Elecciones seccionales de Ecuador : Veinte años de prefectos que la mayoría de votantes no escogió

Siete de cada diez ciudadanos habilitados para votar no han elegido al prefecto ganador en las últimas cinco elecciones seccionales, según información revisada del Consejo Nacional Electoral (CNE). En promedio, entre el 65 % y el 78 % del padrón electoral no votó por quien terminó administrando sus recursos, definiendo sus vías y ejecutando su presupuesto provincial. Prefectos con mandato legal, pero sin mayoría social. Este es un patrón que se repite desde 2004 y que el sistema electoral ha normalizado desde hace décadas.

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Para entender por qué ocurre esto hay que ver cómo procesa la información el sistema. Cuando el CNE calcula sus resultados, parte de una pregunta deliberadamente acotada: ¿quién obtuvo más votos válidos? Esa pregunta descarta a los abstencionistas (en promedio, el 16 % del padrón desde hace tres elecciones) y a quienes anularon su voto y votaron en blanco (en suma, entre el 13 % y el 18 %, en el mismo lapso).

Es sobre ese universo reducido que se calcula la victoria. Y además, cuando ese universo está dividido entre numerosos candidatos, basta una minoría para ganar.

¿Por qué se produce este fenómeno electoral?

El problema de representación opera en tres capas simultáneas:

Los tres juntos producen autoridades legalmente electas, pero elegidas por una minoría.

Para dimensionar el efecto, basta un ejemplo. Paola Pabón ganó la Prefectura de Pichincha en 2019 con el 22 % de los votos válidos, según el CNE. Pero si se recalculan los votos que obtuvo sobre el universo completo de ciudadanos habilitados para votar, su respaldo real cae al 13 %. Apenas uno de cada ocho ciudadanos eligió activamente a quien administraría la provincia en ese año.

A esa distancia entre la legitimidad formal y el respaldo ciudadano real la podemos llamar déficit de representación. No implica fraude ni ilegalidad. Un prefecto en esa situación puede haber ganado respetando cada procedimiento del Código de la Democracia. Su mandato es válido. Lo que no tiene es respaldo amplio. Y esa distinción, entre ganar y representar, es el corazón del problema: legitimidad formal vs. legitimidad social.

Este análisis de cinco ciclos electorales consecutivos revela que este déficit no es una anomalía, sino la norma. Esto ha tenido algunas variaciones: en 2004 el porcentaje del padrón que no votó por el prefecto ganador promediaba el 77 %; en 2009 bajó al 72 %; en 2014 llegó a su punto más bajo con 64 %, pero no se sostuvo, pues en 2019 volvió al 76 % y en 2023 cerró en el 73 %. Durante los últimos 20 años, en promedio, siete de cada diez ciudadanos no votaron por el prefecto que terminó gobernándolos. Este dato es una realidad estructural consolidada que solo cambiará si el sistema electoral cambia.

El impacto de la fragmentación electoral

Parte de este déficit de representación viene de la fragmentación electoral. En sistemas de mayoría relativa, donde gana quien obtiene más votos, sin un mínimo obligatorio, el aumento del número de candidatos reduce el porcentaje de votos requerido para ganar, permitiendo que una autoridad sea electa con un respaldo minoritario. Entre 2004 y 2014 el promedio se mantuvo entre cinco y seis candidatos por prefectura; en 2019 saltó a nueve, con casos extremos como Santa Elena, donde compitieron veinte y el ganador representó apenas al 20 % del padrón.

El sistema también invisibiliza una señal que merece atención al momento de proclamar oficialmente al ganador: los votos nulos y blancos. Aunque forman parte del comportamiento electoral, quedan fuera del cálculo que define la victoria, pese a que pueden expresar rechazo, descontento o desconexión frente a todas las opciones disponibles. El artículo 147 del Código de la Democracia reconoce ese comportamiento solo parcialmente: anula la elección si los nulos superan a todos los votos válidos, pero los blancos quedan fuera de esa salvaguarda.

En las cinco elecciones analizadas, los votos no válidos (nulos y blancos) suman en promedio cerca del 18 % de los votos emitidos. Lourdes Tibán ganó la Prefectura de Cotopaxi en 2019 con el 19,05 % de los votos válidos, mientras que el 20,08 % votó nulo y blanco en esa papeleta. Ganó legalmente, pero los nulos y blancos la superaron en las urnas.

El diagnóstico que emerge de este análisis de dos décadas de mandatos es que el sistema electoral ecuatoriano produce ganadores legítimos en origen, pero estructuralmente subrepresentativos. No por mala fe institucional, sino por diseño.

Gobernar con legitimidad formal no es lo mismo que gobernar con respaldo social amplio. Sostener esa confusión durante cinco ciclos electorales consecutivos no puede seguirse viendo solamente como un detalle técnico; es una deuda con la calidad de nuestra democracia que las instituciones competentes deben saldar.