Libertad de prensa en Ecuador: el discurso de Neira que revive prácticas del correísmo

Aunque siempre trata de deslegitimar a quienes critican al Gobierno tildándolos de correístas, el concepto que José Julio Neira tiene sobre la libertad de expresión es perfecta e íntegramente correísta. Aunque ideológicamente puedan estar en esquinas contrarias -eso lo dice él, pero nada apunta a eso-, el marco conceptual que el actual secretario de la Administración tiene sobre el periodismo parece sacado de los manuales del Gobierno de Rafael Correa.

Lo demostró en la entrevista que tuvo en el programa A Primera Hora con los periodistas Andrea Orbe y Fabricio Vela. Su pensamiento se sostiene en tres pilares que eran exactamente los que se postulaban en el correato. 

La visión de Neira sobre la libertad de expresión

Primero: que haya críticas significa que hay libertad de expresión. Segundo: si hay críticas, los funcionarios tienen absoluta libertad para decir cualquier cosa sobre la persona que hizo las críticas, sin importar que sean calumnias, como pasó en el caso de Gisella Bayona. Tercero: que los medios privados actúan por intereses financieros propios y que, por eso, no dicen la verdad.Vamos uno por uno, que cada uno es más correísta que el otro.

Que se pueda criticar al Gobierno no demuestra, por sí solo, que haya libertad de expresión, sino que todavía existe un espacio para hacerlo. No demuestra que quienes ejercen el periodismo puedan investigar al poder sin sufrir presiones, intimidaciones o represalias. La diferencia no es menor. 

En una democracia, la libertad de expresión no se pone a prueba cuando alguien dice algo que al poder le resulta indiferente. Se pone a prueba cuando un periodista publica algo que incomoda al Gobierno y, sobre todo, cuando insiste en investigarlo después de haber sido cuestionado desde el poder. 

El caso de GRANASA

Hay varios episodios recientes que hacen difícil aceptar sin más la afirmación de Neira.Está el caso de EXPRESO, que quizá es el más dramático. GRANASA soporta la utilización de organismos estatales para afectar el funcionamiento de sus medios. Incluso, la interventora del Gobierno en GRANASA dificulta la venta de un terreno que la empresa necesita para capitalizar el diario. ¿Por qué necesita esto? El diario pasa dificultades porque el Gobierno presiona a varias empresas que tradicionalmente han tenido pauta en sus páginas.

También el caso de la periodista Gisella Bayona es revelador porque permite observar una secuencia completa. El 28 de agosto, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial, habló de una periodista que, según dijo, era proveedora del sistema de salud y cuyo esposo estaría vinculado con “mafias eléctricas” y con el exvicepresidente Jorge Glas. No pronunció su nombre, pero dio suficientes detalles para que fuera identificada como Bayona. Horas después comenzó una intensa campaña digital contra ella y su esposo. 

Lupa Media identificó alrededor de 1.300 publicaciones en contra de Bayona en cuentas que normalmente amplifican el discurso del Gobierno. El 2 de septiembre, Bayona anunció que abandonaba el periodismo. “Señor presidente, usted ganó”, dijo.

Esto demuestra que el argumento de Neira, según el cual hay libertad de expresión porque hay críticas, es tan falaz como lo era el de los correístas que decían lo mismo.

También está el caso del periodista Hernán Higuera, de Ecuavisa. Higuera decidió apartarse de la investigación sobre el caso Progen después de denunciar que, tras sus publicaciones, su esposa fue desvinculada de un cargo público y su hijo perdió una plaza de internado médico.

El problema se vuelve todavía más inquietante porque Neira ha cuestionado públicamente a Higuera y a Ecuavisa por su cobertura de Progen. Una cosa es que un funcionario desmienta una información; otra muy distinta es que el poder convierta al periodista que investiga en parte del problema.

Sobre el segundo argumento, el de que los funcionarios pueden responder a los medios o a los periodistas críticos: la cuestión no es si Neira o el presidente Noboa pueden responder a Ecuavisa, EXPRESO, Gisella Bayona o cualquier otro medio. 

Por supuesto que pueden. El problema es qué herramientas utilizan para responder y qué consecuencias tienen esas herramientas sobre quienes ejercen el periodismo. Porque existe una diferencia fundamental entre combatir una información con información y combatir al periodista que la publica. Esto es, como lo otro, profundamente correísta.

Los datos tampoco permiten despachar el problema como una exageración de los medios. Fundamedios registró 100 agresiones contra la libertad de expresión durante el primer semestre de 2026 y señaló al Estado como agresor en 46 de esos casos.

Pero incluso más allá de las estadísticas, hay una prueba más sencilla. La pregunta que Neira debería responder es: ¿cómo trata el Gobierno a los periodistas que lo investigan?

La prueba de la libertad de prensa no es cómo se trata a los periodistas que elogian al poder, ni siquiera cómo se tolera a quienes lo critican ocasionalmente. 

La verdadera prueba está en cómo se trata a quienes investigan al poder cuando sus investigaciones resultan incómodas.

Por último, está el tan cacareado argumento correísta de que los medios privados no dicen la verdad porque lo único que les interesa es su interés financiero. Esto lo dijo Neira en A Primera Hora, de donde se despidió diciendo que encontraba demasiada coincidencia en que la periodista Andrea Orbe le hubiera hecho una pregunta que se parecía a algo que habían dicho la asambleísta correísta Eliana Correa y la excandidata presidencial Luisa González.

¿Más correísta que eso? Imposible.