Hermel Tayupanda rechaza fallo inhabilitante del TCE y alega persecución política en visita a Guayas

Hermel Tayupanda, prefecto de Chimborazo, evadió pronunciarse sobre proyectos de integración regional en su visita al Guayas y utilizó su intervención pública para denunciar un presunto bloqueo a su participación en las elecciones seccionales de 2026 tras la suspensión impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral.

Tayupanda se desahogó con los medios

La autoridad provincial enfrenta una sanción de seis meses de suspensión de sus derechos de participación y una multa de 12.050 dólares, dictada por el juez electoral Guillermo Ortega. El dictamen argumenta el incumplimiento de una condena previa emitida en septiembre de 2025. Sin embargo, el funcionario sostiene que acató la medida original y retornó a su cargo con el aval documentado del Ministerio del Trabajo.

Durante un abordaje de la prensa respecto a su aporte a la cuenca del río Guayas, el prefecto desvió la temática hacia su situación legal. Tayupanda calificó la resolución del organismo electoral como una persecución orquestada por adversarios. "No quieren que yo gane porque estoy 15 % encima en las encuestas", justificó, al tiempo que recordó su reciente participación en las primarias del movimiento Futuro, lista 20.

El conflicto legal tiene un impacto directo en la operatividad del Gobierno Provincial de Chimborazo. Tras conocerse la primera sanción en 2025, la viceprefecta Mónica Loza impidió el ingreso de Tayupanda al edificio institucional, lo que derivó en un enfrentamiento de competencias y una posterior denuncia por presunta violencia política de género en contra del prefecto.

Aunque el Tribunal Contencioso Electoral desestimó la acusación de violencia política en su reciente resolución, Loza mantiene públicamente su postura de haber marcado un precedente administrativo. Mientras la defensa de Tayupanda, liderada por el abogado Víctor Hugo Ajila, prepara los recursos de apelación y ampliación, la continuidad del prefecto en la papeleta de 2026 queda condicionada a la decisión final que adopte el pleno del organismo jurisdiccional.