Casas de acogida en Ecuador: los retos que enfrenta el sistema de protección infantil

La desaparición de ocho niños de la Casa Hogar María Campi de Yoder, ubicada en Conocoto, en el suroriente de Quito, volvió a centrar la atención sobre el funcionamiento de las casas de acogida en Ecuador. El caso abrió un debate sobre las garantías de seguridad que ofrece el sistema de protección infantil cuando los niños quedan bajo tutela del Estado.

Más allá de la investigación por la desaparición de los menores, especialistas sostienen que el episodio evidenció la necesidad de revisar cómo operan los centros de acogida administrados o supervisados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La discusión no solo apunta a las medidas de seguridad, sino también al seguimiento permanente y a la protección integral que requieren niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Quienes conocen el funcionamiento del sistema coinciden en que la protección no puede reducirse a proporcionar alimentación, alojamiento o restringir las salidas de los menores. La responsabilidad estatal también implica garantizar su bienestar físico y emocional, verificar el cumplimiento de los protocolos y generar entornos seguros que disminuyan el riesgo de nuevas fugas.

¿Qué responsabilidades tiene el Estado en las casas de acogida?

El exministro del MIES, Esteban Bernal, señaló que, una vez que un niño ingresa al sistema de acogida, el Estado asume la tutela legal y, por tanto, también la obligación de protegerlo de forma permanente. A su criterio, la seguridad de los menores no puede desligarse del rol que cumple la institución encargada de supervisar estos espacios.

"El Ministerio debe garantizar su cuidado y seguridad", dijo Bernal

Bernal considera que las principales dificultades no se originan en el modelo de administración de las casas de acogida. En cambio, identifica problemas en la articulación entre las distintas instituciones que intervienen en los procesos de protección de la niñez, especialmente por la demora en las decisiones judiciales relacionadas con la reunificación familiar o las adopciones.

"El modelo de gestión creo que no es el criticable… Lo que creo que no funciona alrededor de esto es la parte interinstitucional".

El acompañamiento emocional, un desafío pendiente

La psicóloga Paola Cercado sostiene que prevenir nuevas desapariciones exige ir más allá del fortalecimiento de controles físicos o de vigilancia. En su análisis, los niños que permanecen en casas de acogida necesitan construir vínculos de confianza con los profesionales que los acompañan diariamente para sentirse protegidos y escuchados.

"La prevención no puede basarse exclusivamente en medidas de seguridad física… Es necesario fortalecer espacios de escucha activa y el acompañamiento emocional permanente", señaló Cercado.

La especialista advierte que concentrar los esfuerzos únicamente en cubrir necesidades materiales resulta insuficiente frente a las experiencias de abandono, violencia o desprotección que muchos menores han vivido antes de ingresar a estos centros. Desde su perspectiva, el bienestar emocional debe ocupar un lugar prioritario dentro del sistema de protección.

"El MIES debería por un momento ser humano, por un momento dar lo que realmente un niño necesita. Y no es solo lo material", indicó Cercado.

Investigación y coordinación para esclarecer los hechos

El exdirector y exfundador de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase), Kléber Carrión, también considera que el Estado mantiene una responsabilidad directa sobre la integridad de los menores que permanecen bajo medidas de protección. Al convertirse en su custodio, afirma, las instituciones deben responder por su seguridad en todo momento.

"El Estado, al final del día, termina siendo el custodio de estas personas e incumple esta función de ser un custodio adecuado", señaló Carrión.

Carrión sostiene que las investigaciones deberán establecer si la salida de los niños ocurrió por decisión propia o si existió la participación de terceros. Además, considera indispensable que las entidades competentes trabajen de manera coordinada para reconstruir lo sucedido, determinar posibles responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

"Con los que han sido encontrados debería estar ya cursando una investigación para determinar si hubo o no hubo evasión", indicó Carrión.