decisión de la judicatura
El correísmo quiere fiscalizar la eliminación de unidades anticorrupción: esto pidió Viviana Veloz
La asambleísta de la Revolución Ciudadana solicitó información. El oficio remitido incluye 33 pedidos sobre la resolución adoptada por la Judicatura
La asambleísta Viviana Veloz remitió un oficio al Consejo de la Judicatura.
El correísmo quiere fiscalizar la eliminación de las unidades anticorrupción. La asambleísta Viviana Veloz solicitó información al Consejo de la Judicatura sobre esa decisión y los argumentos para adoptarla mediante una resolución administrativa.
Política
Judicatura elimina unidades anticorrupción y lo presenta como un fortalecimiento
Flor Layedra Torres
“Una medida disfrazada de eficiencia adoptada por el Consejo de la Judicatura puede terminar beneficiando al crimen organizado y al narcotráfico”, señaló la también presidenta de la Comisión de la Niñez de la Asamblea.
La Judicatura eliminó las dependencias creadas específicamente para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. Trasladó esas competencias a otras judicaturas penales de Quito.
La justificación para dicha resolución fue el fortalecimiento de la justicia especializada. La medida implica echar abajo el modelo que determinaba que este tipo de casos se tramiten en unidades creadas expresamente para atender su alta complejidad.
¿Qué pide Viviana Veloz?
En su pedido de información, Veloz detalla que existe normativa expresa que regula a los jueces y tribunales especializados para corrupción y crimen organizado. “El artículo 7 en concordancia con el artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen que la competencia está determinada en la ley y excepcionalmente la Judicatura, previo estudio técnico, podrá modificarla no suprimirla”, dijo la asambleísta.
El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó por unanimidad la reorganización de las dependencias que conocen casos de corrupción y crimen organizado.
En ese sentido, la solicitud enviada al Consejo de la Judicatura tiene 33 pedidos. Entre ellos:
- Detalle del número de causas que se encontraban en trámite en la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada.
- Qué sucederá con cada una de las causas.
- Detalle del número de sentencias pendientes de redacción.
- Cuál será el mecanismo técnico y procesal previsto para evitar que la reasignación de causas configure una alteración del juez natural susceptible de generar nulidades procesales.
Según Veloz, “un país que desmantela su justicia especializada no está dando una batalla frontal contra la corrupción. Está debilitando una de las herramientas que necesita para enfrentarla”.
Como parte del pedido, la asambleísta recordó que la Ley de la Función Legislativa establece un plazo de 10 días para remitir la información. Citó el artículo 75 de dicha normativa, en el que también se señala que, en caso de que la información no sea entregada, el asambleísta requirente pondrá en conocimiento de la presidenta de la Asamblea Nacional dicho incumplimiento, “a fin de que el Consejo de Administración Legislativa, en el plazo máximo de cinco días remita la documentación relacionada con el mismo, a una de las comisiones especializadas según su temática”.
Más historias
Más visto
