Ley sobre seguridad social de las FF.AA. regresa a comisión: Estos fueron los reparos

El proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas regresó a la Comisión del Derecho al Trabajo. La iniciativa provocó roces en el Pleno entre el oficialismo y el correísmo, que mantuvieron posiciones radicalmente opuestas sobre el futuro de la normativa.

Durante la sesión 103 de la Asamblea Nacional, realizada el 24 de junio de 2026, el debate evidenció una profunda división entre quienes defendieron la reforma como una medida técnica para garantizar la sostenibilidad del sistema y quienes la denunciaron como un retroceso en los derechos de los militares, especialmente de la tropa.

El asambleísta Enner Recalde, presidente de la comisión y Christopher Jaramillo (ADN) sostuvieron que el proyecto no responde a una coyuntura específica, sino a un mandato de la Corte Constitucional, contenido en una sentencia de octubre de 2016, que exige una normativa con sustento técnico y actuarial.

Los asambleístas del oficialismo señalaron que el proyecto tiene como objetivo garantizar la viabilidad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) a largo plazo, con una proyección de 50 años, mediante estudios técnicos actualizados realizados entre 2020 y 2023.

¿Cuál fue la posición del correísmo?

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), como Ricardo Patiño, Patricia Núñez y Humberto Alvarado, centraron sus críticas en lo que consideran una "regresión de derechos".

Denunciaron que el tiempo requerido para la jubilación aumentaría de 20 a 25 o 26 años, afectando las expectativas de retiro de quienes ya forman parte de la carrera militar. 

También aseguraron que la base reguladora para la pensión se reduciría del 88 % al 85 % o incluso al 80 %, lo que implicaría trabajar más años para recibir una pensión menor.

Entre otras reformas, la iniciativa incluye cambios en el gobierno corporativo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), incorporando recomendaciones de la Superintendencia de Bancos, con énfasis en la mejora de la gobernanza institucional, la profesionalización de la gestión técnica y un mayor control y transparencia en las inversiones y la administración de fondos.

Una vez que el texto regresó a la Comisión del Derecho al Trabajo, la mesa deberá elaborar el informe para el segundo y definitivo debate. El oficialismo necesita 77 votos para aprobar la ley.