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Diario Expreso Ecuador
Columnista Invitado

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¿Permiso o derecho?

La regulación urbana acumula normas y restricciones que dificultan el uso de la propiedad. El desafío es aprovechar sus competencias para impulsar ciudades

Imagen referencial. Desarrollo urbano.

Imagen referencial. Desarrollo urbano.canva

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En 1926 la Corte de Estados Unidos bendijo, mediante la decisión del caso Village of Euclid vs. Ambler Realty, la zonificación preventiva que varias ciudades estaban adoptando. Cien años después, el caballo de batalla de la mayoría de urbanistas es conseguir que la Corte Suprema revierta esa decisión.

Euclid es la piedra angular de un arco construido con cien años de ordenanzas locales, leyes estatales, reglamentos de agencias federales y jurisprudencia acumulada, desde el aseguramiento hipotecario hasta las revisiones ambientales. Cada capa nueva se apoyó en la anterior. Retirar la piedra original no desarma las demás, que siguen ahí, citándose entre sí, con vida propia en los códigos vigentes.

El margen de acción de los municipios

Pretender que un solo fallo resuelve la distorsión es tan iluso como pensar que derogar una sola ley de aduanas resolvería el contrabando en la frontera ecuatoriana.

En Ecuador existe una arquitectura igualmente enredada, aunque le pusimos otro nombre. La Lootugs obligó a cada municipio a redactar su Plan de Uso y Gestión de Suelo. Detrás del PUGS hay ordenanzas de edificación, reglamentos de fraccionamiento y resoluciones de cada dirección de planificación, agencia ambiental, de tránsito, así como regulaciones ministeriales, todas amarradas entre sí. Tumbar una no mueve el resto del entramado.

Lo que sí puede hacer un gobierno local, sin esperar sentencia ni reforma nacional alguna, es usar la competencia que ya tiene para permitir usos más libres de la propiedad. No hace falta litigar décadas de acumulación de normas para que arquitectos y planificadores creativos empiecen a soñar en mejores ciudades.

La objeción de siempre no puede seguir siendo un freno. La ley existe para castigar los abusos, no para asumir que cada propietario es un infractor en potencia. Los municipios necesitan encontrar la valentía para confiar en la gente que quiere construir, emprender y dar vida a sus ciudades.

La verdadera tragedia urbana no es el riesgo de un mal negocio, es la parálisis garantizada por un sistema que prefiere ciudades ahogadas a ciudades vivas.

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