Enriquecimiento ilícito: exjueza anticorrupción habría incrementado su patrimonio en más de $ 83.853

La exjueza anticorrupción Gabriela Lara Tello, quien permanece en prisión preventiva por un proceso por presunto enriquecimiento ilícito, suma nuevos elementos en su contra tras la incorporación de informes al expediente. La causa se desprende del denominado caso Fachada, que indaga una red de corrupción dentro de la Función Judicial.

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Más indicios en el expediente

La exjueza cumple prisión preventiva desde abril de 2026, luego de que la Fiscalía reuniera elementos sobre un incremento patrimonial injustificado. El análisis corresponde al periodo en que ejerció cargos públicos y, según información difundida por un medio digital, existen discrepancias entre sus ingresos declarados y los registrados en el sistema financiero.

El patrimonio de Lara habría aumentado en $ 83.853 entre 2022 y 2025. En ese periodo se desempeñó como funcionaria pública en la Defensoría del Pueblo. También, fue directora del Consejo de la Judicatura en Esmeraldas y ejerció como jueza anticorrupción.

Además, ese incremento económico no guardaría relación con los ingresos que percibía como servidora pública. Así lo establecen los reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el Servicio de Rentas Internas y la Policía Nacional.

Movimientos financieros sin respaldo

La Fiscalía ha expuesto que el incremento patrimonial se habría dado de forma progresiva durante esos años. Además, se identificaron movimientos financieros que no tendrían respaldo en su actividad laboral.

Entre los indicios constan bienes adquiridos, movimientos migratorios y registros bancarios que evidencian ingresos adicionales. Estos elementos son parte de los informes que sustentan la investigación por enriquecimiento ilícito.

Un informe de la Contraloría General del Estado señala que la exjueza no justificó $ 9.440 ni declaró un vehículo a nombre de su esposo, por lo que determina indicios de responsabilidad penal. Además, reportes del SRI evidencian discrepancias: entre 2022 y 2025, registró $ 216.990 en el sistema financiero, pero declaró $ 133.137 entre 2022 y 2024.

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Defensa cuestiona pericia

El abogado de la exjueza, Édgar Molina, rechazó los argumentos de la justicia y cuestionó la negativa a practicar una pericia financiera, al señalar que “los objetivos periciales ya estaban puestos”. Además, afirmó que se busca privar de libertad a su defendida y que se la criminaliza por su condición de jueza.

También sostuvo que los reportes del SRI no consideran conciliaciones bancarias. Explicó que los ingresos registrados no reflejan los egresos, por lo que el dinero disponible real sería menor al reportado.