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Diario Expreso Ecuador

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Comisión oficialista avaló decisión de Judicatura sobre unidades anticorrupción: ¿qué viene ahora?

La mayoría de ADN en la Comisión de Justicia puso los votos para aprobar el informe en el que no se cuestiona la decisión del CJ. Correísmo puso reparos

La Comisión de Justicia aprobó un informe en el que avala la decisión sobre la supresión de las unidades anticorrupción.

La Comisión de Justicia aprobó un informe en el que avala la decisión sobre la supresión de las unidades anticorrupción.Cortesía: Asamblea/ Flickr

Daniel Alejandro Romero Páez

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La Comisión de Justicia, presidida por el oficialismo, avaló la decisión del Consejo de la Judicatura sobre la supresión de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. 

En una sesión virtual, la noche previa al feriado, esa mesa aprobó el informe elaborado con tan solo una respuesta escrita del organismo fiscalizado.

La noche del jueves 8 de octubre de 2026, con seis votos a favor, todos del oficialismo, se aprobó el documento sin la comparecencia de autoridades o expertos, ni una sesión adicional a aquella en la que se avocó conocimiento de la delegación del Pleno para ese proceso de fiscalización.

Solamente se registró una ausencia: la de Fernando Nantipia, exintegrante de Pachakutik y ahora aliado de ADN, quien además es vicepresidente de la comisión. Los correístas Gabriela Molina, Eliana Correa y César Palacios votaron en contra del informe.

Esta fue la votación de cada uno de los integrantes de la Comisión de Justicia sobre las unidades anticorrupción.

Esta fue la votación de cada uno de los integrantes de la Comisión de Justicia sobre las unidades anticorrupción.Cortesía: Asamblea/ Flickr

¿Qué pasó en la sesión?

La presidenta de la Comisión de Justicia arrancó la sesión intentando precisar que “la fiscalización y el control político son atribuciones de la Asamblea Nacional”. Acto seguido, mencionó que “investigar no significa prejuzgar ni anticipar responsabilidades”.

Después, Torres repitió la frase recurrente de su bancada ante una indagación sensible: “No vamos a permitir que la fiscalización se convierta en un show político”, aseguró.

Desde el correísmo hubo cuestionamientos por la falta de convocatoria a las autoridades de la Judicatura. Molina señaló en la comisión que la resolución del Pleno tenía como base el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. “Se ha obviado lo más importante: la comisión no podrá remitir antes de los primeros 20 días de la delegación el informe”.

También cuestionó que el reglamento de las comisiones de la Asamblea establece que el informe debe contener el detalle de la sistematización de las observaciones de los asambleístas. “No hubo una sesión para analizar la poca información recibida y no hay detalles de las observaciones”, mencionó. Por esa razón, sostuvo que el informe no podía aprobarse.

¿Qué viene ahora?

El informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se decidirá si se aprueba o no. Teniendo en cuenta la mayoría parlamentaria de ADN, el documento podría recibir el respaldo necesario para su aprobación.

Entre sus conclusiones, el informe determina que “la resolución (de la Judicatura) mantiene la asignación de las materias relacionadas con corrupción y crimen organizado a las dependencias y juzgadores a quienes se atribuye dicha competencia, conservando su alcance territorial a nivel nacional”.

Entre las recomendaciones constan:

  • Acoger las conclusiones contenidas en el presente informe.
  • Remitir el informe de investigación al Pleno de la Asamblea Nacional para su conocimiento y resolución.
  • Supervisar, en un plazo de 180 días contados desde la aprobación del informe, los efectos derivados de la implementación de la Resolución Nro. 187-2026.
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