Elecciones 2026: Los debates de ahora protegen al candidato de las preguntas que importan

“Míreme a los ojos, doctor Borja, no me baje la mirada”, le decía León Febres-Cordero a Rodrigo Borja una noche de abril de 1984, en uno de los debates más recordados de la política ecuatoriana. Esa misma noche le lanzó a Borja 132 insultos y recibió 95 de vuelta. Los contó Vistazo en su edición 399: comunista, oligarca, socialista solapado. El vocabulario de la Guerra Fría como munición de campaña.

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Dos horas. Siete canales y cuatrocientas radios. El país entero oyendo lo mismo. Los dos llegaron a la Presidencia: Febres-Cordero ese año y Borja en 1988. El debate de 1984 prueba que la agresividad y el contenido no son necesariamente excluyentes. Aquella pelea tenía esqueleto.

Cuarenta y dos años después conservamos el ruido y perdimos el esqueleto. Antes había pelea con contenido y hoy no hay ni una cosa ni la otra. Hay protocolo.

Lo que vino después parece una historia nacional del desvío. En 2021, Juan Fernando Velasco cerró recitando ‘Yo nací aquí’. Giovanny Andrade dedicó su minuto final al cumpleaños de su esposa y después culpó de su desempeño a un café en el que, dijo, lo drogaron.

Dos años después, Bolívar Armijos pidió tantas veces que le repitieran la pregunta que fue meme antes de acabar. En 2025, la competencia se mudó al vestuario. Víctor Araus llegó con casaca de húsar, Juan Iván Cueva con máscara de Anonymous y un “yo también estoy arrecho de todo esto”. La inteligencia artificial fue mencionada por tantos y explicada por ninguno que en redes terminó siendo la ganadora.

Dos meses después, tuvimos el careo entre Daniel Noboa y Luisa González. Él la llamó Rana René y le ofreció una beca de economía para después del 13 de abril. Ella le decía “majadero”.

Culpar a los candidatos sería cómodo. Habermas llamó “esfera pública” al espacio donde los asuntos comunes pueden someterse a discusión racional. Un debate electoral debería hacer eso: obligar a propuestas y candidatos a pasar por la contradicción. El diseño ecuatoriano reduce esa contradicción y termina produciendo transmisión sin verdadero escrutinio.

Hoy esa deliberación ocurre en dos escenarios: el debate que organiza el CNE, con moderador, cronómetro y reglamento; y el debate público que continúa en redes, donde el moderador es el algoritmo. El primero dura unas horas; el segundo puede durar días. Y precisamente porque uno alimenta al otro, importa qué produce el debate oficial antes de entregárselo al algoritmo.

¿Dónde está el problema de los debates actuales?

El problema está en tres decisiones: quién controla la pregunta, a qué territorios alcanza y cuándo llega al elector.

En los 45 debates de noviembre, dos de los cuatro ejes se llenan con preguntas de los propios candidatos. Media entrevista queda en manos del entrevistado. El examinado ayuda a redactar el examen y después nos sorprendemos de que nadie pregunte de dónde saldrá la plata.

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El artículo 202.2 del Código de la Democracia solo obliga a debatir donde hay más de cien mil electores. Solo 24 de más de 220 cantones cumplen con ese requisito. Los casi doscientos que quedan fuera son los pequeños, donde la prensa local apenas respira, la alcaldía puede ser el mayor empleador y el clientelismo tiene menos testigos.

El calendario remata la faena. La lista definitiva de candidatos sale el 9 de noviembre y los debates se estiran hasta el 26. El último careo puede caer a 72 horas del voto.

Nada de esto vuelve inútil el instrumento. El debate puede romper la ventaja del conocimiento previo y poner frente a millones a candidaturas que hasta entonces apenas existían fuera de la papeleta.

Antes del debate de 2023, Noboa no llegaba al 5 % de intención de voto y salió de ahí convertido en una opción. Si el debate puede alterar quién entra en la conversación electoral, su diseño y, sobre todo, el momento en que ocurre, son parte de las condiciones para un voto informado.

Ecuador multiplicó los debates, pero no necesariamente multiplicó la deliberación. Tenemos más escenarios, más reglas y más transmisión, pero un diseño que todavía protege al candidato de las preguntas que realmente importan.

Arreglarlo no exige una reforma constitucional, sino dejar de diseñar el debate para cumplir y empezar a diseñarlo para someter a escrutinio. Eso supone revisar el umbral de obligatoriedad, quién pregunta, cuándo se debate y lograr que evadir una pregunta cueste más que un meme.

Ahora vienen 45 debates, media entrevista escrita por los entrevistados, nueve de cada diez cantones sin una sola pregunta y todo apretado en los quince días de campaña que quedaron al adelantar los comicios 75 días por el fenómeno de El Niño.

Ahora, quien necesita que le repitan la pregunta son los 13 millones de electores que el 29 de noviembre marcarán una papeleta sin que el sistema que obligó a debatir haya conseguido explicarles qué están decidiendo.