Exministro de Energía rechaza el blindaje de pruebas impulsado por Celec y Progen

La defensa técnica del exministro de Energía, Antonio Gonçalves, rechazó formalmente este 15 de junio de 2026 la solicitud de confidencialidad impulsada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la contratista Progen Industries en un tribunal federal de Florida, Estados Unidos.

Opacidad frente a los recursos públicos

El pronunciamiento de los abogados de Gonçalves responde a la moción conjunta presentada por la estatal ecuatoriana, Astrobryxa Capital LLC y Progen ante la Corte de Tampa, mediante la cual intentan someter a una estricta reserva probatoria los documentos, testimonios y rastros financieros derivados de los fallidos contratos de generación eléctrica firmados durante la emergencia de 2024.

Para la defensa del exministro, los expedientes que se produzcan en el exterior son la vía técnica y procesal principal para identificar a los responsables de la operación y determinar el destino de aproximadamente 104 millones de dólares de los fondos públicos. "La sociedad ecuatoriana tiene derecho a conocer la verdad completa sobre lo ocurrido. Los ecuatorianos merecen transparencia, no secretismo", detalla el comunicado oficial, desmarcándose de la maniobra legal de Celec bajo la premisa de que "el que nada debe, nada teme".

La solicitud de confidencialidad tramitada por la Corporación Eléctrica argumenta que la liberación de los peritajes e información contractual expondría "secretos comerciales" y comprometería la seguridad de los ejecutivos involucrados. La regla solicitada exige que, 60 días después de emitirse un fallo, la totalidad de los datos recabados en el litigio civil sean devueltos o destruidos.

La exigencia de la defensa de Gonçalves de no blindar la evidencia ocurre en medio de la fase de diligencias de la Fiscalía General del Estado. El exministro forma parte de la lista de 21 investigados, junto a otras exautoridades como Roberto Luque, por su presunta participación en el delito de peculado dentro del denominado Caso Apagón-PROGEN, originado tras el incumplimiento en la instalación de las plantas de generación termoeléctrica de Quevedo y El Salitral.