 2014, debido a que permitieron la creación de nuevas empresas sin sustento de ninguna naturaleza.

Asimismo, existe una recomendación relacionada con el ámbito electoral. El informe plantea que los hallazgos sean remitidos al Tribunal Contencioso Electoral y al Consejo Nacional Electoral, “a fin de que disponga la apertura de una investigación al aporte de campaña del año 2013, realizado por la ciudadana Micaela Lehrer Alarcón, al partido Alianza País”.

Según la Comisión de Fiscalización de esa época, presumiblemente dichos fondos provendrían de actividades ilícitas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).