La Asamblea Nacional se pasó al extremo: un año incondicional con Daniel Noboa

La Asamblea Nacional de Ecuador, de propiedad del presidente Daniel Noboa, durante el primer año de gestión (este 14 de mayo de 2026 cumple su primer año) se ha comportado como esos funcionarios que no quieren que ni se los mencione, para poder hacer lo que les viene en gana. 

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Es decir, sin que se note y sin que nadie sepa su nombre. ¿Con qué fin? Tratándose de esta Asamblea, la respuesta es sencilla: para hacer cosas impresentables sin hacer ruido. En esa tarea, la Asamblea y el gobierno (que es lo mismo) han contado con la ayuda de la bancada correísta, que ha fracasado como fuerza opositora.

La gestión cuestionada de la Asamblea

Y esta gestión impresentable tiene que ver, sobre todo, con dos temas: una fiscalización que no existe y una legislación que se hace exclusivamente de acuerdo con los intereses del Ejecutivo. Porque ni siquiera los proyectos de ley presentados por los asambleístas, incluso muchos del propio gobierno, han sido tomados en cuenta en la agenda legislativa de Niels Olsen, presidente del organismo.

Lo de la fiscalización es escandaloso, tomando en cuenta el principio republicano de que cualquier Asamblea, en cualquier democracia, debe ser un contrapoder del Ejecutivo y, por eso, debe fiscalizarlo. 

La Asamblea salvó a los ministros de Noboa

Durante este año, no solo que la Asamblea del gobierno de Noboa ha archivado o evitado que se hagan juicios políticos en contra de ministros de Estado, sino que ha blindado al Ejecutivo: casi todos los pedidos de juicio ni siquiera fueron analizados por las comisiones, ya que cuando estos llegan al Consejo de Administración Legislativa (CAL), o son archivados o son enviados a comisiones donde hay una mayoría legislativa para que mueran en el olvido.

Es inaudito, por ejemplo, que casos tan escandalosos como el de Progen o el de la tortura y asesinato de los niños de Las Malvinas no hayan tenido responsables políticos. 

En el primer caso, ninguno de los ministros de Energía que ejercieron el cargo durante el período en que se cocinó el modelo de negocio (es decir, el modelo de fraude) fue llamado a juicio político. Ni Roberto Luque ni Antonio Gonçalves ni Inés Manzano fueron interpelados, peor aún declarados responsables políticos por el pago de más de 100 millones de dólares a una empresa desconocida que entregó, a cambio, maquinaria que no servía para nada.

En este caso, hubo un esfuerzo hercúleo del gobierno de Noboa por impedir que sus ministros se presentaran a un juicio; y la Asamblea, bajo la dirección del bienmandado de Niels Olsen, le siguió el guion al pie de la letra. En el caso de Manzano, el CAL archivó el pedido de juicio presentado por el correísmo alegando que la solicitud no contaba con las firmas válidas necesarias.

Lo del caso de los niños de Las Malvinas no es menos perverso. Cuatro chicos fueron torturados y asesinados luego de ser abandonados por militares que estaban haciendo tareas de supuesta seguridad ciudadana, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no fue declarado responsable político. 

Si bien sí hubo un proceso de fiscalización y una resolución política del Pleno que aprobó un informe en el que se declaraba responsable político, también es cierto que posteriormente la Comisión de Fiscalización archivó el caso de Loffredo y no se concretó la sanción política contra el ministro.

Cuando se pidió que se enjuiciara al entonces ministro de Salud, Jimmy Martin, por el desabastecimiento de medicinas, no hubo los votos. 

Los bloqueos a funcionarios cuestionados

El CAL también archivó uno de los dos pedidos de juicio (asimismo formulados por el correísmo) en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, David Cuarán y Johana Verdezoto, por haber nombrado de forma ilegal a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura.

El motivo para el archivo de uno de los pedidos, según argumentó el CAL, fue la falta de firmas válidas. En realidad, ese fue un pretexto para blindar a la mayoría gobiernista de ese organismo, esencial para nombrar autoridades de control como el contralor o el fiscal. 

En el otro pedido para enjuiciar a esos vocales, el argumento para que el CAL decidiera archivarlo fue que, supuestamente, la solicitud “no detallaba claramente las pruebas ni adjuntaba toda la documentación requerida”.

Pero no menos escandalosos que los casos que fueron archivados o descalificados por el CAL son los dos en los que sí hubo juicio con condena. Uno fue el de Gonzalo Albán, quien fue censurado por haberse postulado y ejercer el cargo estando afiliado a un partido político, cuando un juez había dictaminado en una sentencia que, si Albán aparecía como afiliado, fue por error. 

El otro fue el juicio y censura de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura y uno de los 

A Godoy, cuyo caso era insalvable por el escándalo de las amenazas de muerte de un narcotraficante serbio a un juez anticorrupción, se lo censuró cuando la bancada de gobierno supo que ya había renunciado.

Luego está el tema de la legislación. Se aprobaron 22 leyes, de las cuales la mitad correspondía a iniciativas e intereses del Ejecutivo, y el resto eran normativas de períodos anteriores que estaban casi aprobadas y a las que se les incluyó a última hora (y en ocasiones, de forma ilegal) disposiciones que le convenían al gobierno. 

¿Los legisladores hicieron su trabajo?

Hubo, asimismo, 22 proyectos archivados. ¿De quiénes eran esas iniciativas? Veinte de ellas provenían de la oposición y apenas dos iniciativas de asambleístas fueron aprobadas. Es decir, la Asamblea pudo haber funcionado sin asambleístas que legislen.

En resumen, de asambleas anteriores expertas en bloquear al Ejecutivo se pasó al extremo opuesto: una cuya única agenda ha sido blindar al gobierno.