Unidad Popular cancelado: CNE no logra resolver pedido de corrección
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no tuvo los votos necesarios para aprobar el informe jurídico sobre el pedido de corrección
Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, adelantó que llevarán su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las claves del caso
- La cancelación de Unidad Popular sigue vigente tras falta de votos para resolver pedido de corrección.
- Solo dos consejeros electorales votaron a favor del informe jurídico que ratifica la cancelación.
- Unidad Popular impugnará ante el TCE y la CIDH denunciando plazos vencidos y falta de pruebas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) no pudo resolver este 2 de mayo de 2026 el pedido de corrección que Unidad Popular presentó contra la resolución que determinó su cancelación como partido político en Ecuador. Con dos votos a favor, una abstención y uno en contra, el CNE no se pronunció sobre el recurso de Geovanni Atarihuana. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, suspendió la sesión para retomarla en los próximos días y repetir la votación.
Política
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Richard Josue Jimenez Mora
Previo al inicio de la sesión, el Pleno conoció una recusación presentada por Atarihuana en contra de Diana Atamaint, presidenta del CNE, y el consejero José Merino Abad. Pese a los cuestionamientos de la vocal Elena Nájera, la mayoría del Pleno continuó con la sesión.
Cruce entre Elena Nájera y José Merino Abad
Durante la votación del informe, los consejeros Elena Nájera y José Merino Abad protagonizaron un cruce de palabras que terminó con la salida repentina de Nájera de la sesión del Pleno del CNE. Minutos después Nájera regreso para votar en contra del informe que ratifica la cancelación del partido Unidad Popular.
Argumentos de Unidad Popular contra la eliminación
La organización política sostiene que el proceso para su eliminación carece de validez jurídica. Según su directiva, existen cinco irregularidades críticas que el ente electoral ignoró al momento de ratificar el fallo inicial del pasado 26 de abril.
Entre los puntos señalados por la defensa del partido destacan:
- Extemporaneidad: La resolución se adoptó 23 días después de vencido el plazo legal establecido para este tipo de procesos.
- Falta de pruebas: No se han presentado evidencias claras sobre el número de supuestas desafiliaciones.
- Recusaciones pendientes: El CNE no tramitó los pedidos de recusación contra los consejeros José Merino Abad y Diana Atamaint.
- Ilegalidad del voto dirimente: La organización cuestiona la validez del voto de Atamaint en esta decisión particular.
- Violación al debido proceso: Se denuncia una falta de motivación y una vulneración sistemática a la seguridad jurídica.
El Pleno del CNE sesionó el domingo 26 de abril de 2026; allí, los consejos votaron por la cancelación de dos organizaciones políticas.
El camino legal: del TCE a la CIDH
Atarihuana adelantó días atrás que la batalla legal continuará en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El objetivo es revertir la medida que también afectó al movimiento Construye, bajo el argumento de una supuesta disminución en el número de adherentes permanentes.
El dirigente de Unidad Popular incluso sostuvo que llevará el caso hasta la Corte Constitucional. De no obtener una respuesta favorable en el país, el caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que consideran una persecución política.
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